STC569-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC569-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 41001-22-14-000-2021-00271-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 9 de diciembre de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en la tutela que la Cl\u00ednica Cardiovascular Coraz\u00f3n Joven S.A. le instaur\u00f3 a los Juzgados Quinto Civil Circuito, Primero Laboral Circuito, Primero Civil Circuito, Primero Civil Municipal, Cuarto Municipal de Peque\u00f1as Causas Y Competencias M\u00faltiples, todos de la misma localidad, extensiva a las partes e intervinientes en los consecutivos 4100131300520140025400, 41001310500120190021500, 4100131030120200005600, 41001400300120190040000, 41001418900420200076800. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La gestora, a trav\u00e9s de su representante legal, suplic\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abseguridad jur\u00eddica, trabajo y salud\u00bb para que se accediera a las siguientes pretensiones: <\/p>\n
\u00ab(i) Se amparen los derechos fundamentales enunciados en el asunto de la referencia y se tutele la inembargabilidad de los recursos de la salud pagados por las diferentes EPS con ocasi\u00f3n la prestaci\u00f3n del servicio de la salud en ejecuci\u00f3n de los contratos suscritos. <\/p>\n
(ii) Se ordene de manera urgente, prevalente, preferente, impulsante, gestionante, la suspensi\u00f3n de los embargos correspondientes a las diferentes solicitudes elevadas por terceros en los diferentes despachos y se ordene la devoluci\u00f3n de los recursos que all\u00ed de momento se encuentren afectados a efectos de evitar un perjuicio irremediable que ponga en peligro la vida y salud de los pacientes. <\/p>\n
(iii) Se oficie a los dem\u00e1s juzgados donde se tengan procesos de embargo, recordando el cumplimiento de la ley sobre la inembargabilidad de los recursos proveniente del sistema de salud. <\/p>\n
(iv) Que se ordene el levantamiento de medidas cautelares que indican la afectaci\u00f3n del giro de recursos de la salud en atenci\u00f3n a la efectivizaci\u00f3n de contratos celebrados con las diferentes EPS- COMFAMILIAR DEL HUILA; AIC; COMPARTA; ASMETSALUD; ECOOPSOS; DEMAS ASEGURADORAS. <\/p>\n
(v) Que se profiera el levantamiento de las medidas cautelares que tiene la IPS en cuentas maestras, seg\u00fan certificaci\u00f3n del ADRES, que se encuentra destinadas para el manejo de los recursos del r\u00e9gimen contributivo y subsidiado en salud, ya que es la entidad ADRES, quien realiza peri\u00f3dicamente los giros directos a la IPS, por cuanto los traslados de los recursos se encuentran afectados con las diferentes ordenes de embargo emitidas por los despachos judiciales de Neiva, afectando con ello gravemente la operaci\u00f3n financiera de la IPS, causando un perjuicio irremediable en la salud de la poblaci\u00f3n altamente vulnerable de la zona sur-colombiana y en especial en esta emergencia econ\u00f3mica y sanitaria que atraviesa el mundo, el pa\u00eds y la regi\u00f3n . Los recursos sobre los cuales recaen las medidas cautelares hacen parte del Sistema General de la Seguridad Social en salud para la atenci\u00f3n de la poblaci\u00f3n de mayor protecci\u00f3n estatal- r\u00e9gimen subsidiado- por lo que el congelamiento de recursos, m\u00e1xime cuando son excesivos y objeto de debate jur\u00eddico, causan un perjuicio irremediable a los usuarios m\u00e1s vulnerables y a la IPS de no poder cumplir con la misional y no poder salvaguardar la vida, salud de los usuarios y no cumplir a cabalidad el objeto social para la cual fue creada\u00bb. <\/p>\n
Como fundamento, se\u00f1al\u00f3 que tiene como objeto social desde el a\u00f1o 2013, la prestaci\u00f3n de servicios en salud, entre ellos; \u00abSuministrar los diferentes servicios m\u00e9dicos en cardiolog\u00eda, servicios m\u00e9dicos en medicina interna, servicios m\u00e9dicos en cirug\u00eda vascular, servicios m\u00e9dicos de ex\u00e1menes en apoyo diagnostico cardiovascular, cerebral, vascular perif\u00e9rico, renal y de trasplante de todo nivel, consultas programadas, consultas de urgencias, cirug\u00edas programadas y de urgencia de todas las especialidades\u00bb, suscribiendo distintos contratos con las Entidades Promotoras de Salud del sector bajo las condiciones establecidas en la Ley 100 de 1993, y que \u00e9stos \u00abson por cierto monto, pero sin ninguna seguridad jur\u00eddica en cuanto a los tiempos, toda vez que las EPS y EPPS, pueden en un determinado momento y de forma unilateral, dar por terminado el contrato y no seguir enviando pacientes a las IPS que consideren\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica por los \u00abservicios prestados\u00bb, se realiza peri\u00f3dicamente con vencimiento de \u00abm\u00ednimo tres meses\u00bb, y que el no pago genera inestabilidad financiera y menoscaba las condiciones necesarias para seguir subsistiendo. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que la iniciaci\u00f3n de cobros coactivos en su contra con la solicitud de medidas cautelares por sus acreedores, colapsa \u00aba\u00fan m\u00e1s la calidad de prestaci\u00f3n de servicio de salud, por deficiencia de recursos para sostener con pago oportuno al personal m\u00e9dico, asistencial y administrativo, proveedores, as\u00ed como servicios p\u00fablicos y dem\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la reglamentaci\u00f3n nacional establece el principio de inembargabilidad de los recursos que cuentan con destinaci\u00f3n espec\u00edfica, con los cuales subsiste el sistema de salud, gozando \u00e9stos de \u00abespecial protecci\u00f3n constitucional.\u00bb <\/p>\n
Asegur\u00f3 que \u00abhan sido altamente vulnerados por los despachos judiciales referenciados, conllevando a la congelaci\u00f3n de recursos significativos en m\u00e1s de $2.500 millones de pesos, afectaci\u00f3n que en pandemia y m\u00e1s aun en pandemia desconoci\u00e9ndose la normatividad y poniendo en alto riesgo de que la Cl\u00ednica COVEN tenga que cerrar sus servicios, despedir a todo el personal, sumar a\u00fan m\u00e1s al hacinamiento de pacientes en otras IPS de la ciudad y la regi\u00f3n, ocasionar que las consultas externas y de cirug\u00edas programadas se extiendan a m\u00e1s tiempos, debilitando a\u00fan m\u00e1s el sistema, que en ultimas disminuye la calidad de los servicios m\u00e9dicos en Colombia y m\u00e1s grave a\u00fan en plena PANDEMIA COVID 2019\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que \u00abLos montos embargados son 100% m\u00e1s de lo adeudado, los cuales quedan en dep\u00f3sitos judiciales por largos tiempos, sin poder obtener los recursos sobrantes para utilizarlo en el sostenimiento de la cl\u00ednica, preocupando a\u00fan m\u00e1s que las medidas de cada juzgado se imponen en nuestro caso a todos los contratos, al mismo tiempo y pudiese en un mismo momento retenerse el monto embargado de un solo proceso en varias veces, reteni\u00e9ndose a\u00fan m\u00e1s dinero (Doble o triple)\u00bb. <\/p>\n
Aclar\u00f3 que \u00abAnte estas decisiones, por escrito hemos solicitamos el cumplimiento de la ley y aplicabilidad de todas las normas con relaci\u00f3n a la inembargabilidad de los recursos, pero no ha existido respuesta alguna, sinti\u00e9ndonos desamparados por la seguridad jur\u00eddica en Colombia\u00bb. <\/p>\n
2.- Los Juzgados querellados defendieron la legalidad de lo actuado, informando, a excepci\u00f3n del Quinto Civil del Circuito, que los expedientes sobre los que se indag\u00f3 est\u00e1n terminados. <\/p>\n
La Unidad de Tratamiento del Dolor SAS se opuso a la s\u00faplica. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 el auxilio, porque \u201cla vulneraci\u00f3n del derecho reclamado ha cesado, toda vez que los Juzgados Cuarto de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Neiva, Huila, Primero Civil del Circuito de Neiva, Huila, Primero Laboral del Circuito de Neiva, Huila y Primero Civil Municipal de Neiva, Huila, acreditaron que la decisi\u00f3n sobre la cual se edificaba el reproche en sede constitucional perdi\u00f3 su vigencia, toda vez que las medidas cautelares decretadas fueron levantadas, tal y como se evidencia con la documental obrante en el expediente contentivo de la acci\u00f3n constitucional\u201d. <\/p>\n
Negativa que extendi\u00f3 al Juzgado Quinto del Circuito porque \u00abno se han agotado los mecanismos ordinarios de protecci\u00f3n de sus derechos, existiendo legalmente los mismos dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil, puesto que sobre las diferentes medidas cautelares decretadas, cuya indebida aplicaci\u00f3n se duele en la acci\u00f3n de tutela, no se han incoado los recursos ordinarios de Ley, y que constituye para la \u00e9poca, el medio de defensa id\u00f3neo, conducente y eficaz, para la salvaguarda de los derechos objeto de amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
Impugn\u00f3 la promotora, esgrimiendo: (i) Se \u00abindica en (la) decisi\u00f3n que el hecho se encuentra superado, pero no se dio traslado de los pronunciamientos de los despachos judiciales\u00bb, (ii) Se inobserv\u00f3 que \u00ablas mismas decisiones judiciales de cautela afectan la plena operatividad cl\u00ednica, la afectaci\u00f3n de derechos fundamentales como lo son la salud, la vida, el trabajo, la productividad de empresa para el desarrollo de una misional\u00bb y, (iii) Que \u00abel Juez no examin\u00f3 mis argumentos acerca de la conducta omisiva por parte de la entidad accionada al no valorar claramente los argumentos peticionados y no hubo un an\u00e1lisis de fondo sobre las consideraciones de la tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte la improcedencia de la salvaguarda y, por ende, la ratificaci\u00f3n del veredicto refutado, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
1.1.- La Cl\u00ednica Cardiovascular Coraz\u00f3n Joven S.A. busca, a trav\u00e9s de esta v\u00eda superlativa, que los despachos convocados, suspendan el decreto de \u00abmedidas cautelares\u00bb sobre sus bienes porque est\u00e1n en riesgo sus finanzas. <\/p>\n
No obstante, ni las disertaciones de la Cl\u00ednica ni las pruebas obrantes en el paginario permiten colegir irregularidades en los tr\u00e1mites desplegados por los organismos conjurados, en tanto lo que se evidencia, es que los procesos a cargo de los Juzgados Primero Civil del Circuito (Rad.2020-00056-00), Cuarto de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples (Rad.2020-00768-00), Primero Laboral del Circuito (Rad.2019-00215-00) y Primero Civil Municipal (Rad.2019-00400-00) estaban terminados para la radicaci\u00f3n del amparo, cuya consecuencia por expresa disposici\u00f3n legal, impon\u00eda el levantamiento de las medidas decretadas y practicadas. <\/p>\n
Complementariamente, resalta la Sala que: (i) El reproche no deriva de las determinaciones que finalizaron los pleitos y, (ii) Los estrados acusados aludieron la firmeza de tales interlocutorios, circunstancias que conlleva la inexistencia de afectaci\u00f3n desde antes de la interposici\u00f3n de la queja supralegal. De suerte, que, ninguna trasgresi\u00f3n de atributos b\u00e1sicos se puede imputar a tales despachos judiciales. <\/p>\n
Frente a dicho t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha predicado, que \u00ab(\u2026) no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (STC, 5 sep. 2012, exp. 00630-014; STC6835-2019, 30 may. 2019, rad. 00114-01 y STC197-2021, 22 en. 2021, rad.00302-01). <\/p>\n
Necesit\u00e1ndose, adem\u00e1s: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, STC8053-2019, 20 jun. 2019, rad. 00231-01 y STC197-2021). <\/p>\n
1.2.- En lo concerniente a lo rituado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva (Rad.2014-00254-00), el panorama es distinto, ya que lo arg\u00fcido en su respuesta es que \u00abNinguna de las medidas cautelares decretadas han sido recurridas por la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
En este sentido, se recuerda que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente \u00absubsidiaria\u00bb y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de \u00abdefensa judicial\u00bb, no es dable acudir a este remedio especial, a menos que la salvaguarda se interponga de forma transitoria para evitar un detrimento irremediable. <\/p>\n
Al efecto, esta Sala ha predicado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01, citadas en STC8306-2021, 8 jul.). <\/p>\n
Significa, que no existiendo prueba de que el debate se puso en conocimiento de dicho juzgado, mal puede anticiparse su estudio ya que el legislador previ\u00f3 los \u00abmedios\u00bb ordinarios para el afectado ruegue el levantamiento, disminuci\u00f3n o limitaci\u00f3n de las \u00abcautelas\u00bb en los litigios, m\u00e1xime, si se trata de confrontar su legalidad (art\u00edculo 132 Ley 1564 de 2012) <\/p>\n
2.- Ahora, la desavenencia expresada por la precursora en la impugnaci\u00f3n, relacionada con que \u00abno se dio traslado de los pronunciamientos de los despachos judiciales\u00bb, carece de asidero, ya que el Decreto 2591 de 1991 que reglamenta este procedimiento, no establece tal actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo mismo sucede con la cr\u00edtica direccionada a que \u00abel Juez no examin\u00f3 mis argumentos acerca de la conducta omisiva por parte de la entidad accionada al no valorar claramente los argumentos peticionados y no hubo un an\u00e1lisis de fondo sobre las consideraciones de la tutela\u00bb, en raz\u00f3n a que, el a quo constitucional no analiz\u00f3 el fondo del asunto, ante la falta de los presupuestos para la viabilidad del ruego. Sin embargo, se observa que la impulsora no determin\u00f3 y menos concret\u00f3, cu\u00e1les eran las \u00abdecisiones\u00bb que atacaba y, aun as\u00ed, dicho aspecto lo verific\u00f3 el Tribunal de Neiva con los \u00abradicados\u00bb y con base en ello, resolvi\u00f3 de la forma conocida. <\/p>\n
3.- Ergo, se convalidar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y rem\u00edtase lo actuado a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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