STC557-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC557-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00671-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 15 de diciembre de 2021, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Carlos Jos\u00e9 Buitrago Solano contra el Juzgado Noveno Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el divisorio n\u00b0 2004-00140. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Del contenido del libelo incoativo, as\u00ed como las dem\u00e1s intervenciones del accionante durante el decurso de la primera instancia, se colige que lo que reclama \u2013en nombre propio- es la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido por la decisi\u00f3n del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga de decretar la divisi\u00f3n material del predio sobre el que versa el juicio que ac\u00e1 interesa, reconociendo un derecho de dominio en favor de quien no lo obtuvo en forma leg\u00edtima, y desconociendo que \u00e9l es el verdadero y \u00fanico poseedor de la heredad. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se dejen sin efecto las anotaciones de la matr\u00edcula mercantil con las cuales se ha visto mermado su derecho de dominio, especialmente aquellas que ata\u00f1en al ileg\u00edtimo derecho de copropiedad de Mar\u00eda Delia Ortiz Rangel. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga hizo un recuento de las m\u00faltiples solicitudes que le ha formulado el accionante con el mismo prop\u00f3sito que aqu\u00ed persigue y recalc\u00f3 que la providencia en la que se decret\u00f3 la divisi\u00f3n del controvertido inmueble se dict\u00f3 el 6 de junio de 2018. <\/p>\n
2. La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Piedecuesta (Santander) manifest\u00f3 que esa entidad no ha trasgredido ning\u00fan derecho fundamental del convocante y agreg\u00f3 que a\u00fan no se ha recibido solicitud de registro relativa al juicio divisorio que incumbe a esta tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga hizo un recuento de la sucesi\u00f3n en cuya virtud el querellante obtuvo su derecho de copropiedad sobre el predio en disputa y adem\u00e1s pidi\u00f3 que se le desvinculara de esta actuaci\u00f3n, al no haber tenido injerencia en el proferimiento de las decisiones que son objeto de censura. <\/p>\n
4. Mar\u00eda Delia Ortiz Rangel aleg\u00f3 que esta tramitaci\u00f3n no es m\u00e1s que un nuevo intento del accionante de revivir discusiones ya definidas y seguir entorpeciendo el normal desarrollo del accidentado juicio divisorio. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal deneg\u00f3 el amparo, por estimar que no satisface el presupuesto de inmediatez. Agreg\u00f3 que el juez de tutela no puede inmiscuirse en asuntos que son de competencia exclusiva de las autoridades registrales y que si lo que pretende el actor es que se le declare \u00fanico due\u00f1o del inmueble en disputa, por haberlo adquirido por el modo de la prescripci\u00f3n, debe as\u00ed reclamarlo mediante los mecanismos judiciales correspondientes. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante insistiendo en sus alegaciones iniciales y recalcando que los magistrados de primera instancia debieron apartarse del conocimiento de este tr\u00e1mite constitucional, por haber fungido como falladores de segundo grado en el juicio divisorio. <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la solicitud de amparo satisface los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad y, de superarse lo anterior, si el juzgador fustigado vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas en el libelo introductor por acceder a la divisi\u00f3n material del predio, cuya titularidad comparte el hoy recurrente. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general, este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la cuestionada divisi\u00f3n material del fundo sobre el que versa esta tramitaci\u00f3n, fue decretada por el fallador convocado mediante auto de 6 de junio de 2018, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el 1\u00ba de diciembre de 2021, es decir, m\u00e1s de tres a\u00f1os despu\u00e9s. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el eventual afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho: \u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep.; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
3.2. De otra parte, tampoco se adujo en esta sede explicaci\u00f3n v\u00e1lida que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, pues, si bien es cierto que puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional, ello no sucedi\u00f3 en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. El presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional tambi\u00e9n se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre, entre otros eventos, cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria. <\/p>\n
Tal hip\u00f3tesis tambi\u00e9n se configura en esta oportunidad, puesto que el recurso de apelaci\u00f3n que el hoy quejoso formul\u00f3 contra la providencia que decret\u00f3 la divisi\u00f3n del predio, finalmente fue declarado desierto en consideraci\u00f3n a que dicho litigante no sufrag\u00f3 la totalidad de las copias que se requer\u00edan para tramitarlo (autos de 9 de agosto y 10 de octubre de 2018). <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023, entre otras). <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (STC5331-2014, STC5341-2014, entre otras). <\/p>\n
5. Acotaci\u00f3n final. <\/p>\n
Los argumentos reci\u00e9n expuestos explican el por qu\u00e9 no le asiste raz\u00f3n al querellante en cuanto discuti\u00f3 la competencia del Tribunal Superior de Bucaramanga para tramitar, en primera instancia, esta acci\u00f3n constitucional, puesto que, en estricto sentido, esa colegiatura no profiri\u00f3 ninguna providencia relacionada con la fustigada divisi\u00f3n. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 desestimado por no concurrir los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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