STC539-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC539-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 54001-22-13-000-2021-00315-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Rosa Elisa Rico Buend\u00eda impuls\u00f3 proceso declarativo de resoluci\u00f3n de contrato de promesa de compraventa en contra del se\u00f1or Jairo Calder\u00f3n y otros. <\/p>\n
2.2. El 15 de julio del 2016, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta dict\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 resuelto el negocio jur\u00eddico celebrado entre las partes el 26 de abril del 2006. Por tanto, orden\u00f3 a la demandante restituir a la pasiva la posesi\u00f3n del inmueble identificado con M.I. 260-44512 y, correlativamente, a estos \u00faltimos a devolver a la se\u00f1ora Rico Buend\u00eda \u00abla suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000), correspondientes a los dineros que como parte del precio fueron por \u00e9l percibidos\u00bb y a pagarle $8.476.000 a t\u00edtulo de mejoras1. <\/p>\n
2.3. Tal prove\u00eddo fue confirmado el 09 de noviembre del 2016 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. <\/p>\n
2.4. El 19 de febrero del 2021, el se\u00f1or Jairo Calder\u00f3n solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito conforme al inciso segundo del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso2. <\/p>\n
2.5. Conforme a lo anterior, el 19 de marzo siguiente, el despacho Quinto Civil del Circuito decret\u00f3 \u00abel desistimiento t\u00e1cito de la presente demanda, en aplicaci\u00f3n de lo normado en el en el numeral 2, del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb3. En consecuencia, orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares decretadas. <\/p>\n
2.6. La accionante cuestiona este \u00faltimo prove\u00eddo comoquiera que se decret\u00f3 el desistimiento sin haberse cumplido el t\u00e9rmino previsto en la norma. <\/p>\n
3. Por tal raz\u00f3n, pidi\u00f3 que se ordene \u00abla revisi\u00f3n del auto de fecha 19 de marzo del 2021, proferida por el JUZGADO 5 CIVIL DEL CIRCUITO, a in de que se garantice el debido proceso, el derecho a la igualdad y el acceso a la justicia\u00bb y, en consecuencia, se decrete \u00abla nulidad de todo lo actuado a partir del 19 de marzo del 2021, por violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta inform\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n asumida por este Despacho era susceptible de recurso, el cual no fue presentado por la parte afectada con la decisi\u00f3n, siendo necesario recalcar que las actuaciones adelantadas por esta Unidad Judicial se desarrollaron bajo las garant\u00edas constitucionales y procesales, no siendo la acci\u00f3n de tutela el mecanismo id\u00f3neo para revivir t\u00e9rminos, aun cuando han transcurrido mas de 6 meses desde el momento de la toma de la decisi\u00f3n y la fecha de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. El se\u00f1or Fredy Saul Camargo Camargo, quien dijo actuar como apoderado de Jairo Calder\u00f3n Ortiz, alleg\u00f3 escrito. Sin embargo, omiti\u00f3 adjuntar poder para la representaci\u00f3n del vinculado en este especial tr\u00e1mite constitucional. Por ende, su pronunciamiento no ser\u00e1 tenido en cuenta. <\/p>\n
<\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta deneg\u00f3 el resguardo. Para ello, tras hacer un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso de conocimiento, sostuvo que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el Despacho judicial accionado ha adelantado el tr\u00e1mite procesal puesto bajo su conocimiento siguiendo los lineamientos legales, garantiz\u00e1ndole a las partes el debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, profiriendo los pronunciamientos conforme a derecho, entre ellos el auto a trav\u00e9s del cual se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito y el levantamiento de las medidas cautelares en aplicaci\u00f3n a lo previsto en el numeral segundo del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, teniendo en cuenta que el proceso se encontraba inactivo desde el d\u00eda 25 de septiembre de 2019, auto contra el cual la parte actora no interpuso recurso alguno, pese a que \u00e9ste era susceptible de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, los cuales debi\u00f3 proponer a fin de que fuera el juez natural el que entrara a estudiar la inconformidad que expone a trav\u00e9s de este medio de defensa judicial, al cual solo se puede acudir ante la inexistencia de mecanismo de defensa con los cuales se pueda solicitar el resguardo de los derechos, dado su car\u00e1cter residual y subsidiario\u00bb. <\/p>\n
A su turno, respecto de la solicitud de nulidad, asever\u00f3 que \u00abplanteada por la parte actora a trav\u00e9s de este mecanismo, este es un pedimento que debe realizar ante el Despacho judicial accionado, que es el encargado de analizar lo pedido y emitir el pronunciamiento respectivo, frente al cual en el evento que sea adverso a los intereses de la accionante, puede esta controvertirlo a trav\u00e9s de los recursos respectivos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la apoderada de la accionante, quien aclar\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela no se present\u00f3 como mecanismo id\u00f3neo para revivir t\u00e9rminos, tan poco (sic) para que acepten los recursos de ley, la Tutela se interpuso como protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales los cuales fueron vulnerados y amenazados por la acci\u00f3n y omisi\u00f3n del Juzgado Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta Norte de Santander (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que el juez de tutela \u00abno examin\u00f3 mis argumentos acerca de la conducta del accionado, pues la actuaci\u00f3n omisiva del Juzgado Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta Norte de Santander, est\u00e1 permitiendo que el se\u00f1or Jairo Calder\u00f3n no cancele el dinero adeudado por un valor superior a los $320.000.000 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, pretende la gestora sean amparados sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de las supuestas v\u00edas de hecho incurridas por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta con ocasi\u00f3n del auto del 19 de marzo del 2021 que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en el proceso de radicado 2010-00075-00. <\/p>\n
2.- Pronto advierte esta Sala que la decisi\u00f3n de a quo habr\u00e1 de ser confirmada por cuanto la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, se considera que el ruego aparece improcedente, toda vez que no cumple con los requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad, como pasa a verse. <\/p>\n
3.- Al examinar la queja formulada contra el auto de 19 de marzo de 2021, se observa que el amparo adolece del requisito de inmediatez. Ello a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se profiri\u00f3 la determinaci\u00f3n recriminada4 y la presentaci\u00f3n del resguardo, el \u00ab25 de octubre de 2021\u00bb5; es decir, que pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse proferido la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
3.1. Respecto al citado principio, ha de precisarse que, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb. Lo dicho cobra relevancia sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha reiterado: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00). <\/p>\n
Sumado a ello, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. (Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014). <\/p>\n
3.2. Aunado a lo anterior, no aflora en el escrito radicado justificaci\u00f3n alguna que permita la flexibilizaci\u00f3n del citado presupuesto de procedibilidad. Por tal raz\u00f3n, no es posible entrar a estudiar de fondo los reparos elevados por el actor. <\/p>\n
4.- Para abundar en razones, v\u00e9ase que tampoco se cumple con el requisito de subsidiariedad, habida cuenta que la accionante no agot\u00f3 los medios impugnatorios dispuestos por el ordenamiento para elevar la inconformidad que hoy plantea. <\/p>\n
Ciertamente, de las probanzas allegadas a este tr\u00e1mite se extra\u00f1a la interposici\u00f3n de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n en contra de la providencia cuestionada. De manera que aparece ineludible que se desperdiciaron los medios de impugnaci\u00f3n que tuvo a su alcance para obtener la revisi\u00f3n de la decisi\u00f3n que ataca por el juez natural. Tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
Al respecto, ha de destacarse que el gestor cont\u00f3 con la posibilidad de exponerle a la autoridad acusada las razones de su inconformidad. Empero, por su propia incuria, dej\u00f3 fenecer la oportunidad para contradecir la determinaci\u00f3n que por esta senda constitucional se cuestiona. <\/p>\n
Sobre la importancia de dicha figura, ha destacado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
5.- En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folio 20 del PDF \u00abanexos Tutela\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folio 451 del PDF \u00ab01. Proceso752010Cuaderno6\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Folio 455 ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Que fue notificada en el estado no. 14 del 23 de marzo del 2021. Obrante en: https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/documents\/18521509\/64104652\/ESTADO+14+23+MARZO+DE+2021.pdf\/d2f40087-e16f-494b-8446-7c749e7ff283 <\/A><\/p>\n