STC533-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC533-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01479-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por Juan Gonzalo Afanador Qui\u00f1ones frente a la sentencia de 17 de agosto de 2021, emitida desde la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en la acci\u00f3n de tutela que aquel impuls\u00f3 contra el Consejo Superior de la Judicatura – Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander. Al tr\u00e1mite fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El convocante deprec\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado, la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso e \u00abIGUALDAD\u00bb, as\u00ed como a los principios de \u00abBUENA FE\u00bb, \u00abSEGURIDAD JUR\u00cdDICA\u00bb, \u00abCONFIANZA LEG\u00cdTIMA\u00bb, \u00abSOLUCI\u00d3N DE FONDO PRONTA, CUMPLIDA Y EFICAZ\u00bb, \u00abCOSA JUZGADA\u00bb y \u00abACCESO A LA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA\u00bb, presuntamente conculcados por las entidades acusadas. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene el proferimiento de \u00abnueva\u00bb determinaci\u00f3n dentro del expediente n.\u00b0 \u00ab2016-00428\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento, sostuvo que en dicho paginario el Consejo Superior de la Judicatura – Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, libr\u00f3 mandamiento de pago con resoluci\u00f3n \u00abNo. 001\u00bb de 25 de febrero de 2019, en el marco del \u00abcobro coactivo\u00bb que en contra suya se surte, a consecuencia de la multa que le fuera infligida (en calidad de abogado) por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, al interior de un litigio ordinario de trabajo. <\/p>\n
Adujo que en pronunciamiento \u00abDEAJGCC20-9345\u00bb de 18 de noviembre de 2020, el ente de conocimiento \u00abresolvi\u00f3 algunas excepciones\u00bb por \u00e9l planteadas y dispuso \u00abseguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Expuso haber recurrido en reposici\u00f3n el precitado acto administrativo; empero, result\u00f3 confirmado mediante decisi\u00f3n \u00abDEAJGCC21-12\u00bb de 18 de enero de 2021. <\/p>\n
Dijo que su reproche halla respaldo en el veredicto CSJ STP11396-2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal. Tambi\u00e9n, que instaur\u00f3 una demanda de \u00abnulidad y restablecimiento del derecho\u00bb frente a lo resuelto en el decurso coactivo. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Consejo Superior de la Judicatura – Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, pregon\u00f3 una ausencia de vulneraci\u00f3n a los intereses del tutelante y la existencia de mecanismos jur\u00eddicos al alcance. En similar sentido relataron, por aparte, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte y la Direcci\u00f3n Seccional de Bucaramanga. <\/p>\n
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2. El Tribunal Superior de la capital santandereana (Sala Laboral) resalt\u00f3 que las censuras le son extra\u00f1as. <\/p>\n
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3. No se produjeron m\u00e1s contestaciones. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda, en tanto que el interesado tiene la posibilidad de demandar el acto administrativo atacado ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, sin que se verificara la ocurrencia de \u00abperjuicio irremediable\u00bb alguno, m\u00e1xime si all\u00ed es viable implorar la \u00absuspensi\u00f3n\u00bb de la resoluci\u00f3n prenotada y, asimismo, la \u00abprelaci\u00f3n\u00bb del caso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue propuesta por el convocante, quien con la vocer\u00eda de su mandatario persisti\u00f3 en las cr\u00edticas y pretensi\u00f3n iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento jur\u00eddico en abrigo de los derechos esenciales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de defensa. <\/p>\n
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2. El quejoso, a la postre, puede solicitar el control judicial de la resoluci\u00f3n censurada (seguir adelante con el cobro coactivo en su contra) ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, de la que dijo haber hecho empleo. <\/p>\n
Como acto administrativo que se predica de la decisi\u00f3n al efecto dimanada del Consejo Superior de la Judicatura – Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, dable es controvertirlo por conducto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a que aduce el precepto 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – ley 1437 de 2011; de donde, se configura la causal de improcedencia contemplada en el canon 6\u00ba del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
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1. Vale recordar que las manifestaciones de la administraci\u00f3n gozan de presunci\u00f3n de legalidad y acierto, por lo que las controversias que ellas susciten deben ser elevadas ante la autoridad competente, escenario en el que es posible solicitar medidas cautelares \u00abpreventivas, conservativas, anticipativas o de suspensi\u00f3n\u00bb en torno a dichos actos, a voces de lo preconizado en el art\u00edculo 230 de la codificaci\u00f3n antes aludida. <\/p>\n
En lo tocante, se ha precisado que, <\/p>\n
\u2026\u2018por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho\u2026\u2019. Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1\u2026, la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo\u2026 (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01; reiterada en STC, 13 jul. 2012, rad. 00153-01). <\/p>\n
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2. Y en un caso con cierta simetr\u00eda al de marras, esta Sala previno: <\/p>\n
\u2026[H]uelga memorar que la [parte] precursora tiene a su disposici\u00f3n el remedio id\u00f3neo para ventilar sus inquietudes contra el Consejo Superior de la Judicatura, que no es otra que \u00abla acci\u00f3n de acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb consagrada en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, donde le es permitido allegar elementos de convicci\u00f3n e invocar la desigualdad que le enrostra a los actos administrativos; incluso est\u00e1 habilitada para deprecar como medida cautelar desde el comienzo la suspensi\u00f3n de los efectos de los mismos (num. 3), conforme lo contempla el canon 230 \u00eddem\u2026 (CSJ STC3449, 19 may. 2020, rad. 00136-00; citada en STC8803, 15 jul. 2021, rad. 00156-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En complemento, n\u00f3tese que el fallo CSJ STP11396-2020 aludido por el querellante fue revocado por esta Sala de Casaci\u00f3n a trav\u00e9s del veredicto STC10506, 18 ag. 2021, rad. 2020-01495-03 para, consecuentemente, negar el resguardo con relaci\u00f3n a la misma Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial. Al margen de ello, cierto es que lo dirimido en controversias afines a la de autos es de naturaleza \u00abinter partes [y] (\u2026) no [tiene] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que [se] plantea en relaci\u00f3n con [los interesados] en este tr\u00e1mite\u00bb (CSJ STC, 22 may. 2009, rad. 00124-01; reiterada, entre muchas otras, en STC9046, 16 jul. 2018, rad. 00112-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se impone, entonces, resolver de modo ratificatorio, por lo hasta ahora consignado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el conducto m\u00e1s expedito a los interesados. Env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El dossier de amparo de marras fue remitido a esta Sala de la Corte, para tales fines, s\u00f3lo hasta el 13 de diciembre pasado, por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
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