STC595-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00815-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 de diciembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Iv\u00e1n Rodr\u00edguez Ca\u00f1as contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada en el marco del juicio reivindicatorio que adelant\u00f3 en contra de Mar\u00eda Jerez y Alfonso Sanabria V\u00e1squez, con radicado n.\u00ba 2001-00360-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, y en consecuencia, se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla, que \u00aben un plazo de 48 horas REVOQUE el auto de fecha 15 de Octubre de 2021, en el que decreto la NULIDAD DE OFICIO y se proceda a resolver el recurso de apelaci\u00f3n que se encuentra consignado en el Acta de fecha 23 de Septiembre de 2021, como tambi\u00e9n que se pronuncie sobre el poder otorgado a la Dra. LUZ MIRIAN MU\u00d1OZ GOMEZ por quien no es el leg\u00edtimo representante legal de la empresa a quien dice representar\u00bb (sic). <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce, en s\u00edntesis, que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barraquilla \u2013a quien le fue remitido el asunto con sentencia, actualiz\u00f3 el despacho comisorio que dispuso la entrega del \u00ablote de terreno ubicado en la v\u00eda circunvalar en jurisdicci\u00f3n del Distrito de Barranquilla\u00bb; que dicha diligencia fue tramitada por un funcionario comisionado de la Secretar\u00eda de Gobierno de esa ciudad y la misma fue atendida por M\u00f3nica Ruiz Sambrano, \u00abquien en su intervenci\u00f3n no hizo oposici\u00f3n y la diligencia transcurri\u00f3 en total calma\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, que una vez ordenada la entrega del predio, el se\u00f1or Miguel \u00c1ngel Pav\u00f3n Villaz\u00f3n, pretextando su calidad de gerente de la empresa Kenworth de la Monta\u00f1a, confiri\u00f3 mandato a su apoderada, quien interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n; que mantenida la decisi\u00f3n, este \u00faltimo remedio fue remitido por el comisionado al superior para que all\u00ed fuere tramitado; no obstante, el Despacho encartado no resolvi\u00f3 sobre el mismo, y en contraste, mediante prove\u00eddo adiado 15 de octubre de 2021, declar\u00f3 de oficio la nulidad de toda la actuaci\u00f3n all\u00ed adelantada por encontrar \u00absupuestas falencias que obran en el acta de entrega\u00bb relacionada con la identidad del predio, sin siquiera reconocer personer\u00eda para actuar a la abogada recurrente, incurriendo as\u00ed, dice, en una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, por advertir configuradas falencias inexistentes en la identificaci\u00f3n del predio y al dejar de resolver el recurso de alzada que interpuso el gerente de Kenworth de la monta\u00f1a \u2013el que debi\u00f3 ser rechazado por no haber sido interpuesto por el representante legal de la entidad. <\/p>\n
Refiri\u00f3 adem\u00e1s, que inconforme acudi\u00f3 infructuosamente en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, pues el 8 de noviembre siguiente se mantuvo el primero y se neg\u00f3 la concesi\u00f3n del mecanismo subsidiario, tras considerar que la decisi\u00f3n no era susceptible de dicho remedio con sustento en los derroteros dispuestos por el canon 40 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, lo relacionado con un posible exceso de funciones del comisionado. <\/p>\n
Finalmente precis\u00f3, que el funcionario que auxili\u00f3 la comisi\u00f3n \u00abactu\u00f3 en derecho hasta donde la ley le permite\u00bb, circunstancia que no sucedi\u00f3 respecto de la actuaci\u00f3n desplegada por el all\u00ed recurrente pues confiri\u00f3 poder sin facultad para ello al no ser el leg\u00edtimo representante legal de la sociedad que dijo gerenciar, vicisitudes todas \u00e9stas que, en su criterio, son suficientes para que el juez de tutela interfiera a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla asegur\u00f3, que continu\u00f3 conociendo del proceso que inicialmente tramit\u00f3 su hom\u00f3logo Once, al interior del cual efectivamente actualiz\u00f3 un despacho comisorio en aras de \u00abmaterializar la entrega ordenada en la sentencia\u00bb; y tras hacer un breve recuento de las actuaciones all\u00ed surtidas consider\u00f3 que no ha quebrantado garant\u00eda fundamental alguna, pues su actuaci\u00f3n se surti\u00f3 con apego a las normas que gobiernan el tr\u00e1mite propio de la comisi\u00f3n; dijo adem\u00e1s, que el 26 de noviembre anterior el actor solicit\u00f3 la declaratoria de ilegalidad del auto censurado, con sustento en similares supuestos a los esgrimidos en sede de tutela, tr\u00e1mite que se encuentra pendiente de soluci\u00f3n. <\/p>\n
b.) Crist\u00f3bal Gonz\u00e1lez Rubio Donado, auxiliar de la justicia vinculado, dijo que emiti\u00f3 su concepto en el desarrollo de la diligencia de entrega, el cual \u00abse bas\u00f3 en el conocimiento que tengo en la materia, y en la informaci\u00f3n que aparece suministrada en el informe PERICIAL rendido en el expediente\u00bb, y \u00abal llegar al sitio constatamos lo se\u00f1alado por los peritos en el expediente y nos dio la certeza que nos encontr\u00e1bamos en el lugar correcto lo que me llevo a informarle al Comisionado Dr. CARLOS RODRIGUEZ CRISSON que efectivamente nos encontr\u00e1bamos en el sitio indicado\u00bb (sic). <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla neg\u00f3 el amparo invocado, tras echar de menos el requisito de la subsidiariedad. En ese orden, determin\u00f3 que de acuerdo con el informe rendido por el juez del asunto se encuentra pendiente de tr\u00e1mite la solicitud de nulidad que el 26 de noviembre de 2021 radic\u00f3 el quejoso, raz\u00f3n por la cual \u00abse torna improcedente la protecci\u00f3n deprecada, como quiera que no resulta posible que el juez constitucional decida acerca de una situaci\u00f3n que est\u00e1 pendiente de ser resuelta por el juez de conocimiento\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor se present\u00f3 inconforme, pero no expres\u00f3 las razones de su descontento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para alcanzar la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, pero de car\u00e1cter subsidiario y residual, dado que solamente puede acudirse a ella en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando existiendo \u00e9stos, el amparo se tramita como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
De lo anterior se desprende entonces, que la acci\u00f3n de tutela no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador, y tampoco puede ser empleada como un recurso de \u00faltimo minuto al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del ciudadano Rodr\u00edguez Ca\u00f1as est\u00e1 encaminada a cuestionar, en lo fundamental, la decisi\u00f3n del 15 de octubre de 2021, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla decret\u00f3 de oficio \u00abla nulidad de toda la actuaci\u00f3n adelantada por la SECRETARIA DE GOBIERNO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, para la realizaci\u00f3n de la diligencia de entrega del inmueble identificado con el folio de la matr\u00edcula inmobiliaria No. 040.0124827 de la oficina de registro e instrumentos p\u00fablicos de Barranquilla, la cual fue realizada el d\u00eda 23 de septiembre de 2021, por el comisionado\u00bb (sic), luego de advertir, que el comisionado, a quien en el desarrollo de la diligencia de entrega le fue informado por el apoderado de Kenworth de la Monta\u00f1a \u00abque el predio donde se practic\u00f3 la diligencia de entrega no corresponde al predio se\u00f1alado en el despacho comisorio\u00bb, actu\u00f3 con total desprecio de lo all\u00ed informado, y orden\u00f3 la entrega del predio sin resolver sobre el particular, pues, seg\u00fan el dicho del accionante, no solo se omiti\u00f3 resolver previamente sobre el recurso de alzada interpuesto por el gerente de la empresa Kenworth de la Monta\u00f1a \u2013remedio que dice debi\u00f3 ser rechazado por no haber sido interpuesto por el representante legal de la sociedad, sino que adem\u00e1s se advirtieron inconsistencias de identidad del predio en realidad inexistentes. <\/p>\n
3. No obstante, revisados los elementos de juicio obrantes en las diligencias digitales, observa la Corte que en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo especial\u00edsimo de protecci\u00f3n resulta improcedente la salvaguarda rogada frente a la citada autoridad judicial, teniendo en cuenta la premura con la que el gestor acudi\u00f3 al resguardo, comoquiera que contra la antedicha decisi\u00f3n interpuso de forma reciente \u201326 de noviembre de 2021\u2013 solicitud de nulidad la cual est\u00e1 pendiente de resolver. <\/p>\n
4. Entonces, como en el asunto gravita en torno a tem\u00e1ticas pendientes de resoluci\u00f3n definitiva en el marco del tr\u00e1mite judicial materia de censura, inane resulta emitir cualquier orden a esa autoridad cuando existe la posibilidad que sea anulada la decisi\u00f3n considerada por el actor como lesiva a sus intereses, situaci\u00f3n que en \u00faltimas constituye la aspiraci\u00f3n principal del quejoso pues, mem\u00f3rese, que no puede el Juez de tutela anticiparse a la adopci\u00f3n de la determinaci\u00f3n que deber\u00e1 tomar el respectivo funcionario en raz\u00f3n a que vedado tiene arrogarse facultades ajenas, m\u00e1xime cuando se insiste, el gestor tiene a su alcance las herramientas procesales id\u00f3neas para ejercer activamente su defensa y no puede pretender suplirlas con la interposici\u00f3n de la queja constitucional objeto de estudio por parte de esta Sala. <\/p>\n
5. Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, (\u2026) en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (STC5909-2021). <\/p>\n
Y por ello es que ha dicho la Corte, de tiempo atr\u00e1s, que \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo de tutela refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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