STC536-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC536-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01718-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Claribel Le\u00f3n Gait\u00e1n frente al fallo proferido el 31 de agosto de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y el Juzgado Penal del Circuito de Granada, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales a la dignidad humana, igualdad, petici\u00f3n, trabajo, \u00abreten social\u00bb, \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb, \u00abderechos de los ni\u00f1os\u00bb, salud y \u00abseguridad social\u00bb, presuntamente conculcadas por las sedes judiciales accionadas, al denegarle la acci\u00f3n que de este mismo linaje inco\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se acceda a las pretensiones que plante\u00f3 en la primigenia demanda de tutela. <\/p>\n
2. La siguiente es la situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso: <\/p>\n
2.1. El 15 de julio de 2021 el ad-quem encausado confirm\u00f3 el fallo de tutela emitido el 26 de mayo anterior por el a-quo convocado, en el cual se deneg\u00f3 el resguardo implorado por la accionante contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil – CNSC y la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Meta, autoridades a las cuales critic\u00f3 que no la reubicaran tras desvincularla del cargo de docente que hace varios a\u00f1os ocupaba en provisionalidad, ante el nombramiento en el mismo de una persona en propiedad, de la respectiva lista de elegibles. <\/p>\n
2.2. La actora, en lo medular, se doli\u00f3 de que los juzgadores encausados no realizaron un estudio adecuado de su caso, inobservaron su condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n por ser madre cabeza de familia con \u00abpatolog\u00edas o enfermedades de base graves\u00bb, lo que demandaba el reconocimiento de su estabilidad laboral reforzada, impon\u00eda la revocatoria de los referidos fallos, con la consecuente orden de reubicaci\u00f3n laboral a su favor. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil – CNSC deprec\u00f3 declarar: \u00ab1. La improcedencia de la presente acci\u00f3n constitucional, toda vez que No existe vulneraci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales del accionante por parte de esa Comisi\u00f3n\u2026 2. La figura Jur\u00eddica de la Temeridad. 3. La Falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva respecto de [esa] Comisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Penal del Circuito de Granada pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional por \u00abinexistencia de cualquier acci\u00f3n u omisi\u00f3n que viole o amenace violar derecho fundamental alguno o garant\u00edas constitucionales\u00bb. <\/p>\n
3. La Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Meta rog\u00f3 \u00abse nieguen las pretensiones de la accionante, m\u00e1xime cuando ya existe pronunciamiento de los diferentes despacho[s] judiciales, pese a que manifiesta hacer valer otros derechos, en la presente tutela, no es l\u00f3gico ni permitido utilizar este mecanismo para lograr su cometido a como d[\u00e9] lugar, tan solo porque no se encuentra a gusto con lo decidido en fallos anteriores, momento en el cual se le concedi\u00f3 su derecho a impugnar lo all\u00ed decidido\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio indic\u00f3 remitirse \u00aba la motivaci\u00f3n consignada en la decisi\u00f3n del\u2026 (15) de julio del a\u00f1o en curso [se refiere al 2021] y adicionalmente, \u2026que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno a Le\u00f3n Gait\u00e1n, m\u00e1xime cuando pretende convertir la presente acci\u00f3n\u2026 en una tercera instancia, al plantear cuestionamientos al fallo emitido por [esa] Sala, que precisamente, fueron objeto de an\u00e1lisis al momento de resolver la impugnaci\u00f3n en dicha acci\u00f3n de tutela, en la que en esencia, invoca las mismas pretensiones (sic)\u00bb. <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El a-quo constitucional hall\u00f3 improcedente el reclamo supralegal al evidenciar que se formul\u00f3 contra decisiones adoptadas en un tr\u00e1mite del mismo linaje, sumado al hecho que est\u00e1 pendiente de definirse, por la Corte Constitucional, si escoge o no ese asunto para revisi\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales, resalt\u00f3 que en este caso era procedente el reclamo, a pesar de la formulaci\u00f3n previa de una acci\u00f3n del mismo linaje, porque \u00abel Estado[,] hasta la presente, no se ha pronunciado sobre la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb alegados, siendo inviable que se le niegue la protecci\u00f3n bajo meros formalismos, pasando por alto su condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, dado el \u00abhecho de ser mujer y madre cabeza de familia con hijos menores a cargo y con tratamientos m\u00e9dicos pendientes\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por l\u00ednea jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2.1. Al respecto, la Corte Constitucional en fallo T-353\/12, reiterando lo afirmado en la SU-1219\/01, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u2026la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (criterio reiterado por esta Corte en CSJ STC178-2016, 21 ene., rad. 2015-03107). <\/p>\n
Por el mismo rumbo, tambi\u00e9n respecto de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones de igual linaje, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00 (CSJ STC, 21 feb 2011, rad. 2010-00723-00; y CSJ STC178, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que el inconforme tiene dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n frente a la dictada por el a-quo (la que efectivamente se agot\u00f3 en el asunto fustigado, donde la decisi\u00f3n de primer grado tambi\u00e9n fue contraria al querer de la accionante) y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una decisi\u00f3n tomada por otro juez tutelar. <\/p>\n
De modo que la petici\u00f3n aqu\u00ed elevada por Claribel Le\u00f3n Gait\u00e1n no podr\u00e1 ser atendida, pues a\u00fan goza de la instancia de la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional para exponer sus inconformidades, por lo que es all\u00ed donde debe acudir. <\/p>\n
Al respecto esa Corporaci\u00f3n ha explicado que: <\/p>\n
La Constituci\u00f3n misma previ\u00f3 un proceso especial contra cualquier falta de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales: la revisi\u00f3n de las sentencias de tutela proferidas por los jueces constitucionales (art. 86 inciso 2\u00ba C.P.). La revisi\u00f3n que lleva a cabo la Corte Constitucional incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela. Se trata de un mecanismo especial para garantizar el cierre del sistema jur\u00eddico por el \u00f3rgano constitucional encargado de salvaguardar la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n (Negrilla fuera del texto original, CC T-041\/10, reiterada por esta Corporaci\u00f3n en CSJ STC178, 21 en. 2016). <\/p>\n
2.2. N\u00f3tese, en todo caso, que aqu\u00ed no se dan los supuestos de la sentencia SU-627\/15 del m\u00e1ximo \u00f3rgano patrio en lo constitucional para que se abra paso la protecci\u00f3n, pues sumado a que el asunto no ha sido excluido de revisi\u00f3n, lo cierto es que, en verdad, lo que se vislumbra no es la acreditaci\u00f3n certera de \u00abuna situaci\u00f3n de fraude\u00bb sino la disparidad de entendimiento de la quejosa entre lo razonado por las autoridades acusadas en contraposici\u00f3n con su postura y, en ese sentido, lo que ataca es el fondo de los fallos que no accedieron a su ruego, por una mera diferencia de criterio, sin que, se itera, \u00abse demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit)\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Al respecto, pertinente es recordar que en la referida sentencia de unificaci\u00f3n de la Corte Constitucional se exterioriz\u00f3 que: <\/p>\n
4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional (se destac\u00f3 – CC SU-627\/15). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se torna inviable abordar el fondo del reclamo planteado, en tanto que no se est\u00e1 en presencia de una de las excepciones a la regla general de la improcedencia de la tutela contra tutela, lo que impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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