STC527-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC527-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00809-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 24 de noviembre de 2021, que neg\u00f3 el amparo promovido por Ana Mar\u00eda Calvo Guti\u00e9rrez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas (PAR), conformado por la Sociedad Fiduciaria S.A.; Fiduciaria Popular S.A.; Mu\u00f1oz Abogados C\u00eda. Ltda y\/o Juris Mark Ltda; Fondo de Capital Privado Alianza Konfigura Activos Alternativos, administrado por la Alianza Fiduciaria S.A.; Fiduciaria Colpatria S.A.; Sistencobro S.A.S.; y Mar\u00eda Jos\u00e9 P\u00e9rez Gamarra. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Jes\u00fas Eduardo Barros Brice\u00f1o, cesionario en el proceso ejecutivo con radicado 2010-00361-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo vital y \u00abPROTECCI\u00d3N DE LA FAMILIA\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante: <\/p>\n
2.1. Alianza Fiduciaria S.A. -como vocera del Fideicomiso Alianza Konfigura- present\u00f3 una demanda ejecutiva hipotecaria contra la ac\u00e1 accionante, en la cual solicit\u00f3 el embargo y secuestro del inmueble gravado1. <\/p>\n
2.2. El asunto correspondi\u00f3 inicialmente al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla, el cual, el 11 de marzo de 2011, libr\u00f3 mandamiento de pago a favor de la ejecutante -cesionaria del acreedor hipotecario Telecom- y decret\u00f3 el \u00abembargo y posterior secuestro del [\u2026] inmueble hipotecado identificado con el folio de Matr\u00edcula [\u2026] N\u00b0 040-360753 de propiedad de la demandada\u00bb2. <\/p>\n
2.3. Durante el tr\u00e1mite, el extremo activo \u2013Patrimonio Aut\u00f3nomo F.C. Konfigura- suscribi\u00f3 un acuerdo de cesi\u00f3n con Mar\u00eda Jos\u00e9 P\u00e9rez Gamarra3. <\/p>\n
2.4. El 07 de abril de 2014, el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla avoc\u00f3 conocimiento del litigio4 y, por auto de esa misma fecha, aprob\u00f3 \u00abla cesi\u00f3n de los derechos\u00bb antes referida5. <\/p>\n
2.5. El 19 de febrero de 2015 se dict\u00f3 sentencia, mediante la cual se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, se decret\u00f3 la venta del inmueble en p\u00fablica subasta, la pr\u00e1ctica la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y el aval\u00fao del bien inmueble hipotecado6, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior de Barranquilla el 15 de marzo de 20177. <\/p>\n
2.7. Posteriormente, se present\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos del cr\u00e9dito entre Mar\u00eda Jos\u00e9 P\u00e9rez Gamarra \u2013cedente- y Jes\u00fas Eduardo Barros Brise\u00f1o \u2013cesionario-9, que fue aceptada el 16 de febrero 201810, decisi\u00f3n contra la cual no se interpuso recurso. <\/p>\n
2.8. La diligencia de remate prevista para el 16 de noviembre de 202111 no se llev\u00f3 a cabo, toda vez que el aviso no cumpl\u00eda los par\u00e1metros del art\u00edculo 450 del CGP, en lo que respecta a la fecha de antelaci\u00f3n de la publicaci\u00f3n en un peri\u00f3dico de amplia circulaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con lo expuesto y, en concreto, sobre la audiencia de remate ordenada en el proceso, la actora manifest\u00f3 que, \u00abDe llevarse a cabo esta diligencia, (\u2026) el pr\u00f3ximo 16 de noviembre de 2021, se pone en peligro MI DERECHO A LA PROTECCI\u00d3N E INTEGRIDAD DE MI FAMILIA, toda vez que el inmueble, es donde vivo con mi familia\u00bb, por lo cual afirm\u00f3 que deb\u00eda acudir a la tutela, para que se ordenara suspender el remate hasta que el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes Telecom y Teleasociados en Liquidaci\u00f3n PAR no le reconozca y pague sus derechos laborales. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que era \u00abel mismo ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM \u2013 PAR., quien maneja el cr\u00e9dito hipotecario, [el que] me obliga a pagar con el remate de mi casa, mientras a m\u00ed no paga mis DERECHOS LABORALES, a pesar del reclamo administrativo, con respuesta negativa, lo cual se convierte en algo injusto, y es precisamente este el otro DERECHO FUNDAMENTAL que ser\u00eda vulnerado: El reconocimiento de mi REINTEGRO o el otorgamiento de una PENSI\u00d3N para recuperar mi MINIMO VITAL Y MOVIL\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, adujo que, en el proceso, ha habido varios cesionarios, al punto que ahora est\u00e1 una persona natural, \u00abde lo cual ese JUZGADO accionado, no ha realizado un control estricto sobre la veracidad de los documentos aportados\u00bb. <\/p>\n
Y se\u00f1al\u00f3 que formulaba la acci\u00f3n constitucional \u00abcomo mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, por lo que solicit\u00f3 que \u00abSe ordene a los ACCIONADOS JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE BARRANQUILLA, suspender el remate programado para la fecha del 16 de noviembre de 2021. Pero sobretodo que oficiosamente se haga un control de legalidad sobre todo el procedimiento, en lo relativo a las diferentes cesiones del cr\u00e9dito, que finalmente cay\u00f3 en manos de una PERSONA NATURAL\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y EL VINCULADO <\/p>\n
1. La apoderada general del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas en Liquidaci\u00f3n \u2013 PAR, indic\u00f3 que no hace parte de la demanda ejecutiva que origin\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, que no ha vulnerado derecho alguno a la accionante y que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que no es el acreedor hipotecario. <\/p>\n
2. La apoderada general de Systemgroup S.A.S. (antes Sistemcobro S.A.S.) se\u00f1al\u00f3 que la empresa que representa act\u00faa como apoderada general del Patrimonio Aut\u00f3nomo FC-Konfigura, cuyo vocero es Fiduciaria Colpatria S.A., que \u00abnunca fungi\u00f3 como acreedor de las obligaciones a cargo de Ana Mar\u00eda Calvo Gutierrez (sic) \u00bb y que su responsabilidad \u00abse limit\u00f3 \u00fanica y exclusivamente como apoderado general del Patrimonio Aut\u00f3nomo FC- Konfigura (\u2026) que realiz\u00f3 venta de derechos del cr\u00e9dito a favor de MARIA JOSE PEREZ GAMARRA\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado accionado manifest\u00f3 que, \u00abpor auto del 07 de octubre de 2021, se fij\u00f3 fecha para llevar a cabo diligencia de remate (\u2026) habida cuenta que se cumpl\u00edan los presupuestos procesales para llevar a cabo la diligencia\u00bb, raz\u00f3n por la que solicit\u00f3 no conceder la acci\u00f3n. <\/p>\n
5. Mar\u00eda Jos\u00e9 P\u00e9rez Gamarra sostuvo que con \u00e9sta son tres las acciones constitucionales formuladas por la accionante, \u00abcon el fin de que se suspendan las diligencias de remate o sus efectos y las cuales guardan un solo resultado en com\u00fan, DESIDIA DEL ACCIONANTE al no acudir a los recursos ordinarios de defensa y extraordinarios, y LA FALTA DE VULNERACION DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES que aduce han sido lesionados\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo, al considerar, respecto de la \u00abprovidencia de fecha 16 de febrero de 2018, [que] siendo esta en la que se acept\u00f3 la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito a favor del se\u00f1or Jes\u00fas Eduardo Barrios Brise\u00f1o, actuando como cedente la Sra. Mar\u00eda Jos\u00e9 P\u00e9rez Gamarra (\u2026) cualquier reclamo por v\u00eda de tutela con respecto a esta cesi\u00f3n y las anteriores carece de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad\u00bb y destac\u00f3 que ese asunto hab\u00eda sido objeto de debate en la tutela 2021-00041. <\/p>\n
Aunado a ello sostuvo, \u00abFrente al cuestionamiento de afectaci\u00f3n a sus derechos de reintegro y\/o otorgamiento de Pensi\u00f3n, [que] la parte cuenta o cont\u00f3 con los mecanismos correspondientes ante la Jurisdicci\u00f3n ordinaria, NO visualiz\u00e1ndose que los hubiera ejercido, tampoco se aprecia que cuando se le notific\u00f3 el auto mandamiento de pago de marzo 11 de 2011 hubiera presentado alguna excepci\u00f3n de compensaci\u00f3n con base en esos alegados derechos prestacionales\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante, quien indic\u00f3 que era errado que el juez constitucional considerara que la acci\u00f3n formulada correspond\u00eda a los mismos hechos planteados en la tutela 2021-00041-00, que fue decidida por ese mismo Tribunal, \u00absin fijarse en que existe una contrariedad, al considerar que el juzgado acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito a favor del se\u00f1or JESUS EDUARDO BARROS BRICE\u00d1O, en la cual act\u00faa como cesionaria la se\u00f1ora MARIA JOSE PEREZ GAMARRA\u00bb, pues \u00abprecisamente es el reclamo nuestro en defensa de nuestros derechos fundamentales vulnerados\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora pretende que se suspenda la diligencia de remate ordenada en el proceso censurado, toda vez que se ver\u00edan afectados sus derechos, porque perder\u00eda su lugar de vivienda y no se ha considerado su situaci\u00f3n econ\u00f3mica ni se ha tenido en cuenta que es \u00abel mismo ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM \u2013 PAR., quien maneja el cr\u00e9dito hipotecario, [el que] me obliga a pagar con el remate de mi casa, mientras a m\u00ed no paga mis DERECHOS LABORALES\u00bb; adem\u00e1s, reclama que se debe hacer un control de legalidad sobre las cesiones del cr\u00e9dito realizadas a personas naturales y pretende que, mientras esa actuaci\u00f3n se realiza, se suspenda dicha audiencia. <\/p>\n
2. Al respecto, advierte la Sala que, aunque en esta oportunidad la actora cuestiona la \u00faltima citaci\u00f3n a la diligencia de remate del inmueble hipotecado, lo cierto es que previamente ya hab\u00eda cuestionado que en dicho tr\u00e1mite se hubiera citado a esa diligencia, por las mismas razones que ahora expone. <\/p>\n
2.1. En efecto, bajo el radicado 2019-00522-01, se tramit\u00f3 una acci\u00f3n constitucional interpuesta por la se\u00f1ora Ana Mar\u00eda Calvo Guti\u00e9rrez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad y con ocasi\u00f3n del juicio compulsivo 2010-00361, en la que pretendi\u00f3 que se ordenara emitir \u00abun auto que suspenda la diligencia o audiencia de remate del inmueble de mi propiedad, programada para el 6 de noviembre de 2019 (\u2026) para que no afecte nuestro derecho a recibir el apoyo de la administraci\u00f3n judicial (sic)\u00bb12. <\/p>\n
Al resolver la segunda instancia, esta Sala precis\u00f3 que el problema jur\u00eddico planteado era \u00absi la autoridad convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas por la actora al programar fecha para la diligencia de remate del inmueble perseguido en el ejecutivo hipotecario radicado n\u00ba 2010-00361, neg\u00e1ndose a suspenderla sin tener en cuenta su dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb y frente a ello concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00ab\u2026seg\u00fan se extrae del contenido de la demanda, la actora, al margen de cuestionar las decisiones de instancia proferidas en el proceso hipotecario, dirige su inconformidad de manera espec\u00edfica contra la providencia de 1\u00ba de octubre de 2019 que fij\u00f3 fecha para la realizaci\u00f3n de la subasta, sin considerar la carencia de recursos econ\u00f3micos para poder conseguir un lugar al cual desplazarse, as\u00ed como tampoco que, ha sido el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes de Telecom en Liquidaci\u00f3n el que no le ha cancelado sus acreencias laborales ni cumple con su \u2018reintegro (sic)\u2019 al cargo, requiriendo por tales motivos la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite hasta que le sean garantizados sus prerrogativas. <\/p>\n
Establecido lo anterior, y en consonancia con la postura reiterada en estos casos por la Corte, debe indicarse que no cabe acudir a este auxilio como medio para suspender, retrotraer o invalidar el desarrollo y cumplimiento de diligencias que tienen origen en providencias en firme, ya que la actuaci\u00f3n criticada, como se advirti\u00f3, encuentra sustento jur\u00eddico en el prove\u00eddo referenciado, es decir, en una determinaci\u00f3n v\u00e1lidamente dictada en el curso del tr\u00e1mite ordinario. <\/p>\n
Adicionalmente, es menester precisar que las circunstancias que expone la gestora del amparo por s\u00ed solas no impiden que el inmueble hipotecado sea rematado conforme lo enmarca el art\u00edculo 44813 del C\u00f3digo General del Proceso, pues aquella diligencia se podr\u00e1 programar siempre y cuando el bien se encuentre debidamente embargado, secuestrado y avaluado, presupuestos que se cumplen en este evento, seg\u00fan pudo verificar el tribunal a quo en la inspecci\u00f3n al expediente del proceso (fl. 278, ib.). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se encuentra irregularidad en el juez ejecutor al fijar la fecha para la almoneda del bien gravado, pues aqu\u00e9lla obedece al desarrollo del anterior precepto legal. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que \u2018la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u2019 (Sentencia de 28 de octubre de 2009, exp. T-2009-1496-01, citada el 29 de agosto de 2012, exp. 2012-01295-01, reiterada en STC16630-2015, 4 dic. 2015, rad. 2015-02935-00)\u00bb. <\/p>\n
Y sobre el perjuicio irremediable alegado por el remate del lugar de vivienda de la tutelante, en raz\u00f3n a su situaci\u00f3n econ\u00f3mica y a que el Patrimonio accionado no le hab\u00eda reconocido sus acreencias laborales, la Sala determin\u00f3: <\/p>\n
\u00ablo aducido por la querellante para pretender el reconocimiento de un perjuicio irremediable no est\u00e1 acorde con lo exigido para tal declaraci\u00f3n, ya que no acredit\u00f3 un da\u00f1o irreparable que amerite otorgar el resguardo, a\u00fan de manera transitoria pues, aunque puso de presente su compleja situaci\u00f3n econ\u00f3mica, lo cierto es que, y pese a que no se desconoce las dificultades que ello pueda representar a nivel personal y familiar, no es circunstancia que, individualmente considerada, tenga la potencialidad de enervar el cumplimiento de la actuaci\u00f3n judicial, m\u00e1xime si se tiene en cuenta, como ya se puntualiz\u00f3, que se trata de una determinaci\u00f3n que corresponde al final de un proceso judicial tramitado legalmente, y que desde la sentencia de segunda instancia que ratific\u00f3 la continuidad de la ejecuci\u00f3n \u2013 15 de marzo de 2017 \u2013 transcurrieron algo m\u00e1s de dos a\u00f1os, tiempo suficiente para que la interesada gestionara la soluci\u00f3n a la circunstancia que plantea\u00bb (STC038-2020). <\/p>\n
De lo anterior se destaca que la Sala ya revis\u00f3 el asunto y concluy\u00f3 que la tutela no era procedente para cuestionar las providencias que citaran a la diligencia de remate del bien, por cuanto aquellas se emit\u00edan en cumplimiento de la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, dictada desde el 15 de marzo de 2017. <\/p>\n
En dicha oportunidad, la Sala tambi\u00e9n analiz\u00f3 los argumentos de la actora sobre su situaci\u00f3n econ\u00f3mica y la falta de reconocimiento y pago de sus derechos laborales, sobre lo cual defini\u00f3 que dichas alegaciones no imped\u00edan que el inmueble hipotecado fuera rematado, pues en el tr\u00e1mite reprochado esa actuaci\u00f3n era procedente, dado que se cumpl\u00edan los requisitos exigidos para el efecto. Adicionalmente, se destac\u00f3 que desde que se dict\u00f3 la sentencia hab\u00eda trascurrido un tiempo suficiente para que la interesada gestionara la soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica personal por ella planteada. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, bajo la tutela de radicado 2021-00041, la actora tambi\u00e9n pidi\u00f3 que no se realizara la diligencia de remate, hasta que se ejerciera un verdadero control de legalidad sobre el proceso, toda vez que la \u00abautoridad cuestionada vulner\u00f3 las derechos fundamentales de la accionante al adelantar el tr\u00e1mite del remate del inmueble debatido, aun cuando la gestora desconoce los t\u00e9rminos en los cuales se suscribi\u00f3 el contrato de cesi\u00f3n entre Mar\u00eda Jos\u00e9 P\u00e9rez Gamarra \u2013cedente- y Jes\u00fas Eduardo Barros Brise\u00f1o \u2013cesionario-\u00bb. <\/p>\n
El asunto fue conocido por esta Sala en sentencia STC3090-2021, en la cual se neg\u00f3 el amparo, destacando que la providencia del 16 de febrero de 2018, por la cual se acept\u00f3 \u00abla cesi\u00f3n del cr\u00e9dito que hace el demandante MAR\u00cdA JOS\u00c9 PEREZ GAMARRA, a favor del Sr. JES\u00daS EDUARDO BARROS BRISE\u00d1O (\u2026) qued\u00f3 ejecutoriada, sin que ninguno de los extremos hubiera recurrido ese descernimiento\u00bb y que frente a esa decisi\u00f3n la tutela era improcedente, pues la actora cont\u00f3 con la oportunidad de exponer al juzgado querellado las razones de su inconformidad para reclamar a favor de sus intereses y no lo hizo. Asimismo, la Sala indic\u00f3 que las peticiones en torno al tema y de acceso al expediente ya hab\u00edan sido atendidas, por lo que concluy\u00f3 que era inexistente la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
3. De lo anterior se deduce claramente que la accionante ha presentado dos acciones constitucionales previas para lograr la suspensi\u00f3n de la diligencia de remate y que en ellas ya se resolvi\u00f3 que la citaci\u00f3n a dicha audiencia no pod\u00eda ser atacada v\u00eda tutela, pues era consecuencia de la sentencia del 15 de marzo de 2017 y que en el juicio cuestionado se cumpl\u00edan los requisitos legales para que aquella actuaci\u00f3n se realizara por parte del operador judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se observa que las tres acciones constitucionales tienen un fin com\u00fan, evitar que el remate se realice, y que en \u00e9stas se han presentado similares argumentos sobre la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la actora y la legalidad de algunas actuaciones en el juicio, de manera que aunque entre las solicitudes de amparo constitucional puedan existir algunas diferencias, el asunto fundamental, esto es, la procedencia de la diligecia referida, ya ha sido suficientemente debatido en esta sede superior, lo que impone estarse a lo all\u00ed resuelto. <\/p>\n
Sobre el particular, debe recordarse que el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra que, \u00abcuando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esta tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u2018nuevo\u2019 derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb (Se subraya) (CSJ STC 24 feb. 2006, Rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. Rad. 00294-00 y STC2713-2020, 12 de marzo Rad. 2020-00038-01). <\/p>\n
Entonces, es claro que la intenci\u00f3n del legislador no fue auspiciar el uso desmedido de este selecto instrumento, sino reprochar severamente cualquier actitud que se dirija en tal sentido, pues quien as\u00ed proceda no ver\u00e1 triunfar sus pretensiones, de manera que no es posible volver a analizar el asunto, dado que ya fue objeto de decisi\u00f3n previa en sede constitucional. <\/p>\n
En el presente caso, se reitera, la Sala ya estudio el tema y consider\u00f3 que no se vulneraban los derechos de la tutelante por la citaci\u00f3n a la diligencia de remate que se disponga en el juicio 2010-00361. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo, que neg\u00f3 la salvaguarda invocada, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folios 3-11 del PDF \u00ab01 Cuaderno Principal C10-0370-2017\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folio 93 ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 178-179 ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Folio 221 ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Folios 222-223 ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Folios 231 a 236 ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Folios 44 a 52 del PDF \u00ab02 Apelaci\u00f3n Sentencia 2015-02-19 C10-370-2017\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Folio 263 ibidem. <\/p>\n
9\u0002 Folios 276 a 278 ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Folio 282 ibidem. <\/p>\n
11\u0002 Ibidem. 60ActaAudiencia.pdf <\/p>\n
12\u0002 Ver antecedentes de la sentencia STC038-2020. <\/p>\n
13\u0002 Art\u00edculo 448. \u00ab(\u2026) Ejecutoriada la providencia que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, el ejecutante podr\u00e1 pedir que se se\u00f1ale fecha para el remate de los bienes que lo permitan, siempre que se hayan embargado, secuestrado y avaluado, aun cuando no est\u00e9 en firme la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. En firme esta, cualquiera de las partes podr\u00e1 pedir el remate de dichos bienes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC527-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS STC527-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00809-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60736","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60736","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60736"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60736\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60736"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60736"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60736"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}