STC576-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC576-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2021-01107-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 12 de noviembre de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Wilberto Villarraga Ram\u00edrez contra el Juzgado Veintisiete de Familia de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del juicio objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y petici\u00f3n, que dicen vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado acusado \u00abse deje sin efectos todo lo actuado en el proceso\u2026 para de esa manera \u2018tener la oportunidad de excepcionar contando con equidad e igualdad en la administraci\u00f3n de justicia\u00bb; y se deje sin efectos el acta de la audiencia de conciliaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro de un juicio de ejecutivo de alimentos adelantado por Judy Isabel Ram\u00edrez Gonz\u00e1lez, en representaci\u00f3n de su menor hija, contra Wilberto Villarraga Ram\u00edrez, el Juzgado Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1 con prove\u00eddo de 20 de mayo de 2021 libr\u00f3 mandamiento de pago, el 23 de julio siguiente requiri\u00f3 al ejecutado para que acreditara el derecho de postulaci\u00f3n y el 7 de septiembre del mismo a\u00f1o dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que se enter\u00f3 de la demanda por la medida cautelar decretada; que contest\u00f3 el libelo y contradijo las pretensiones en los t\u00e9rminos de ley, poniendo en conocimiento su situaci\u00f3n econ\u00f3mica, pues su salario es de $2.759.477 y tiene a su cargo a dos hijas, una hijastra, su esposa, su madre y cr\u00e9ditos. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que no se estudi\u00f3 su caso ni le dieron la oportunidad de tener un abogado de oficio; que no se le notificaba a su correo; y que no se tuvo en cuenta su contestaci\u00f3n, pese a que sus pretensiones eran de m\u00ednima cuant\u00eda. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. \u00c1ngela Mar\u00eda Arag\u00edn Murillo, apoderada de Judy Isabel Ram\u00edrez Gonz\u00e1lez, indic\u00f3 que se aten\u00eda a los hechos que obraban en el expediente; que dentro del t\u00e9rmino el ejecutado no alleg\u00f3 poder o solicit\u00f3 la designaci\u00f3n de un defensor, por lo que feneci\u00f3 el t\u00e9rmino para contestar la demanda; que solo cuando venci\u00f3 el referido lapso, el actor solicit\u00f3 el nombramiento de un abogado; que no les remitieron a su correo providencia alguna, sino que se descarg\u00f3 del micrositio del Juzgado; que el derecho de petici\u00f3n era improcedente en actuaci\u00f3n judicial; que esta acci\u00f3n excepcional no estaba prevista para reemplazar a las autoridades competentes; que el gestor contaba con otros mecanismos de defensa; y que no advert\u00eda la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. El Juzgado Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que se ci\u00f1\u00f3 a los derroteros sustanciales y adjetivos para el tr\u00e1mite criticado, por lo que no se incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho ni en vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales del promotor. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se le pod\u00eda atribuir la conducta del accionante, pues el estrado le exigi\u00f3 acreditar su derecho de postulaci\u00f3n o que concediera poder a un abogado, determinaci\u00f3n ajustada al marco jur\u00eddico -art\u00edculo 21 C\u00f3digo General del Proceso y al Decreto 196 de 1971-, por lo que si no se proced\u00eda en la forma solicitada se deb\u00eda seguir adelante la ejecuci\u00f3n; que el auto de 23 de julio de 2021 con el que se le exigi\u00f3 el derecho de postulaci\u00f3n y el prove\u00eddo de 7 de noviembre siguiente que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n fueron notificados a las partes en debida forma; que no se notific\u00f3 electr\u00f3nicamente a la contraparte, lo que despejaba la afirmaci\u00f3n de que fue discriminado; que no era procedente petici\u00f3n en actuaci\u00f3n judicial; que la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho era de conocimiento de los juzgados administrativos; y que si la eventual vulneraci\u00f3n radicaba en que no se tuvieron en cuenta unos pagos efectuados, lo viable era que el juez al que le correspond\u00eda la ejecuci\u00f3n ejerciera un control de legalidad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que no fueron estudiadas sus pretensiones; y que se le deb\u00edan explicar las razones por las que: (i) se le permiti\u00f3 a la menor participar en la audiencia de conciliaci\u00f3n, (ii) se aceptaron en la demanda cobros que no estaban reconocidos en la escritura p\u00fablica No. 2939 de 2013 y (iii) se rechaz\u00f3 la respuesta que dio a la demanda, adem\u00e1s que se ten\u00eda que revisar de fondo el oficio radicado 2021-102. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa el fracaso del resguardo impetrado. <\/p>\n
En efecto, se tiene que el promotor, haciendo uso del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, solicit\u00f3 al estrado acusado se declarara la nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ante lo que se le indic\u00f3 el estado del proceso y que la nulidad del acta de la conciliaci\u00f3n debi\u00f3 alegarla en su oportunidad. <\/p>\n
Ciertamente, se advierte que acorde con la consistente jurisprudencia de esta Sala, en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha precisado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, respecto a las alegaciones atinentes a que no fue escuchado, se advierte que, con auto de 23 de julio de 2021, que no fue recurrido, entre otras cosas se le indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Notificado personalmente el ejecutado del mandamiento de pago (correo electr\u00f3nico del 28.06.2021) alleg\u00f3 escrito en causa propia, por lo que se requiere para que acredite derecho de postulaci\u00f3n en cuanto a otorgar poder a profesional del derecho para intervenir en la causa caso en el cual deber\u00e1 el apoderado coadyuvar el memorial o, demostrar el pasivo calidad de abogado. Secretar\u00eda contabilice el termino de traslado de la demanda y vencido el mismo ingrese el expediente al despacho para proveer\u2026 <\/p>\n
Bajo el anterior contexto, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
De all\u00ed que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en el prove\u00eddo ahora criticado; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
4. Finalmente, frente a las solicitudes novedosamente tra\u00eddas en la impugnaci\u00f3n sobre que se emitan distintos conceptos, se observa que los mismos constituyen hechos nuevos, no incluidos en el libelo inicial, frente a los que no puede entrar a manifestarse la Sala en esta instancia, toda vez que desconocer\u00eda el derecho de defensa de los involucrados en esta situaci\u00f3n. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, se ha dicho que: <\/p>\n
5. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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