STC534-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC534-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2021-00722-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 7 de diciembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Yoleida Soto Medina y Julio Abel Torres Espinosa contra el Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron citados los intervinientes en la salvaguarda radicada bajo el n\u00b0 2021-00330. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada al no tramitar el incidente de desacato propuesto dentro del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que como consecuencia de la acci\u00f3n de tutela que promovieron contra la Secretar\u00eda de Hacienda de Cartagena y el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, \u00abmediante sentencia del 2 de agosto de 2021 (\u2026), el Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Cartagena ampar\u00f3 nuestros derechos fundamentales de petici\u00f3n y debido proceso\u00bb, ordenando a los accionados \u00abdar respuesta de fondo, de manera completa y concreta\u00bb a la peticiones por ellos elevadas en relaci\u00f3n con \u00abdescuentos por intereses de mora\u00bb, y \u00abaclaraci\u00f3n y correcci\u00f3n respecto del \u00e1rea construida\u00bb de un predio. <\/p>\n
Que \u00abel 1\u00b0 de septiembre de 2021 promovimos un incidente de desacato contra las entidades en menci\u00f3n \u201ccon el fin de obtener el cumplimiento pleno, efectivo y de manera integral de las \u00f3rdenes impartidas en el fallo de tutela\u201d, [empero], el 17 de septiembre de 2021, en vista de que el despacho no se hab\u00eda pronunciado (\u2026), solicitamos su impulso procesal\u00bb, pretensi\u00f3n que reiteraron \u00abel 13 de octubre de 2021\u00bb. No obstante, \u00abhoy 23 de noviembre de 2021 estamos pr\u00f3ximos a cumplir m\u00e1s de tres (3) meses de haber formulado el incidente de desacato sin contar con un pronunciamiento por parte del despacho accionado\u00bb, lo que conlleva una vulneraci\u00f3n a las prerrogativas invocadas \u00abpues contamos con un fallo de tutela cuyos efectos hasta ahora son nugatorios e ilusorios\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden que, a trav\u00e9s de esta v\u00eda, se proceda a \u00abordenar al despacho judicial que de forma inmediata d\u00e9 el tr\u00e1mite correspondiente al incidente de desacato presentado el pasado 1 de septiembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El secretario del Juzgado Quinto de Familia de Cartagena, inform\u00f3 que \u00abdebido al c\u00famulo de trabajo y el cambio de juez el d\u00eda 30 de septiembre de 2021 (\u2026), el presente incidente no hab\u00eda podido ser tramitado, sin embargo y debido a la premura del mismo, se le dio tr\u00e1mite urgente y ya fue dictado el respectivo auto y enviado los oficios a las partes y entidades accionadas para su conocimiento y notificaci\u00f3n\u00bb, y en raz\u00f3n a lo anterior, solicit\u00f3 \u00abtener como hecho superado el mismo\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradora 115 Judicial de Familia de esa ciudad, manifest\u00f3 que como \u00abno ha tenido acceso al expediente (\u2026), de no tratarse de un hecho superado, debe el juzgado de conocimiento pronunciarse y resolver las solicitudes presentadas\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo al advertir \u00abque en el presente asunto se configura el fen\u00f3meno jur\u00eddico denominado carencia actual de objeto por hecho superado\u00bb, por cuanto el juzgado \u00abaport\u00f3 evidencia de que el pasado 29 de noviembre notific\u00f3 por mensaje electr\u00f3nico el auto proferido el 26 de noviembre de 2021, a trav\u00e9s del cual requisito a Diana Milena Villalba Vallejo, como Secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena, y a Jhon Fredy Gonz\u00e1lez Due\u00f1as como director general del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, para que den cumplimiento a las \u00f3rdenes impartidas en la sentencia de tutela de 2 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpusieron los demandantes al afirmar que se mantiene la afectaci\u00f3n que motiv\u00f3 la inicial salvaguarda, \u00abpuesto que aun cuando el pasado 26 de noviembre de 2021 requirieron [a los funcionarios demandados en el amparo primigenio], lo cierto es que, al d\u00eda de hoy, 13 de diciembre de 2021, continua sin resolver el tr\u00e1mite incidental de desacato\u00bb, y con ello, se \u00abdesconoce los principios de celeridad y eficacia que rigen el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Quinto de Familia de Cartagena, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por los accionantes, al no dar impulso al incidente de desacato propuesto dentro de la acci\u00f3n de tutela n\u00b0 2021-00330. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC16739-2021, 7 dic. 2021, rad. 00348-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, de la revisi\u00f3n que se efect\u00faa a los argumentos de la queja constitucional y a la que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala confirmar\u00e1 el fallo de primera instancia mediante el cual se desestim\u00f3 el auxilio, toda vez que se establece la carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
En efecto, la situaci\u00f3n de mora judicial endilgada al accionado en relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite al incidente de desacato propuesto en relaci\u00f3n con la sentencia de tutela del 2 de agosto de 2021, fue corregida durante el curso de la presente acci\u00f3n, espec\u00edficamente a trav\u00e9s de prove\u00eddo fechado el 26 de noviembre de 2021, notificado a las entidades accionadas el 29 del mismo mes y a\u00f1o, como dan cuenta los folios 118 a 123 del expediente digital remitido por el estrado querellado, en tanto que, con observancia en lo previsto en el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, dispuso: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: REQUERIR a la Dra. DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO, en su calidad de secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena, con la finalidad que, de manera inmediata al recibo de la comunicaci\u00f3n, cumpla la orden impartida en la sentencia de fecha 02 de agosto de 2021, emitida por este Juzgado, dentro de la acci\u00f3n de tutela propuesta por la se\u00f1ora YOLEIDA SOTO MEDINA y JULIO ABEL TORRES ESPINOSA, en contra de la SECRETAR\u00cdA DE HACIENDA DISTRITAL y EL INSTITUTO GEOGR\u00c1FICO AGUST\u00cdN CODAZZI. As\u00ed mismo, informe quien es la persona encargada directamente de cumplir dicho fallo. L\u00edbrese oficio y rem\u00edtasele a la misma copia de la sentencia de fecha 02 de agosto de 2021. <\/p>\n
SEGUNDO: REQUERIR al Dr. JHON FREDY GONZALEZ DUE\u00d1AS, en su calidad de director general del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, a efecto de que, de manera inmediata al recibo de la comunicaci\u00f3n, cumpla la orden impartida en la sentencia de fecha 02 de agosto de 2021, emitida por este Juzgado, dentro de la acci\u00f3n de tutela propuesta por la se\u00f1ora YOLEIDA SOTO MEDINA y JULIO ABEL TORRES ESPINOSA, en contra de la SECRETAR\u00cdA DE HACIENDA DISTRITAL y EL INSTITUTO GEOGR\u00c1FICO AGUST\u00cdN CODAZZI. As\u00ed mismo, informe quien es la persona encargada directamente de cumplir dicho fallo. L\u00edbrese oficio y rem\u00edtasele copia de la sentencia de fecha 02 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
De la anterior actuaci\u00f3n y su inmediata publicaci\u00f3n, emerge que el juzgado otorg\u00f3 al asunto el impulso que se echaba de menos, lo cual, se itera, tuvo lugar durante el tr\u00e1mite del resguardo, pues este se radic\u00f3 para su reparto en el tribunal el 25 de noviembre de 2021, y tanto su admisi\u00f3n como la notificaci\u00f3n a la titular del despacho convocado se surti\u00f3 al d\u00eda siguiente. <\/p>\n
En las circunstancias descritas, el ruego tuitivo se muestra inviable al constituir una carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la cual la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Sala ha dicho que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC17367-2021, 15 dic. 2021, rad. 00811-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se impone ratificar la denegaci\u00f3n del auxilio implorado, porque las circunstancias descritas como vulneradoras de los derechos fundamentales invocados, fueron superadas por la funcionaria encartada durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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