AC195-2022 (2022-00140-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC195-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00140-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la solicitud de exequatur presentada por Mar\u00eda Aracelly Lopera Builes, respecto de la \u00abdeclaraci\u00f3n jurada conjunta de ruptura irremediable\u00bb de \u00ab20 de diciembre de 2018\u00bb, suscrita ante el Tribunal de Primera Instancia del Departamento de Sucesiones y Tribunal de Familia de la divisi\u00f3n de Suffolk, Estado de Massachusetts, Estados Unidos de Am\u00e9rica. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 18 de enero del a\u00f1o en curso, por intermedio de apoderada judicial, se deprec\u00f3 el reconocimiento de la \u00abdeclaraci\u00f3n jurada conjunta de ruptura irremediable\u00bb de \u00ab20 de diciembre de 2018\u00bb, en la que consta el acuerdo de divorcio suscrito entre Mar\u00eda Aracelly Lopera Builes y \u00abDevis Himerio Medina Medina\u00bb. <\/p>\n
2. Adjunto con el libelo genitor se anex\u00f3, por v\u00eda digital, la siguiente documentaci\u00f3n: \u00ab01. Demanda\u00bb y \u00ab02. anexos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El exequatur es un procedimiento jurisdiccional que tiene por finalidad otorgar a una sentencia proferida en el exterior los mismos efectos que una local, en virtud de los principios de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica entre los estados y reciprocidad diplom\u00e1tica, a condici\u00f3n de que se cumplan las formalidades se\u00f1aladas en la regulaci\u00f3n para estos fines. <\/p>\n
En Colombia, los c\u00e1nones 606 y 607 del C\u00f3digo General del Proceso consagran los requerimientos que deben observarse, dentro de los cuales se encuentra que la providencia for\u00e1nea (I) \u00abno verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profiri\u00f3\u00bb (numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 606) y (II) que se encuentre \u00abejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb (numeral 3\u00ba \u00eddem), so pena que el pedimento pueda rechazarse de plano (numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 607). <\/p>\n
1.1. La primera de las exigencias reside en que el veredicto aportado no defina asuntos referentes a derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en Colombia, en garant\u00eda del fuero real reconocido en el Derecho Internacional Privado. <\/p>\n
La anterior regla -lex rei sitae-, tiene como fundamento el art\u00edculo 26 del Tratado Montevideo de 1889 sobre Derecho Civil Internacional, incorporado a la legislaci\u00f3n patria a trav\u00e9s de la ley 33 de 1992, a saber: \u00abLos bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar donde existen en cuanto a su calidad, a su posesi\u00f3n, a su enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones de derecho de car\u00e1cter real de que son susceptibles\u00bb. <\/p>\n
Sobre este fuero, la Sala tiene dicho: <\/p>\n
Conviene indicar, igualmente, que el hecho de que el causante sea nacional espa\u00f1ol no excluye la jurisdicci\u00f3n colombiana, pues, como aqu\u00e9l ten\u00eda inmuebles en el pa\u00eds, acorde con la relaci\u00f3n de relictos efectuada, impera la lex rei sitae, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 20 del C\u00f3digo Civil, a cuyo tenor, los bienes situados en los territorios, y aqu\u00e9llos que se encuentren en los Estados, en cuya propiedad tenga inter\u00e9s o derecho la Naci\u00f3n, est\u00e1n sujetos a las disposiciones de este C\u00f3digo, aun cuando sus due\u00f1os sean extranjeros y residan fuera de Colombia. (AC7803, 16 de noviembre de 2016, rad. n.\u00ba 2015-03168-01). <\/p>\n
De igual forma esta Corporaci\u00f3n, en distintos pronunciamientos, ha hecho \u00e9nfasis en que las sentencias extranjeras, cuyo reconocimiento se persigue a trav\u00e9s del exequatur, no pueden contener decisiones sobre bienes ubicados en Colombia, so pena de negarles efectos jur\u00eddicos en nuestro pa\u00eds: <\/p>\n
Las partes poseen la siguiente propiedad que ser\u00e1 dividida de la siguiente forma: Calle\u2026 Bogot\u00e1, Colombia, cuando esta propiedad sea vendida (para el 2020) deber\u00e1n dividir los activos de forma equitativa seg\u00fan la venta de la casa. El costo de mantener la propiedad inmobiliaria (pago de hipotecas, impuestos, seguros, prestamos de capital etc.) ser\u00e1 de la siguiente forma: Las partes deber\u00e1n dividir de forma equitativa los pagos de la hipoteca, impuestos y seguros (\u2026), lo que de suyo recae sobre un asunto de competencia exclusiva de los jueces colombianos, no sometidos a una previa imposici\u00f3n extranjera, adem\u00e1s de estar relacionado sobre derechos reales constituidos en bienes que se encuentran en territorio colombiano, contrariando as\u00ed de esa forma los numerales 1 y 4 del art\u00edculo 606 [del C\u00f3digo General del Proceso] (AC2633, 13 oct. 2020, rad. n.\u00ba 2020-02504-00) (negrilla fuera del texto). <\/p>\n
En pronunciamiento an\u00e1logo se indic\u00f3: <\/p>\n
La sentencia del 17 de julio de 2009 da cuenta que los contrayentes, en vigencia de su comunidad de vida, adquirieron derechos reales sobre dos (2) inmuebles ubicados en Colombia [\u2026] los cuales se adjudicaron al se\u00f1or [\u2026] con la advertencia que las partes deb\u00edan suscribir los documentos requeridos para el efecto y, en todo caso, \u2018\u2026una copia certificada de esta sentencia y decreto o una copia certificada de la sentencia sumaria de Disposici\u00f3n de Inmuebles y la Sentencia servir\u00e1n para transferir la propiedad\u2026\u2019. Estas determinaciones ponen en evidencia que el pronunciamiento judicial afectar\u00e1 derechos reales de los c\u00f3nyuges sobre predios localizados en el territorio nacional, estableciendo deberes para su transferencia o renuncia, as\u00ed como el t\u00edtulo que servir\u00eda de base a cualquiera de estas actuaciones. Se trata, entonces, de un fallo que versa sobre derechos de bienes ubicados en Colombia, lo que impone su rechazo (AC4909, 2\u00b0 ag. 2016, rad. n.\u00ba 2016-01537-00, reiterado en SC19856, 11 nov. 2017, rad. n.\u00ba 2014-01295-00) (negrilla fuera del texto). <\/p>\n
1.2. Por otra parte, el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso consagra, en realidad, cuatro (4) requisitos que debe cumplir el fallo a homologar. <\/p>\n
1.2.1. El primero de ellos es que se trate de una sentencia judicial; exigencia acompasada con lo establecido en el art\u00edculo 605 \u00eddem, el cual precisa que \u00ablas sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, la Corte ha rehusado otorgar efectos jur\u00eddicos a los documentos que no puedan ser catalogados como veredictos judiciales, tales como actas notariales o providencias administrativas: <\/p>\n
Uno de los presupuestos esenciales de la solicitud de exequatur, es que se trate de una sentencia judicial for\u00e1nea o de un pronunciamiento extranjero que tenga dicho car\u00e1cter, calidad que no puede predicarse del acta notarial tra\u00edda por los solicitantes en este asunto, documento cuyo prop\u00f3sito, distinto al de las sentencias, es el de dar fe de una declaraci\u00f3n de voluntad expresada por los firmantes. (AC2375, 16 jun. 2021, rad. n.\u00b0 2021-01801). <\/p>\n
En el caso bajo estudio, se advierte que el demandante pretende homologar el registro No. 91519\/2015, en el que se inscribi\u00f3 el acta que profiri\u00f3 la Quinta Registradora Auxiliar de Lisboa, Portugal, mediante la cual se decret\u00f3 el divorcio que de mutuo acuerdo el solicitante y la se\u00f1ora Floralba Mesa Serrano presentaron. De ah\u00ed que sea claro que el documento adosado a efectos de surtir el tr\u00e1mite de exequ\u00e1tur, no reviste la naturaleza exigida por la normatividad, pues no es una sentencia, ni tampoco una decisi\u00f3n que revista dicho car\u00e1cter, toda vez que corresponde a un acto proferido por la autoridad registral del referido pa\u00eds, es decir no es una determinaci\u00f3n judicial (AC, 8 mar. 2016, rad. n.\u00b0 2016-00342-00, citado en AC3292, 7 dic. 2020, rad. n.\u00b0 2020-02503). <\/p>\n
1.2.2. El segundo es que se arrime una \u00abcopia debidamente legalizada\u00bb del fallo a reconocer. En este punto, conviene recordar el contenido del art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso: \u00abLos documentos p\u00fablicos otorgados en pa\u00eds extranjero por funcionario de este o con su intervenci\u00f3n, se aportar\u00e1n apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia\u00bb. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n de esta carga impide reconocer efectos jur\u00eddicos al documento, de all\u00ed que, una petici\u00f3n de homologaci\u00f3n formulada en desatenci\u00f3n de ella, deba ser rechazada sin otras consideraciones, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n en reciente jurisprudencia: <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, seg\u00fan el art\u00edculo 251 del actual estatuto procesal, para que un documento extranjero tenga valor probatorio deber\u00e1 estar \u00abapostillado de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia\u00bb. <\/p>\n
Como Colombia y Estados Unidos de Am\u00e9rica son suscriptores de la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, la apostilla es el instrumento que permite certificar \u00abla autenticidad de la firma, [y] a qu\u00e9 t\u00edtulo ha actuado la persona que firma el documento\u00bb (art\u00edculo 3). <\/p>\n
Requisito exigible, trat\u00e1ndose de la sentencia que pretende ser homologada, por fuerza del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 606 del c\u00f3digo en menci\u00f3n, siendo precedente repeler su estudio cuando no se satisfaga seg\u00fan el ordinal 2\u00b0 del canon 607 idem. (15 sep. 2021, rad. n.\u00b0 2016-02215-00). <\/p>\n
1.2.3. Tercero, y en concordancia con el inciso segundo del art\u00edculo 607 del ordenamiento procesal vigente, \u00abcuando la sentencia o cualquier documento que se aporte no est\u00e9n en castellano, se presentar\u00e1 con la copia del original su traducci\u00f3n en legal forma\u00bb. <\/p>\n
Significa que, s\u00f3lo los documentos traducidos al castellano, pueden ser tenidos como tales al interior del proceso y, por ende, ser apreciados como prueba, como lo ordena el inciso primero del art\u00edculo 251 \u00eddem. <\/p>\n
Al respecto, este \u00f3rgano de cierre doctrin\u00f3: <\/p>\n
Como la sentencia a reconocer se emiti\u00f3 en una lengua diferente al castellano, para su aportaci\u00f3n era indispensable que se acompa\u00f1ara la traducci\u00f3n en debida forma, so pena de tenerla por no allegada. El art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso establece: <\/p>\n
Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducci\u00f3n efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducci\u00f3n y su original podr\u00e1n ser presentados directamente. La desatenci\u00f3n de esta carga, por traslucir la ausencia del documento a reconocer, conduce indefectiblemente al rechazo del pedimiento judicial. (CSJ, AC5419, 17 nov. 2021, rad. n.\u00b0 2021-04119-00). <\/p>\n
1.2.4. Y, por \u00faltimo, es imperativo que la sentencia extranjera se \u00abencuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen\u00bb. <\/p>\n
La jurisprudencia decantada de la Corte tiene dicho que, para demostrar el car\u00e1cter definitivo, es menester que el interesado allegue prueba id\u00f3nea que permita tener seguridad de que el fallo es \u00abfinal\u00bb, lo cual resulta inviable cuando \u00abno hay menci\u00f3n sobre los recursos procedentes en contra del mismo y la manera en que, de haberse interpuesto, fueron agotados, evento que impide igualmente definir el car\u00e1cter definitivo\u00bb (AC2970, 22 jul. 2021, rad. n.\u00b0 2021-01510-00). <\/p>\n
2. Visto lo anterior procede anticipar que, en el sub lite, la solicitud deber\u00e1 rechazarse, en tanto: (I) no se alleg\u00f3 por parte de la solicitante una sentencia judicial, ya que los documentos aportados se refieren a una \u00abdeclaraci\u00f3n jurada conjunta de ruptura irremediable\u00bb y un \u00abacuerdo de separaci\u00f3n\u00bb; (II) por sustracci\u00f3n de materia, no se satisfacen los requisitos de traducci\u00f3n al castellano y aportaci\u00f3n en copia aut\u00e9ntica; y (III) el acuerdo suscrito por las partes en el exterior versa sobre derechos reales respecto de bienes ubicados en territorio patrio. <\/p>\n
2.1. De la documentaci\u00f3n arrimada por la convocante no se advierte la existencia de un fallo judicial, esto es, una providencia emitida por un juez, en la que previo agotamiento del proceso de notificaci\u00f3n y contradicci\u00f3n, se resuelva una controversia suscitada entre las partes trabadas en juicio. <\/p>\n
Si bien a folio 71 del archivo digital 0.2. \u00abAnexos\u00bb se aport\u00f3 una traducci\u00f3n del \u00abcertificado de divorcio\u00bb, documento que fuera suscrito por \u00abF\u00e9lix Arroyo\u00bb, donde se afirm\u00f3 que \u00abel Tribunal dict\u00f3 una sentencia de divorcio condicional en el caso mencionado anteriormente (Devis H. Medina Medina y Mar\u00eda A Lopera Builes)\u00bb, lo cierto es que la providencia referida por la autoridad no fue arrimada junto a la solicitud. <\/p>\n
Ciertamente se allegaron escritos que prueban la decisi\u00f3n de finalizar el v\u00ednculo conyugal; sin embargo, estos carecen de la condici\u00f3n de veredictos jurisdiccionales, como son: <\/p>\n
(I) La \u00abdeclaraci\u00f3n jurada conjunta de ruptura irremediable\u00bb que suscribieron Mar\u00eda Aracelly Lopera Builes y \u00abDevis H. Medina Medina\u00bb el 24 de septiembre de 2018 ante notario p\u00fablico (folios 20, 21, 22, 54 y 55 del archivo digital 02. \u201cAnexos\u201d), esto es, \u00abAlexandra I. Regel\u00bb, que tambi\u00e9n cuentan con sello de autenticidad del Estado de Massachusetts, Estados Unidos de Am\u00e9rica (folios 54 y 55 \u00eddem) y; <\/p>\n
(II) El \u00abacuerdo de separaci\u00f3n\u00bb suscrito por las mismas partes el 7 de septiembre de 2018 ante notario p\u00fablico (folios 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 56, 57, 58, 59 y 60 del archivo digital 02. \u201cAnexos\u201d), huelga decirlo, \u00abDoris Ledy Aristizabal\u00bb y \u00abRosa C. Dom\u00ednguez\u00bb, que de igual forma se trae con certificaci\u00f3n de autenticidad (folio 60 \u00eddem). <\/p>\n
No obstante, estos documentos son meras manifestaciones de voluntad, que reflejan la decisi\u00f3n de los interesados de extinguir el v\u00ednculo conyugal existente, sin provenir de una autoridad judicial. <\/p>\n
2.2. Ante la ausencia de un veredicto, reluce la falta de satisfacci\u00f3n del requisito de estar aportado en copia aut\u00e9ntica y que \u00e9sta se legalizara conforme a las normas sobre la materia, razones agregadas para proceder al rechazo del pedimento de homologaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Se agrega que, el acuerdo de divorcio aprobado por las partes, contiene declaraciones y acuerdos que afectan el derecho real de dominio sobre bienes inmuebles ubicados en Colombia, asunto que, por estar sometido a la exclusiva competencia de los jueces nacionales, no puede ser objeto de decisi\u00f3n extranjera. <\/p>\n
Adicionalmente, la esposa ejecutar\u00e1 una escritura de renuncia al Marido, transfiri\u00e9ndole todo el derecho a ella, de su derecho, t\u00edtulo e inter\u00e9s de este sobre la vivienda ubicada en Calle 25 A 25 en Santa Rosa, Colombia. A cambio y como contraprestaci\u00f3n por los traspasos anteriores, el Marido ejecutar\u00e1 una escritura de renuncia a la Esposa, transfiri\u00e9ndole a ella todo su derecho, t\u00edtulo e inter\u00e9s sobre la vivienda ubicada en Finca el Potrero en Santa Rosa, Colombia. (folio 26 del archivo digital 02. \u201cAnexos\u201d). <\/p>\n
Rem\u00e1rquese, en el acuerdo se incluyeron determinaciones sobre inmuebles situados en territorio colombiano, lo que ri\u00f1e con el fuero real, por lo que un fallo for\u00e1neo que pretenda regular esta materia o se limite a aprobar la citada convenci\u00f3n, est\u00e1 llamado a no producir efectos jur\u00eddicos en nuestro pa\u00eds, como ha sido ratificado por la Corte: <\/p>\n
De hecho, el acuerdo se\u00f1ala que hay renuncias rec\u00edprocas entre los interesados respecto a derechos que les corresponden sobre dichas cosas, as\u00ed como el compromiso de enajenar la segunda una de estas. Decisiones que se traducen en modificaciones a la titularidad de derechos reales sobre los predios, lo cual s\u00f3lo ser\u00e1 posible en virtud de una decisi\u00f3n de juez nacional y seg\u00fan las leyes patrias. (AC7751, 11 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2016-03149-00). <\/p>\n
2.3.2. La sola circunstancia de existir determinaciones de tal alcance como \u00abejecutar una renuncia\u00bb o \u00abtransferir todo el derecho, t\u00edtulo e inter\u00e9s\u00bb sobre bienes inmuebles ubicados en Colombia, como es el caso de \u00abla vivienda ubicada en Calle 25 A 25 en Santa Rosa, Colombia\u00bb y \u00abla vivienda ubicada en Finca el Potrero en Santa Rosa, Colombia\u00bb (folio 26 del archivo digital 02. \u201cAnexos\u201d), refleja, con apoyo en la jurisprudencia de la Sala, que es procedente emitir auto de rechazo frente a la solicitud de exequatur elevada por Mar\u00eda Aracelly Lopera Builes. <\/p>\n
3. Con todo, este Despacho estima importante realizar las siguientes consideraciones respecto al contenido de la solicitud y sus anexos, por mostrar otras desatenciones a las normas que gobiernan la adecuada presentaci\u00f3n de un pedimento de exequatur: <\/p>\n
3.1. La interesada olvid\u00f3 aportar la apostilla de los siguientes anexos: (I) \u00abSeparation Agreement\u00bb (folios 56 al 60 del archivo digital 02. \u201cAnexos\u201d); y (II) \u00abCertificado de divorcio absoluto bajo G.L. c. 208, & 1A\u00bb (folios 71 y 72 \u00eddem), del cual, valga aclarar, tambi\u00e9n se extra\u00f1\u00f3 su aportaci\u00f3n en original o copia. <\/p>\n
3.2. Caso aparte es el del documento denominado como \u00abQuitclaim Deed\u00bb, suscrito el 22 de octubre de 2018 por \u00abDevis H. Medina Medina\u00bb (folios 45 y 46 del archivo digital 02. \u201cAnexos\u201d) que se aport\u00f3 sin apostilla, pero adem\u00e1s se arrim\u00f3 sin traducci\u00f3n al castellano, por lo que, en t\u00e9rminos del ya mencionado art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso1, no puede ser tenido en cuenta como prueba al no poder otorg\u00e1rsele efectos jur\u00eddicos. <\/p>\n
3.3. No se aport\u00f3 prueba de la reciprocidad diplom\u00e1tica, legislativa o \u00abde hecho\u00bb, presupuesto inexcusable del exequatur y cuya acreditaci\u00f3n se encuentra en cabeza del interesado2, sin que su abulia pueda ser suplida por la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Para estos fines, conforme al orden jur\u00eddico, debe tenerse en consideraci\u00f3n el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual consagra: <\/p>\n
El texto\u2026 de las leyes extranjeras, se aducir\u00e1 en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte. <\/p>\n
La copia total o parcial de la ley extranjera deber\u00e1 expedirse por la autoridad competente del respectivo pa\u00eds, por el c\u00f3nsul de ese pa\u00eds en Colombia o solicitarse al c\u00f3nsul colombiano en ese pa\u00eds. <\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1 adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o instituci\u00f3n experta en raz\u00f3n de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un pa\u00eds o territorio fuera de Colombia, con independencia de si est\u00e1 habilitado para actuar como abogado all\u00ed. <\/p>\n
Cuando se trate de ley extranjera no escrita, podr\u00e1 probarse con el testimonio de dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds de origen o mediante dictamen pericial en los t\u00e9rminos del inciso precedente. <\/p>\n
Adem\u00e1s, seg\u00fan los numerales 10 del art\u00edculo 78 y 2\u00b0 del canon 173 ibidem, no es procedente decretar pruebas que pudieron haberse obtenido directamente por el interesado o mediante el ejercicio del derecho de petici\u00f3n, a menos que este demuestre haber realizado la gesti\u00f3n correspondiente sin obtener respuesta. <\/p>\n
3.4. No se allegaron al proceso pruebas de que el prove\u00eddo extranjero guarda armon\u00eda con las \u00ableyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico\u00bb, como lo exige el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso, en concreto, respecto a la causal de divorcio que sirvi\u00f3 para la cesaci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial en el extranjero. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto las partes, en el acuerdo de divorcio elevado ante notario p\u00fablico, solicitaron que se concediera por \u00abruptura irremediable\u00bb (folio 5 del archivo digital 02. \u201cAnexos\u201d), motivo que, prima facie, no encuentra equivalente en el art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3.5. No se emiti\u00f3 una declaraci\u00f3n respecto a la no existencia de proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto sobre el que se pide la homologaci\u00f3n (numeral 5\u00ba del art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
3.6. No se aport\u00f3 registro civil de nacimiento de la hija, o documento equivalente, lo que impide reconocer la condici\u00f3n de mayor\u00eda de edad, para esta, que la convocante esgrimiera en la demanda y, en consonancia, no se pudo verificar si se tomaron medidas para la protecci\u00f3n de sus derechos al momento de decretarse el divorcio. <\/p>\n
3.7. No se aport\u00f3 copia del registro civil de matrimonio de las partes. Si bien obra en el expediente la partida de matrimonio expedida por la Di\u00f3cesis de Santa Rosa de Osos, esta no permite demostrar el estado civil de las partes a la luz de las normas que gobiernan la materia. <\/p>\n
3.8. No se aport\u00f3 la resoluci\u00f3n n\u00famero 4876, expedida el 18 de septiembre de 1974, donde se acredita la calidad de traductor e int\u00e9rprete oficial de Alejandro Wills Buitrago. <\/p>\n
4. Adem\u00e1s, la demanda desconoce los numerales 2\u00ba, 4\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 82 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto: <\/p>\n
a) No se identific\u00f3 de manera precisa a la parte convocada, en cuanto todos los documentos anexos a la demanda se refieren al mismo como \u00abDevis H. Medina Medina\u00bb, mientras que en la demanda se lo nombra como \u00abDeivis\u00bb. <\/p>\n
b) La solicitante no formul\u00f3 petici\u00f3n alguna que estuviera encaminada a la inscripci\u00f3n de la sentencia que emanara del tr\u00e1mite de exequatur en los registros civiles de las partes. <\/p>\n
c) No incluy\u00f3 la direcci\u00f3n f\u00edsica ni de correo electr\u00f3nico de la solicitante, Mar\u00eda Aracelly Lopera Builes. Igual situaci\u00f3n se predica de las direcciones de notificaci\u00f3n de \u00abDevis H. Medina Medina\u00bb. <\/p>\n
5. Finalmente, no es dable reconocer personer\u00eda jur\u00eddica a Laura Alejandra Ru\u00edz C\u00f3rdoba en el sub lite como mandataria judicial de Mar\u00eda Aracelly Lopera Builes, por cuanto el poder concedido (folios 1 al 4 del archivo digital 02. \u201cAnexos\u201d) no refiri\u00f3 en concreto la materia del encargo. <\/p>\n
Total, el apoderamiento otorgado se refiri\u00f3 al reconocimiento de \u00abactuaciones legales ocurridas en los Estados Unidos de Am\u00e9rica\u00bb (folio 1 del archivo digital 0.2. \u201cAnexos\u201d), sin precisar a cu\u00e1l hace referencia, la autoridad que la emiti\u00f3, el contenido de la misma o cualquier otro dato que permita determinar el objeto del acto de procuraci\u00f3n, circunstancia que inobserva el art\u00edculo 74 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a que en el poder especial es indispensable que \u00ablos asuntos [est\u00e9n] determinados y claramente identificados\u00bb. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero: Rechazar de plano la solicitud de exequatur presentada en nombre de Mar\u00eda Aracelly Lopera Builes. <\/p>\n
Segundo: No reconocer personer\u00eda a la abogada Laura Alejandra Ru\u00edz C\u00f3rdoba. <\/p>\n
Tercero: Por secretar\u00eda, dese cumplimiento al art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, devolviendo los anexos sin necesidad de desglose. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 \u00abPara que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducci\u00f3n efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 CSJ AC1801-2020, 10 ago, 2020 rad. n.\u00b0 2020-01493-00. <\/p>\n
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AC195-2022 (2022-00140-00) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC195-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00140-00 Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide sobre la admisi\u00f3n de la solicitud de exequatur presentada por Mar\u00eda Aracelly Lopera Builes, respecto de la \u00abdeclaraci\u00f3n jurada conjunta de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-60807","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60807","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60807"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60807\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60807"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60807"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60807"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}