STC542-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC542-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02557-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el Edificio Centro Comercial Carrera Novena Propiedad Horizontal frente al fallo proferido el 2 de noviembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, sin elevar pretensi\u00f3n concreta alguna, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, defensa y \u00abjusticia\u00bb, presuntamente vulneradas por la sede judicial accionada al omitir declarar la nulidad de lo actuado a pesar de, seg\u00fan el quejoso, la incursi\u00f3n en supuestas causales insubsanables de invalidez en el juicio reprochado. <\/p>\n
3. El estrado accionado limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir copia digital del expediente contentivo del asunto criticado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, porque \u00absi lo pretendido por la copropiedad actora es que se decrete la nulidad a que hace referencia en su escrito tutelar, la queja deviene improcedente para conseguir tal cometido, pues de una revisi\u00f3n del juicio fustigado, se extrae que\u2026 no ha realizado previamente petici\u00f3n alguna al enjuiciado en los t\u00e9rminos que al parecer por esta senda reclama, vale decir, que se declare la configuraci\u00f3n de una \u201cnulidad insaneable\u201d por la indebida representaci\u00f3n de la parte actora y por la preclusi\u00f3n de los t\u00e9rminos a que se refiere el art\u00edculo 121 del CGP\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales, cuestion\u00f3 la conclusi\u00f3n del Tribunal respecto a denegarle el resguardo por su presunta falta de diligencia, pasando por alto el deber oficioso que le asiste al juzgador encartado de cara a declarar las evidentes causales de invalidez que afectan la actuaci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, descendiendo al caso de autos, muy a pesar de las alegaciones del impugnante, se anticipa la improcedencia del amparo y, por ende, la ratificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado, comoquiera que efectivamente la salvaguarda no satisface el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
En efecto, como acertadamente lo concluy\u00f3 el a-quo constitucional, el tutelante formul\u00f3 esta acci\u00f3n sin haber agotado previamente, ante el fallador ordinario, la discusi\u00f3n en torno a las supuestas causales de nulidad en que, afirma, se incurri\u00f3 en el asunto fustigado, con apoyo en la causal 4\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso1 y el precepto 121 ib\u00eddem2; lo cual configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, oportuno es resaltar que la Corte Constitucional en la sentencia C-443\/19, al analizar la constitucionalidad del mentado art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso -norma que invoc\u00f3 el tutelante como sustento de su reclamo-, precis\u00f3, entre otras cosas, que \u00abla p\u00e9rdida de la competencia y la nulidad consecuencial a dicha p\u00e9rdida, debe ser alegada\u00bb ante el juez ordinario, de donde, frente a situaciones como a la de ahora, el resguardo supralegal s\u00f3lo se abre paso cuando las partes involucradas agotan ante el juzgador natural las herramientas comunes de defensa con las que cuentan para someter a su definici\u00f3n lo concerniente al acaecimiento de la invalidez de que trata ese canon, contrario a lo aqu\u00ed expuesto por el reclamante, m\u00e1xime cuando en tal providencia se resolvi\u00f3, en lo que aqu\u00ed interesa, declarar \u00abla INEXEQUIBILIDAD de la expresi\u00f3n \u201cde pleno derecho\u201d contenida en el inciso sexto del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del resto de este inciso, en el entendido de que la nulidad all\u00ed prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 132 y subsiguientes [\u00eddem]\u00bb; y \u00abla EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del inciso segundo del art\u00edculo 121 [ib\u00eddem]…, en el sentido de que la p\u00e9rdida de competencia del funcionario judicial correspondiente s\u00f3lo ocurre previa solicitud de parte…\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las circunstancias planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a sus s\u00faplicas. <\/p>\n
En un asunto con alguna simetr\u00eda con el aqu\u00ed tratado, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, para confirmar la negativa frente a la solicitud de protecci\u00f3n all\u00ed planteada, dej\u00f3 dicho esta Sala: <\/p>\n
\u2026Analizado el diligenciamiento cuestionado, advierte la Sala que la decisi\u00f3n del a-quo constitucional est\u00e1 llamada a ser confirmada, como quiera que la tutela no cumple con el requisito de la subsidiariedad\u2026 <\/p>\n
En ese sentido ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda constitucional, como de la actuaci\u00f3n procesal que reposa en el expediente de tutela, se desprende que la accionante cuenta con m\u00faltiples medios de defensa judicial para el restablecimiento de las garant\u00edas que ahora controvierte en sede de tutela, siendo que el proceso que se sigue ante el Juez natural de la controversia es el escenario judicial adecuado para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u201ctodos\u201d los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso (\u2026). <\/p>\n
Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u201cLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u201d (CSJ STC 15 dic. 2011, rad. 2011-01889-01, reiterada, entre otras, en CSJ STC 27 sep. 2013, rad. 2013-01609-01; y CSJ STC, 12 mar. 2015, rad. 2015-00084-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo (CSJ STC8016-2016, 17 jun., rad. 2016-00760-01). <\/p>\n
3. Pertinente se muestra agregar que, de los hechos narrados por el recurrente y muy a pesar de sus alegaciones, no se extracta la presencia de un perjuicio irremediable que imponga la adopci\u00f3n de medidas urgentes de protecci\u00f3n, dado que, como qued\u00f3 dicho, al no haberse agotado aun ante el juzgador natural la discusi\u00f3n en torno a las situaciones denunciadas en la demanda de tutela, respecto de ellas, obviamente, por la misma inacci\u00f3n del reclamante, no se cuenta con pronunciamiento y decisi\u00f3n definitiva por parte del fallador ordinario, destacando que, s\u00f3lo de llegarse a acreditar ante \u00e9ste que le asiste raz\u00f3n al censor, agotadas las etapas respectivas, ello conllevar\u00eda a retrotraer la actuaci\u00f3n que fustiga y, de esta manera, se itera, de asistirle raz\u00f3n, podr\u00eda ejercer all\u00ed su derecho de defensa, efectuando los dem\u00e1s planteamientos que inapropiadamente trajo en el escrito tutelar; adem\u00e1s, mem\u00f3rese que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que para la cabida del amparo como mecanismo transitorio deben acreditarse los siguientes supuestos que, por lo aqu\u00ed dicho, se hallan ausentes en esta ocasi\u00f3n: <\/p>\n
\u2026[E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (CC T-377\/11, reiterada en CSJ STC, 19 abr. 2012, rad. 2012-00126-01; y STC17372, 30 nov. rad. 2016-02357-01). <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: <\/p>\n
<\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
<\/p>\n
4. Cuando es indebida la representaci\u00f3n de alguna de las partes, o cuando quien act\u00faa como su apoderado judicial carece \u00edntegramente de poder\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abART\u00cdCULO 121. DURACI\u00d3N DEL PROCESO. Salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera o \u00fanica instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podr\u00e1 ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del juzgado o tribunal. <\/p>\n
<\/p>\n
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Vencido el respectivo t\u00e9rmino previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perder\u00e1 autom\u00e1ticamente competencia para conocer del proceso\u2026 <\/p>\n
<\/p>\n
Excepcionalmente el juez o magistrado podr\u00e1 prorrogar por una sola vez el t\u00e9rmino para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses m\u00e1s, con explicaci\u00f3n de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso. <\/p>\n
<\/p>\n
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible, aparte tachado INEXEQUIBLE> Ser\u00e1 nula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia…\u00bb. <\/p>\n
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