STC598-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC598-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00069-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la tutela formulada por Bananera La Florida S.A.S. contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, tr\u00e1mite al cual se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el asunto de la se\u00f1alada especialidad, con radicado 2017-00002-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderada judicial, la sociedad accionante exige la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abpropiedad\u00bb, presuntamente lesionados por la Corporaci\u00f3n acusada en el proceso mencionado; en consecuencia, solicita que \u00abse ordene al TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA dejar sin efectos las sentencias 008 del 08 de junio de 2021, adicionada mediante sentencia Nro. 10 del 25 de junio de 2021 (\u2026) y por medio de las cuales se orden\u00f3 y qued\u00f3 en firme la restituci\u00f3n del predio identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 034-53510 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos del municipio de Turbo\u00bb o, en su defecto, que se le imponga a dicha Colegiatura fijar en su favor \u00abcompensaci\u00f3n por haber actuado de buena fe, y por el valor de los proyectos productivos que se encontraban en el predio al momento de la restituci\u00f3n del inmueble\u00bb. <\/p>\n
Para sustentar sus pedimentos expone, en s\u00edntesis de su extenso escrito, que el juicio reprochado fue iniciado por Libia Rosa Zapata de Rengifo, en su nombre y en representaci\u00f3n de Ligia Mar\u00eda, Soraida, Fabi\u00e1n, Esaud, Ever Carlos, Shirley del Carmen, Jos\u00e9 Alberto, Libia Johana Rengifo Zapata y Dayron David Ria\u00f1o Rengifo, tramite donde impetr\u00f3 oportunamente su oposici\u00f3n, aduciendo que adquiri\u00f3 el inmueble objeto del proceso, llamado \u00abLos Cocos\u00bb, a trav\u00e9s de compraventa elevada a escritura p\u00fablica el 11 de febrero de 2003 y celebrada con el apoderado de Jos\u00e9 de los Santos Rengifo (q.e.p.d.), \u00ableg\u00edtimo propietario\u00bb en virtud de la adjudicaci\u00f3n a \u00e9l realizada por el entonces Incora. <\/p>\n
Arguye que compr\u00f3 el bien porque conoc\u00eda a los \u00abvecinos colindantes durante muchos a\u00f1os (sic)\u00bb, lo cual le permit\u00eda saber la procedencia y situaci\u00f3n jur\u00eddica de la heredad; sin embargo, no le era exigible averiguar los \u00abmotivos por los cuales [Rengifo] decid\u00eda vender\u00bb; adem\u00e1s, anota, para la \u00e9poca, \u00abla situaci\u00f3n de violencia (\u2026) no discriminaba entre sociedades, campesinos, latifundistas, ciudadanos del com\u00fan\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que su abogada, desde el inicio del litigio, fue \u00abenf\u00e1tica\u00bb en advertir que exist\u00eda una divergencia entre el \u00e1rea real del terreno materia de restituci\u00f3n, contenida en el plano de adjudicaci\u00f3n del Incora en favor de Jos\u00e9 de los Santos Rengifo (q.e.p.d.), y la delimitaci\u00f3n realizada por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD-. <\/p>\n
Indic\u00f3 que exigi\u00f3 adicionar el anterior pronunciamiento, dado que nada se resolvi\u00f3 sobre los errores en la alinderaci\u00f3n del predio en disputa, as\u00ed como tampoco se emiti\u00f3 decisi\u00f3n expresa en torno a \u00ablos proyectos agroindustriales\u00bb adelantados en el terreno. <\/p>\n
Anot\u00f3 que en providencia del d\u00eda 25 de los mismos se acogi\u00f3 el segundo pedimento y para ello se dispuso que la UAEGRTD deb\u00eda efectuar una caracterizaci\u00f3n de los demandantes e implementar los proyectos productivos del caso; no obstante, asevera, se mantuvieron las equivocaciones en cuanto a los linderos del inmueble, con lo cual se gener\u00f3 un fallo exttra petita que permiti\u00f3 la entrega de 4.514 metros cuadrados adicionales al \u00e1rea real del bien, metraje que hace parte de un predio llamado Buenos Aires y que se encuentra incurso en otro juicio de restituci\u00f3n de tierras, por tanto, sostiene, es necesario delimitar \u00abcon fundamento en los medios probatorios id\u00f3neos y pertinentes, la georreferenciaci\u00f3n real del predio en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con la actuaci\u00f3n descrita, seg\u00fan afirma, el Tribunal acusado incurri\u00f3 en \u00ab[v]iolaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, (\u2026) [d]ecisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, [d]efecto f\u00e1ctico y [d]efecto procedimental absoluto\u00bb, pues adem\u00e1s del yerro cometido en cuanto a los linderos del inmueble, valor\u00f3 de forma insuficiente la \u00abfalsedad testimonial en la que incurrieron los solicitantes\u00bb, quienes desconocieron el poder conferido por Jos\u00e9 de los Santos Rengifo (q.e.p.d.) para la venta del bien; releg\u00f3 las pruebas de la relaci\u00f3n del prenombrado con grupos al margen de la ley; tuvo por legitimados en el proceso a las personas que represent\u00f3 Libia Rosa Zapata de Rengifo, cuando \u00e9sta no estaba habilitada para ello; y omiti\u00f3 apreciar la declaraci\u00f3n de Roquelino Castrill\u00f3n, quien dio cuenta de haber sido \u00abcontactado por el se\u00f1or Jos\u00e9 de los Santos Rengifo para que ayudara a vender la parcela Los Cocos, y \u00e9l mismo da fe, que dicha parcela se dio con acuerdo de voluntades, y que en ning\u00fan momento existi\u00f3 presi\u00f3n alguna en el se\u00f1or Rengifo para que enajenara su tierra\u00bb. <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 19 del presente mes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado al Tribunal accionado para que ejerciera su derecho a la defensa y, de igual modo, la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto de restituci\u00f3n de tierras, con radicado 2017-00002-01. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal querellado se opuso a la prosperidad del amparo, comoquiera que no incurri\u00f3 en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, pues, de un lado, \u00abla conclusi\u00f3n a que lleg\u00f3 esta judicatura sobre el \u00e1rea real del predio centro del pleito (\u2026) [se bas\u00f3] en: i) los reportes de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y Abandonadas, ii) el levantamiento topogr\u00e1fico hecho en inspecci\u00f3n judicial en donde se dijera: \u00abNo se observaron traslapes y los puntos del mapa de georreferenciaci\u00f3n coincidieron con los del GPS del ingeniero top\u00f3grafo que acompa\u00f1\u00f3 la diligencia\u00bb, y iii) el Informe de Aval\u00fao Comercial Rural en donde el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi acept\u00f3 el trabajo de georreferenciaci\u00f3n de la Unidad de Tierras\u00bb y, de otro, analiz\u00f3 el material probatorio con suficiencia, para advertir la condici\u00f3n de v\u00edctima de los reclamantes y la ausencia de buena fe exenta de culpa de la compa\u00f1\u00eda tutelante. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD- relat\u00f3 los antecedentes del juicio censurado y advirti\u00f3 que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por cuanto el supuesto quebranto de los derechos de la solicitante se relaciona con el fallo dictado por la Corporaci\u00f3n enjuiciada. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 20 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Medell\u00edn expres\u00f3, en lo medular, que la sentencia censurada no conten\u00eda irregularidad lesiva de garant\u00edas sustanciales. <\/p>\n
4. La Agencia Nacional de Miner\u00eda pidi\u00f3 que \u00absean rechazadas y desestimadas las pretensiones contempladas en la acci\u00f3n de tutela de la referencia por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb de esa autoridad. <\/p>\n
5. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Examinada la sentencia criticada, dictada el 8 de junio de 2021, as\u00ed como la adici\u00f3n de la misma, proferida el d\u00eda 25 ese mes y a\u00f1o, se establece el fracaso del amparo peticionado, al no hallarse irregularidad lesiva de garant\u00edas sustanciales como pasa a exponerse. <\/p>\n
En efecto, la Corporaci\u00f3n enjuiciada, tras relatar los antecedentes del litigio y las intervenciones de los involucrados, destac\u00f3 la legitimaci\u00f3n de Libia Rosa Zapata de Rengifo para formular la demanda de restituci\u00f3n, toda vez que, de una parte, \u00abse encuentra debidamente acreditado que Jos\u00e9 de los Santos Rengifo Osorio, fallecido el 11 de mayo de 2013, tuvo la relaci\u00f3n jur\u00eddica de propietario con el predio reclamado. De ello da cuenta la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 0668 del 28 de abril de 1978, mediante la cual el INCORA le adjudic\u00f3 el terreno bald\u00edo denominado Los Cocos. Acto administrativo que se inscribi\u00f3 en el FMI n.\u00b0 03453510, consolid\u00e1ndose de esta manera el derecho de dominio en su favor\u00bb y, de otra, aqu\u00e9lla demostr\u00f3 su calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del prenombrado, condici\u00f3n que la habilit\u00f3 para impulsar el decurso en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 81 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
Y, en cuanto a quienes adujo representar la solicitante, el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que, si bien no se aport\u00f3 el poder correspondiente ni los registros civiles necesarios para establecer su parentesco con el causante, resultaba viable que Libia Rosa Zapata de Rengifo fungiera en nombre de la masa sucesoral de Jos\u00e9 de los Santos Rengifo Osorio. <\/p>\n
Posteriormente, la Colegiatura acusada expuso el \u00abcontexto de violencia en Turbo \u2013 Antioquia como hecho notorio\u00bb, lugar de ubicaci\u00f3n del predio en disputa, y procedi\u00f3 a rese\u00f1ar las pruebas testimoniales recepcionadas de cara al despojo alegado por la demandante, de todo lo cual concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[S]urge evidente que el contexto de violencia descrito p\u00e1rrafos atr\u00e1s fue determinante para que la familia Rengifo Zapata abandonara forzadamente el predio Los Cocos a mediados de 1996. Las declaraciones que rindieron en sede judicial Libia Rosa, Ligia Mar\u00eda, Fabi\u00e1n y Ever Luis son sumamente congruentes al respecto y no dejan margen de duda, pues todos, al un\u00edsono, de manera espont\u00e1nea y coherente dieron a saber que salieron debido a las circunstancias hostiles que se estaban presentando en la vereda, concretamente, la violencia generalizada, las masacres y los constantes asesinatos selectivos. <\/p>\n
En un principio salieron Libia Rosa y dos de sus hijos, siendo el ingreso de un grupo armado en la parcela Los Cocos, quienes ultrajaron a la esposa de Ever Luis y a la suegra de la reclamante, el detonante definitivo para que igual proceder asumiera el resto de los familiares. <\/p>\n
Cierto que dentro del tr\u00e1mite administrativo Libia Rosa hab\u00eda manifestado que el desplazamiento hab\u00eda ocurrido en el a\u00f1o 1997 porque miembros de un grupo armado ordenaron a la poblaci\u00f3n desplazarse de la zona con el fin de apoderarse de los terrenos, no obstante, esta imprecisi\u00f3n temporal no quiere decir que est\u00e9 faltando a la verdad, pues como ya lo ha sostenido esta Sala su declaraci\u00f3n debe interpretarse en el sentido m\u00e1s favorable a la vigencia de sus derechos, por cuanto su dicho est\u00e1n prevalido por los principios de la buena fe, prov\u00edctima y prohomine, por lo que debe interpretarse en el sentido que mejor favorezca y garantice la vigencia de sus derechos humanos como v\u00edctima, sin que las imprecisiones en cuanto al tiempo de los hechos puedan restarle autom\u00e1ticamente convicci\u00f3n o credibilidad a las declaraciones, puesto que en estos casos no es razonable exigir una precisi\u00f3n matem\u00e1tica, exacta o con total nitidez, m\u00e1xime cuando se trata de personas que por sus condiciones particulares no recuerdan con exactitud el \u00e1mbito temporal de los acontecimientos acaecidos, con mayor raz\u00f3n cuando se presentan m\u00faltiples hechos que pueden ocasionar la confluencia de la informaci\u00f3n y la dificultad para reconocer las secuencias temporales (\u2026). <\/p>\n
N\u00f3tese que ella se encuentra incluida como v\u00edctima por el delito de desplazamiento forzado en el Registro \u00danico de V\u00edctimas por hechos ocurridos en mayo de 1998, tal y como se certific\u00f3 con base en consulta a la red VIVANTO, y, nuevamente, esto no quiere decir que est\u00e9 faltando a la verdad, al contrario ratifica y da cuenta de la existencia del hecho victimizante, solo que al momento de evocar no ha recordado con exactitud el hito temporal del acontecimiento lo que, en virtud de los principios vistos, no puede menguar la veracidad de su declaraci\u00f3n. Por lo tanto, en \u00faltimas, Libia Rosa y su familia son v\u00edctimas de la violencia en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 3\u00b0 de la Ley 1448 de 2011, pues en el marco del conflicto armado y por la presencia y confluencia de actores armados al margen de la ley se gener\u00f3 un temor capaz de ocasionar su desplazamiento en el a\u00f1o 1996. <\/p>\n
De hecho, los testigos tra\u00eddos a instancia de la parte opositora est\u00e1n en consonancia con esta conclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, sobre los argumentos de la opositora, aqu\u00ed accionante, en cuanto a la falta de fechas y motivos exactos del abandono del predio, as\u00ed como a la supuesta relaci\u00f3n del causante con la guerrilla, el Tribunal se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[L]o primero que hay que decir es que si la opositora quer\u00eda lograr infirmar la condici\u00f3n de v\u00edctima de la reclamante no le era suficiente asumir la posici\u00f3n procesal de \u00abno constarle\u00bb y \u00abatenerse a lo que sea probado\u00bb, deb\u00eda asumir una actitud m\u00e1s proactiva ya que en virtud de lo establecido en el art\u00edculo 78 de la Ley 1448 de 2011 era suya la carga probatoria, pues a la v\u00edctima le bastaba, como en efecto lo hizo, probar sumariamente la propiedad y el reconocimiento como desplazada para \u00abtrasladar la carga de la prueba al demandado o quien se oponga a las pretensiones\u00bb. <\/p>\n
En segundo lugar, en cuanto a la imprecisi\u00f3n de la fecha del desplazamiento, qued\u00f3 visto que ello no es \u00f3bice para desdecir de su condici\u00f3n de v\u00edctima; adem\u00e1s, s\u00ed se encontraron motivos m\u00e1s que fundados y ligados al conflicto armado para generar y desencadenar en el abandono de la tierra. <\/p>\n
En cuarto, y \u00faltimo lugar, tampoco prob\u00f3 la opositora que el se\u00f1or Rengifo fuese miembro activo de la guerrilla y promotor de desplazamientos y despojos en la vereda. <\/p>\n
Es cierto que en el \u00abInforme t\u00e9cnico de recolecci\u00f3n de pruebas sociales\u00bb, aportado junto con la solicitud, uno de los entrevistados afirm\u00f3 que Jos\u00e9 Rengifo era \u00abel que manejaba la guerrilla\u00bb, que \u00abmanten\u00eda presionado a todos los finqueros\u00bb y que debido a una amenaza suya asesinaron a su hermano y por eso tuvieron que salir de la zona, pero no menos lo es que cuando se analiza en conjunto toda la versi\u00f3n que rindi\u00f3 este entrevistado no existen suficientes razones para sostener que sus acusaciones fuesen ciertas. <\/p>\n
N\u00f3tese que dicho declarante hace unas afirmaciones de un supuesto control por parte de Rengifo y de una supuesta amenaza que ocasion\u00f3 la muerte de su hermano en 1996, pero acto seguido explica que por esos d\u00edas se encontraba reci\u00e9n salido del ej\u00e9rcito, entonces resulta poco veros\u00edmil que sin vivir en la zona se haya percatado directamente del supuesto control que ejerc\u00eda el esposo de la reclamante. Adicionalmente, es contradictorio que lo tildara con tanta vehemencia de ser el guerrillero que ocasion\u00f3 la mayor presi\u00f3n en el territorio, cuando ese mismo documento da cuenta que en la \u00e9poca que la guerrilla estaba en la regi\u00f3n su poblaci\u00f3n no sent\u00eda mayor temor, pues la zona se da\u00f1\u00f3 y los asesinatos empezaron a ocurrir cuando entraron los paramilitares en el a\u00f1o 1994 acusando a todos los pobladores de ser colaboradores de la guerrilla. Hay que agregar que esta acusaci\u00f3n provino solamente de uno de los participantes de la actividad, ninguno de los otros doce mencion\u00f3 la supuesta calidad y vinculaci\u00f3n del se\u00f1or Rengifo con grupos guerrilleros. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, seg\u00fan el contexto visto y comprobado por esta Sala, 1994 es un a\u00f1o clave en la comprensi\u00f3n de la violencia en Currulao, a\u00f1o en que los paramilitares establecieron un control total de la zona, basado en masacres, desapariciones y homicidios selectivos, lo que gener\u00f3 el desplazamiento de cientos de campesinos y trabajadores bananeros, am\u00e9n del vaciamiento total de la vereda en 1996. Por ende, resulta m\u00e1s cre\u00edble que el asesinato del hermano de aquel declarante y el desplazamiento de su padre fuese a causa del ingreso del paramilitarismo en la regi\u00f3n y no por el se\u00f1or Rengifo. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, el esposo de la reclamante y sus hijos eran simpatizantes del partido de la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica (UP), como lo revel\u00f3 con claridad Ever Luis ante el juez, movimiento pol\u00edtico que seg\u00fan el ya citado an\u00e1lisis de contexto elaborado por la UAEGRTD gan\u00f3 especial presencia en Currulao a finales del a\u00f1o 1995, y cuyos miembros, l\u00edderes y simpatizantes fueron perseguidos violentamente en la transformaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n del paramilitarismo en la regi\u00f3n. Con raz\u00f3n aquel manifest\u00f3 que en la zona hubo un exterminio de la UP, como en efecto ocurri\u00f3 en <\/p>\n
todo el Urab\u00e1. Si a esto se suma que Jos\u00e9 de los Santos era una persona distinguida en su comunidad y fung\u00eda como l\u00edder comunal, gracias a sus dotes de buen orador pese a ser totalmente analfabeta, como tambi\u00e9n lo indic\u00f3 Ever Luis, tiene sentido que fuera una persona notable a la cual con mayores veras tildaran de guerrillero, eso explica por qu\u00e9 su c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y sus hijos hayan sido coherentes en sostener que lo acusaban y fue muy perseguido tanto por los grupos armados paramilitares como por las autoridades, pero que al final pudo salir libre de toda acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Debe insistirse que, sin m\u00e1s pruebas, y no por esas simples acusaciones, de las que fueron tildados la mayor\u00eda de los habitantes en dicho corregimiento, se puede sostener que efectivamente Jos\u00e9 de los Santos fuera integrante de la guerrilla. <\/p>\n
En esta direcci\u00f3n, \u00d3scar Dar\u00edo Granda en su testimonio manifest\u00f3 que Jos\u00e9 Rengifo era una persona respetada a quien los trabajadores de la bananera buscaban para que mediara en sus problemas laborales y era quien llamaba al orden, pero esto <\/p>\n
est\u00e1 m\u00e1s en l\u00ednea de ser un l\u00edder comunal que interven\u00eda en las soluciones conflictuales que de comandante o l\u00edder guerrillero. Es m\u00e1s, el mismo testigo indic\u00f3 que se dec\u00eda que era vocero guerrillero, pero que en realidad eso nunca lo pudo comprobar. <\/p>\n
Por lo tanto, se trata de acusaciones sin respaldo alguno, y lo que encuentra la Sala es que su destacada figura comunal le signific\u00f3 con mayor raz\u00f3n verse en la necesidad de salir desplazado de la zona. Adem\u00e1s, Si Jos\u00e9 Rengifo hubiese sido un l\u00edder guerrillero, como se le quiso hacer ver, a lo mejor no hubiese durado mucho tiempo con vida, pues seguramente hubiere perecido prontamente a manos de los grupos paramilitares quienes se instalaron y tomaron el control en dicha zona. <\/p>\n
Por \u00faltimo, aunque este proceso no es un escenario donde se est\u00e1 discutiendo la legalidad del t\u00edtulo de la reclamante, qued\u00f3 comprobado que Jos\u00e9 Rengifo se vincul\u00f3 jur\u00eddicamente con el predio Los Cocos por titulaci\u00f3n del Incora en virtud de la reforma agraria llevada en esa localidad, y si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que se volvi\u00f3 adepto a los ideales guerrilleros, ello no debe interferir en la protecci\u00f3n del derecho a la restituci\u00f3n de tierras, pues es un asunto de la esfera penal, a lo que hay que agregar que no existe constancia de sanci\u00f3n alguna en su contra\u00bb. <\/p>\n
Por lo discurrido, el Tribunal hall\u00f3 acreditado el desplazamiento y el quebranto de los derechos de la reclamante y de su esposo, ya fallecido, pues por hechos asociados al conflicto armado interno, tuvieron que desprenderse materialmente del bien, vendi\u00e9ndolo a <\/p>\n
\u00abRoquelino Castrill\u00f3n, como lo ratific\u00f3 este ante el instructor. En cuanto a su fecha, es claro que se celebr\u00f3 en 1998, lo que se corrobora a partir de lo declarado por Roquelino, \u00d3scar Dar\u00edo Granda y Javier Francisco Restrepo Girona. En efecto, el primero de ellos expresamente inform\u00f3 que ese fue el a\u00f1o de celebraci\u00f3n del negocio y que lo estuvo explotando aproximadamente hasta el a\u00f1o 2003, cuando se lo vendi\u00f3 a la empresa opositora. Por su parte, los segundos, en sus calidades de exgerente y gerente actual de dicha compa\u00f1\u00eda, respectivamente, indicaron que antes de la compra Roquelino llevaba explotando con pl\u00e1tano la aludida parcela por cerca de 5 a\u00f1os. Y como la venta a la sociedad opositora qued\u00f3 acreditada que se perfeccion\u00f3 el 11 de febrero de 2003, mediante la Escritura P\u00fablica n.\u00b0 132 otorgada en la Notar\u00eda \u00danica de Apartad\u00f3, los cinco a\u00f1os de explotaci\u00f3n nos trasladan nuevamente al a\u00f1o 1998. <\/p>\n
Entonces, fuerza concluir que en dicha calenda Jos\u00e9 Rengifo enajen\u00f3 su predio a Roquelino Castrill\u00f3n. Sin embargo, se trat\u00f3 de un negocio informal, un acuerdo de palabra por tel\u00e9fono, asunto en el que coincidieron Libia Rosa y Roquelino. Y aunque no se puede afirmar con certeza si el precio de venta fueron los $2.000.000 como lo indicaron la reclamante y su familia, o los $5.500.000 a $6.000.000 como lo sostuvo el comprador, lo realmente trascendente es que ese negocio se celebr\u00f3 cuando el proyecto de vida del vendedor estaba resquebrajado a ra\u00edz de la situaci\u00f3n conflictual, pues en aras de proteger sus vidas hab\u00edan salido desplazados de su tierra poco menos de dos a\u00f1os atr\u00e1s, y ese desarraigo lo coloc\u00f3 en dif\u00edciles situaciones econ\u00f3micas. <\/p>\n
Para esa fecha, resulta apenas natural y comprensible que el se\u00f1or Jos\u00e9 de los Santos decidiera acceder a dicho negocio, pues el estado de necesidad era indiscutible, y antes de tener un predio abandonado al que no pod\u00edan volver era mejor obtener cualquier ganancia El negocio, entonces, se produjo como consecuencia directa del conflicto armado, y aunque la Sala no encuentra que haya habido violencia o amenazas por parte del comprador, pues era conocido de la regi\u00f3n, s\u00ed halla que la enajenaci\u00f3n estuvo influida por las precarias circunstancias por las que atravesaba el vendedor. Es decir, en la concreci\u00f3n de la venta actu\u00f3 un estado de precariedad y necesidad generado ante la confluencia de circunstancias adversas que propiciaron el desarraigo con su lugar de vivienda, por eso vendi\u00f3 en relativo poco tiempo, como se dijo, ante la necesidad de obtener cualquier recurso econ\u00f3mico para tratar de salir de esa situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Precisado lo anterior, el Colegiado denunciado procedi\u00f3 a resolver la oposici\u00f3n interpuesta por la tutelante, as\u00ed como lo relativo a la alegada condici\u00f3n de \u00absegunda ocupante\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo primero, destac\u00f3 que Bananera La Florida S.A.S. sostuvo que actu\u00f3 con buena fe exenta de culpa, por cuanto adquiri\u00f3 el terreno cancelando un precio justo y proporcional y, adem\u00e1s, porque no se aprovech\u00f3 de la situaci\u00f3n de violencia, aspectos respecto de los cuales advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[C]omo ya se precis\u00f3, Jos\u00e9 Rengifo vendi\u00f3 de manera informal el inmueble objeto de restituci\u00f3n a Roquelino en 1998. Desde entonces este tom\u00f3 posesi\u00f3n material del fundo y lo explot\u00f3 econ\u00f3micamente con pl\u00e1tano por un lapso aproximado de cinco a\u00f1os, al cabo de los cuales decidi\u00f3 vender a su vez a la empresa opositora. <\/p>\n
Pero aquel negocio fue informal y el pago se pact\u00f3 en cuotas mensuales, por eso a finales del a\u00f1o 2002 Roquelino busc\u00f3 al vendedor para terminarle de pagar $300.000 que le deb\u00eda del precio y para solucionar el tema de la escritura p\u00fablica correspondiente. <\/p>\n
Para tales efectos se encontraron en Fusagasug\u00e1 el 10 de diciembre de 2002, sin embargo, ese d\u00eda no otorgaron la escritura p\u00fablica de compraventa, sino que Jos\u00e9 de los Santos le otorg\u00f3 un poder con el cual Roquelino podr\u00eda disponer libremente del fundo, bien haci\u00e9ndose la transferencia a \u00e9l mismo o a quien bien tuviera Para la Sala no es cre\u00edble que este apoderamiento se haya efectuado en lugar de la escritura porque Jos\u00e9 de los Santos le hubiese pedido encarecidamente que no la hicieran toda vez que le iban a entregar unas tierras en Fusagasug\u00e1 y \u00abno quer\u00eda figurar con nada a nombre suyo porque de pronto no le adjudicaban nada\u00bb, tal y como lo atestigu\u00f3 Roquelino ante juez, no solo porque es un argumento contradictorio en s\u00ed mismo, puesto que si el vendedor no quer\u00eda figurar con nada tendr\u00eda que haber hecho todo lo contrario, sino adem\u00e1s porque en este punto el testigo se not\u00f3 muy inseguro en su respuesta y ni siquiera supo explicar a qu\u00e9 iba todo eso. <\/p>\n
En cambio, es m\u00e1s cre\u00edble y consistente lo manifestado desprevenidamente por Javier Restrepo, de que cuando les ofreci\u00f3 la parcela les indic\u00f3 que no hab\u00eda tramitado la escritura, sino que ten\u00eda un poder para firmarla pues quer\u00eda ahorrarse el pago de un acto escriturario adicional, lo que era perfectamente comprensible. Y es que Roquelino en diciembre de 2002 ya ten\u00eda intenci\u00f3n de vender el predio, por eso tiene sentido que haya buscado al esposo de la reclamante para que le firmara un poder y as\u00ed hacer el traspaso a la Bananera La Florida, lo que se corrobora a partir de que solo dos meses despu\u00e9s se haya otorgado la escritura p\u00fablica. <\/p>\n
Aunque para la UAEGRTD ese poder es fraudulento pues la reclamante indic\u00f3 que su exc\u00f3nyuge no sab\u00eda firmar y all\u00ed aparece rubricando y estampando su huella ante la Notaria (E) Segunda del C\u00edrculo de Fusagasug\u00e1, la Sala encuentra que sobre dicho documento realmente no se demostr\u00f3 vicio o anomal\u00eda alguna. En primer lugar, ella y varios de sus hijos coinciden en que Jos\u00e9 de los Santos se traslad\u00f3 a dicho municipio, aunque afirmaron no saber a qu\u00e9. En segundo lugar, pese a que este fuese una persona analfabeta no quiere decir que nunca hubiese aprendido a firmar, como ocurre de ordinario en muchos casos. N\u00f3tese que en su c\u00e9dula efectivamente figura como que \u00abNO FIRMA\u00bb, pero dicho documento fue expedido en abril de 1959, mientras que el poder en 2002, esto es, hab\u00edan transcurrido 43 a\u00f1os en los que bien pudo aprender a estampar su firma. En tercer lugar, el Grupo de Criminal\u00edstica adscrito a la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal de la Polic\u00eda Nacional efectu\u00f3 un cotejo dactilar de la huella que aparece en el poder al lado de la firma de Jos\u00e9 de los Santos con la propia del \u00edndice derecho tomada de una copia de su tarjeta decadactilar, concluyendo que se corresponden entre s\u00ed. <\/p>\n
Aunque es cierto que para la concreci\u00f3n de este negocio la sociedad opositora no se entendi\u00f3 con el exesposo de la reclamante, ni fue la causante del desplazamiento de \u00e9l y su familia, es evidente que no despleg\u00f3 actos que alcanzaran el umbral de diligencia y probidad suficientes a que alude el art\u00edculo 88 de la Ley 1448 de 2011 para configurar la buena fe creadora de derechos. <\/p>\n
De los propios argumentos de Javier Francisco Restrepo Girona, representante legal de la empresa opositora, se extrae que sab\u00edan de primera mano los hechos de violencia ocurridos en la zona y que Jos\u00e9 de los Santos y su n\u00facleo familiar viv\u00edan en dicha parcela y que de un momento para otro se fueron, no obstante, obviaron esta situaci\u00f3n y siguieron adelante con el negocio con Roquelino, en su af\u00e1n de adquirir todas las \u00abparcelitas\u00bb colindantes con la finca La Florida, otrora propiedad de los t\u00edos de Javier Francisco. Es decir, para la perfecci\u00f3n de este negocio la empresa no se tom\u00f3 siquiera la molestia de constatar las razones por las que Jos\u00e9 de los Santos se hab\u00eda ido de la zona y por las que hab\u00eda vendido, seguramente las intu\u00eda, pero realmente era una cuesti\u00f3n que no les interesaba en absoluto y simplemente se confiaron en que Roquelino llevaba explotando la parcela por cinco a\u00f1os, y eso les dio la tranquilidad necesaria para adquirir el predio. <\/p>\n
En un escenario de justicia transicional para ajustar un actuar a la diligencia y prudencia exigidas para la buena fe cualificada no es suficiente que la empresa no haya ejercido ning\u00fan tipo de violencia o coacci\u00f3n, como lo corrobora la Sala, y tampoco que no haya sido ella la causante del desplazamiento de las v\u00edctimas, se <\/p>\n
requiere desplegar un m\u00ednimo de actividad tendiente a comprobar y despejar toda duda de que en la compra no existen de por medio afectaciones por la violencia y el conflicto armado, y en este caso no las hubo y por eso no puede haber lugar a compensaci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
Y, en lo atinente al reconocimiento de la calidad de \u00absegunda ocupante\u00bb de la tutelante, el accionado acot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[E]st\u00e1 m\u00e1s que claro y comprobado que la empresa no re\u00fane las condiciones necesarias para ser tratada como tal seg\u00fan los t\u00e9rminos preceptuados por la Corte Constitucional en las providencias C-330\/16, A-373\/16, T-315\/16, T-367\/16 y T-646\/16, por no tratarse de un sujeto prevalente de derechos, pues se trata de una compa\u00f1\u00eda que tiene m\u00faltiples tierras en la zona, por ende, la entrega no la colocar\u00e1 en una situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n o vulnerabilidad que amerite una intervenci\u00f3n especial a su favor\u00bb. <\/p>\n
Luego, en cuanto a la alinderaci\u00f3n del predio materia de restituci\u00f3n, el Tribunal destac\u00f3: <\/p>\n
\u00abLos linderos y las coordenadas se especificar\u00e1n en la parte resolutiva conforme al trabajo de georreferenciaci\u00f3n elaborado por la UAEGRTD. Referente a su \u00e1rea, se tomar\u00e1 la georreferenciada por la misma unidad, por estar m\u00e1s actualizada, a trav\u00e9s de instrumentos metodol\u00f3gicos mucho m\u00e1s precisos, y porque es muy aproximada a las que obran en el t\u00edtulo de adjudicaci\u00f3n y de registro p\u00fablico. <\/p>\n
En este punto es necesario precisar que durante la inspecci\u00f3n judicial la apoderada de la opositora solicit\u00f3 al juez que le ordenara a la UAEGRTD rectificar las coordenadas del lindero sur occidental, petici\u00f3n que fue desentendida por el instructor, pero sin que la profesional del derecho reparara al respecto. <\/p>\n
Adicionalmente, el juez realiz\u00f3 un recorrido de todo el predio verificando los puntos georreferenciados, concluyendo que estaba correctamente identificado, y nuevamente la abogada nada manifest\u00f3. Por lo tanto, se entiende que finalmente hubo aceptaci\u00f3n impl\u00edcita de la identificaci\u00f3n de la parcela (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sobre el anterior t\u00f3pico, se encuentra que la querellante reclam\u00f3 la adici\u00f3n de la sentencia al estimar que el Colegiado atacado no hab\u00eda resuelto con suficiencia lo concerniente al \u00e1rea real del bien a restituir; aspecto en torno al cual, en prove\u00eddo de 25 de junio de 2021, esa autoridad expres\u00f3 que no proced\u00eda la complementaci\u00f3n de su decisi\u00f3n porque all\u00ed se hab\u00eda zanjado tal cuesti\u00f3n; no obstante, anot\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en gracia de discusi\u00f3n y para sosiego de quien clama justicia, hay que advertir que la Sala no pas\u00f3 por alto la situaci\u00f3n que pone de presente, pues, adem\u00e1s de los argumentos esbozados en la sentencia, desde la presentaci\u00f3n de la demanda se dej\u00f3 claro que los supuestos traslapes eran aparentes, adem\u00e1s de que en campo no exist\u00eda conflicto alguno a nivel de superposici\u00f3n de predios, conclusi\u00f3n a la que se lleg\u00f3 con base en una prueba que goza de presunci\u00f3n de fidedignidad y que no fue desvirtuada por la parte antagonista. As\u00ed se dej\u00f3 consignado en la solicitud: (\u2026) De conformidad con el informe t\u00e9cnico predial, al sobreponer el predio solicitado con la informaci\u00f3n de Catastro Antioquia se presenta un aparente traslapes (sic), sin embargo, de acuerdo a la informaci\u00f3n recopilada en campo, estos traslapes no existen, teniendo en cuenta adem\u00e1s que el predio reclamado por el (sic) la se\u00f1ora Libia Rosa Zapata de Rengifo y los herederos del se\u00f1or Jose (sic) de los Santos Rengifo Osorio (Q.E.P.D), colindan con otros predios reclamados en restituci\u00f3n, como el inmueble solicitado por el se\u00f1or Ruben (sic) Dario (sic) Ca\u00f1as Hernandez (sic) (ID 55902), con el cual, no existe ning\u00fan conflicto a nivel de predios por superposiciones a estos, seg\u00fan se observa en el mapa a continuaci\u00f3n elaborado por el \u00e1rea catastral y que ilustra los predios reclamados y que han sido georreferenciados, con los cuales no se presenta en la realidad ning\u00fan tipo de traslape: (\u2026). <\/p>\n
Es necesario tener en cuenta que en la mayor\u00eda de los casos los aparentes traslapes en catastro se deben a la desactualizaci\u00f3n en la informaci\u00f3n, debido a que no se realiza por la autoridad Catastral (sic) una verificaci\u00f3n peri\u00f3dica regular, la cartograf\u00eda de los predios en su mayor\u00eda se determina con base en fotograf\u00edas a\u00e9reas a una escala no adecuada a nivel de predios, los cambios y mutaciones f\u00edsicas, y variaciones de uso o de productividad de los predios, es por ello que las autoridades catastrales deben realizar peri\u00f3dicamente un proceso de censo y actualizaci\u00f3n, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 5 de la Ley 14 de 1983 (\u2026). <\/p>\n
Es por lo anterior y ante dicha desactualizaci\u00f3n que es com\u00fan que existan aparentes incongruencias al sobreponer los predios georreferenciados sobre la cartograf\u00eda catastral, atendiendo adem\u00e1s que en en (sic) estos predios se vienen desarrollando monocultivos de pl\u00e1tano o banano, concentrados en una empresa llamada BANANERA LA FLORIDA S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
Como antes se se\u00f1al\u00f3, no se encuentra irregularidad o desafuero en las providencias criticadas, pues el fallador censurado resolvi\u00f3 razonada y ponderadamente el asunto a su cargo. As\u00ed, se provey\u00f3 sobre la legitimaci\u00f3n de Libia Rosa Zapata de Rengifo para promover el juicio criticado en su nombre y para la sucesi\u00f3n del causante, Jos\u00e9 de los Santos Rengifo Osorio, propietario del bien; y, del mismo modo, tras analizar las pruebas recepcionadas, el Tribunal encontr\u00f3 acreditados los actos de despojo sufridos por el n\u00facleo familiar de la solicitante, pero no as\u00ed la buena fe exenta de culpa de la compa\u00f1\u00eda opositora, pues \u00e9sta omiti\u00f3 probar las averiguaciones realizadas para establecer la situaci\u00f3n del predio adquirido y, adem\u00e1s, a trav\u00e9s de sus representantes, reconoci\u00f3 y acept\u00f3 las circunstancias de violencia vividas en la zona para la fecha del negocio, aspecto sobre el cual esta Corte, en asuntos similares, ha expresado: <\/p>\n
\u00ab[A]hora, el precepto 98 de [la Ley 1448 de 2011] establece que en la sentencia se conceder\u00e1 la compensaci\u00f3n a terceros opositores que prueben la buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
\u201cFrente a la aludida buena fe, esta Sala en sede de casaci\u00f3n, aduj\u00f3: \u201c(\u2026) una cosa es la buena fe exenta de culpa o cualificada o creadora de derechos (\u2026) y otra bien distinta la buena fe simple o buena fe posesoria definida por el art\u00edculo 768 del C.C. como \u201cla conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios leg\u00edtimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio (…)\u00bb, que a diferencia de la anterior no necesita probarse sino que se presume legalmente, tal como lo dispone el art\u00edculo 769 ib\u00eddem, y que es la requerida por el art\u00edculo 964 de la misma obra para que el poseedor vencido restituya \u00fanicamente los frutos percibidos o que pudieron percibirse despu\u00e9s de la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb (subraya del texto) (CSJ. STC. 4 de febrero de 2014, exp. 00078-00). <\/p>\n
Se observa, igualmente, que la Colegiatura acusada no incurri\u00f3 en desafuero al negarse a reconocer la calidad de \u00absegunda ocupante\u00bb de la peticionaria, pues es evidente que no se trata de una persona natural v\u00edctima del conflicto, que solo cuente con el bien objeto de restituci\u00f3n para su habitaci\u00f3n y subsistencia, conforme lo ha establecido la jurisprudencia constitucional (sentencia C-330 de 2016) y la normatividad actualmente aplicable (Decreto 440 de 2016 y Acuerdo 33 de 2016, entre otros). <\/p>\n
Por \u00faltimo, en torno a los supuestos errores en la alinderaci\u00f3n del inmueble materia de controversia, se encuentra que el Tribunal explic\u00f3 los motivos por los cuales acogi\u00f3 las mediciones efectuadas por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y Abandonadas en la solicitud demandatoria, as\u00ed como el mapa de georreferenciaci\u00f3n aceptado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, sin que se evidencie capricho o arbitrariedad del accionado al llegar a conclusiones distintas de las esbozadas por la tutelante. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha se\u00f1alado que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ. STC de 15 feb. 2011, exp. 01404, citada entre otras en STC11349-2021 y STC13775-2021). <\/p>\n
2. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Bananera La Florida S.A.S. contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC598-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC598-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00069-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la tutela formulada por Bananera La Florida S.A.S. contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60789","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60789","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60789"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60789\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60789"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60789"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60789"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}