STC562-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC562-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 6 de diciembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la tutela que Aura Luz Palomino, Juan Carlos Forero Ramos y Viviana Meliza Certuche Mera le instauraron al Juzgado Doce Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas exigieron la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que se ordenara al estrado enjuiciado \u00abdejar sin efecto (\u2026) el auto n\u00ba 223 del 7 de octubre de 2021, con el que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra el [prove\u00eddo] que liquid\u00f3 y aprob\u00f3 costas de fecha 17 de marzo de 2021\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujeron que el estrado convocado desestim\u00f3 las pretensiones en el juicio de \u201cresponsabilidad civil m\u00e9dica\u201d que le promovieron a Saludcoop EPS y la Cl\u00ednica Nuestra Se\u00f1ora de los Remedios con ocasi\u00f3n al \u201cfallecimiento prematuro\u201d de Alba Mar\u00eda L\u00f3pez de Mu\u00f1oz el 22 de noviembre de 2007 al finalizar el procedimiento -CPER- \u201ccolangiopancreatograf\u00eda endosc\u00f3pica retr\u00f3grada\u201d (rad. 2016-00057) y fij\u00f3 como \u201cagencias en derecho\u201d la suma de $4\u2019000.000 (4 dic. 2018). <\/p>\n
Sostuvieron que dicha sentencia la ratific\u00f3 el superior, quien se\u00f1al\u00f3 como \u201cagencias en derecho\u201d el monto de $1\u2019000.000 (26 nov. 2019); en ese orden, devuelto el infolio al despacho de origen, se \u201cliquidaron y aprobaron\u201d las \u201ccostas procesales\u201d en $5\u2019000.000 (17 mar. 2021). <\/p>\n
Refirieron que esa determinaci\u00f3n fue recurrida por la pasiva, alegando que el valor calculado en primera instancia -4 dic. 2018- estaba por debajo de los par\u00e1metros legales creados por el Consejo Superior de la Judicatura y exigieron rehacer dicha operaci\u00f3n matem\u00e1tica. <\/p>\n
Relataron que el a quo revoc\u00f3 lo resuelto para, en su lugar, \u201cfijar como agencias en derecho en primera instancia la suma de $23\u2019814.576 que equivalen al 1.5% del valor pedido en la demanda\u201d disponiendo la modificaci\u00f3n de la \u201cliquidaci\u00f3n de costas\u201d en $24\u2019814.576 (7 oct.). <\/p>\n
Tildaron de irregular esa reforma, ya que el art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso \u201cno puede involucrar desde ninguna perspectiva la afectaci\u00f3n del contenido material de lo decidido, pues dicha concepci\u00f3n afectar\u00eda valores superiores como la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada\u201d; adem\u00e1s, se \u201capart[\u00f3] de las tarifas legales\u201d creadas por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
Agregaron que el \u201cvalor de las agencias en derecho fue fijada mediante sentencia del 4 de diciembre de 2018 y no en el auto que es objeto de recurso, por lo cual no es posible alterar el valor establecido por el Juzgado en la primera instancia por no ser el momento procesal para tal fin\u201d. <\/p>\n
2.- Saludcoop EPS pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Suprior de Cali neg\u00f3 el auxilio, tras verificar, respecto de Aura Luz Palomino y Viviana Meliza Certuche Mera que \u00abno forman parte de los demandantes, sino que fueron las abogadas de ellos, careciendo de legitimaci\u00f3n para presentar la tutela, dichas abogadas, tampoco adjuntan mandato para esta acci\u00f3n constitucional procedente del accionante Juan Carlos Forero Ramos o de los dem\u00e1s demandantes del proceso de responsabilidad civil m\u00e9dica\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 frente a Juan Carlos Forero, que la salvaguarda \u00abno cumple con el requisito de subsidiariedad, siendo que con la tutela se pretende se deje sin valor la providencia del 07 de octubre del corriente a\u00f1o en la que el Juzgado modific\u00f3 y aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas procesales y agencias en derecho, frente a lo cual se observa que el accionante, no obstante estar representado por apoderada judicial en el proceso verbal, no controvirti\u00f3 la decisi\u00f3n con la que se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas y agencias en derecho, sin hacer uso del recurso de apelaci\u00f3n dispuesto a su favor, dejando que la decisi\u00f3n se ejecutoriara, (\u2026) el auto que aprueba la liquidaci\u00f3n de costas y agencias en derecho, es factible controvertirlo mediante dicho recurso (Art. 366 del C.G.P.)\u00bb. <\/p>\n
2.- Apelaron los quejosos aduciendo que el Tribunal se alej\u00f3 de la \u201cverdad procesal\u201d al precisar que las \u201cagencias en derecho\u201d fueron se\u00f1aladas en el auto de 7 de octubre de 2021, comoquiera que \u00abello fue impuesto en la sentencia proferida el 4 de noviembre de 2018 (\u2026) y que cobr\u00f3 firmeza por no haber sido objeto de recurso alguno\u00bb. Insistieron en que el interlocutorio que \u201cmodific\u00f3\u201d tales emolumentos, no era susceptible de medio impugnaticio alguno, porque all\u00ed se zanj\u00f3 el \u201crecurso de reposici\u00f3n\u201d que incoaron las demandadas contra la \u201cliquidaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de costas\u201d -17 mar. 2021-. <\/p>\n
Destacaron que Viviana Meliza y Aura Luz Palomino s\u00ed est\u00e1n legitimadas para ejercer la guarda por los demandantes, habida cuenta que la \u00abvulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados igualmente\u00bb se extiende a ellas, atendiendo a que la actuaci\u00f3n recriminada \u00absin duda alguna impide que cumplan con el mandato conferido (\u2026), plasmado adem\u00e1s en un contrato de servicios profesionales debidamente suscrito\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Delanteramente, se observa que Aura Luz Palomino y Viviana Meliza Certuche Mera no son parte ni terceras con \u00abinter\u00e9s\u00bb reconocido en el proceso de \u201cresponsabilidad civil m\u00e9dica\u201d que concita la atenci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, circunstancia que descarta su \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb para refutar, por esta excepcional v\u00eda, los prove\u00eddos all\u00ed emitidos, ya que tal y como lo ha esbozado la Sala, de tiempo atr\u00e1s, <\/p>\n
\u201c(\u2026) cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal (Negritas ajenas al texto – STC9841-2021). <\/p>\n
Ello, si se tiene en cuenta que los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como presupuesto para su ejercicio que quien as\u00ed obre tenga \u00abun inter\u00e9s que legitime\u00bb su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales derivadas de \u00abactuaciones o providencias judiciales\u00bb, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o son terceros a quienes afecta. <\/p>\n
As\u00ed lo ha predicado la Corte al recalcar, en torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) \u201cla persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. Negritas ajenas al texto (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611-2018 y en STC7513-2021 entre otras). <\/p>\n
2.- Ahora, en lo que concierne con Juan Carlos Forero Ramos, de entrada, se anuncia que el desenlace opugnado ser\u00e1 ratificado, pero, porque el interlocutorio confutado -7 oct. 2021- expedido por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, liminarmente, plante\u00f3 el problema jur\u00eddico a solventar, ci\u00f1\u00e9ndolo en \u00abdeterminar si la liquidaci\u00f3n de costas y agencias en derecho\u00bb se encuentra acorde con los lineamientos legales o, por el contrario, \u00abest\u00e1 desprovista de sustento normativo\u00bb. En ese orden y descendiendo al sub j\u00fadice, destac\u00f3 en lo que respecta a la \u00abfijaci\u00f3n de agencias en derecho\u00bb, que se deb\u00eda dar aplicaci\u00f3n al \u201cAcuerdo n\u00ba 222 de 2003\u201d en donde se plasm\u00f3 que, \u00aben los procesos ordinarios de primera instancia, (\u2026) se fijar\u00e1 hasta un 20% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia\u00bb, ya que el actual \u201cAcuerdo n\u00ba 10554 de 2016\u201d dispuso expresamente que regir\u00eda para los juicios iniciados despu\u00e9s de su entrada en vigor. <\/p>\n
Bajo ese derrotero, reliev\u00f3 que las \u00abcostas procesales\u00bb son la carga econ\u00f3mica que debe afrontar \u00abquien no ten\u00eda la raz\u00f3n, es decir quien obtuvo decisi\u00f3n desfavorable\u00bb, y comprenden \u00ablas expensas erogadas por la otra parte y las agencias en derecho que deben ser una razonable compensaci\u00f3n econ\u00f3mica por la gesti\u00f3n profesional realizada, que descarta excesos o defectos repugnantes a los principios de justicia y equidad\u00bb. <\/p>\n
Y, en torno al \u00edtem de \u00abagencias en derecho\u00bb, asever\u00f3 que, de conformidad con el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, la tasaci\u00f3n debe estar presidida por las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura \u00abSi aquellas establecen solamente un m\u00ednimo, o este y un m\u00e1ximo, el juez tendr\u00e1 en cuenta, adem\u00e1s, la naturaleza, calidad y duraci\u00f3n de la gesti\u00f3n realizada por el apoderado o la parte que litig\u00f3 personalmente, la cuant\u00eda del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el m\u00e1ximo\u00bb. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, coligi\u00f3 que, en verdad asist\u00eda raz\u00f3n al extremo pasivo de la lid, puesto que el rubro calculado en primera instancia por concepto de \u00abagencias en derecho\u00bb, no se ajustaba a los requisitos pregonados en el \u201cAcuerdo n\u00ba 222 de 2003\u201d y, por tanto, se hac\u00eda imperioso modificar las cifras, habida cuenta que, <\/p>\n
\u00abno constituyen una retribuci\u00f3n justa al trabajo profesional desempe\u00f1ado por la parte demandada, pues se puede apreciar que el valor de las pretensiones plasmadas en el Libelo de la demanda asciende a la suma $1.587.638.462 y el valor fijado como agencias en derecho a cargo de la parte demandante como consecuencia de la negaci\u00f3n de las pretensiones fue la suma de $4.000.000, es decir un 0.251%, lo que claramente indica que est\u00e1 muy por debajo del porcentaje que el referido acuerdo establece\u00bb. <\/p>\n
Con ese raciocinio, concluy\u00f3 que la suma prevista en \u00abprimera instancia (\u2026) e[ra] insuficiente\u00bb, existiendo, adem\u00e1s, argumentos que permit\u00edan su alteraci\u00f3n; as\u00ed, procedi\u00f3 a tener \u00abcomo base el valor de las pretensiones de la demanda las cuales ascienden a la suma de $1.587.638.462, y fijar como agencias en derecho (\u2026) un porcentaje del 1.5% de este valor es decir la suma de $23.814.576\u00bb. <\/p>\n
Sobre dicho t\u00f3pico, la Corte adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De la arm\u00f3nica lectura de ese par de art\u00edculos emerge que, en torno a la imposici\u00f3n de las \u201ccostas\u201d, se diferencian dos claros momentos: el primero, es aquel en el que se realiza la \u201ccondena\u201d en \u201ccostas\u201d, esto es, se trata de ese instalamento en que se determina que hay lugar a tal imposici\u00f3n en punto de la parte procesal que se hizo merecedora de lo propio, siendo que tal ocasi\u00f3n se hace tangible, c\u00f3mo no, a la hora de ser dictada la sentencia o el auto que \u201cresuelva la actuaci\u00f3n que dio lugar\u201d a aquella, oportunidad \u00e9sta en que tambi\u00e9n se habr\u00e1 de \u201cfijar\u201d, es decir, precisar o estipular, \u201cel valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cLa \u201cliquidaci\u00f3n\u201d de las costas, entonces, se erige en la segunda etapa que sobre el particular ha de desplegarse, o sea, es la que se materializa una vez efectuada la condena, posteriormente a ella, y en la que se entra a indicar cu\u00e1l es la cantidad numeraria en que ella se concreta, eslab\u00f3n este en el cual, se podr\u00e1 entrar a rebatir, mediante \u201cobjeci\u00f3n\u201d, entre otras cosas, la \u201cfijaci\u00f3n\u201d de las \u201cagencias en derecho\u201d que anteriormente ya fuera efectuada; dicho en otras palabras, en esa precisa etapa procedimental se podr\u00e1 disputar acerca del quantum que en antes se hab\u00eda fijado o establecido a t\u00edtulo de agencias en derecho, mas no, en modo alguno, es dable que ese medio de contradicci\u00f3n se emplee para reclamar una contingente falta de condena, por cuanto que tal tema ya qued\u00f3 zanjado en su oportuno momento, es decir, desde cuando se dict\u00f3 la \u201csentencia\u201d o el \u201cauto\u201d que la impuso (\u2026)\u00bb (CSJ STC155-2016, replicada en la STC-STC3869-2020). <\/p>\n
De ah\u00ed que, con ese entendimiento, ning\u00fan desatino se advirti\u00f3 en la resoluci\u00f3n debatida, puesto que es el producto de un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de que el inconforme comparta o no tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis, avalada por el contexto particular que revelaba el infolio. <\/p>\n
3.- Ergo, se impone confirmar el desenlace impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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