STC535-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC535-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 23001-22-14-000-2021-00266-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2021 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Elena Villamil Fl\u00f3rez contra los Juzgados Civil del Circuito y Primero Promiscuo Municipal de Lorica. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la fundaci\u00f3n Fundamcol. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, tutela judicial efectiva, igualdad y \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales cuestionadas, en el proceso ejecutivo con radicado 2012-00064-00. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante: <\/p>\n
2.1. La accionante formul\u00f3 demanda ejecutiva singular en contra de la fundaci\u00f3n Fundamcol, asunto que correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, que libr\u00f3 mandamiento de pago el 2 de febrero de 20121. <\/p>\n
2.2. El 1\u00ba de junio de 2017, la parte actora solicit\u00f3 la medida cautelar de embargo y secuestro de \u00ablos derechos derivados de la posesi\u00f3n material que el demandado tiene sobre el automotor de placas DCJ376 BOGOTA\u00bb, indicado que denunciaba, bajo la gravedad de juramento, que dicho bien estaba en \u00abposesi\u00f3n material del demandado\u00bb2, petici\u00f3n que fue aceptada, mediante auto de 31 de octubre de 20173, que decret\u00f3 el secuestro del veh\u00edculo. <\/p>\n
2.3. La propietaria inscrita del citado automotor pidi\u00f3 declarar la ilegalidad de la providencia4, allegando la tarjeta de propiedad y el certificado de tradici\u00f3n a su nombre, solicitud que fue negada por el Juzgado de conocimiento el 1\u00ba de marzo de 20185. <\/p>\n
2.4. Contra esa decisi\u00f3n, la tercera interesada formul\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio de apelaci\u00f3n, alegando, entre otros, que: <\/p>\n
\u00abno hay prueba alguna (como por ejemplo: declaraci\u00f3n jurada u otra que legalmente sea pertinente) que indique que FUNDAMCIOL (sic) es la que ejerce la posesi\u00f3n material sobre el veh\u00edculo automotor objeto de debate. <\/p>\n
Lo que s\u00ed existe en el plenario es una manifestaci\u00f3n del despacho en el sentido de que \u2018no puede el propietario que no ejerce posesi\u00f3n sobre el bien objeto del secuestro, oponerse a la medida cautelar\u2019, es decir, que mi poderdante no ejerce la posesi\u00f3n material sobre el bien materia mueble de debate, sin tener como fundamentarla, ya que tampoco hay prueba en este aspecto\u00bb6. <\/p>\n
2.5. El 1\u00ba de agosto de 20187, el operador judicial dispuso no reponer la decisi\u00f3n y conceder la alzada. <\/p>\n
2.6. El 22 de octubre de 20188, el Juzgado Civil del Circuito de Lorica revoc\u00f3 el auto de 1\u00ba de marzo de 2018 y orden\u00f3 \u00ablevantar la medida cautelar de secuestro que pesa sobre el veh\u00edculo marca Kia, de placas DCJ 376, (\u2026) de propiedad de la se\u00f1ora Sandra Lorena Solipa Henao (\u2026)\u00bb, en raz\u00f3n a que se trataba de un bien sujeto a registro frente al que se dispuso el secuestro sin existir orden previa de embargo y a que el demandado en el juicio ejecutivo no era el propietario del veh\u00edculo. <\/p>\n
2.7. La ahora tutelante formul\u00f3, el 6 de febrero de 20209, nueva petici\u00f3n de embargo y secuestro \u00abde los derechos derivados de la posesi\u00f3n material que el demandado tiene sobre el automotor de placas DCJ 376\u00bb, reiterando que denunciaba, bajo la gravedad de juramento, que el bien estaba bajo la posesi\u00f3n de aquel, medida cautelar que el Despacho de primera instancia se abstuvo de decretar, mediante prove\u00eddo del 27 de febrero de 202010, confirmado en reposici\u00f3n el 28 de septiembre de 202011, en consideraci\u00f3n a que la misma solicitud ya hab\u00eda sido negada previamente por el superior y a que, aunque la actora alegaba que el ejecutado detentaba la posesi\u00f3n del veh\u00edculo, la propietaria del mismo, aportando la respectiva tarjeta de propiedad, se opon\u00eda a esa afirmaci\u00f3n. <\/p>\n
2.8. El 10 de noviembre de 202112, el Juzgado Civil del Circuito de Lorica confirm\u00f3 el auto atacado. <\/p>\n
3. Al respecto, la accionante se\u00f1al\u00f3 que \u00abLa tesis sostenida tanto en primera como segunda instancia para negar la medida de embargo de la posesi\u00f3n sobre bien inmueble consagrado en el art 593\/3 CGP, es abiertamente desacertada y constitutiva por tanto en v\u00edas de hecho\u00bb. Afirm\u00f3 que \u00abse configuran el defecto sustantivo atribuible al fallador, toda vez que deja de aplicar la norma del art 593\/3 CGP\u00bb, as\u00ed como los art\u00edculos 11 del mismo estatuto procesal y 665 y 2488 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Argument\u00f3 que lo pretendido era embargar la posesi\u00f3n del veh\u00edculo y no la propiedad y que, para ello, \u00abel legislador no previo que para su decreto el juez tenga que entrar a valorar aspectos subjetivos de la condici\u00f3n del que posee materialmente el bien mueble\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, inst\u00f3 que se \u00abrevoque o deje sin efecto las providencias judiciales se\u00f1aladas de estar afectadas seriamente en verdaderas v\u00edas de hecho, como lo es la providencia fechada el 10\/11\/2021, confirmatoria del auto calendado 27\/02\/2020 que neg\u00f3 medida cautelar y en su defecto se disponga lo que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito de Lorica alleg\u00f3 copia digital del expediente del proceso ejecutivo con radicado 2012-0006413. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la salvaguarda impetrada, por considerar que \u00abla misma solicitud (folio 11 cuaderno de medidas), ya hab\u00eda hecho tr\u00e1nsito dentro del proceso a\u00f1os atr\u00e1s, siendo resuelta favorablemente por el despacho de primer grado mediante prove\u00eddo de fecha 31 de octubre de 2017, no obstante, contra esta decisi\u00f3n se elev\u00f3 mediante apoderado judicial solicitud de ilegalidad del auto por parte de la tercera interesada, solicitud que fue despachada desfavorablemente mediante prove\u00eddo de fecha 01 de marzo de 2018, decisi\u00f3n que fue recurrida y, mediante prove\u00eddo de fecha 22 de octubre de 2018, el Juzgado Civil del Circuito de Lorica revoc\u00f3 el auto que hab\u00eda negado la ilegalidad del prove\u00eddo de fecha 31 de octubre de 2017, en este sentido, el embargo del bien mueble que hab\u00eda sido ordenado qued\u00f3 sin efectos\u00bb. <\/p>\n
Frente a la petici\u00f3n posterior aclar\u00f3 que \u00abno encuentra la Sala supuestos facticos o jur\u00eddicos diferentes con la primera solicitud presentada en fecha 01 de junio de 2017 (ver fl.11 del cuaderno de medidas)\u00bb y, por tanto, \u00abel estado de cosas debe per se mantenerse, en el sentido que no tendr\u00eda l\u00f3gica, ni atender\u00eda los principios de razonabilidad decretar una medida cautelar que indefectiblemente correr\u00e1 con la suerte de la primera solicitud, es decir, implica que nuevamente quien ostenta la calidad de propietario del bien mueble, como aparece documentado en el expediente, pueda oponerse\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, precis\u00f3 que \u00abno encuentra la Sala que los razonamientos en los cuales se basaron los jueces accionados para negar la medida cautelar, sean abiertamente arbitrarios o manifiestamente alejados del ordenamiento jur\u00eddico, dichos razonamientos esbozados en las providencias denunciadas, no se apartan ostensiblemente del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la gestora, quien manifest\u00f3 que \u00abOlvida el juez de tutela que en trat\u00e1ndose de medidas cautelares, no es dable hablar de cosa juzgada, lo que permite que ellas puedan ser solicitadas por m\u00e1s de una vez, sin ser esa raz\u00f3n, -segunda petici\u00f3n-, motivo suficiente, para negarse su decreto\u00bb. <\/p>\n
Dijo, adem\u00e1s, que \u00abEl colegiado de lo constitucional (\u2026) pasa por alto que la medida negada no recae sobre propiedad, sino sobre derechos que derivan de la posesi\u00f3n material sobre el bien mueble y segundo que no puede basar su decisi\u00f3n sobre supuestos meramente subjetivos como es suponer que \u2018pueda oponerse\u2019, peor a\u00fan que, convalida decisiones, con conocimiento de causa y siendo consiente que la medida negada es legalmente procedente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente asunto, la accionante reprocha la providencia de 11 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, confirmatoria del auto de 27 de febrero de 2020, que se abstuvo de decretar la medida cautelar requerida, consistente en \u00abEL EMBARGO Y SECUESTRO de los derechos derivados de la posesi\u00f3n material que el demandado tiene sobre el automotor de placas DCJ 376\u00bb. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya propuestos y decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional se quebrantar\u00edan los principios de seguridad jur\u00eddica, autonom\u00eda e independencia de los jueces; en ese orden, la jurisprudencia constitucional ha considerado que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales de los tutelantes, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
3. Ahora, en relaci\u00f3n con lo debatido, se observa que el Juzgado Promiscuo de Lorica se abstuvo de decretar la medida cautelar de embargo y secuestro de los derechos posesorios sobre el veh\u00edculo referido, argumentando que la misma petici\u00f3n hab\u00eda sido negada previamente por el superior, sin evidenciarse cambios en la situaci\u00f3n f\u00e1ctica o jur\u00eddica del bien desde que se resolvi\u00f3 la primera solicitud y en raz\u00f3n a que, aunque la ejecutante -ahora tutelante- alegaba que el ejecutado detentaba la posesi\u00f3n del veh\u00edculo, la propietaria del bien, aportando la respectiva tarjeta de propiedad, se opon\u00eda a esa afirmaci\u00f3n14. <\/p>\n
Por su parte, al resolver la alzada, el Despacho de segunda instancia consider\u00f3, en primer lugar, que le asist\u00eda raz\u00f3n al a quo, al manifestar que \u00abla petici\u00f3n de medida cautelar de derechos derivados de la posesi\u00f3n ya fue resuelta inclusive por el superior, no siendo admisible una nueva discusi\u00f3n sobre aspectos ya debatidos, m\u00e1xime cuando las circunstancias f\u00e1cticas no han variado\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, esgrimi\u00f3 que, \u00abSi bien es cierto los bienes del deudor son la prenda de garant\u00eda de los acreedores y que en algunos eventos se autoriza el embargo de la posesi\u00f3n, frente a la situaci\u00f3n concreta dicha medida resulta improcedente, atendiendo que el bien sobre el que recae la petici\u00f3n es un automotor, bien sujeto a registro ante la respectiva autoridad de tr\u00e1nsito, y como tal debe atenderse lo estatuido en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 593 del C\u00f3digo General del Proceso, que ordena frente a bienes sujetos a registro la comunicaci\u00f3n a la autoridad competente de llevar el registro\u00bb. <\/p>\n
Y se\u00f1al\u00f3 que, \u00absi lo que pretende la parte recurrente es que se autorice la posesi\u00f3n del automotor de placas DCJ-376, debe decirse que ello f\u00edsica y materialmente resulta improcedente, en la medida en que de acceder a una medida de esa estirpe, sobrevendr\u00edan situaciones insalvables como de luego avaluar la posesi\u00f3n de manera independiente del dominio, y de manera posterior rematarse la posesi\u00f3n del veh\u00edculo separada del derecho de dominio de dicho automotor, aspectos que materialmente no tendr\u00edan soluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente y en concreto sobre el embargo de los derechos de la posesi\u00f3n material que la ejecutante afirmaba estaban en cabeza del accionado, precis\u00f3 que \u00abla determinaci\u00f3n de la posesi\u00f3n en un veh\u00edculo tendr\u00eda que estar plenamente acreditada, puesto que en esta clase de bienes existen la configuraci\u00f3n de m\u00faltiples situaciones derivadas de la misma naturaleza de dichos bienes, que no permiten establecer con claridad si quien conduce un determinado veh\u00edculo o lo tiene en su poder f\u00edsicamente, es un tenedor, un arrendatario, un mandatario, un poseedor, o inclusive a t\u00edtulo de pr\u00e9stamo gratuito como acontece entre personas conocidas con grado de amistad\u00bb. <\/p>\n
Con base en los anteriores argumentos, la autoridad del Circuito de Lorica coligi\u00f3 que la decisi\u00f3n atacada era razonable y, por tanto, deb\u00eda confirmarla. <\/p>\n
4. En ese orden, se observa que las autoridades judiciales convocadas motivaron razonadamente la negativa a embargar \u00ablos derechos derivados de la posesi\u00f3n material que el demandado tiene sobre el automotor de placas DCJ 376\u00bb, en consideraci\u00f3n a que dicho asunto ya hab\u00eda sido definido en el proceso, incluso por el superior, sin que se evidenciaran cambios en la situaci\u00f3n f\u00e1ctica o jur\u00eddica del bien, por lo que concluyeron que no era admisible volver a discutir aspectos ya estudiados en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
Adicionalmente, el operador judicial de primera instancia puso de presente que la propietaria del veh\u00edculo hab\u00eda comparecido al proceso oponi\u00e9ndose a que la posesi\u00f3n de aqu\u00e9l la ostentara el demandado, aspecto que precis\u00f3 el superior al indicar que los automotores eran bienes sujetos a registro y que la posesi\u00f3n de estos se deb\u00eda acreditar. <\/p>\n
4.1. As\u00ed las cosas, se sigue que las determinaciones adoptadas en el proceso debatido, independientemente de que la postura sea o no compartida, se sustentaron razonadamente en las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite, as\u00ed como en las evidencias allegadas y, por tanto, no se vislumbra que sean abiertamente arbitrarias ni manifiestamente alejadas del ordenamiento legal. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
4.2. De acuerdo con lo discurrido, en el sub judice se observa que existe una disparidad de criterios entre lo considerado por los operadores judiciales -en desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparados en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta, de mejor forma, a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. Por lo anteriormente expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, que neg\u00f3 la salvaguarda invocada. <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Cuaderno principal, folio 16. Proceso ejecutivo. <\/p>\n
2\u0002 Cuaderno medidas cautelares, folio 16. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem, folio 17. <\/p>\n
4\u0002 Cuaderno apelaci\u00f3n auto, folios 8 a 12. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem, folios 22 a 26. <\/p>\n
6\u0002 Ibidem, folios 27-29. <\/p>\n
7\u0002 Ibidem, folios 42 a 44. <\/p>\n
8\u0002 Ibidem, folios 45 y 46. <\/p>\n
9\u0002 Cuaderno medidas cautelares, folio 19. <\/p>\n
10\u0002 Ibidem, folios 20-21. <\/p>\n
11\u0002 Archivo 04Auto niega recurso de reposici\u00f3n y concede apelaci\u00f3n. <\/p>\n
12\u0002 02Demanda.pdf, folios 7 a 9. <\/p>\n
13\u0002 Seg\u00fan consta en el informe de 26 de noviembre de 2021. Documento 12. Expediente de tutela. <\/p>\n
14\u0002 Ver auto del 28 de septiembre de 2020, que neg\u00f3 la reposici\u00f3n del prove\u00eddo del 27 de febrero de 2020. <\/p>\n
<\/p>\n
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