STC529-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC529-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2021-00434-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta el 30 de noviembre del a\u00f1o pasado, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ferminia Tordecilla Soto y otros contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Tercero Promiscuo Municipal de Ci\u00e9naga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el reivindicatorio 2015-00085. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, actuando por conducto de apoderado judicial, acuden a esta herramienta constitucional para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la vida [y] a la salud\u00bb que estiman quebrantados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados se pueden extractar como hechos jur\u00eddicamente relevantes, los siguientes: <\/p>\n
En el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ci\u00e9naga curs\u00f3 el proceso reivindicatorio 2015-00085 promovido por la empresa Santa Cruz de Papare S.A.S. (antes Juan Miguel Vengoechea S. en C.) respecto del predio denominado \u00abFinca C\u00f3rdoba o Lote 6C\u00bb ubicado en el corregimiento Cordobita del Municipio de Ci\u00e9naga. <\/p>\n
Tal actuaci\u00f3n culmin\u00f3 con sentencia estimatoria de 11 de mayo de 2017 disponiendo la entrega del inmueble; sin embargo, con fallo de 16 de agosto del a\u00f1o siguiente el Tribunal Superior de Santa Marta la revoc\u00f3 parcialmente en el sentido de excluir seis parcelas. <\/p>\n
Para la materializaci\u00f3n de la anterior orden, la c\u00e9lula judicial a quo expidi\u00f3 despacho comisorio de 15 de noviembre de 2019, cuyo auxilio correspondi\u00f3, en una primera oportunidad, al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la misma poblaci\u00f3n, el cual orden\u00f3 su devoluci\u00f3n sin diligenciar, atendiendo la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y la suspensi\u00f3n de diligencias dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, lo que se cumpli\u00f3 solo hasta el 22 de febrero de 2021. <\/p>\n
Por solicitud de la sociedad demandante, el juzgado cognoscente realiz\u00f3 una nueva comisi\u00f3n (12 de marzo de 2021) para adelantar la entrega del predio, que correspondi\u00f3 esta vez al Tercero promiscuo Municipal de Ci\u00e9naga; sin embargo, a la fecha tal diligencia no ha podido cumplirse. <\/p>\n
3. Para los accionantes, que aducen ser \u00abposeedores\u00bb de la heredad \u00abdesde finales del 2008\u00bb, la pr\u00e1ctica de la vista p\u00fablica constituye un grave riesgo para la salud de los habitantes de la zona a desalojar dado que \u00abno cuentan con el esquema de seguridad [sic] y pone en riesgo de contagio a todos los integrantes que no han sido vacunados generando un peligro eminente [sic] para la poblaci\u00f3n de la tercera edad j\u00f3venes y ni\u00f1os\u00bb, raz\u00f3n por la cual solicitan \u00abordenar al juzgado comisionado\u2026 y al comitente\u2026 suspender la diligencia de entrega hasta tanto no existan serias garant\u00edas que pongan en riesgo la vida y salud de sus integrantes [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Procurador 13 Judicial II delegado para asuntos Agrarios y Ambientales indic\u00f3 que, de conformidad con el Acuerdo PCSJ21-11840 de 26 de agosto de 2021 \u00abes deber del despacho comisionado vigilar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad correspondientes para la realizaci\u00f3n de la diligencia programada\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Tercera Promiscuo Municipal de Ci\u00e9naga dio cuenta de las actuaciones realizadas a efectos de auxiliar la comisi\u00f3n conferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma poblaci\u00f3n, se\u00f1alando que para garantizar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad dio aviso tanto a la Alcald\u00eda local y la Secretar\u00eda de Salud, como a la Gobernaci\u00f3n del Magdalena, sin que hubiera sido advertida de alg\u00fan tipo de restricci\u00f3n para adelantar la diligencia programada. <\/p>\n
3. La Juez Primera Civil del Circuito de Ci\u00e9naga resalt\u00f3 que en la actualidad las diligencias judiciales que se deben llevar a cabo por fuera de la sede del despacho se encuentran autorizadas seg\u00fan el Acuerdo PCSJA21-11840, sin que exista restricci\u00f3n alguna por parte del Consejo Superior de la Judicatura ni del Gobierno Nacional. <\/p>\n
4. La sociedad Santa Cruz de Parare S.A.S., por conducto de su representante legal, solicit\u00f3 desestimar las s\u00faplicas de la demanda pues considera que la presente herramienta est\u00e1 siendo utilizada \u00abpara evadir la entrega del [predio] pretendiendo perpetuarse en la ocupaci\u00f3n ilegal que tienen desde hace a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
5. Por su parte los representantes de la Gobernaci\u00f3n del Magdalena, de la UARIV y de la UAEGRTD solicitaron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por el extremo pasivo. <\/p>\n
FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 las s\u00faplicas por cuanto no encontr\u00f3 configurada la lesi\u00f3n atribuida por los quejosos habida consideraci\u00f3n que, a trav\u00e9s del Acuerdo PCSJA21-11840 del 26 de agosto de 2021, el Consejo Superior de la Judicatura autoriz\u00f3 la realizaci\u00f3n de diligencias judiciales por fuera de la sede del despacho, eso s\u00ed, \u00abcumpliendo con los protocolos de bioseguridad para mitigar el Covid-19\u00bb, para lo cual el juzgado accionado requiri\u00f3 la participaci\u00f3n de entidades del orden departamental y municipal a efectos de garantizar el respeto por los derechos de las personas involucradas en el asunto. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los gestores, por conducto de su apoderado, disintieron de la anterior determinaci\u00f3n pues, consideran, \u00abse est\u00e1 desconociendo el posible peligro inminente en la cual estar\u00eda en riesgo la salud y vida del suscrito y sus representados cuando esta puede ser superada con las garant\u00edas de no exposici\u00f3n de estos derechos fundamentales invocados y llamados a proteger\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes, al disponer la entrega del predio del que dicen son \u00abposeedores\u00bb sin tener en cuenta la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional para contener la expansi\u00f3n de la pandemia del COVID-19, siendo que la realizaci\u00f3n de la aludida diligencia puede repercutir negativamente en la poblaci\u00f3n que habita la zona a desalojar que no se encuentra vacunada. <\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, tiene cabida para proteger de manera inmediata derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de organismos p\u00fablicos o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre que el interesado carezca de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
3.1. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que dicho instrumento, dada su naturaleza excepcional, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, de ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir a este remedio procesal, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC4972-2019, 24 abr.). <\/p>\n
Entonces, este mecanismo constitucional se caracteriza por la prevalencia del requisito que se viene analizando y su inobservancia se presenta no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo que constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas procedentes para solucionar la presunta afectaci\u00f3n de derechos. <\/p>\n
En el presente asunto, se configura la segunda modalidad, dado que los ac\u00e1 accionantes, e incluso su apoderado en la actuaci\u00f3n ordinaria, quienes cuentan con herramientas procesales para obtener la satisfacci\u00f3n de sus intereses, no acreditaron haber formulado petici\u00f3n alguna a los funcionarios encargados (comitente y comisionado) encaminada a buscar el aplazamiento de la vista p\u00fablica, al tiempo que sus alegaciones referentes a la posible afectaci\u00f3n de los habitantes de la zona donde se llevar\u00eda cabo el desalojo por no encontrarse vacunados, recaen sobre hechos futuros e inciertos, lo que no puede ser objeto de pronunciamiento por el juez constitucional dada su indeterminaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando qued\u00f3 acreditado que la c\u00e9lula judicial comisionada ha requerido la presencia de diferentes entidades del gobierno departamental y municipal encargadas de garantizar la seguridad de quienes asistan. <\/p>\n
No obstante, pese a tener dicha v\u00eda id\u00f3nea, los gestores prefirieron acudir a esta particular senda, para obtener un pronunciamiento frente a sus pretensiones y as\u00ed lograr la suspensi\u00f3n de una diligencia de entrega que tiene su sustento en una decisi\u00f3n judicial ejecutoriada, obviando que es al interior del respectivo proceso donde se deben ventilar cuestiones como las que aqu\u00ed se plantearon para que sean atendidas por quien tiene asignada la facultad de emitir una determinaci\u00f3n, lo cual desnaturaliza la verdadera esencia de esta herramienta supralegal que ha sido erigida para proteger derechos fundamentales y no para arrogarse atribuciones que no le corresponden al juez constitucional. <\/p>\n
Significa lo anterior que el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad conlleva la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, comoquiera que, es deber del interesado, agotar todas las herramientas de defensa antes de ejercer la acci\u00f3n tuitiva. <\/p>\n
3.2. Improcedencia de la tutela para obtener la suspensi\u00f3n de diligencias judiciales <\/p>\n
Adicionalmente, la orden de entrega del inmueble se produjo luego del agotamiento de todas las etapas legales dentro del tr\u00e1mite del juicio reivindicatorio, sobre lo cual se ha dicho que este tipo de diligencias: \u00ab(\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, STC, 29 nov. 2006, citada en STC7665 de 9 jun. 2016). <\/p>\n
En tal medida, resulta claro que en esta oportunidad no puede ser acogida la petici\u00f3n formulada por los accionantes con miras a que se suspenda la diligencia de entrega, debido a que, seg\u00fan lo tiene precisado esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada en STC9158 de 7 jul. 2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Como consecuencia de lo analizado, se ratificar\u00e1 el fallo censurado, pero porque (i) el resguardo implorado desatiende el presupuesto de la subsidiariedad y (ii) resulta improcedente para suspender diligencias judiciales <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones aqu\u00ed consignadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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