STC577-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC577-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-02395-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de noviembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Johana \u00c1lvarez Botero en nombre propio y representaci\u00f3n de sus menores hijos, contra los Juzgados Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito y Cincuenta y Tres Civil Municipal, ambos de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del juicio objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado acusado que \u00abproceda a resolver de fondo el derecho de petici\u00f3n que v\u00eda correo electr\u00f3nico le envi[\u00f3] el 21 de octubre de 2021\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro de un incidente de desacato adelantado por Ana Georgina Murillo Murillo, a continuaci\u00f3n de una tutela que interpuso contra Juli\u00e1n Vila Echeverry y Johana \u00c1lvarez Botero, fueron sancionados los incidentados, decisi\u00f3n que fue confirmada al ser consultada. Posteriormente, Johana \u00c1lvarez Botero elev\u00f3 petici\u00f3n con miras a que se le aclarara como deb\u00eda cumplir la orden impartida. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 la accionante que se adelantaron distintos procesos entre las partes; que el fallo de tutela emitido era confuso, pues la acus\u00f3 de efectuar afirmaciones que no hizo, existiendo incongruencia entre la parte motiva y resolutiva del mismo, el que no le fue notificado en debida forma. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que se abri\u00f3 el incidente de desacato y fue sancionada; que en m\u00faltiples ocasiones deprec\u00f3 decretar la nulidad y que le explicaran la forma en la que deb\u00eda cumplirlo, pero le negaron los mismos. <\/p>\n
2.4. Adujo que se ha reiterado la orden de arresto, la que afectara a sus menores hijos, quienes por culpa de su padre y de la abogada Murillo estuvieron en un hogar de paso por 10 d\u00edas, adem\u00e1s que han presentado distintas crisis con ocasi\u00f3n de todo lo ocurrido; y que el 20 de octubre de 2021 la Polic\u00eda se present\u00f3 en su edificio y le leyeron una orden de arresto, pero lo que les puso en conocimiento que era madre cabeza de familia y regres\u00f3 a su casa, conforme le indic\u00f3 su abogado. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que el al d\u00eda siguiente present\u00f3 un derecho de petici\u00f3n solicitando se le aclarara como deb\u00eda cumplir el fallo de tutela de 23 de agosto de 2019, el que era confuso e incongruente; que el estrado del circuito acusado le brind\u00f3 una respuesta incompleta y no de fondo; y que las peticiones deb\u00edan tener una respuesta efectiva o por lo menos el esclarecimiento de lo deprecado. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cincuenta y Tres Civil Municipal de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que dentro del tr\u00e1mite incidental se agotaron todas las etapas procesales; que ha resuelto los escritos presentados por los accionados y los ha notificado en debida forma; que las actuaciones surtidas se encontraban ajustadas a derecho; y que no hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de esta ciudad se\u00f1al\u00f3 que no se cumpl\u00eda con el presupuesto de la subsidiariedad, puesto que el derecho de petici\u00f3n no era el mecanismo id\u00f3neo para acceder a lo pretendido, la interesada bien pudo solicitar la aclaraci\u00f3n del fallo dentro de la ejecutoria, as\u00ed como la insistencia ante la Corte Constitucional; y que la gestora hab\u00eda interpuesto distintos derechos de petici\u00f3n, nulidades y tutelas. <\/p>\n
3. La Polic\u00eda Metropolitana de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n al existir falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no hab\u00eda conculcado derecho fundamental alguno ni les correspond\u00eda desatar la petici\u00f3n impetrada por la actora; y que no hab\u00eda sido posible hacer efectiva la orden de arresto impuesta, pues la ahora accionante no quiso abandonar su vivienda por tener a cargo a dos hijos menores de edad, situaci\u00f3n que le fue comunicada al estrado acusado y al Comandante de la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de Usaqu\u00e9n. <\/p>\n
4. Ana Georgina Murillo Murillo refiri\u00f3 que no se cumpl\u00eda con los requisitos de procedencia del resguardo; que la promotora actuaba de mala fe; y que lo pretendido desconoc\u00eda el procedimiento y las etapas procesales surtidas bajo \u00abuna supuesta violaci\u00f3n al debido proceso que no ha existido\u00bb, aspirando dejar sin efecto decisiones analizadas por funcionarios garantistas, que dieron distintas oportunidades de rectificaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Juli\u00e1n Vila Echeverry sostuvo que los estrados acusados hab\u00edan sido renuentes y caprichosos con las distintas peticiones presentadas, lo que ha conllevado a que de forma arbitraria libren \u00f3rdenes de arresto contra los accionados. <\/p>\n
6. Caracol Televisi\u00f3n S.A. manifest\u00f3 que no ten\u00eda relaci\u00f3n con los hechos objeto de debate, por lo que no se pronunciaba de fondo frente a los mismos. <\/p>\n
7. Editorial La Rep\u00fablica SAS solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues con la petente no tuvo ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n, ni fue vinculada en el escrito inicial. <\/p>\n
8. La Fiscal\u00eda 362 Seccional asever\u00f3 que no le constaban los hechos, pues los mismos se adelantaron ante la justicia civil y por tanto no ha violado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
9. La Defensora de Familia del ICBF \u2013 Centro Zonal Usaqu\u00e9n pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, pues no interven\u00eda en el juicio criticado. <\/p>\n
10. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se cumpl\u00edan los requisitos de viabilidad del amparo fijados en el marco de los incidentes de desacato; que no se presentaba la figura de la temeridad; que era improcedente el derecho de petici\u00f3n dentro de actuaci\u00f3n judicial; que no evidenciaba la transgresi\u00f3n del derecho al debido proceso de la gestora, pues la solicitud que present\u00f3 el 21 de octubre de 2021 fue resuelta oportunamente en providencia de 26 de octubre siguiente, lo que no era arbitrario; que adem\u00e1s se inform\u00f3 que no se pudo arrestar a la gestora porque no pod\u00eda dejar a sus ni\u00f1os sola; y que no advert\u00eda la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas de los menores agenciados. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos de su escrito inicial y aduciendo que se consider\u00f3 que se contest\u00f3 su petici\u00f3n, cuando nunca le hicieron; que contin\u00faa la transgresi\u00f3n de sus derechos, pues indicarle que la aclaraci\u00f3n que present\u00f3 era extempor\u00e1nea fue el camino m\u00e1s f\u00e1cil; y que se deb\u00eda \u00abcontestar de fondo [su] derecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la solicitud presentada por la promotora ante el estrado acusado, no constituye el ejercicio del derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, se advierte que acorde con la consistente jurisprudencia de esta Sala, en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha precisado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, tampoco se advierte vulneraci\u00f3n al debido proceso de la promotora, pues auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, se vislumbra que con auto de 26 de octubre de 2021 se resolvi\u00f3 la solicitud elevada, decisi\u00f3n que adem\u00e1s no fue cuestionada, desperdiciando as\u00ed el escenario id\u00f3neo para exponer sus reclamos. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que: <\/p>\n
\u2026no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ag. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015; STC612-2016; y STC12335-2017, 16 ag. 2017, rad. 2017-00338-01). <\/p>\n
Sabido es que el cuestionamiento constitucional no se abre paso cuando la parte interesada no hizo uso de los medios de regular procedencia que ten\u00eda a su alcance para controvertir las determinaciones que dice le afectan; de suerte que si omiti\u00f3 activarlos, no puede ahora revivir esa posibilidad a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n excepcional, la cual \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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