STC547-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC547-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 54001-22-21-000-2021-00037-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 26 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhon Edwin Palencia Camacho en nombre propio y como agente oficioso de Leyder Arnulfo, Larcen Yasen, Otoniel y Delia Morelia Palencia Camacho contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de esa ciudad y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del juicio objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vida digna, igualdad y m\u00ednimo vital, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado acusado \u00abse suspenda la diligencia de entrega de la finca que posee[n] como herederos de la se\u00f1ora Rosa Elia Camacho Granados, programada para el d\u00eda 16 de septiembre de 2021\u00bb, hasta que se garantice \u00abla ejecuci\u00f3n de los reconocimientos que como segundo ocupante, fueron establecidos en favor de [su] madre, en la misma sentencia proferida\u00bb, esto es, \u00abse establezca de manera previa a la diligencia de entrega, un predio rural donde p[uedan] trasladar[se] ya sea en arrendamiento, mientras se realiza la compra o ya en un predio adquirido, a trav\u00e9s de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, en un valor acorde a lo establecido en la sentencia y no en el tope de precio m\u00e1s bajo que se puede asignar, correspondiente al valor de una unidad agr\u00edcola familiar, del que fu[eron] informados\u2026\u00bb; y que por ser admisible \u00abse estudie la figura jur\u00eddica de contratos para el uso del predio, lo cual se viabiliza, cuando existan proyectos agroindustriales productivos en el predio objeto de restituci\u00f3n y con el prop\u00f3sito de desarrollar en forma completa el proyecto\u2026 ello en cabeza de[l]\u2026 Juzgado\u2026 conforme a lo contemplado en la Ley 1448 de 2011, art\u00edculo 99\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso de restituci\u00f3n de tierras promovido por Ram\u00f3n Donato Sanguino Ibarra, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta dict\u00f3 sentencia el 26 de marzo de 2021, en la que, entre otras cosas, ampar\u00f3 el derecho invocado, declar\u00f3 la inexistencia del negocio jur\u00eddico celebrado, le orden\u00f3 a Rosa Elia Camacho Granados la restituci\u00f3n del predio y la reconoci\u00f3 como segunda ocupante, disponiendo que se le entregara un inmueble de naturaleza urbana o rural con similares o mejores caracter\u00edsticas al que fue objeto del proceso, garantiz\u00e1ndole el pago de arriendo para la permanencia en una vivienda digna, hasta tanto le fuese entregado jur\u00eddica y materialmente la heredad. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que se estableci\u00f3 plazo de tres meses para la restituci\u00f3n material del bien, pero por la muerte de su madre en diciembre de 2018 y la pandemia perdieron contacto con la abogada, entonces conocieron el fallo hasta el 1\u00ba de junio de 2021 por comunicaci\u00f3n de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que en conversaciones con dicha Unidad les solicitaron documentos de parentesco y el certificado de defunci\u00f3n de su progenitora, adem\u00e1s les dijeron que deb\u00edan iniciar el proceso de sucesi\u00f3n y buscar a donde irse, pues solo se les concedieron tres meses para desalojar, sin explicarles nada sobre el monto del predio a comprar y\/o arrendar. <\/p>\n
2.4. Adujo que elevaron petici\u00f3n solicitando que se aplazara el desalojo y entrega de la finca por nueve meses, en tanto que desarrollaron cultivos, adem\u00e1s uno de sus hermanos ten\u00eda animales que no podr\u00eda reubicar de forma inmediata; que se deneg\u00f3 lo solicitado y se fij\u00f3 el 16 de septiembre de 2021 para la entrega del bien; que buscaron una propiedad en arriendo pero le pareci\u00f3 costosa a la Unidad y plantearon la posibilidad con el se\u00f1or Sanguino Ibarra, pero no obtuvieron respuesta; que no se han negado a darle cumplimiento al fallo; y que en la finca desarrollan actividades productivas. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
2. El SENA refiri\u00f3 que se absten\u00eda de pronunciarse, pues su intervenci\u00f3n tomaba vigor una vez proferida y notificada la sentencia emitida en el proceso criticado. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional, pues no se encontraba legitimada para realizar las gestiones tendientes a restablecer los derechos que los gestores consideran vulnerados; que han adelantado diversas actuaciones y varias reuniones con los interesados, en las que se les ha expuesto el tr\u00e1mite a seguir y requerido para el cumplimiento de su carga; que las propuestas realizadas por los petentes no estaban ajustadas a los par\u00e1metros investigados en la zona; y que continuaba con el procedimiento interno para el cumplimiento de la orden impartida en el fallo a favor de la segunda ocupante. <\/p>\n
4. Yurley Sanguino Salazar manifest\u00f3 que su grupo familiar fue beneficiado por la sentencia emitida, a la que no se le hab\u00eda dado cumplimiento; que se ha realizado una tala indiscriminada de \u00e1rboles, lo que ya pusieron en conocimiento de las autoridades; que los segundos ocupantes hab\u00edan da\u00f1ado su reputaci\u00f3n; que los accionantes solo contaban con 6 cabezas de ganado; y que deprecaba que la Polic\u00eda Nacional acompa\u00f1ara la diligencia y Corponor realizara una visita al predio para verificaci\u00f3n de los da\u00f1os causados con la tala referida. <\/p>\n
5. Mar\u00eda Yaneth Rond\u00f3n Mel\u00e9ndez, quien adujo haber sido la apoderada de Rosa El\u00eda Camacho Granados, respald\u00f3 la solicitud de resguardo. <\/p>\n
6. El Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, la Alcald\u00eda Municipal de San Jos\u00e9 de C\u00facuta, Ecopetrol S.A. y la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas se\u00f1alaron que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues lo pretendido por el accionante no se encontraba dentro de la \u00f3rbita de sus competencias y no les constaban los hechos. <\/p>\n
7. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad; que en la sentencia se orden\u00f3 la entrega material del fundo y se dispusieron unas medidas de atenci\u00f3n a su favor por la reconocida condici\u00f3n de segunda ocupante, decisi\u00f3n que ten\u00eda mandato principal la entrega material y no qued\u00f3 condicionada a la ejecuci\u00f3n de las medidas de atenci\u00f3n dispuestas para la segunda ocupante; que no se present\u00f3 reparo frente a la materializaci\u00f3n de dichas \u00f3rdenes; que los gestores no desconoc\u00edan tener conocimiento del proceso, sino que dejaron clara su falta de diligencia e inter\u00e9s, pues enteraron el fallecimiento de su madre hasta el 2021 (cuando ocurri\u00f3 en 2018), solo con el fin de lograr la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega; que les fue resuelta dicha petici\u00f3n, sin que expresaran inconformidad alguna, ni tampoco censuraron la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 sus diferentes reparos para materializar la medida concedida; que a pesar de que se hab\u00edan elevado distintas solicitudes, las mismas se hab\u00edan resuelto acorde a lo ordenado en la sentencia, por lo que no luc\u00edan arbitrarias; que no obraba prueba sumaria de lo relatado, lo cual debi\u00f3 preverse al conocer la existencia del proceso; que ello no era \u00f3bice para que el fallador presentara todas las peticiones que considerara pertinentes en procura de materializar los derechos reconocidos a su progenitora; y que no hab\u00eda elevado solicitud de que se d\u00e9 aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 99 de la Ley 1448 de 2011, la que deb\u00eda ser resuelta por el funcionario de conocimiento. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que presentaba recusaci\u00f3n frente a la falladora del Tribunal Constitucional, pues no pod\u00eda conocer de la tutela, en tanto que no ten\u00eda imparcialidad; que se les exig\u00eda entregar la finca, pese a que la Unidad acusada no ten\u00eda intenciones de entregarles alg\u00fan predio, ni cumplir con las medidas de atenci\u00f3n dispuestas; que los valores que les suger\u00edan eran insuficientes para adquirir un inmueble de similares caracter\u00edsticas al de ellos y tampoco se acompasaba con el aval\u00fao; y que los somet\u00edan a un empobrecimiento sin justa causa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que el accionante hubiese agotado los mecanismos con los que contaba. <\/p>\n
En efecto, el gestor guard\u00f3 silencio frente al prove\u00eddo de 23 de julio de 2021 con el que se desestim\u00f3 la petici\u00f3n de ampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino para el desalojo y entrega del bien, por lo que desperdici\u00f3 el escenario id\u00f3neo para exponer sus reclamos, lo cual torna inviable la protecci\u00f3n solicitada, debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que: <\/p>\n
\u2026no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ag. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015; STC612-2016; y STC12335-2017, 16 ag. 2017, rad. 2017-00338-01). <\/p>\n
Sabido es que el cuestionamiento constitucional no se abre paso cuando la parte interesada no hizo uso de los medios de regular procedencia que ten\u00eda a su alcance para controvertir las determinaciones que dice le afectan; de suerte que si omiti\u00f3 activarlos, no puede ahora revivir esa posibilidad a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n excepcional, la cual \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, no se advierte que el promotor hubiese elevado solicitud alguna ante el fallador acusado con miras a que se diera aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 99 de la Ley 1448 de 2011 en punto a la celebraci\u00f3n de los contratos pretendidos, sin que sea dable que por esta acci\u00f3n excepcional se ordene la misma. <\/p>\n
En ese orden de ideas, al verificarse la inviabilidad del amparo reclamado, al existir otros mecanismos de defensa judicial para alegar ante el juzgador convocado y al interior del proceso censurado, las inconformidades planteadas en sede constitucional, as\u00ed habr\u00e1 de declararse, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al medio regular de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, pues la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los derechos b\u00e1sicos, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial (CSJ STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01). <\/p>\n
4. Finalmente, respecto a la recusaci\u00f3n impetrada frente al fallador de primer grado, se le recuerda que conforme con el art\u00edculo 39 del Decreto 2591 de 1991, en esta sede no es procedente la misma. <\/p>\n
5. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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