STC521-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 25000-22-13-000-2021-00465-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Mar\u00eda Isabel del Rio Albanez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot y el Banco Davivienda S.A. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes del proceso objeto de s\u00faplica. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales, presuntamente conculcados en el proceso de restituci\u00f3n de tenencia de bien inmueble arrendado -leasing habitacional- con radicado 25307-31-03-001-2019-000147-00. <\/p>\n
2. En sustento de su queja sostuvo que el Banco Davivienda inici\u00f3 en su contra el mencionado proceso, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot. <\/p>\n
Admitida la demanda, el 12 de diciembre de 2019 el demandante aport\u00f3 la certificaci\u00f3n de notificaci\u00f3n, firmada por Mar\u00eda Hilda Uribe, \u00abpersona que NO CONOZCO\u00bb. El 26 de febrero del 2020, Davivienda alleg\u00f3 \u00abotra certificaci\u00f3n recibida por Reinaldo del Rio que es mi padre de m\u00e1s (\u2026) de 80 a\u00f1os y sufre de Alzheimer y no me entreg\u00f3 ning\u00fan documento\u00bb y, el 6 de agosto siguiente, alleg\u00f3 una nueva notificaci\u00f3n, \u00absupuestamente\u00bb remitida a su correo electr\u00f3nico marydelrio123456789@hotmail.com el 22 de julio de 2020, \u00absiendo esto totalmente falso\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s de esa fecha revis\u00f3 \u00aba diario La Rama Judicial y en la p\u00e1gina del Juzgado (\u2026) y mi Correo Electr\u00f3nico, no hubo ninguna publicaci\u00f3n o movimiento hasta la publicaci\u00f3n de la SENTENCIA el 6 de Abril del 2021, donde el despacho la public\u00f3 en estado del 8 de abril del 2021\u00bb, en la que se accedi\u00f3 a las pretensiones. <\/p>\n
Present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra ese fallo, que fue rechazado, por improcedente, mediante auto del 15 de abril de 2021. Igualmente, promovi\u00f3 \u00ab(Control de Legalidad e Incidente de Nulidad)\u00bb, que tambi\u00e9n fue rechazado el 23 de abril de 2021. <\/p>\n
El 28 de abril de 2021 su abogado aport\u00f3 nuevas pruebas al control de legalidad, pero el accionado, en decisi\u00f3n del 19 de julio siguiente, orden\u00f3 estarse a lo resuelto el pasado 23 de abril. El 27 de julio de 2021 present\u00f3 recurso de s\u00faplica y, el 30 de septiembre de ese a\u00f1o, el Juzgado convocado emiti\u00f3 despacho comisorio para adelantar el desalojo. <\/p>\n
Censur\u00f3 i) \u00abla no valoraci\u00f3n del acervo probatorio\u00bb, ii) que el proceso adelantado es de mayor cuant\u00eda y no de m\u00ednima y, por tanto, procede la apelaci\u00f3n, iii) que no fue notificada en debida forma de la demanda, iv) antes de la sentencia no se realizaron publicaciones sobre las actuaciones del proceso v) que fue estafada con un modismo extranjero \u00abLEASING HABITACIONAL Y EL EJECUTIVO NO ESTA AUTORIZADO CONSTITUCIONALMENTE PARA REGLAMENTAR UNA LEY MARCO (Decreto No. 1787 de 2004)\u00bb, vi) Davivienda le impuso una tasa ilegal del 16.45% E.A., vii) el leasing no puede ser asimilado a un cr\u00e9dito hipotecario o contrato de arrendamiento. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abrevocar todo lo actuado\u00bb en el proceso ejecutivo, incluyendo la sentencia o \u00abDEFINIR (\u2026) SI ESTE ES UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O UN CREDITO HIPOTECARIO\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot inform\u00f3 que, en el proceso ejecutivo sub examine, la demanda se admiti\u00f3 el 27 de agosto de 2019, y la demandada, aqu\u00ed accionante, se tuvo por notificada el 17 de febrero de 2020, guardando silencio durante el t\u00e9rmino de traslado. <\/p>\n
Luego de relatar las diferentes actuaciones surtidas con posterioridad, sostuvo que la accionante desaprovech\u00f3 las herramientas procesales, pues \u00abhizo un uso incorrecto de ellas, al presentar recursos e incidentes improcedentes, permitiendo que las decisiones adoptadas, cobraran firmeza\u00bb. <\/p>\n
2. El Banco Davivienda1 afirm\u00f3 que lo alegado por la actora eran controversias contractuales que ya fueron discutidas en el proceso verbal y pretende evitar la diligencia de restituci\u00f3n del inmueble. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, al considerar que incumpl\u00eda con el presupuesto de inmediatez, pues la sentencia controvertida data del 6 de abril de 2021, en tanto la acci\u00f3n se present\u00f3 el 2 de noviembre de 2021, sin evidenciarse justificaci\u00f3n para la tardanza. Igualmente, respecto a la alegada indebida notificaci\u00f3n, estableci\u00f3 la falta del requisito de subsidiariedad ante la omisi\u00f3n de la accionante de adelantar el incidente de nulidad, en lugar del control de legalidad ejercido. <\/p>\n
Finalmente, estim\u00f3 razonable el auto del 15 de abril de 2021, que rechaz\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia, en virtud de lo contemplado en el numeral 9 del art\u00edculo 384 del C.G. del P. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte actora, quien reiter\u00f3 las alegaciones contra la sentencia proferida por el accionado. Tambi\u00e9n afirm\u00f3 que se malinterpret\u00f3 su petici\u00f3n, \u00abEL CUAL ES SUSPENDER EL COMISORIO DE DESALOJO CON AUTO DEL 30 DE SEPT. DEL 2021 EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE GIRARDOT EXPIDE COMISORIO DE DESALOJO\u00bb agendado para el 30 de noviembre de 2021, por lo que se debe revocar todo lo actuado, incluyendo la sentencia del 6 de abril de 2021. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que, el 5 de octubre de 2021, present\u00f3 oposici\u00f3n \u00abal comisorio de desalojo\u00bb y, el 14 de octubre siguiente, el Juzgado Municipal comisionado resolvi\u00f3 \u00abAgr\u00e9guese al escrito y anexo a los autos, el memorialista estese a lo dispuesto en el Art. 309 del C. G. del P. \u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que el Despacho convocado no realiz\u00f3 ninguna publicaci\u00f3n antes de la sentencia, \u00abpero ese no fue la causal de la acci\u00f3n de tutela, LA CAUSAL FUE SU CONTINUO ACCIONAR PREVARICADOR AL EXPEDIR el Despacho Comisorio No. 024 de 2021 del JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE GIRARDOT, sin pronunciarse sobre el RECURSO DE SUPLICA Y LO TRAMITO HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021, NEGANDO UNA VEZ MAS TODAS LAS ACTUACIONES DE MI ABOGADO\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende que sean amparados los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la sentencia del 6 de abril de 2021, que orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble objeto del proceso 2019-00147, el auto mediante el cual se rechaz\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y la notificaci\u00f3n desplegada para darle a conocer la existencia del juicio. <\/p>\n
2. Del escrutinio del decurso procesal se evidencia que, una vez proferida la sentencia el 6 de abril de 2021, notificada por estado del 8 de abril siguiente, la demandada present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue rechazado, por improcedente, a trav\u00e9s de auto del 15 de abril de 20212, en consideraci\u00f3n a que la restituci\u00f3n pretendida se fundament\u00f3 exclusivamente en la mora del pago del canon de arrendamiento y, en tal evento, de acuerdo con el numeral 9 del art\u00edculo 384 del C. G. del P., el proceso se tramit\u00f3 en \u00fanica instancia. <\/p>\n
El 21 de abril de 2021, la parte pasiva radic\u00f3 un memorial solicitando \u00abCONTROL DE LEGALIDAD ART. 132 DEL C.G.P. INCIDENTE DE NULIDAD ART. 133 N\u00daMS. 2, 4 Y 5\u00bb, sobre el que se pronunci\u00f3 el accionado en auto del 23 de abril de 2021 rechazando de plano la nulidad3. <\/p>\n
El 28 de abril de 2021, la demandada present\u00f3 un escrito, que titul\u00f3 \u00abNUEVAS PRUEBAS ART. 372 NUM. 8 DEL C.G.P. AL CONTROL DE LEGALIDAD ART. 132, INCIDENTE DE NULIDAD ART. 133 N\u00daM. 2. COMPETENCIA DE CUANTIA ART. 25 DEL C.G.P.\u00bb, argumentando que el juez procedi\u00f3 contra providencia ejecutoriada del superior, \u00abque en este caso son La Constituci\u00f3n Colombiana Art\u00edculos 10, 51, 150 numeral 19 literal d), 335 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb; al respecto, el Juzgado se pronunci\u00f3 el 19 de julio de 20214 y dispuso estarse a lo resuelto en la providencia del 23 de abril pasado. <\/p>\n
El 27 de julio de 2021, el apoderado de la se\u00f1ora Mar\u00eda Isabel del Rio Albanez radic\u00f3 un \u00ab\u2018RECURSO DE S\u00daPLICA\u2019 ART. 331 DEL C.G.P. AL CONTROL DE LEGALIDAD ART. 132, INCIDENTE DE NULIDAD ART. 133 N\u00daM. 2\u00bb, el cual fue rechazado, por improcedente, el 5 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2.1. Vistas las actuaciones surtidas en el proceso objeto de debate, considera la Sala que el amparo solicitado no cumple con el presupuesto de la inmediatez, puesto que los cuestionamientos se dirigen principalmente contra la sentencia del 6 de abril de 2021, mientras que la acci\u00f3n de tutela se radic\u00f3 el 27 de octubre de 20215, es decir, despu\u00e9s de transcurridos 6 meses, t\u00e9rmino que la jurisprudencia ha definido como prudencial para instaurar la acci\u00f3n de amparo constitucional. Igual consideraci\u00f3n debe hacerse frente al auto del 15 de abril de 2021. <\/p>\n
Respecto del citado principio, ha de precisarse que, pese a no existir un t\u00e9rmino de caducidad para invocar el amparo, s\u00ed se impone promoverlo en un plazo razonable, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de la persona. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido que, <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021). <\/p>\n
Es menester destacar que el requisito de tempestividad frente a la sentencia no se extiende por la interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, dado que fue rechazado, por improcedente, de conformidad con la norma especial que contempla el estatuto procesal para el juicio de marras6, ni por la presentaci\u00f3n de peticiones posteriores. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las falencias de la interesada en el ejercicio de los mecanismos ordinarios de defensa previstos por el legislador en el curso del respectivo proceso no excusan el requisito de interposici\u00f3n oportuna de esta acci\u00f3n excepcional y subsidiaria. <\/p>\n
Recientemente, en un caso de similares perfiles al actual, la Corte precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De la evidencia allegada, muy pronto se advierte que el resguardo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque respecto de la directriz atacada proferida por el Juzgado Cuarenta y Uno de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples, se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la exigencia temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, por cuanto entre la fecha de la sentencia cuestionada (15 dic. 2020) y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (27 ag. 2021), transcurri\u00f3 un lapso de ocho (8) meses y doce (12) d\u00edas, esto es, se super\u00f3 con creces el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Ahora, contrario a lo apreciado por los precursores, en el sub lite no se encuentra satisfecho dicho \u2018presupuesto\u2019, como quiera que el debate suscitado en dicho asunto se cerr\u00f3 con el fallo confutado y no cuando el juzgador del circuito dilucid\u00f3 el \u2018recurso de queja\u2019 propuesto -15 mar. 2021-, habida cuenta de la inidoneidad de la impugnaci\u00f3n propuesta, al tratarse de un juicio \u2018verbal sumario\u2019, por ende, de \u00fanica instancia (\u2026)\u00bb7 (se resalta). <\/p>\n
2.2.- Cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible, por razones que justifiquen la inactividad del actor para impetrar la s\u00faplica, como la interdicci\u00f3n, la incapacidad f\u00edsica y la minor\u00eda de edad, entre otras circunstancias v\u00e1lidas para no instaurar la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb8. <\/p>\n
Bajo tales presupuestos, la Sala no observa una justificaci\u00f3n frente a la tardanza en la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela, en tanto la accionante no da cuenta de situaciones espec\u00edficas que le haya impedido reclamar oportunamente, por v\u00eda constitucional. <\/p>\n
3. Adicionalmente, tampoco se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, toda vez que la supuesta indebida notificaci\u00f3n de la demanda no fue puesta de presente ante el Juez de conocimiento. <\/p>\n
Sobre la naturaleza subsidiaria de este mecanismo, esta Sala ha considerado que: <\/p>\n
\u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en esos casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les ha asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC3109-2020). <\/p>\n
De manera que aparece ineludible que el accionante no agot\u00f3 las instancias ordinarias que ten\u00eda a su alcance para tal cometido, lo cual imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser utilizado por las partes sin que previamente expongan sus planteamientos en las instancias de defensa ordinarias. <\/p>\n
4. En cuanto a lo mencionado en el escrito de impugnaci\u00f3n, sobre la solicitud de suspender el despacho comisorio para adelantar la entrega del inmueble que se orden\u00f3 restituir y lo relativo a la oposici\u00f3n que present\u00f3 ante el comisionado antes de la diligencia de entrega, se observa que constituyen hechos y pretensiones nuevas sobre las cuales las partes no tuvieron la oportunidad de pronunciarse y, en raz\u00f3n al derecho a la defensa que les asiste, no es procedente que la Sala realice un an\u00e1lisis sobre el particular. <\/p>\n
No obstante, frente a la omisi\u00f3n del accionado de dar respuesta al escrito que la actora radic\u00f3 el 27 de julio de 2021 como recurso de s\u00faplica contra el auto del 19 de julio anterior, se observa que el Juzgado emiti\u00f3 el auto del 5 de noviembre de 2021, mediante el cual lo rechaz\u00f3, por improcedente. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con el presunto prevaricato cometido por el Juzgado de conocimiento, se recuerda que la acci\u00f3n constitucional no est\u00e1 institu\u00eda para asumir asuntos que competen a otras autoridades, en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
6. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional, en cuanto neg\u00f3 la salvaguarda invocada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 A trav\u00e9s del representante legal para efectos judiciales, de acuerdo con el certificado de la Superintendencia Financiera. Folio 134 de la contestaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Notificado por estado del 19 de abril de 2021, <\/p>\n
3\u0002 Notificado por estado del 26 de abril de 2021. <\/p>\n
4\u0002 Notificado por estado del 23 de julio de 2021. <\/p>\n
5\u0002 La acci\u00f3n constitucional fue repartida primero al Juzgado Segundo Penal Municipal de Girardot, el cual, mediante auto del 28 de octubre de 2021, la remiti\u00f3 por competencia a la Sala Civil del Tribunal de Cundinamarca. <\/p>\n
6\u0002 \u00abArt\u00edculo 384. Restituci\u00f3n de inmueble arrendado. Cuando el arrendador demande para que el arrendatario le restituya el inmueble arrendado se aplicar\u00e1n las siguientes reglas: (\u2026).9. \u00danica instancia. Cuando la causal de restituci\u00f3n sea exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitar\u00e1 en \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 CSJ, STC13613-2021, radicado n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-01861-01. <\/p>\n
8\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
<\/p>\n
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