STC511-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC511-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00126-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Asier Aguilar Amuchastegui contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Superintendencia de Industria y Comercio y los intervinientes en el declarativo n\u00ba 2019-43275. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de 16 de julio de 2021, mediante el cual el tribunal querellado, con una hermen\u00e9utica que consider\u00f3 alejada del ordenamiento jur\u00eddico, revoc\u00f3 la prosperidad de su demanda de protecci\u00f3n al consumidor y, en su lugar, la desestim\u00f3 por estimar que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa para formularla. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto la fustigada providencia y que se ordene resolver nuevamente el asunto, pero esta vez conforme a las previsiones legales. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda en raz\u00f3n de la legalidad de la providencia objeto de censura. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Industria y Comercio recalc\u00f3 que la vulneraci\u00f3n denunciada en el libelo introductor concierne a una providencia judicial que no le es atribuible. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la magistratura encartada trasgredi\u00f3 el derecho a un debido proceso del accionante, al desestimar la demanda de protecci\u00f3n al consumidor formulada por quien aqu\u00ed acciona. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal revoc\u00f3 lo resuelto por el juez a quo y, en su lugar, deneg\u00f3 las pretensiones elevadas por el convocante, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la magistratura precis\u00f3 inicialmente que \u00abSer\u00e1 relaci\u00f3n de consumo y, por tanto, sometida al r\u00e9gimen especial, entre otros factores, aquella en donde intervenga en calidad de consumidor el reclamante y en la que se lesionen los derechos que ampara ese especial rol en la relaci\u00f3n jur\u00eddica a revisar; entonces, es en el concepto consumidor donde se resguarda el punto de partida para el uso de la acci\u00f3n especial. El referido numeral 3 del art\u00edculo 5 del Estatuto, brinda suficientes elementos para concluir, desde ya, que es criterio determinante la intenci\u00f3n o prop\u00f3sito del adquirente del bien o servicio, a efecto de concluir si se est\u00e1 de cara a una relaci\u00f3n jur\u00eddica de tr\u00e1fico negocial ordinaria o en una especial de consumo. A diferencia de legislaciones for\u00e1neas como la brasilera, en cuyo C\u00f3digo de Defensa del Consumidor se incorpora un criterio objetivo o maximalista que parte simplemente de adquirir como consumidor1, el Estatuto nacional incorpora como elemento definitorio, adem\u00e1s de la acci\u00f3n de consumir, una prop\u00f3sito o destino que lo hace encajar en un criterio subjetivo o finalista (\u2026). Esta posici\u00f3n, impone que para calificar si un individuo actu\u00f3 en determinada relaci\u00f3n jur\u00eddica como consumidor, deba escrutarse en su objetivo, y si se advierte que la adquisici\u00f3n o utilizaci\u00f3n del bien o servicio persigui\u00f3 como finalidad directa o indirecta una actividad econ\u00f3mica o con prop\u00f3sitos rent\u00edsticos, no ser\u00e1 consumidor, pues tal conducta se aleja del concepto de \u201cdestinatario final\u201d por incorporarlo en un ejercicio o ciclo productivo, comercial o de intermediaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, anot\u00f3 que, \u00abla disputa tiene origen en la adquisici\u00f3n de cinco derechos fiduciarios de participaci\u00f3n dentro del proyecto hotelero denominado \u201cHotel Spa Karmairi\u201d, desarrollado en calidad de fideicomitente por la demandada principal y que administra como vocera del patrimonio aut\u00f3nomo la vinculada Acci\u00f3n Fiduciaria, se advierte que el convocante y beneficiario de dicha estructura de negocio, no cuenta con la calidad de consumidor y, por tanto, carece de legitimaci\u00f3n para ejercer la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor. Pese a que la propia complexi\u00f3n del negocio fiduciario resultar\u00eda suficiente para entender que el prop\u00f3sito de adquisici\u00f3n de las unidades de derechos de participaci\u00f3n componen un modelo negocial cuya finalidad es la generaci\u00f3n de una utilidad producto de la operaci\u00f3n comercial del hotel, que despu\u00e9s de cada ejercicio se distribuye entre los beneficiarios en proporci\u00f3n a sus cuotas hasta la cesaci\u00f3n de la actividad -liquidaci\u00f3n del fideicomiso-, lo cierto es que fue el propio demandante quien confes\u00f3, que el objeto de su compra se enmarc\u00f3 en un ejercicio a trav\u00e9s del cual buscaba mejorar su gasto mediante una actividad de inversi\u00f3n que le produjera lucro o rentabilidad y disminuyera costos mediante la optimizaci\u00f3n tributaria que representaba esa modalidad – planeaci\u00f3n fiscal\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo anterior concluy\u00f3 que, \u00abel \u00e1nimo lucrativo que influy\u00f3 la decisi\u00f3n del adquirente no puede ser obviado o ignorado, pues aquel permite verificar el verdadero prop\u00f3sito de la adquisici\u00f3n del activo a trav\u00e9s del veh\u00edculo negocial de la fiducia, el que claramente no fue para el consumo final del adquirente, sino su explotaci\u00f3n comercial por medio de la renta y la reincorporaci\u00f3n de la inversi\u00f3n a un ciclo u operaci\u00f3n productiva que generaba utilidad peri\u00f3dica como consecuencia de la actividad hotelera en uno de los mejores establecimientos en dicha industria y en una de las ciudades con mayor demanda tur\u00edstica del pa\u00eds -proceso productivo indirecto-. Siendo ello as\u00ed, como en efecto qued\u00f3 demostrado, mal pod\u00eda el funcionario otorgar la calidad de consumidor, cuando de acuerdo a la naturaleza del cuestionado negocio y los prop\u00f3sitos remuneratorios que lo motivaron, la voluntad e intenci\u00f3n del demandante se alejaba por completo de aquella. Razones suficientes que conllevan a revocar la decisi\u00f3n de instancia para, en su lugar, declarar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa del se\u00f1or Asier Aguilar Amuch\u00e1stegui para ejercer la acci\u00f3n protecci\u00f3n al consumidor\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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