STC544-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC544-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02601-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por J & H Abogados Asociados S.A.S. y Johanny Andr\u00e9s Parra Rivera frente al fallo proferido el 2 de diciembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ellos contra la Superintendencia de Sociedades, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales al debido proceso y defensa, presuntamente conculcados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, \u00abse declare la exclusi\u00f3n de J & H Abogados Asociados S.A.S. y de Johanny Andr\u00e9s Parra Rivera del\u2026 proceso de intervenci\u00f3n y se levanten las medidas cautelares decretadas en ese procedimiento de intervenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Subsidiariamente, pidieron \u00abse declare la nulidad absoluta del procedimiento administrativo y jurisdiccional de intervenci\u00f3n adelantado por la Superintendencia de Sociedades, por violaci\u00f3n del debido proceso y se ordene a la entidad rehacer el procedimiento y garantizar el derecho de defensa, tanto en la etapa administrativa como jurisdiccional de la intervenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Con Resoluci\u00f3n 0344 de 24 de marzo de 2020 la Superintendencia Financiera orden\u00f3 a el Grupo Empresarial Correa y Abogados S.A.S., al establecimiento de comercio Correa y Abogados, a Iv\u00e1n Camilo Correa Granada y Jairo Andr\u00e9s Ruiz Guisao la suspensi\u00f3n inmediata de sus operaciones de captaci\u00f3n no autorizada de dineros del p\u00fablico. <\/p>\n
2.2. Ante dicha situaci\u00f3n, el 6 de abril de 2020 la Superintendencia de Sociedades inici\u00f3 el tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n bajo la medida de toma de posesi\u00f3n judicial respecto de los mencionados; luego, con auto n\u00b0 460-004804 de 18 de mayo siguiente, dicha entidad declar\u00f3 la medida de intervenci\u00f3n de toma de posesi\u00f3n por captaci\u00f3n ilegal en contra de J & H Abogados Asociados S.A.S. y de Johanny Andr\u00e9s Parra Rivera. <\/p>\n
2.3. En el curso, los promotores promovieron un incidente de exclusi\u00f3n, as\u00ed como el levantamiento de las medidas cautelares decretadas; petici\u00f3n despachada desfavorablemente con auto n\u00b0 910-010110 de 6 de agosto de 2021; determinaci\u00f3n que mantuvo con prove\u00eddo n\u00b0 910-011046 de 27 de agosto siguiente. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duelen los quejosos, en s\u00edntesis, de las decisiones referidas a espacio, pues, en su sentir, el auto que dispuso su intervenci\u00f3n est\u00e1 sustentado en el memorando 300 00 30 97 del 7 de mayo de 2020, comunicaci\u00f3n que no les fue notificada en debida forma a las partes intervinientes en el tr\u00e1mite de investigaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Refirieron que el tr\u00e1mite administrativo deb\u00eda culminar con un acto administrativo, empero, a su parecer, \u00abfue arbitrariamente suplantado por un memorando secreto que solicit\u00f3 [su] intervenci\u00f3n judicial\u2026 sin que conocieran del mismo, ello deriv\u00f3 en la ausencia de una posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa a fin de formular un medio de control y nulidad y restablecimiento contra el acto administrativo que solicita la toma de medidas que posteriormente ser\u00edan decretas en la intervenci\u00f3n judicial, la cual, es posible que no hubiese siquiera llegado a ser declarada de haberse garantizado el debido proceso de la parte ahora accionante\u00bb, situaci\u00f3n que pusieron de presente con la solicitud de exclusi\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Indicaron que se configur\u00f3 un \u00abdefecto procedimental absoluto en lo tocante a la inexistencia del acto administrativo que finaliza con la etapa administrativa y que tiene como funci\u00f3n declarar la configuraci\u00f3n de los supuestos de captaci\u00f3n directa o indirecta, y definir los sujetos que luego ser\u00e1n objeto de la intervenci\u00f3n por parte de la misma Superintendencia pero como juez de intervenci\u00f3n en ejercicio de funciones jurisdiccionales\u00bb. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que su exclusi\u00f3n es procedente, porque \u00abJ & H Abogados Asociados S.A.S. era un contratista de buena fe y se encontraban prestando un servicio leg\u00edtimo de asesor\u00eda legal, y este mero hecho es una raz\u00f3n que ha definido la Corte como circunstancia que supone la exclusi\u00f3n tanto de la sociedad como de su representante legal del procedimiento de intervenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Superintendencia de Sociedades inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que las decisiones criticadas no lucen arbitrarias, y est\u00e1n debidamente motivadas; que en la investigaci\u00f3n se determin\u00f3 que los accionantes estuvieron vinculados con las operaciones de captaci\u00f3n desplegadas por el Grupo Empresarial Correa y Abogados S.A.S.; que los sujetos intervenidos son todos aquellos que directa e indirectamente han tenido relaci\u00f3n con dicha operaci\u00f3n, entre ellos, socios, contadores, revisores fiscales y beneficiarios de las operaciones de captaci\u00f3n de recursos; que los promotores pueden solicitar la exclusi\u00f3n del procedimiento cautelar, demostrando id\u00f3neamente que no debieron ser intervenidos, o que no particip\u00f3 en los hechos antijur\u00eddicos y tampoco se benefici\u00f3; que \u00aben la primera investigaci\u00f3n no se hayan relacionado a los aqu\u00ed intervenidos y vinculados, no es \u00f3bice para que con posterioridad se adoptaran medidas de intervenci\u00f3n, por hechos no conocidos o por solicitudes de investigaci\u00f3n o quejas, conocidas con posterioridad a la conclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n inicial, siempre que se respete el procedimiento, lo cual ocurri\u00f3 en el presente caso\u00bb; remiti\u00f3 copia de las providencias criticadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al considerar que la solicitud de amparo incumple el presupuesto de inmediatez, comoquiera que, el auto que decidi\u00f3 la intervenci\u00f3n de los promotores data del 18 de mayo de 2020, es decir, hace m\u00e1s de un a\u00f1o. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite de investigaci\u00f3n se desarroll\u00f3 en atenci\u00f3n a las pruebas recaudadas teniendo en cuenta el informe de visita del 11 de febrero de 2020; seg\u00fan los documentos aportados al expediente digital, los accionantes han tenido la oportunidad de ejercer la contradicci\u00f3n, por lo que han sido resueltos cada uno de los recursos ordinarios presentados conforme a la normatividad procesal, como tambi\u00e9n el incidente de exclusi\u00f3n; por lo tanto, su acci\u00f3n, no est\u00e1 llamada a la prosperidad, puesto que no se observa, transgresi\u00f3n alguna, al debido proceso y, por ello, la actora no puede procurar que la tutela, sea constituida como una instancia adicional, para debatir actuaciones que en su momento debieron ser contendidas\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte actora insistiendo en sus planteamientos iniciales, a los que adicion\u00f3 que el Tribunal declar\u00f3 la improcedencia del resguardo, sin atender el fondo del asunto; destac\u00f3 que cumple con el presupuesto de inmediatez, pues la norma exige el agotamiento del incidente de exclusi\u00f3n, mismo que se resolvi\u00f3 en agosto de 2021, y frente al cual se formul\u00f3 recursos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el presente asunto los gestores pretenden, en s\u00edntesis, que se declare que el auto n.\u00b0 2021-01-525947, con consecutivo n.\u00b0 910-011046 de 27 de agosto de 2021, que el n.\u00b0 2021-01-485012, consecutivo 910-010110 del 6 de agosto anterior, con la que la Superintendencia de Sociedades no accedi\u00f3 a su solicitud de exclusi\u00f3n y levantamiento de medidas que cursa en su contra, vulner\u00f3 sus prerrogativas esenciales, y en consecuencia, se ordene a la accionada proceder a su exclusi\u00f3n del referido tr\u00e1mite, con el consecuencial levantamiento de las cautelas dispuestas sobre su patrimonio. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Puestas as\u00ed las cosas, advierte la Sala que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso y, en consecuencia, ser\u00e1 confirmada la decisi\u00f3n del a quo constitucional, pero porque la decisi\u00f3n criticada no luce caprichosa; en efecto, la Superintendencia, tras verificar el reproche de los promotores, consign\u00f3 que: <\/p>\n
a. Investigaci\u00f3n previa a la intervenci\u00f3n judicial. <\/p>\n
4. El recurso se refiere a las decisiones y procedimientos adoptadas en la etapa de investigaci\u00f3n que dio lugar al memorando 2020-01-163337 de 7 de mayo de 2020 y que deriv\u00f3 en la intervenci\u00f3n de los se\u00f1ores Yeison David Parra Rivera, Berta Mar\u00eda Rivera Ortiz y Johanny Andr\u00e9s Parra Rivera. <\/p>\n
5. Como lo sostiene el auto recurrido, este Despacho ha dicho que del Decreto 4334 de 2008 se han reconocido dos momentos de la intervenci\u00f3n estatal, en atenci\u00f3n a la medida que se adopta: i) la etapa de investigaci\u00f3n previa; ii) la intervenci\u00f3n judicial. <\/p>\n
6. Es importante insistir en que el Juez no determina la ocurrencia de las actividades de captaci\u00f3n, ni las personas sujetas de la medida de intervenci\u00f3n respecto de las que se inicia el proceso, sino que estas se determinan por la autoridad administrativa en la investigaci\u00f3n adelantada, quien a su vez determina la suspensi\u00f3n de las mismas, como se ha indicado. <\/p>\n
7. Lo anterior, fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cEl proceso que conoce la Superintendencia de Sociedades tiene una doble condici\u00f3n: la primera etapa corresponde a una investigaci\u00f3n de naturaleza administrativa y, la segunda, propiamente judicial, en donde tiene lugar, entre otros t\u00f3picos, la discusi\u00f3n de los hechos que motiven la exclusi\u00f3n de responsabilidad solidaria de los participantes por v\u00eda directa o indirecta en las operaciones financieras no autorizadas (\u2026)\u201d1 . <\/p>\n
8. As\u00ed, la intervenci\u00f3n judicial que conoce este Despacho es de naturaleza jurisdiccional. Lo anterior, fue advertido el Consejo de Estado en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cAdem\u00e1s, la asignaci\u00f3n de funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades armoniza con la materialidad de los asuntos de los que debe ocuparse esa entidad en desarrollo de la funci\u00f3n de intervenci\u00f3n, en particular la toma de posesi\u00f3n, que puede suscitar verdaderos conflictos de intereses con eventuales efectos jur\u00eddicos en otros procesos judiciales, dado que en el contexto del Decreto 4334 de 2008 esa medida tiene por finalidad asumir la administraci\u00f3n de la intervenida para devolver los dineros captados irregularmente del p\u00fablico, adoptando decisiones para cumplir con ese objetivo, las cuales, por su naturaleza jurisdiccional, escapan al \u00e1mbito de control de la justicia contenciosa administrativa\u201d <\/p>\n
9. Bajo este contexto, se encuentra que la Delegatura de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de esta Superintendencia , quien para la \u00e9poca de los hechos era la competente para adelantar la investigaci\u00f3n en la que se determin\u00f3 (i) la ocurrencia de hechos objetivos y notorios de captaci\u00f3n, que configuraron la entrega masiva de dineros a personas naturales o jur\u00eddicas no autorizadas por la ley, de acuerdo con el Decreto Ley 4334 de 2008; (ii) los sujetos de intervenci\u00f3n y (iii) el periodo de captaci\u00f3n. Como resultado de dicha investigaci\u00f3n, dicha Delegatura emiti\u00f3 el memorando de solicitud de intervenci\u00f3n de sociedades y personas vinculadas al proceso de Grupo Empresarial y Abogados S.A.S. en toma de posesi\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n y otros. <\/p>\n
10. Por su parte, el proceso judicial inici\u00f3 con el Auto 2020-01-183784 de 18 de mayo de 2020, en el cual se dispuso ordenar la intervenci\u00f3n judicial de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad ADN Potencial Humano S.A.S y de sus representantes legales durante el periodo de captaci\u00f3n, Berta Mar\u00eda Rivera Ortiz y Yeison David Parra Rivera, as\u00ed como de la sociedad J & H Abogados Asociados S.A.S, y de su representante legal Johanny Andr\u00e9s Parra Rivera. Lo anterior, por cuanto en la investigaci\u00f3n adelantada se determin\u00f3, como se se\u00f1al\u00f3 previamente, la vinculaci\u00f3n de dichas personas a los hechos objetivos y notorios de captaci\u00f3n desarrollados por la sociedad Grupo Empresarial Correa y Abogados S.A.S. en toma de posesi\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n y otros. Lo anterior, con base en los art\u00edculos 5 y 6 del Decreto 4334 de 2008. <\/p>\n
11. En consecuencia, los aspectos relacionados con la investigaci\u00f3n se escapan de las funciones jurisdiccionales concedidas a la Direcci\u00f3n de Intervenci\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Sociedades, en desarrollo del art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n en concordancia con el art\u00edculo 3 del Decreto Ley 4334 de 2008. <\/p>\n
12. Por tal motivo el juez de la intervenci\u00f3n no puede pronunciarse sobre la investigaci\u00f3n, las pruebas all\u00ed adelantas y el procedimiento desarrollado pues el memorando se reitera es el antecedente de la intervenci\u00f3n. En virtud de ello, el recurso no est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
13. Lo anterior no quiere decir que los intervenidos no puedan ejercer su defensa. Como se advirti\u00f3 en el auto recurrido, el auto de intervenci\u00f3n se encuentra debidamente motivado, explicando las razones para decretar la intervenci\u00f3n judicial. Tambi\u00e9n, en el marco del proceso judicial, los intervenidos pueden solicitar su desintervenci\u00f3n, ejerciendo as\u00ed su defensa, con lo que se garantizan los derechos de los sujetos. <\/p>\n
Seguidamente, analiz\u00f3 los reparos presentados de cara al debido proceso, destacando que: <\/p>\n
b. El respecto del debido proceso. <\/p>\n
14. Argument\u00f3 el apoderado de los intervenidos que el debido proceso no se garantiza con la oportunidad de solicitar la exclusi\u00f3n pues considera que no se compadece con los contenidos m\u00ednimos del debido proceso. <\/p>\n
15. Al respecto, es de se\u00f1alar que la Corte Constitucional en Sentencia C-145 de 2009 se\u00f1al\u00f3 que \u201cla Superintendencia de Sociedades debe asegurar a las personas naturales o jur\u00eddicas intervenidas el debido proceso (art. 29 Const.), con las garant\u00edas que le son inmanentes, tales como (i) el acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia; (ii) el juez natural; (iii) la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa, con los elementos para ser o\u00eddo dentro del proceso; (iv) la razonabilidad de los plazos para el desarrollo del proceso; y, (v) la imparcialidad, autonom\u00eda e independencia de los jueces y autoridades\u201d. <\/p>\n
16. En punto a ello, se advierte que en el curso del proceso de intervenci\u00f3n el juez ha actuado con sujeci\u00f3n a los principios que rigen el proceso de intervenci\u00f3n tales como: i) el principio de proporcionalidad orientado a verificar la adecuaci\u00f3n de los medios en qu\u00e9 consisten las medidas adoptadas, con los fines propuestos tanto por la Constituci\u00f3n como por los decretos de excepci\u00f3n. Dicho juicio se refiere a la necesidad, idoneidad y conducencia de los medios adoptados para lograr los fines espec\u00edficos definidos por el respectivo decreto legislativo; ii) el principio de legalidad respecto del cual la gesti\u00f3n de la administraci\u00f3n se somete a normas previamente establecidas y cumple los objetivos propuestos en ellas; iii) igualdad en tanto al tratamiento equitativo a todos los afectados que concurran, al garantizar que tendr\u00e1n la misma posibilidad de recuperaci\u00f3n, en funci\u00f3n exclusivamente de la disponibilidad de recursos y al acceso a la justicia de todas las partes del proceso para que ejerzan sus deberes y derechos como el de acceso a la justicia, defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
17. En relaci\u00f3n con los sujetos intervenidos, en el proceso se ha garantizado la oportunidad de que presenten las solicitudes de desintervenci\u00f3n, ha explicado, las etapas del proceso, y c\u00f3mo se iban a decidir, a conocer y a tramitar las diferentes solicitudes de desintervenci\u00f3n que se presentaran a lo largo del proceso. <\/p>\n
18. En consonancia con la naturaleza del proceso de intervenci\u00f3n y la distinci\u00f3n de la actuaci\u00f3n de investigaci\u00f3n de la judicial, se advierte que en el proceso se ha actuado dentro del marco legal ofrecido por el Decreto ley 4334 de 2008, DUR 1074 de 2015, ley 1116 de 2006, el C\u00f3digo General del Proceso y dem\u00e1s normas concordantes, procurando en cada actuaci\u00f3n la garant\u00eda al debido proceso, al derecho de contradicci\u00f3n y dem\u00e1s garant\u00edas procesales. <\/p>\n
19. Es m\u00e1s, con respecto a la posibilidad de presentar solicitudes de desintervenci\u00f3n, es cierto que el Decreto 4334 de 2008 no defini\u00f3 expresamente la oportunidad en la que los sujetos intervenidos pueden solicitar ser excluidos del proceso de intervenci\u00f3n, sin embargo, en el marco de las garant\u00edas del debido proceso, se abri\u00f3 un espacio para que se pudieran presentar las distintas solicitudes de exclusi\u00f3n. <\/p>\n
20. Es por esta raz\u00f3n que la garant\u00eda del debido proceso, como se se\u00f1al\u00f3 en el auto recurrido, en lo que respecta a las solicitudes de desintervenci\u00f3n, se ve materializada en i) sustentar la decisi\u00f3n de intervenci\u00f3n y ii) permitir que los intervenidos tengan la posibilidad de solicitar su exclusi\u00f3n, argumentando y probando que no participaron de los supuestos de intervenci\u00f3n, que se act\u00fao de buena fe, que no se beneficiaron o en su defecto desvirtuando los supuestos que hayan dado lugar a su intervenci\u00f3n. <\/p>\n
21. En relaci\u00f3n con la garant\u00eda del debido proceso en lo que respecta a la motivaci\u00f3n de la providencia que orden\u00f3 el inicio la intervenci\u00f3n de los recurrentes y su vinculaci\u00f3n al proceso de Grupo Empresarial y Abogados S.A.S. en toma de posesi\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n y otros, se advierte que la decisi\u00f3n se fund\u00f3 en las conclusiones que arroj\u00f3 la investigaci\u00f3n desarrollada por el ente competente de la actuaci\u00f3n administrativa, esto es, para aquel momento, la Delegatura de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de esta Superintendencia, hoy Direcci\u00f3n de Investigaciones Administrativas por Captaci\u00f3n y asuntos financieros especiales. En todo caso, el recurrente no advierte el defecto que en su sentir implicar\u00eda el irrespeto del debido proceso en esta providencia. <\/p>\n
22. En relaci\u00f3n con la solicitud de desintervenci\u00f3n, como se advirti\u00f3 previamente, se permiti\u00f3 el espacio, explicando en las providencias el procedimiento, las oportunidades y dem\u00e1s aspectos relevantes. Tambi\u00e9n se decidi\u00f3 sobre las pruebas a tener en cuenta, decisiones que estuvieron abiertas a recursos. De all\u00ed que, contrario a lo afirmado, el hecho de permitir presentar la solicitud de desintervenci\u00f3n, si garantiza el debido proceso. Por lo menos as\u00ed lo reconoci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-145 de 2009, como se se\u00f1al\u00f3 en el auto recurrido. <\/p>\n
23. En todo caso, en el recurso, no se indica porque no se garantiza el debido proceso al permitir el derecho de defensa presentado la solicitud de desintervenci\u00f3n o porque esto resulta insuficiente. <\/p>\n
24. Ahora bien, frente a las medidas cautelares ordenadas respecto de las cuales se\u00f1al\u00f3 el recurrente que no se compadece con los contenidos m\u00ednimos del debido proceso, se reitera que uno de los efectos de la intervenci\u00f3n, de acuerdo con el art\u00edculo 9.3 del Decreto de intervenci\u00f3n, es la adopci\u00f3n de medidas cautelares sobre los bienes del intervenido, los cuales, en los t\u00e9rminos del mencionado art\u00edculo 2.2.2.15.1.1. del DUR 1074 de 2015, quedan vinculados al proceso y sujetos a la devoluci\u00f3n a los afectados. As\u00ed pues, las medidas cautelares decretadas no constituyen vulneraci\u00f3n alguna pues se despliegan en sujeci\u00f3n a la norma de intervenci\u00f3n. <\/p>\n
25. As\u00ed lo ha sostenido la Corte Constitucional en sentencia C-145 de 2009 al se\u00f1alar que la aplicaci\u00f3n del Decreto de intervenci\u00f3n no constituye per se una vulneraci\u00f3n de derechos a las personas, naturales o jur\u00eddicas, que son sujetas de las medidas de intervenci\u00f3n, sino que las medidas contempladas son absolutamente razonables, incluyendo las consecuencias que generan, que entre otras cosas, alcanza la vinculaci\u00f3n al proceso de todos los bienes de propiedad de dichas personas, con el fin de que se dispongan en primera instancia para la devoluci\u00f3n de los afectados. Por lo tanto, la declaratoria de intervenci\u00f3n, supone la afectaci\u00f3n de todos los bienes del intervenido hasta la culminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
26. En consecuencia, el recurso por este aspecto no est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
Luego, estudi\u00f3 la solidaridad en el proceso de intervenci\u00f3n, indicando que: <\/p>\n
c. La solidaridad en el proceso de intervenci\u00f3n. <\/p>\n
27. Sostuvo el recurrente que la Superintendencia err\u00f3 al se\u00f1alar que la solidaridad que se predica del proceso de intervenci\u00f3n tiene relaci\u00f3n con el art\u00edculo 2344 del C\u00f3digo Civil, porque la solidaridad solo deviene de la ley o de un contrato y que no existe norma alguna que de forma expresa estipule la solidaridad de los administradores respecto de la medida de intervenci\u00f3n. <\/p>\n
28. Al respecto, este Despacho ha sostenido que \u201cCuando, en virtud de una toma de posesi\u00f3n, se dispone la devoluci\u00f3n de las sumas invertidas por los afectados, con dicha obligaci\u00f3n se busca resarcir el perjuicio causado a \u00e9stos a ra\u00edz de una actividad ilegal. En otras palabras, se busca reparar el da\u00f1o ocasionado por un hecho il\u00edcito. As\u00ed las cosas, la obligaci\u00f3n de devolver los recursos a los inversionistas tiene su fuente en el hecho il\u00edcito, y se aplican por tanto las reglas dispuestas en el T\u00edtulo XXXIV del C\u00f3digo Civil\u201d. <\/p>\n
29. De esta forma, la obligaci\u00f3n de devolver conforme dispone el art\u00edculo 1494 del C\u00f3digo Civil, nace del hecho de causar el da\u00f1o, como sucede en las operaciones de captaci\u00f3n ilegal que dieron lugar al inicio del proceso de intervenci\u00f3n. Por ello, en el auto recurrido, se indic\u00f3 que de las operaciones previstas dentro del Decreto 4334 de 2008, los m\u00faltiples sujetos que pueden intervenir en ellas, lo pueden hacer de manera directa o indirecta, ya sea como captador, estructurador, administradores, contadores, revisores fiscales o como los beneficiarios de la captaci\u00f3n, y que adem\u00e1s en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2344 del c\u00f3digo civil, son responsables solidarios, pues cuando en las obligaciones derivadas del hecho il\u00edcito existe una pluralidad de sujetos, todos ellos responden solidariamente por su pago. <\/p>\n
30. As\u00ed se entiende que de acuerdo con el art\u00edculo 5 del Decreto 4334 de 2008, se considera tan responsable al que capta como al que tiene con \u00e9l una participaci\u00f3n indirecta en la actividad de captaci\u00f3n, cuando se trata de una colaboraci\u00f3n determinante, y las labores de uno y otro est\u00e1n vinculadas al desarrollo de las operaciones reprochadas por el ordenamiento jur\u00eddico. Con fundamento en lo anterior, es evidente que la responsabilidad de los beneficiarios de la captaci\u00f3n se ci\u00f1e por las reglas de la solidaridad. Por lo tanto, en el tr\u00e1mite del proceso de intervenci\u00f3n judicial es posible exigir de todos ellos el pago de la totalidad de las devoluciones en las que los beneficiarios comparten la calidad de codeudores con el captador y el estructurador de la operaci\u00f3n. Es de insistir que la solidaridad nace del da\u00f1o causado con la captaci\u00f3n. <\/p>\n
31. De igual forma, se se\u00f1al\u00f3 que por mandato del art\u00edculo. 2.2.2.15.1.1 del Decreto 1074 de 2015, la intervenci\u00f3n, respecto de los sujetos intervenidos, opera respecto de la totalidad de sus bienes, los que quedar\u00e1n afectos a la devoluci\u00f3n total de las reclamaciones aceptadas en el proceso, situaci\u00f3n que muestra la solidaridad que recae sobre todos los sujetos intervenidos en atenci\u00f3n a la naturaleza especial que reviste la intervenci\u00f3n judicial. 32. Por lo tanto, no queda duda que en los procesos de intervenci\u00f3n existe la solidaridad de los intervenidos frente a los afectados y tal afirmaci\u00f3n encuentra sustento en una disposici\u00f3n legal, consagrada en el c\u00f3digo civil tal y como se se\u00f1al\u00f3 en el auto recurrido y en consecuencia, no advierte un yerro que amerite revocar o modificar la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Y, frente a la supuesta falta de motivaci\u00f3n, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
33. Contrario a lo afirmado, la decisi\u00f3n de desestimar la solicitud de desintervenci\u00f3n se refiri\u00f3 a los asuntos planteados en los documentos presentados. Esto, pues se refiri\u00f3 a los aspectos propios del proceso judicial, se\u00f1alando la imposibilidad de pronunciarse sobre la investigaci\u00f3n adelantada, conforme a lo expuesto previamente. <\/p>\n
34. En todo caso, el recurso no plantea cu\u00e1l es la incongruencia que encuentra en los argumentos de la decisi\u00f3n, con los de la solicitud, limit\u00e1ndose de manera general a se\u00f1alar que no se refiere a los motivos de la intervenci\u00f3n, los que se insiste no son competencia del juez. De cualquier forma, el auto recurrido se refiri\u00f3 a los argumentos se\u00f1alados en los escritos de exclusi\u00f3n. <\/p>\n
35. De acuerdo con lo expuesto, no se encuentran argumentos para recovar la decisi\u00f3n, pues los recursos est\u00e1n enfocados en impugnar los supuestos que dieron lugar al memorando 2020-01-163337 de 7 de mayo de 2020 y que llevaron a la intervenci\u00f3n de los se\u00f1ores Yeison David Parra Rivera, Berta Mar\u00eda Rivera Ortiz y Johanny Andr\u00e9s Parra Rivera y no a las consideraciones que dieron lugar a establecer que no se desvirtuaron los supuestos que se tuvieron en cuenta para su intervenci\u00f3n como se se\u00f1al\u00f3 en el Auto 2021-01-485012 de 6 de agosto de 2021. Por esta raz\u00f3n, los recursos ser\u00e1n desestimados. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plantearon los quejosos es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Superintendencia de Sociedades valor\u00f3 la situaci\u00f3n alegada en el juicio y concluy\u00f3 que el tr\u00e1mite administrativo y judicial est\u00e1 ajustado a las disposiciones en el Decreto 4334 de 2008, adem\u00e1s, existe situaci\u00f3n de m\u00e9rito que, de momento, no resulta pr\u00f3spero para la exclusi\u00f3n del juicio. <\/p>\n
Entonces, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Cabe a\u00f1adir que se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC544-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC544-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02601-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por J & H Abogados Asociados […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60753","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60753","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60753"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60753\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60753"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60753"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60753"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}