STC555-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC555-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2021-00228-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el primero de diciembre de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Felipe Arzayus Rinc\u00f3n contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa localidad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso e igualdad, que dice vulneradas por el juzgado convocado, por lo que pidi\u00f3 \u00abdeclarar la nulidad del auto interlocutorio\u2026 del 7 de septiembre de 2021\u00bb y, en consecuencia, ordenar a la sede judicial acusada que \u00abpara efectos de continuar con el desarrollo del proceso de liquidaci\u00f3n [criticado], debe ce\u00f1irse estrictamente a los postulados y\/o procedimientos contenidos en la Ley 1116 de 2006, por cuanto no es posible dar aplicaci\u00f3n al Decreto 772 de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ante el juzgado accionado se adelanta proceso de liquidaci\u00f3n judicial de persona natural comerciante Felipe Arzayus Rinc\u00f3n, tr\u00e1mite en el que, mediante prove\u00eddo del 7 de septiembre de 2021, se autoriz\u00f3 a la liquidadora \u00abpara que acuda al mecanismo de venta por martillo electr\u00f3nico previsto en el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del decreto legislativo 772 de 2020, para la enajenaci\u00f3n de los bienes que hacen parte del inventario del concursado\u00bb, decisi\u00f3n que el deudor censur\u00f3 en reposici\u00f3n, recurso desestimado con prove\u00eddo del 2 de noviembre siguiente. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el estrado querellado \u00abal autorizar a la liquidadora del concurso a realizar la venta de los bienes bajo el mecanismo del martillo electr\u00f3nico\u2026 va en contrav\u00eda de lo dispuesto en\u2026 la Ley 1116 de 2006\u00bb, toda vez que \u00abno tuvo en cuenta que, la figura de la subasta privada de vieja data ya se encontraba establecida en la Ley 1116 de 2006, pero bajo una premisa fundamental, y es que el valor de venta NO puede ser inferior al 100% del aval\u00fao comercial del inmueble\u2026\u00bb; y que \u00aben el evento de efectuarse una venta por el 70% del valor de los inmuebles, o sobre una base del 50%, como lo permite el decreto 772 de 2020, va en detrimento de los intereses de los acreedores, bajo el entendido de que el Decreto 772 de 2020, fue expedido y debe ser aplicado bajo lineamientos muy especiales, que no son los que aplican en el caso concreto\u00bb. <\/p>\n
1. Mar\u00eda Elda N\u00fa\u00f1ez, en su condici\u00f3n de liquidadora designada en el proceso criticado, defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
2. El abogado Luis Fredy S\u00e1nchez Casas, quien dijo fungir \u00abcomo apoderado judicial especial\u00bb de Yara Colombia SA, sin que aportara mandato que lo facultara para representarla en esta sumaria tramitaci\u00f3n, pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
3. Banco Coomeva SA pidi\u00f3 \u00abdespachar favorablemente el amparo de tutela solicitado\u2026\u00bb, al considerar que le asiste raz\u00f3n al accionante. <\/p>\n
4. El municipio de Buga tambi\u00e9n defendi\u00f3 la legalidad del litigio criticado. <\/p>\n
5. El municipio de Calima \u2013 El Dari\u00e9n rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abla decisi\u00f3n censurada\u2026, que autoriz\u00f3 la venta de los bienes a trav\u00e9s del mecanismo de martillo electr\u00f3nico\u2026, lo cual a su vez implica efectuarla, la primera vez por un precio no menor al 70% del aval\u00fao y la segundo en proporci\u00f3n al 50% del mismo, no adolece de ninguno de los defectos que autorizan la intervenci\u00f3n del juez de tutela en el tr\u00e1mite ordinario\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor precis\u00f3 que la sede judicial acusada \u00abno permiti\u00f3\u2026 que\u2026 la liquidadora\u2026 promoviera todas las gestiones pertinentes para lograr la venta de los bienes durante el plazo establecido\u2026, sino que, por el contrario, y aun encontr\u00e1ndose dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado para la venta directa, se autoriz\u00f3 el uso de un mecanismo que afecta los intereses del deudor\u2026\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, reiter\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 772 de 2020, tiene su alcance espec\u00edficamente bajo los lineamientos propios del citado art\u00edculo 6\u00b0, en el que con claridad se estableci\u00f3 que dichos lineamientos fueron fijados para aquellos procesos de liquidaci\u00f3n judicial de los deudores afectados por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica, provocada por causa de la pandemia, por lo tanto, basta con analizar la fecha en la que [su] proceso liquidatorio fue admitido para comprender que, su origen no estuvo, y nunca ha estado provocado, por causa de la pandemia, motivo por el cual, el desarrollo del procedimiento para la venta de los activos debe de seguirse de acuerdo a lo contemplado en la ley 1116 de 2006. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Con base en tales premisas y examinado el prove\u00eddo del 2 de noviembre de 2021, que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n que se formul\u00f3 contra el auto de 7 de septiembre de 2021, desde la perspectiva ius fundamental, se anticipa la prosperidad del resguardo, comoquiera que el juzgado accionado en la prenotada providencia, desestim\u00f3 el mencionado medio de impugnaci\u00f3n, sin analizar la totalidad de argumentos que esgrimi\u00f3 el deudor, espec\u00edficamente, aquellos enfilados a cuestionar la aplicaci\u00f3n del decreto legislativo 772 de 2020 al proceso liquidatorio objeto de censura constitucional. <\/p>\n
En efecto, dicho estrado judicial, tras rese\u00f1ar las normas que consider\u00f3 aplicables al asunto bajo su an\u00e1lisis, entre ellas el art\u00edculo 6\u00b0 del prenotado decreto, limit\u00f3 su consideraci\u00f3n a se\u00f1alar que: <\/p>\n
Descendiendo al caso que nos ocupa, tenemos que la inconformidad plasmada radica en el hecho de haberse autorizado por parte de este Despacho, la enajenaci\u00f3n de los bienes que hacen parte del inventario del concursado, por el martillo electr\u00f3nico, concretamente en el precio base para hacer postura. <\/p>\n
As\u00ed pues, una vez analizados los argumentos tra\u00eddos a colaci\u00f3n por el recurren, encontramos que, contrario a lo expuesto, los acreedores Yara Colombia SA, Bancolombia SA, Bancoomeva, y el municipio de Buga (V), est\u00e1n de acuerdo con que se lleve a cabo la enajenaci\u00f3n de los bienes del concursado por el sistema de martillo electr\u00f3nico, cuya precio de base para hacer postura no ser\u00e1 inferior al setenta por ciento (70%) del aval\u00fao y, de no lograrse la venta, el precio base para un segundo remate ser\u00e1 del cincuenta por ciento (50%) del aval\u00fao, lo que indica que estos no consideran un detrimento en sus intereses, sino que por el contrario, comparten la decisi\u00f3n adoptada por el despacho pues, seg\u00fan lo manifestado en sus escritos, es preferible percibir dinero y no la adjudicaci\u00f3n de bienes que implica quedar en comunidad con otros acreedores, entre otras vicisitudes. Ahora bien, revisado el porcentaje de derechos de votos que tienen estos acreedores, seg\u00fan el proyecto aprobado mediante acta Nro.18 del 25\/6\/21, nos topamos con que estos representan el 69,243% de los votos. <\/p>\n
Por lo anterior, y atendiendo el hecho de que contamos con el aval de la mitad m\u00e1s uno (1) de los votos para que se lleve a cabo la enajenaci\u00f3n de los bienes del concursado en la forma dispuesta en el interlocutorio Nro. 519 del 7 de septiembre de 2021, y as\u00ed cumplir con el prop\u00f3sito perseguido por la Ley en esta clase de asuntos, este Juzgador haciendo uso de las facultades y atribuciones que le concede la Constituci\u00f3n y la Ley, no acceder\u00e1 a la petici\u00f3n del recurrente, teniendo en cuenta adem\u00e1s que no se cumplir\u00eda la finalidad de la subasta, si quien resulta postor tiene que asumir el pago de todo el porcentaje del avalu\u00f3, el impuesto de remate y la comisi\u00f3n por la utilizaci\u00f3n del martillo electr\u00f3nico <\/p>\n
Entonces, evidente es que el juzgado enjuiciado, para confirmar su decisi\u00f3n de 7 de septiembre de 2021, que autoriz\u00f3 a la liquidadora \u00abpara que acuda al mecanismo de venta por martillo electr\u00f3nico previsto en el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del decreto legislativo 772 de 2020, para la enajenaci\u00f3n de los bienes que hacen parte del inventario del concursado\u00bb, s\u00f3lo tuvo en cuenta que la mayor\u00eda de los acreedores intervinientes estaban conformes con tal determinaci\u00f3n, sin hacer consideraci\u00f3n alguna entorno a la aplicaci\u00f3n del decreto 772 de 2020, a pesar que esa era uno de los aspectos que expresamente cuestion\u00f3 el recurrente. <\/p>\n
En efecto, sobre ese particular, el deudor expres\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026, existe una norma especial en la ley 1116 de 2006, que permite una subasta privada, la cual no puede ser inferior al 100% del valor del aval\u00fao, y en este caso no podr\u00edan aplicar los lineamientos del decreto 772 de 2020, pues este decreto es claro en manifestar que se aplica para efectos de mitigar los efectos de la pandemia en los deudores, y el tr\u00e1mite del suscrito se inici\u00f3 un a\u00f1o antes de la pandemia, por lo tanto, dicha norma no aplica, aunado a que existe una norma especial sobre el particular que \u00b4por supuesto se debe aplicar\u2026 <\/p>\n
En suma, la decisi\u00f3n objeto de la petici\u00f3n de amparo carece de la debida fundamentaci\u00f3n, por no pronunciarse sobre el rese\u00f1ado argumento de la reposici\u00f3n que se formul\u00f3 contra el auto de 7 de septiembre de 2021; omisi\u00f3n que, sin duda, trasgrede las garant\u00edas fundamentales del gestor, por cuanto \u00ab\u2026 la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u2026\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00). <\/p>\n
4. Las consideraciones que anteceden, imponen la revocatoria del fallo impugnado, para en su lugar, acceder al resguardo rogado, ante la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso del promotor, por lo que se ordenar\u00e1 al juzgado accionado dejar sin valor y efecto el prove\u00eddo de 11 de noviembre de 2021, para que adopte una nueva decisi\u00f3n en la cual tenga en cuenta las consideraciones precedentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca la sentencia impugnada, en su lugar, concede, parcialmente, el amparo al derecho al debido proceso de Felipe Arzayus Rinc\u00f3n. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buga, que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia, deje sin efecto el auto de 2 de noviembre de 2021, que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n que se formul\u00f3 contra el prove\u00eddo de 7 de septiembre de esas mismas calendas. <\/p>\n
Segundo: Cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino no superior a 15 d\u00edas, emita una nueva providencia, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
Tercero: Rem\u00edtase copia de esta providencia al prenotado juzgado y al a quo constitucional para que este \u00faltimo vele por su cumplimiento. <\/p>\n
Cuarto: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
5 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC555-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC555-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2021-00228-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el primero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60764","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60764","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60764"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60764\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60764"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60764"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60764"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}