STC606-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC606-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00164-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintis\u00e9is de enero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad Metroaseo Ltda., contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
El representante legal de la sociedad nombrada, solicita la protecci\u00f3n del derechos fundamental al debido proceso de su representada y pide que se deje sin efectos la decisi\u00f3n proferida el 16 de junio de 2021, por la cual, la Sala de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 el auto proferido el 6 de marzo de 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, mediante el cual precluy\u00f3 por atipicidad de la conducta, la investigaci\u00f3n seguida contra el Juez Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, por el delito de prevaricato por acci\u00f3n. <\/p>\n
Luego del relato de las actuaciones que considera irregulares en el proceso ejecutivo hipotecario que el Banco Santander inici\u00f3 en contra de Metroaseo Ltda., con radicado 1997\u201312981\u201300, afirm\u00f3 que a mediados del a\u00f1o 2017 interpuso denuncia penal en contra del nombrado Juez y de la secretaria del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n Civil del mencionado Circuito, por el delito de prevaricato por acci\u00f3n, \u00aben la (sic) de remate de Julio Dieciocho (18) de dos mil diecisiete (2017) que resolvi\u00f3: 1\u00ba- ADJUDICAR el bien inmueble distinguido con Matricula Inmobiliaria No 040- 179989 (sin especificar la cabida) y 2\u00ba- APROBAR el Remate de conformidad con lo establecido en el Numeral 5\u00ba del Art\u00edculo 468 del C. G. P\u00bb, esto es, por las determinaciones adoptadas en la audiencia p\u00fablica llevada a cabo el 18 de julio de 2017, en la que se dispuso la adjudicaci\u00f3n del inmueble distinguido con Matricula Inmobiliaria No 040- 179989 y la aprobaci\u00f3n del remate. <\/p>\n
Se\u00f1ala que la Fiscal\u00eda Cuarta Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, a quien por reparto correspondi\u00f3 conocer, radic\u00f3 petici\u00f3n de preclusi\u00f3n que acogi\u00f3 esa Sala el 6 de marzo de 2019, precluyendo por atipicidad de conducta, la investigaci\u00f3n seguida contra Fandi\u00f1o V\u00e1squez por el delito de prevaricato por acci\u00f3n. <\/p>\n
Arguye que apel\u00f3 la decisi\u00f3n y la Sala de Casaci\u00f3n Penal en auto de 16 de junio de 2021 la confirm\u00f3, desconociendo el contenido de los art\u00edculos 287 y el par\u00e1grafo final del 468 del C\u00f3digo General del Proceso, circunstancia que hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 20 del presente mes, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa, y fueron citados la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el Fiscal Cuarto Delegado y ante \u00e9sta \u00faltima Corporaci\u00f3n, el representante del Ministerio P\u00fablico ante el nombrado Tribunal, el Juez Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla y la secretaria del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Hasta el momento de proferir la decisi\u00f3n, no se hab\u00eda recibido respuesta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlas prevalecer dentro del correspondiente proceso. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela se concluye que en el presente asunto, el representante legal de la sociedad accionante se queja de la providencia AP2438-2021 de 16 de julio de 2021 (Radicaci\u00f3n No. 56136), por la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 el auto proferido el 6 de marzo de 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, mediante el cual precluy\u00f3 por atipicidad de la conducta, la investigaci\u00f3n seguida contra Jairo Alberto Fandi\u00f1o V\u00e1squez por el delito de prevaricato por acci\u00f3n, y en sustento de lo anterior, alega que en tal decisi\u00f3n se desconoci\u00f3 que la diligencia de remate del bien inmueble de la sociedad que representa, identificado con Matricula Inmobiliaria Nro. 040-179989, llevada a cabo por el funcionario denunciado, as\u00ed como el auto aprobatorio de la misma, son contrarios a derecho. <\/p>\n
Sin embargo, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente tanto al escrito de tutela como a los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias digitales, se observa que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, teniendo en cuenta que revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta que la Sala de Casaci\u00f3n Penal para confirmar lo decidido por el Tribunal Superior de Barranquilla cognoscente, y acoger en \u00faltimas la petici\u00f3n de precluir la investigaci\u00f3n penal frente al Juez Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, luego de relacionar de manera pormenorizada la actuaci\u00f3n adelantada, de ocuparse del tr\u00e1mite de la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n y del delito de prevaricato por acci\u00f3n, en relaci\u00f3n con la espec\u00edfica queja que eleva la Sociedad actora puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En concreto, la decisi\u00f3n que se tilda de prevaricadora se contrae a la providencia dictada en audiencia del 18 de julio de 2017, mediante la cual se dispuso la adjudicaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n del remate del inmueble denominado Las Moyas, ubicado en el corregimiento de Juan Minas, jurisdicci\u00f3n del Distrito de Barranquilla e identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-179989 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa localidad. <\/p>\n
De forma preliminar, la Sala encuentra que los reproches en que se fundamenta la denuncia, en s\u00edntesis, replicados en el presente recurso, se tratan de apreciaciones que contrastadas con los elementos probatorios y la normativa aplicable al proceso ejecutivo hipotecario, permite colegir que no existe ninguna irregularidad atribuible al procesado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y de otra parte, agreg\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, en relaci\u00f3n a que el investigado no efectu\u00f3 el cobro del impuesto de remate previo a la adjudicaci\u00f3n del bien, igualmente, se trata de un reclamo que no tiene la contundencia suficiente para arribar a la conclusi\u00f3n que el juez Jairo Alberto Fandi\u00f1o V\u00e1squez hubiere emitido una decisi\u00f3n contraria a derecho. <\/p>\n
Como bien se ha expuesto en el presente tr\u00e1mite, el proceso ejecutivo versaba respecto al cobro de una garant\u00eda real, motivo por el cual, v\u00e1lidamente el aforado dispuso la aplicaci\u00f3n del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 468 del C\u00f3digo General del Proceso que regula dicha figura (\u2026) <\/p>\n
Como se extrae de la diligencia de remate, el proceder del funcionario fue tal y como lo rese\u00f1a la norma transcrita, es decir, el ejecutante postul\u00f3 su cr\u00e9dito ($403.421.506.oo) para obtener la adjudicaci\u00f3n del bien, y teniendo en cuenta que dicho valor superaba al 70% del aval\u00fao del inmueble (376.311.250) procedi\u00f3 a efectuar el reconocimiento de adjudicaci\u00f3n en la misma audiencia. <\/p>\n
Entonces, atendiendo la aplicaci\u00f3n literal de la regla procesal, no se observa contrario a derecho que se hubiere procedido a la adjudicaci\u00f3n del bien de manera directa, pues, precisamente, el valor del saldo del cr\u00e9dito y del aval\u00fao as\u00ed lo permit\u00eda. Al tiempo, resultaba innecesario otorgar el t\u00e9rmino de tres d\u00edas -de pago de saldo- para adjudicar y aprobar el remate. <\/p>\n
Si bien, la recurrente insiste en que sin importar que el ejecutivo sea de naturaleza real o quirografaria, en todo caso, siempre debe pagarse el impuesto de remate, se trata de una postura de la que el investigado difiere, no solo porque la norma procesal le otorga tratamiento diferente al no exigirlo expresamente, sino porque estima que t\u00e9cnicamente no se llev\u00f3 a cabo una subasta, dado que, ante la falta de postores y asistentes, el acreedor hipotecario ejerci\u00f3 su derecho sustancial de adjudicaci\u00f3n derivada de la garant\u00eda real. <\/p>\n
Como se muestra, existe una confrontaci\u00f3n de posturas jur\u00eddicas, sobre el pago previo del impuesto, hecho que por s\u00ed solo no conduce indefectiblemente a la comisi\u00f3n de la conducta de prevaricato por acci\u00f3n, en tanto que, si la interpretaci\u00f3n que ofrece el investigado no luce caprichosa, il\u00f3gica e inconsulta de la normatividad, mal podr\u00eda estructurarse la tipicidad del tipo en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed mismo, debe recordarse el marco basilar definido por esta Corporaci\u00f3n en esta clase de delitos, seg\u00fan el cual, el examen de tipicidad no se efect\u00faa desde el escenario del acierto, sino de la estricta legalidad. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
A pesar de la interpretaci\u00f3n en contrario que alega la recurrente apoyada en la doctrina, seg\u00fan la cual, en todos los casos, ya sean ejecutivos singulares e hipotecarios, se debe pagar el impuesto antes de la adjudicaci\u00f3n, ello no controvierte que el funcionario obr\u00f3 conforme su entendimiento de la norma especial aplicable al caso que no exig\u00eda el pago, circunstancia que, en \u00faltimas, excluye un acto protervo de contrariar el derecho. <\/p>\n
Precisamente, esta Corporaci\u00f3n ha entendido que en casos donde se advierta la existencia de diversas interpretaciones no es predicable la existencia del prevaricato por acci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Aunado a todo lo anterior, no puede menospreciarse que la parte demandante, igual, atendi\u00f3 y sufrag\u00f3 el pago del impuesto de remate, tal y como se evidencia del recibo del 19 de julio de 2017 por un valor de $20.171.076.oo, tal y como as\u00ed lo corrobor\u00f3 la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
Entonces, menos a\u00fan puede extraerse la comisi\u00f3n del prevaricato por acci\u00f3n, en la medida que, el pago del impuesto se realiz\u00f3 al d\u00eda siguiente de la subasta, esto es, dentro del t\u00e9rmino legal -5 d\u00edas- que alega la parte recurrente debe efectuarse el desembolso del tributo seg\u00fan la norma gen\u00e9rica de los ejecutivos -art. 453 del C.GP-, so pena de improbar el remate (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende la peticionaria del amparo (all\u00ed denunciante), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir el an\u00e1lisis probatorio y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda el m\u00e1s adecuada. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab(\u2026) Al juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC3841-2020). <\/p>\n
As\u00ed mismo, la Sala ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC. 7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01), y, de otro lado, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 27 mar. 2012, Rad.00022-01). (Mencionadas en STC3776-2019, STC12482-2021 y STC12606-2021, entre otras). <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por la sociedad Metroaseo Ltda., contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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