STC516-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC516-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 41001-22-14-000-2021-00253-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada en el proceso 41001-31-10-004-2018-00531-00. <\/p>\n
2. En sustento de su queja narr\u00f3 que, el 15 de octubre de 2021, present\u00f3 un escrito ante el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva \u00abSOLICITANDO QUE ME DESIGNE COMO LA PERSONA DE APOYO DE MI PADRE DISCAPACITADO (\u2026)\u00bb, con fundamento en el art\u00edculo 56 de la Ley 1996 del 2019, vigente desde el 27 de agosto de 2021, lo cual, a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela, no hab\u00eda sido respondido. <\/p>\n
3. Conforme a lo anterior, solicit\u00f3 que se ordene al Juzgado accionado resolver de fondo sobre lo pedido. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto de Familia de Neiva inform\u00f3 que el accionante present\u00f3, el 15 de octubre de 2021, un memorial dirigido al proceso 2018-00531-00 y no un derecho de petici\u00f3n, que fue resuelto por auto del 5 de noviembre de 2021 y notificado por estado electr\u00f3nico. Solicit\u00f3, en consecuencia, denegar el amparo. <\/p>\n
Pidi\u00f3 que se analice la temeridad del actor, dado que interpuso otra tutela, que el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Neiva conoci\u00f3 bajo el n\u00famero 2021-00140-01, al igual que otra, por derecho de petici\u00f3n, adelantada por el Tribunal Superior de Neiva, bajo el radicado 41001-22-14-000-2021-00224-00. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Procurador Diecinueve Judicial II de Familia de Neiva, adscrito al Juzgado accionado, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el auxilio solicitado tras advertir que, a trav\u00e9s de providencia del 5 de noviembre de del a\u00f1o anterior, el accionado dio respuesta al memorial del se\u00f1or Ram\u00edrez G\u00f3mez, \u00abque no resulta desatinada ni viola las garant\u00edas fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte actora, quien afirm\u00f3 que \u00abno estoy de acuerdo con declarar la improcedencia de la protecci\u00f3n constitucional solicitada (\u2026) al no observarse vulneracion (sic) de los derechos fundamentales al debido proceso peticion (sic) o mora judicial segun (sic) lo expuesto en la parte motiva\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que sean amparados sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la omisi\u00f3n del Juzgado accionado en resolver la petici\u00f3n que elev\u00f3 el 15 de octubre de 2021. <\/p>\n
2. Trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Corte ha precisado que \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC323-2019, reiterada en STC1622-2020). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, cuando por v\u00eda de tutela se alega la violaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial, concierne dilucidar si el requerimiento comporta o no un tema propio del litigio correspondiente. <\/p>\n
2.1. En el sub examine, el escrito del 15 de octubre de 2021 estaba directamente relacionado con un asunto judicial, esto es, la solicitud del actor para ser designado como persona de apoyo de su padre discapacitado, en el proceso de interdicci\u00f3n judicial 2018-00531-001; por tanto, a tono con la jurisprudencia de la Sala tra\u00edda a colaci\u00f3n, no es posible exigir una respuesta en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
2.2. Sin perjuicio de lo anterior, observa la Sala que, mediante providencia del 5 de noviembre de 20212, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva se pronunci\u00f3 sobre la petici\u00f3n del accionante, disponiendo que, \u00abuna vez se d\u00e9 tramite de oficio o sea el paso de revisi\u00f3n de la interdicci\u00f3n Judicial del se\u00f1or (\u2026) TADEO y conforme los resultados de la valoraci\u00f3n de apoyo respecto a \u2018Las personas que han fungido o pueden fungir como apoyo en la toma de decisiones de la persona, para cada aspecto relevante de su vida\u2019, ser\u00e1n citadas, incluyendo al aqu\u00ed peticionario, para ser escuchadas en la audiencia respectiva\u00bb, de modo que es inexistente la omisi\u00f3n alegada por el actor. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab[P]artiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u2019\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2.3. Hechas las anteriores precisiones y habida cuenta de que el Juzgado acusado se pronunci\u00f3 en torno a la solicitud del promotor con antelaci\u00f3n a la presentaci\u00f3n de este ruego3, no se avizora vulneraci\u00f3n alguna y resulta improcedente el amparo invocado. <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Asunto no debatido en las tutelas referidas por el Despacho convocado. <\/p>\n
2\u0002 Notificado por estado electr\u00f3nico No. 142 del 8 de noviembre de 2021. <\/p>\n
3\u0002 10 de noviembre de 2021, de acuerdo con el acta de reparto y los registros en la p\u00e1gina de la Rama Judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
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