STC541-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC541-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68679-22-14-000-2021-00064-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil el 7 de diciembre de 2021, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Gonzalo Caballero contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de ese lugar, Fiduprevisora S.A., el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de San Gil y de Santander, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n\u00ba 2016-00092. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando por conducto de apoderado judicial, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente conculcadas por las convocadas, en desarrollo del juicio n\u00ba 2016-00092. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente amparo los siguientes: <\/p>\n
2.1. Gonzalo Caballero adelant\u00f3 en contra de Nelcy Cecilia Almeyda R\u00edos proceso declarativo de existencia de uni\u00f3n marital de hecho, asunto que fue asignado por reparto al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Gil, quien el 4 de noviembre de 2016 accedi\u00f3 a las pretensiones y declar\u00f3 la sociedad patrimonial \u00abdisuelta y en estado de liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 2 de octubre de 2017 fue admitida la demanda de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial, y el 25 de enero de 2020 se aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n \u00ab(\u2026) dentro del cual se asign\u00f3 a las partes, la partida tercera del activo, que corresponde a $19.000.000, de las cesant\u00edas embargadas a la demandada Almeyda R\u00edos, en su calidad de docente\u00bb. <\/p>\n
En el numeral 5\u00ba de la citada providencia el despacho convocado dispuso oficiar al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Fiduprevisora S.A., \u00abpara la consignaci\u00f3n de los dineros, en la cantidad de $19.000.000, correspondiente a la Cesant\u00edas de la Se\u00f1ora NELCY CECILIA ALMEYDA RIOS, a la Cuenta de Dep\u00f3sitos Judiciales de este Juzgado en el banco Agrario, para as\u00ed realizar la entrega pertinente, conforme a esta partici\u00f3n, tanto al acreedor de la sociedad patrimonial, como a cada uno de los excompa\u00f1eros. Se ordena el fraccionamiento en las cantidades indicadas en el trabajo partitivo\u00bb. <\/p>\n
2.3. Gonzalo Caballero promueve el presente auxilio, denunciando que, pese a la orden judicial proferida en virtud del referido tr\u00e1mite liquidatario, las convocadas no han dado cumplimiento a la sentencia, omitiendo poner a disposici\u00f3n del juzgado los recursos embargados por concepto de cesant\u00edas por valor de $19.000.000. <\/p>\n
Resalta, que cada vez que se ha requerido al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, a Fiduprevisora S.A., y a la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de San Gil para que acaten la sentencia, estas entidades han emitido respuestas evasivas \u00abcomo es que para el estudio, liquidaci\u00f3n y posterior consignaci\u00f3n requieren autorizaci\u00f3n de la se\u2000ora NELCY CELICIA ALMEYDA RIOS, desconociendo con ello el cumplimiento a la orden judicial, y de paso posiblemente estando en curso en un fraude a resoluci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene a las autoridades convocadas \u00abcumplir con la orden judicial contenida en los numerales 1\u2000 y 5\u2000 del prove\u00eddo del 25 de enero de 2020, proferida por el JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE SAN GIL dentro del proceso con radicado 686793184-001-2016-00092-00, seg\u00fan corresponda a cada una de aquellas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El titular del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Gil hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en virtud del proceso que origina el reclamo constitucional. Destac\u00f3 que en m\u00faltiples oportunidades ha oficiado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Fiduprevisora y a la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Santander para que cumplan con la orden contendida en la providencia de 25 de enero de 2020. <\/p>\n
Indica, que mediante oficio n\u00ba 00148 de 5 de febrero de 2021, solicit\u00f3 al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio \u00abconsignar el valor de las cesant\u00edas embargadas a la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales de [ese] Despacho por valor de $19.000.000; tal solicitud fue radicada en la entidad al No. 20211010503272 el 23 de febrero de 2021\u00bb. Lo anterior, fue reiterado a Fiduprevisora S.A., (oficio n\u00ba 351) de 6 de abril anterior, frente a lo que respondi\u00f3 el 7 de julio de 2021 manifestando que \u00abla medida de embargo se encuentra aplicada en nuestra entidad, pero el docente actualmente no posee ninguna prestaci\u00f3n en estudio, ni para pago, ni pagada, por lo tanto no se puede hacer la consignaci\u00f3n de la suma solicitada\u00bb. <\/p>\n
Aduce, que por auto de 3 de agosto de 2021 \u00abordena oficiar nuevamente a la FIDUPREVISORA y al FOMAG, reiterando la solicitud de consignaci\u00f3n del valor de las cesant\u00edas embargadas, para efectos de hacer entrega de las mismas conforme al trabajo partitivo; a ello se dio cumplimiento con oficios los oficios 813 y 814 del 9 de agosto de 2021\u00bb, no obstante, la entidad respondi\u00f3 que \u00abuna vez consultado el aplicativo oficial de radicaciones ON BASE, no se registra env\u00edo del expediente contentivo de la solicitud por el respectivo ente territorial al cual se encuentra vinculado el educador\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala, que el 24 de septiembre de 2021 ofici\u00f3 a la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Santander \u00abpara que se sirva autorizar el env\u00edo y consignaci\u00f3n de la suma embargada a NELCY CECILIA ALMEYDA en su condici\u00f3n de docente en [esa] ciudad\u00bb. <\/p>\n
Refiere, que el coordinador del equipo de prestaciones sociales del magisterio de Santander inform\u00f3 que \u00abse hace necesario iniciar proceso de reclamaci\u00f3n de cesant\u00edas por parte de la docente para poder realizar el estudio, liquidaci\u00f3n y posterior acto administrativo en que se reconoce la prestaci\u00f3n social\u00bb, por lo que el 27 de octubre de 2021 (oficio 1116) insisti\u00f3 en el cumplimiento de la orden judicial. <\/p>\n
Finalmente, manifiesta que, por auto de 14 de diciembre de 2021 requiri\u00f3 a Nelcy Cecilia Almeyda R\u00edos \u00abpara que se sirva gestionar el retiro de cesant\u00edas ante la entidad correspondiente, a efectos de materializar la adjudicaci\u00f3n del trabajo partitivo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Alcald\u00eda de San Gil manifest\u00f3 que no ha vulnerado las prerrogativas que reclama el gestor, por lo que pidi\u00f3 que el auxilio fuera denegado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de San Gil manifest\u00f3 que no es competente para acceder a lo pretendido por el accionante, toda vez que es Fiduprevisara S.A., quien administra los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Fiduprevisora S.A., se opuso a la prosperidad del auxilio se\u00f1alando que su objeto social est\u00e1 exclusivamente encaminado a la \u00abcelebraci\u00f3n, realizaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de todas las operaciones autorizadas a las sociedades fiduciarias, por normas generales y por normas especiales esto es, la realizaci\u00f3n de los negocios fiduciarios descritos en el C\u00f3digo de Comercio y previstos tanto en el Estatuto Org\u00e1nico del Sector Financiero, como en los principios que rigen la Contrataci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Debido a lo anterior, reliev\u00f3 que, aunque administra los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG, con el fin de que se atienda de manera oportuna el pago de las prestaciones sociales del personal docente, previo tr\u00e1mite que debe llevarse a cabo en las secretarias de educaci\u00f3n. Por lo tanto, asegura que esa entidad fiduciaria \u00abno tiene competencia para expedir actos administrativos de reconocimiento de prestaciones econ\u00f3micas de los docentes afiliados al FNPSM (\u2026) su funci\u00f3n se limita a aprobar el proyecto de acto administrativo que son remitidos por las secretarias de educaci\u00f3n, entidades que expiden la resoluci\u00f3n correspondiente una vez la FIDUPREVISORA S.A., verifique el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para el reconocimiento de las prestaciones sociales solicitadas por la poblaci\u00f3n docente\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo otorg\u00f3 el auxilio argumentando que (i) frente al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Gil \u00abno existe cuestionamiento alguno, como quiera que a \u2000\u00e9ste no se le indilga ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la cual se puede inferir que est\u00e1\u2000 atentando derechos constitucionales fundamentales\u00bb; (ii) en cuanto a las dem\u00e1s accionadas sostuvo que no se evidencia vulneraci\u00f3n alguna de su parte \u00abporque el tr\u00e1mite de retiro de una prestaci\u00f3n laboral de naturaleza especial, atendido el fin para el cual fue creada, tal cual lo es el auxilio de cesant\u2000a, tiene una regulaci\u00f3n legal y reglamentaria especial, que en manera alguna podr\u00eda ser desatendida\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el gestor precisando que \u00abexiste una decisi\u00f3n judicial en firme, y que si no se cumple el Juez tiene las facultades para hacerlas cumplir (Libro Primero, Secci\u00f3n Primera, Capitulo II, Titulo III, art\u00edculos del 42 al 44 del CGP), sin que adem\u00e1s para su cumplimiento exista una actuaci\u00f3n propia [de su parte] (\u2026) para consumarla\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas deprecadas por el querellante toda vez que, aparentemente, no han adelantado las gestiones tendientes a que se materialice la orden contenida en la partida tercera de la sentencia proferida el 25 de enero de 2020, por medio de la cual se aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n en el tr\u00e1mite liquidatorio n\u00ba 2016-00096. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
El reclamo constitucional se enfila a cuestionar la omisi\u00f3n de las accionadas en acatar la orden contenida en la sentencia de 25 de enero de 2020, por medio de la cual se aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n en el juicio n\u00ba 2016-00096 tendiente a que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a trav\u00e9s de Fiduprevisora S.A., procediera a \u00ab(\u2026) la consignaci\u00f3n de los dineros, en la cantidad de $19.000.000, correspondiente a la Cesant\u00edas de la Se\u00f1ora NELCY CECILIA ALMEYDA RIOS, a la Cuenta de Dep\u00f3sitos Judiciales de este Juzgado en el banco Agrario\u00bb. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Sala realiza al asunto sometido a su escrutinio y con vista en la informaci\u00f3n sobre la actuaci\u00f3n procesal que se encuentra adosada al expediente, se establece que la concesi\u00f3n del auxilio resulta improcedente por lo que se confirmar\u00e1 el fallo de primera instancia. <\/p>\n
Al respecto habr\u00e1 de precisarse que no pasa por alto esta Corporaci\u00f3n la orden impartida al interior del tr\u00e1mite liquidatario que origina la solicitud de amparo en la providencia de 25 de enero de 2020, en la cual se aprob\u00f3 como partida tercera \u2013 cesant\u00edas \u00abuna cuota parte por el valor de UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE ($1.208.821), equivalente al 6.362%, de LA PARTIDA TERCERA DEL ACTIVO, que corresponde a las CESANT\u00cdAS Pertenecientes a la se\u2000ora NELCY CECILIA ALMEYDA RIOS, con cedula de ciudadan\u00eda No. 28.253.892 de Mogotes, como docente del centro educativo Escuela Carlos Mart\u00ednez silva del Municipio de San Gil, causadas dentro del lapso comprendido del 22 de agosto del 2003 y el 21 de marzo del 2016, en vigencia de la sociedad patrimonial y que se encuentran depositadas en el fondo de prestaciones Sociales del magisterio de la FIDUPREVISORA S.A. Bien avaluado en la suma de DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($19.000.000), de los cuales se adjudica al se\u00f1or GONZALO CABALLERO, una cuota parte por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE ($1.208.821), equivalente al 6.362%\u00bb; y consecuentemente, dispuso que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a trav\u00e9s de Fiduprevisora S.A., efectuara la consignaci\u00f3n de $19.000.000 a \u00f3rdenes del juzgado \u00abpara as\u00ed\u2000 realizar la entrega pertinente, conforme a esta partici\u00f3n, tanto al acreedor de la sociedad patrimonial, como a cada uno de los excompa\u00f1eros\u00bb. <\/p>\n
No obstante, ha de relievarse que las \u00f3rdenes judiciales deben estar en armon\u00eda con el ordenamiento jur\u00eddico, pues n\u00f3tese que en el asunto bajo examen se encuentran involucrados recursos derivados de una prestaci\u00f3n social, tal como lo es el auxilio de cesant\u00eda, el cual por su naturaleza particular tiene una regulaci\u00f3n legal y reglamentaria de car\u00e1cter especial, por lo que su retiro se encuentra supeditado a la verificaci\u00f3n de unas causales espec\u00edficas. <\/p>\n
Por lo tanto, las respuestas ofrecidas tanto por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fiduprevisora S.A., y la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de Santander no resultan caprichosas o desfasadas pues para dar tr\u00e1mite efectivo a la orden impartida por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Gil deben acatar las normas previstas en materia prestacional para los docentes del magisterio. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo impugnado, por cuanto no se acredit\u00f3 vulneraci\u00f3n de las prerrogativas reclamadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
5 <\/p>\n
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