STC561-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC561-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00886-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 15 de diciembre de 2021, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jhon Fredy Loaiza Ortiz contra los Juzgados Tercero Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito de Soledad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio de efectividad de la garant\u00eda real n\u00b0 2018-00209. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con la decisi\u00f3n del fallador convocado de disponer la continuidad de la ejecuci\u00f3n promovida en su contra, pese a que el cr\u00e9dito en cuyo respaldo se constituy\u00f3 la garant\u00eda real sobre la que versa esa tramitaci\u00f3n, se encuentra al d\u00eda, y las otras dos acreencias por las que se adelanta el recaudo son de libre inversi\u00f3n y, por lo mismo, no se encuentran amparadas por el inmueble de su propiedad. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, manifest\u00f3 que, para conjurar esa irregularidad, apel\u00f3 el fallo de primera instancia del 23 de enero de 2019 (pero su censura se declar\u00f3 extempor\u00e1nea por auto de 20 de febrero de 2019); interpuso el recurso de queja contra este \u00faltimo prove\u00eddo, aunque el mismo tambi\u00e9n le fue desestimado el 16 de mayo de 2019 y, por \u00faltimo, elev\u00f3 una solicitud de nulidad por estimar trasgredida la l\u00ednea jurisprudencial que se ha sentado en la materia (igualmente sin \u00e9xito, puesto que tal petici\u00f3n le fue denegada en primera y segunda instancia, mediante providencias de 6 de mayo y 31 de agosto de 2021). <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se declare la nulidad del proceso promovido en su contra y se suspenda la diligencia de remate all\u00ed programada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Los falladores accionados y el Banco Coomeva (ejecutante en la actuaci\u00f3n que ata\u00f1e a este tr\u00e1mite constitucional) defendieron la legalidad de las providencias emitidas en ese juicio, por lo que pidieron desestimar la implorada salvaguarda. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo deneg\u00f3 el amparo, por estimar que el mismo no satisface los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez respecto de las providencias emitidas antes del a\u00f1o 2020 y por considerar razonable la argumentaci\u00f3n de los prove\u00eddos de 2021, con los cuales se rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad formulada por el accionante. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, alegando que el tribunal se limit\u00f3 a estudiar la tempestividad de su solicitud de amparo, sin reparar mayormente en la configuraci\u00f3n de la nulidad denunciada en su libelo introductor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las alegaciones contenidas en el escrito de impugnaci\u00f3n ameritan una modificaci\u00f3n de lo decidido por el fallador constitucional de primera instancia. <\/p>\n
Para esos efectos, habr\u00e1 de tenerse en cuenta que el convocante no elev\u00f3 reparo alguno en contra de las argumentaciones sobre cuya base el tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre la legalidad de las providencias emitidas por los falladores encartados con anterioridad al a\u00f1o 2020 (esto es, la falta de subsidiariedad e inmediatez respecto de esas decisiones) y centr\u00f3 su inconformidad en la resoluci\u00f3n adversa que dichos funcionarios le impartieron a su solicitud de nulidad procesal. <\/p>\n
En tal escenario, la Corte se circunscribir\u00e1 a determinar si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el escrito introductor, al confirmar el rechazo de plano de esa petici\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia de primera instancia, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones de naturaleza judicial, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto – razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el fallador accionado de segunda instancia refrend\u00f3 la desestimaci\u00f3n de su pedimento de invalidez procesal, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado, en raz\u00f3n a que tal determinaci\u00f3n obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas y la jurisprudencia que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, dicho juzgador record\u00f3 inicialmente que \u00abLa parte apelante, manifiesta su inconformidad, contra el auto de 6 de mayo de 2021, el cual resolvi\u00f3 rechazar de plano la solicitud de nulidad presentada por la parte demandada al considerar que la causal invocada no correspond\u00eda a las previstas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, advirti\u00f3 que \u00abeste Juzgado entrara a estudiar la figura de la nulidad, seg\u00fan la Sentencia T-125\/10 Corte Constitucional, \u201clas nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador \u2013y excepcionalmente el constituyente- les ha atribuido la consecuencia \u2013sanci\u00f3n- de invalidar las actuaciones surtidas. A trav\u00e9s de su declaraci\u00f3n se controla entonces la validez de la actuaci\u00f3n procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Sobre el mismo particular, record\u00f3 igualmente que \u00aben el proceso bajo estudio, la parte demandada fundamente su solicitud de nulidad en el art\u00edculo 51 de la Constituci\u00f3n pol\u00edtica de Colombia. \u201cART 51 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. CONDENA, LIQUDACION Y COBRO. Art\u00edculo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijar\u00e1 las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover\u00e1 planes de vivienda de inter\u00e9s social, sistemas adecuados de financiaci\u00f3n a largo plazo y formas asociativas de ejecuci\u00f3n de estos programas de vivienda\u201d\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, luego de recordar las causales de nulidad que contempla el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, coligi\u00f3 que \u00aben estricto sentido, y bajo un entendimiento exeg\u00e9tico de la disposici\u00f3n legal no habr\u00eda lugar a reconocer la nulidad. Adem\u00e1s, en atenci\u00f3n al principio de taxatividad que rige en materia de nulidades, es claro que la situaci\u00f3n advertida no halla consagraci\u00f3n legal expresa. Es claro, entonces, que la presunta vulneraci\u00f3n al derecho consagrado en el art\u00edculo 51 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, no implic\u00f3 vulneraci\u00f3n alguna del Derecho Fundamental al Debido Proceso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la decisi\u00f3n materia de censura es razonable y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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