STC553-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC553-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-14-000-2021-00329-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala XXX del Tribunal Superior de XXX el 26 de noviembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Defensor del Pueblo Regional del XXX contra el Inspector de Polic\u00eda n\u00b0. X del Barrio XXX de XXX, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado XXX de Familia, la Alcald\u00eda, la Personer\u00eda y la Defensor\u00eda de Familia, todos ellos de la ciudad de XXX, la UARIV y las partes e intervinientes en la sucesi\u00f3n 0000-00000. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
La Sala ha decidido, como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los menores involucrados en el presente asunto, suprimir de la providencia -y de toda futura publicaci\u00f3n de ella- su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, para lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del fallo de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en favor de AAA, BBB y las menores CCC y DDD (hijas de los primeros), acude a esta herramienta constitucional para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, \u00abdebida administraci\u00f3n de justicia\u00bb, igualdad, m\u00ednimo vital, vivienda digna y \u00abfamilia\u00bb, as\u00ed como de las garant\u00edas superiores de los ni\u00f1os y de las personas desplazadas por la violencia. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados se pueden extractar como hechos jur\u00eddicamente relevantes, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Los agenciados, que se encuentran incluidos en el Registro \u00danico de V\u00edctimas dada su condici\u00f3n de desplazados por la violencia del municipio de XXX, residen, hace m\u00e1s de diez meses, en el predio denominado XXX, ubicado en el barrio XXX del municipio de XXX. <\/p>\n
2.2. Dicho inmueble se encuentra vinculado a la sucesi\u00f3n de FFF que se adelanta en el Juzgado XXX de Familia de XXX bajo la radicaci\u00f3n 0000-00000, tramite dentro del cual, desde el a\u00f1o 2014, se orden\u00f3 su entrega, libr\u00e1ndose para tal efecto el Despacho Comisorio 025 de 2019 dirigido a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda n\u00b0. X de XXX. <\/p>\n
2.3. Para dar cumplimiento a la comisi\u00f3n, la aludida autoridad administrativa, previa publicaci\u00f3n de varios avisos informativos2 y con el acompa\u00f1amiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Personer\u00eda de XXX, llev\u00f3 a cabo la respectiva diligencia entre el 2 y el 5 de noviembre del a\u00f1o que acaba de finalizar. <\/p>\n
3. Para el accionante en la vista p\u00fablica arriba mencionada se cercenaron los derechos fundamentales de sus agenciados habida cuenta que, pese a ser \u00abtenedores que viv\u00edan en el predio\u2026 nunca\u2026 se les dio la oportunidad de hablar o intervenir para que ellos, que era quienes viv\u00edan en la finca, pudieran defenderse o hacer valer sus derechos y que al ser v\u00edctimas del conflicto armado por el hecho victimizante de desplazamiento forzado\u00bb por lo que \u00abla diligencia deb\u00eda suspenderse inmediatamente\u00bb hasta tanto se diera acatamiento a las reglas establecidas en la SU-016 de 2016 de la Corte Constitucional, como la existencia de un plan de reubicaci\u00f3n en el corto plazo y la garant\u00eda de acceso a vivienda digna en el mediano y largo plazo. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita \u00abdejar sin valor y efecto la diligencia practicada\u2026 por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda\u2026 desde el momento en el cual se dio inicio a la diligencia y se identificaron los accionantes\u00bb y que, como consecuencia de ello, \u00abordenar que dentro de las cuarenta y ocho\u2026 horas siguientes se rehaga la diligencia, se garanticen los derechos vulnerados y se reestablezcan las cosas al estado en que se encontraban antes de la vulneraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Inspector de Polic\u00eda querellado manifest\u00f3 que, contrario a lo afirmado por el actor, s\u00ed otorg\u00f3 el uso de la palabra a los ac\u00e1 agenciados, quienes no formularon oposici\u00f3n alguna a la celebraci\u00f3n de la diligencia, pues solo afirmaron ocupar el predio objeto de entrega, en calidad de empleados de los herederos de GGG, contratados para cuidarlo; inform\u00f3, adem\u00e1s, que la familia FFF (a quienes se le restituy\u00f3 el inmueble), suministr\u00f3 a AAA y a su familia el valor de un mes de arriendo para procurar su reubicaci\u00f3n, as\u00ed como el veh\u00edculo para efectuar la mudanza. <\/p>\n
Dijo tambi\u00e9n, que las oposiciones presentadas por quienes intervinieron en el acto procesal fueron remitidas al despacho comitente para lo de su competencia, al tiempo que solicit\u00f3 desestimar el resguardo por cuanto actu\u00f3 en estricto cumplimiento de una comisi\u00f3n emanada de autoridad judicial competente, respet\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de los interesados y los agenciados cuentan con instrumentos defensivos, dentro del tr\u00e1mite procesal, a los cuales deben acudir para la protecci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
2. El Juez XXX de Familia de XXX dio cuenta de las principales actuaciones surtidas en el juicio de sucesi\u00f3n, en especial respecto de la orden de entrega del inmueble XXX, aduciendo ser ajeno a las situaciones que se aducen en la presente salvaguarda pues \u00abla materializaci\u00f3n del despacho comisorio\u2026 compete exclusivamente a la autoridad comisionada\u00bb. <\/p>\n
3. La directora de la Regional XXX del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar solicit\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esa entidad dado que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno\u2026 m\u00e1s cuando los hechos que motivan la presente acci\u00f3n de tutela se encuentran fuera de la competencia del Instituto\u00bb. <\/p>\n
4. La Defensora de Familia adscrita al Juzgado XXX de Familia de XXX se\u00f1al\u00f3 que \u00able asiste raz\u00f3n al Defensor del Pueblo al indicar que en la diligencia\u2026 no se realiz\u00f3 conforme a lo establecido en el art\u00edculo 309 del C.G.P\u2026\u00bb al tiempo que no se acredit\u00f3 si, previo a adelantar la vista p\u00fablica, las autoridades involucradas en el desalojo procedieron a caracterizar a los afectados a efectos de que no quedaran desprotegidos. <\/p>\n
5. El Personero Auxiliar de XXX coadyuv\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda pues consider\u00f3 que los derechos fundamentales de los ac\u00e1 agenciados fueron cercenados \u00abal no haber sido interrogados\u00bb pese a que \u00abresid\u00edan\u00bb en el predio sobre el que reca\u00eda la diligencia, adem\u00e1s de que no se les brind\u00f3 \u00ablas garant\u00edas de un albergue provisional o medida alguna de atenci\u00f3n humanitaria y urgente, necesarias en cualquier diligencia de desalojo, pese a ser personas de especial protecci\u00f3n constitucional como v\u00edctimas del desplazamiento forzado\u00bb. <\/p>\n
6. El jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo y \u00abdesvincular\u00bb a esa entidad dada la evidente ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
7. Un abogado que dijo actuar en representaci\u00f3n de FFF3 se opuso a la prosperidad de la salvaguarda toda vez que, si bien los agenciados no fueron escuchados en la diligencia de entrega, ello obedeci\u00f3 a que \u00abel Inspector de Polic\u00eda no lo consider\u00f3 indispensable, pues\u2026 [AAA] fung\u00eda como encargado de la finca, es decir laboraba all\u00ed y quien deb\u00eda asumir esta responsabilidad era su empleador\u00bb. <\/p>\n
8. JJJ, por conducto de apoderado especial y una abogada que dijo ser apoderada del fallecido GGG4, adem\u00e1s de coadyuvar la petici\u00f3n de amparo con argumentos similares a los esbozados por el actor, solicitaron la protecci\u00f3n de sus propios derechos \u00abpor cuanto existi\u00f3 una extralimitaci\u00f3n de las funciones por parte de quien manifest\u00f3 actuar como sub comisionado, es decir el inspector de polic\u00eda\u2026 quien pese a no tener funciones jurisdiccionales actu\u00f3 abrog\u00e1ndose [sic] dichas facultades contrariando lo se\u00f1alado en los art\u00edculos 338 y 339 del CPC, hoy 308 y 309 del CGP, y m\u00e1s a\u00fan, desestimando la intervenci\u00f3n de [su] apoderado judicial pese a saber que la diligencia fue suspendida por ese mismo despacho\u2026 si haberse dado la oportunidad de pronunciarme frente a la oposici\u00f3n a formular y desconociendo que dicha oposici\u00f3n que solo se me permiti\u00f3 verbalizar hasta el d\u00eda 5 de noviembre de 2021 se hab\u00eda entregado en USB el d\u00eda 2 de noviembre\u2026 por orden de ese mismo despacho\u2026 [SIC]\u00bb, al tiempo que efectu\u00f3 un extenso relato de lo que, en su sentir, son \u00abhechos y actos materiales constitutivos de posesi\u00f3n del se\u00f1or GGG \u00bb. <\/p>\n
9. III, a trav\u00e9s de apoderado, solicit\u00f3 denegar la tutela por improcedente pues, por una parte, desatiende el presupuesto de la subsidiariedad dado que los agenciados cuentan con instrumentos al interior de la actuaci\u00f3n para procurar la defensa de sus intereses y, por otra, aquellos \u00abno son opositores v\u00e1lidos o id\u00f3neos en estricto derecho, por no ser poseedores, ni tener inter\u00e9s leg\u00edtimo en la entrega del predio\u00bb, discusi\u00f3n que, en todo caso, debe ser dilucidada en el respectivo proceso. <\/p>\n
10. El jefe de la Oficina Jur\u00eddica del municipio de XXX pidi\u00f3 desestimar el ruego, en lo que a ese ente territorial ata\u00f1e, \u00abante la inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada\u00bb por cuanto el inspector querellado actu\u00f3 con estricto apego a la ley y a la comisi\u00f3n otorgada por la autoridad judicial competente. <\/p>\n
FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 las s\u00faplicas al encontrar desatendido el presupuesto de la subsidiariedad, en la medida que los agenciados cuentan con instrumentos de defensa a los que deben acudir a efectos de procurar la protecci\u00f3n de sus derechos, tanto para buscar la invalidaci\u00f3n de lo actuado en el tr\u00e1mite de entrega del inmueble que dicen ocupar -efectuando tal petici\u00f3n al juez competente-, como la soluci\u00f3n de vivienda -ante la UARIV-. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que el desalojo practicado por el Inspector de Polic\u00eda, per se, no entra\u00f1a lesi\u00f3n a los derechos fundamentales de los afectados dado que se dio en cumplimiento de una orden judicial y en la diligencia estuvieron presentes delegados del ICBF y de la Personer\u00eda Municipal, quienes \u00abverificaron el estado f\u00edsico y escolar de los ni\u00f1os, brindaron concepto sobre su situaci\u00f3n socio familiar e hicieron acompa\u00f1amiento en cada una de las etapas evacuadas, exteriorizando sus apreciaciones a la autoridad que [la] presidi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Impugnaron la anterior determinaci\u00f3n el Defensor del Pueblo accionante y el apoderado de JJJ. <\/p>\n
El primero se\u00f1al\u00f3 que, la condici\u00f3n personal de los agenciados, la evidente lesi\u00f3n de sus derechos por parte del inspector accionado y lo que consider\u00f3 como \u00abmaniobras fraudulentas de funcionarios de la alcald\u00eda\u00bb, eran motivos suficientes para que el tribunal a quo flexibilizara el examen del presupuesto de la subsidiariedad y se embarcara en el examen de fondo del asunto. <\/p>\n
Por su parte, el profesional del derecho, adem\u00e1s de solicitar la aplicaci\u00f3n menos estricta del requisito de procedibilidad antedicho, insisti\u00f3 en sus propias alegaciones y pretensiones formuladas en su escrito de respuesta y coadyuvancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda convocada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de los agenciados, presuntamente por no permitirles formular oposici\u00f3n en la diligencia de entrega celebrada, en cumplimiento de la comisi\u00f3n otorgada por el Juzgado XXX de Familia de XXX, entre el 2 y el 5 de noviembre de 2021, dentro de la sucesi\u00f3n 0000-00000. <\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, tiene cabida para proteger de manera inmediata derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de organismos p\u00fablicos o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre que el interesado carezca de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que dicho instrumento, dada su naturaleza excepcional, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, de ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir a este remedio procesal, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC4972-2019, 24 abr.). <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Como se dijo, este mecanismo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia se presenta no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo que constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas procedentes para solucionar la presunta afectaci\u00f3n de derechos. <\/p>\n
En el presente asunto, se configura la segunda modalidad, dado que AAA, su compa\u00f1era sentimental y sus hijas cuentan con herramientas procesales en el asunto objeto de escrutinio para obtener la satisfacci\u00f3n de sus intereses, al tiempo que no acreditaron haber puesto en conocimiento del juez cognoscente las presuntas irregularidades que, seg\u00fan manifiestan, acaecieron en la diligencia de entrega, la que, dicho sea de paso, no ha concluido por cuanto se encuentra pendiente de resolver la recusaci\u00f3n formulada contra el inspector de polic\u00eda y las peticiones de nulidad presentadas por varios de los intervinientes en la vista p\u00fablica. <\/p>\n
No obstante, pese a tener dicha v\u00eda id\u00f3nea, los agenciados prefirieron acudir a esta particular senda, para obtener un pronunciamiento expedito frente a sus pretensiones y as\u00ed lograr la suspensi\u00f3n de una diligencia de entrega que tiene su sustento en una decisi\u00f3n judicial ejecutoriada hace mucho tiempo, obviando que es al interior del respectivo proceso donde se deben ventilar cuestiones como las que aqu\u00ed se plantearon para que sean atendidas por quien tiene asignada la facultad de emitir una determinaci\u00f3n, lo cual desnaturaliza la verdadera esencia de esta herramienta supralegal que ha sido erigida para proteger derechos fundamentales y no para arrogarse atribuciones que no le corresponden al juez constitucional. <\/p>\n
Significa lo anterior que el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad conlleva la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, comoquiera que, es deber del interesado, agotar todas las herramientas de defensa antes de ejercer la acci\u00f3n tuitiva. <\/p>\n
5. Consideraci\u00f3n final <\/p>\n
Ahora bien, la Sala no emitir\u00e1 pronunciamiento en torno a las peticiones del apoderado de JJJ habida consideraci\u00f3n que dicho interviniente fue convocado al presente tr\u00e1mite constitucional como tercero con inter\u00e9s en el resultado de la actuaci\u00f3n, de all\u00ed que no pueda mutar la calidad que tiene para convertirse en demandante y formular pretensiones propias del actor, sin brindarle a los dem\u00e1s sujetos la oportunidad de pronunciarse. <\/p>\n
As\u00ed pues, si dicha parte tiene reparos en torno al tr\u00e1mite dado a la comisi\u00f3n conferida por la c\u00e9lula judicial, debe presentarlos al interior de la actuaci\u00f3n, a trav\u00e9s de las herramientas procesales establecidas por el legislador para que el juez competente los eval\u00fae y decida lo que en derecho corresponda y no buscar, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, un pronunciamiento expedito por fuera de los senderos ordinarios. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Como consecuencia de lo analizado, se ratificar\u00e1 el fallo censurado, en tanto que el resguardo implorado desatiende el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002 Fijados en varias zonas del barrio donde se encuentra ubicada la heredad y entregados a los miembros de la Junta de Acci\u00f3n Comunal <\/p>\n
3\u0002 No alleg\u00f3 poder especial otorgado para este tr\u00e1mite, que diera cuenta de la calidad en que dice actuar. <\/p>\n
4\u0002 Esta profesional del derecho tampoco alleg\u00f3 poder especial conferido para actuar en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
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