STC510-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC510-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01304-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 13 de julio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Carlos Sampayo Mej\u00eda contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del juicio penal a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a la libertad y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con la providencia del 8 de junio del a\u00f1o pasado, mediante la cual, en sede de apelaci\u00f3n, se confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la solicitud de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por \u00e9l solicitada, en el marco de la causa que en su contra se adelant\u00f3 por el punible de uso de documento p\u00fablico falso, identificado con el consecutivo 2013-80112. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, dejando sin valor ni efecto dicha determinaci\u00f3n, y que, como consecuencia de ello, se determine que la sanci\u00f3n que le fue impuesta en el a\u00f1o 2014 se encuentra prescita, concedi\u00e9ndose de manera inmediata su libertad. <\/p>\n
Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, y luego de haber narrado de manera sucinta lo ocurrido en el juicio penal objeto de an\u00e1lisis, adujo en lo esencial el tutelante, que mediante auto de 24 de agosto de 2020, el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena neg\u00f3 declarar la prescripci\u00f3n de la pena a 52 meses de prisi\u00f3n que le fue impuesta el 28 de enero de 2014 por el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, prove\u00eddo confirmado en sede vertical por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, pese a que, seg\u00fan sus dichos, se cumplen los postulados establecidos en los c\u00e1nones 88 y 89 del C\u00f3digo Penal, circunstancia que lo habilita, asegura, para acudir a la presente senda excepcional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena, luego de hacer referencia a las decisiones que ha emitido dentro del proceso seguido en contra del se\u00f1or Sampayo Mej\u00eda, dijo remitirse a lo consignado en el auto adiado 24 de agosto de 2020 frente a la solicitud de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, deprecando, por contera, la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda instada, ante su evidente improcedencia, comoquiera que \u00abla sentencia cobr\u00f3 ejecutoria el d\u00eda 28 de enero de 2014, cont\u00e1ndose hasta el 2 de noviembre de 2015 (fecha en que se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n con la captura del condenado por cuenta de otro proceso por el cual se encuentra recluido en EPC de Cartagena desde el 3 de noviembre de 2015), quiere decir que transcurrieron 21 meses y 5 d\u00edas, tiempo que no supera los 5 a\u00f1os que demanda la norma para la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
b. Por su parte, la Fiscal\u00eda 216 Seccional de Bogot\u00e1, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en cuanto ninguna de las quejas esbozadas por el accionante, recaen en su contra. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Especializada en lo Penal de esta Corte deneg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, b\u00e1sicamente porque, \u00ablas disposiciones sobre la prescripci\u00f3n de la pena \u2013 art\u00edculo 89 y 90 del C\u00f3digo Penal, operan en el supuesto que el condenado se encuentre gozando de la libertad, no obstante que en su contra exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, en cuyo evento comenzar\u00eda a transcurrir el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, el cual quedar\u00eda interrumpido en los momentos se\u00f1alados por la norma, es decir, cuando fuere aprehendido en virtud de la sentencia o puesto a disposici\u00f3n de la autoridad para el cumplimiento de la misma. <\/p>\n
En el presente caso, el accionante pretende que sea tenido en cuenta como t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la pena, la causa penal por la cual se encuentra privado de la libertad desde el 3 de noviembre de 2015, con ocasi\u00f3n a la sentencia proferida en su contra por cuenta de otro proceso; sin advertir que el periodo de extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n en consideraci\u00f3n al delito de uso de documento falso, se encuentra interrumpido desde el d\u00eda 2 de noviembre de 2015, fecha en la cual, se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n dentro del proceso penal de referencia, debido a la captura del se\u00f1or SAMPAYO MEJ\u00cdA con ocasi\u00f3n del otro proceso. <\/p>\n
Por consiguiente, no se supera dentro del proceso penal 2013-80112, los cinco a\u00f1os que establece la norma para la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal, teniendo en cuenta que, a la fecha, ha transcurrido dentro del presente asunto 21 meses y 5 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor de la salvaguarda, luego de hacer referencia a la presunta demora en la notificaci\u00f3n del fallo constitucional de primer grado, lo cuestion\u00f3 con similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
\u00ab[d]el infolio se extrae que el procesado fue condenado por el Juzgado 19 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 a la pena principal de cincuenta y dos (52) meses de prisi\u00f3n como autor responsable del punible de uso de documento falso neg\u00e1ndole la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y concedi\u00e9ndole la prisi\u00f3n domiciliaria, previo la suscripci\u00f3n de la diligencia de compromiso y el pago de cauci\u00f3n prendaria equivalente a 1 SMLMV, sentencia que quedo ejecutoriada el 28 de enero de 2014. Se advierte que, desde el d\u00eda 03 de noviembre de 2015, se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Cartagena, en raz\u00f3n de otro proceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, tenemos que la sentencia del proceso cobra ejecutoria el d\u00eda 28 de enero de 2014 cont\u00e1ndose hasta el 02 de noviembre de 2015, fecha en la que se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n debido a la captura del se\u00f1or Sampayo Mej\u00eda, siendo el tiempo total 21 meses y 5 d\u00edas, lapso que no supera los cinco a\u00f1os que establece la norma para la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal. <\/p>\n
Siguiendo el hilo conductor, y las pruebas allegadas al plenario, si el penado no comenz\u00f3 a descontar el tiempo de la pena impuesto en este proceso, esto no obedece a la negligencia del Estado, sino porque ha sido imposible que cumpla con la pena, debido a que el procesado se encuentra privado de la libertad desde el 03 de noviembre del 2015, por cuenta de otro proceso, de esta forma existe una inviabilidad de ejecutar dos penas al mismo tiempo\u00bb <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, no es posible sostener, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le abre paso al mecanismo excepcional interpuesto respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, toda vez que la acci\u00f3n no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, en raz\u00f3n a que \u00abal juez constitucional le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC717-2021), m\u00e1xime cuando, desde el d\u00eda 2 de noviembre de 2015, se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n dictada dentro del decurso debido a la captura del se\u00f1or Sampayo Mej\u00eda, aun cuando la misma se dio con ocasi\u00f3n de otra causa, no super\u00e1ndose, entonces, los cinco (5) a\u00f1os que exigen los c\u00e1nones 89 y 90 del Estatuto Penal. <\/p>\n
4. As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
5. Por expuesto, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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