AC199-2022 (2021-04312-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC199-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04312-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Once de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Cali y Segundo Promiscuo Municipal de El Cerrito (Valle del Cauca), para conocer la demanda ejecutiva promovida por la Credivalores \u2013 Crediservicios S.A. contra Yasser Alberto Bola\u00f1os Betancourt. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
En el libelo la convocante invoc\u00f3 que ese juzgado es el competente por \u00abel domicilio de la parte demandada y\u2026 el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n seg\u00fan el pagar\u00e9 base del recaudo ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
2. Ese estrado judicial la rechaz\u00f3 por falta de competencia territorial, en raz\u00f3n a que deben conocer del asunto los jueces municipales de El Cerrito porque la direcci\u00f3n del convocado corresponde a dicha localidad, en consecuencia, remiti\u00f3 el escrito introductorio a su hom\u00f3logo de tal urbe. <\/p>\n
3. El juzgado receptor del expediente declin\u00f3 su conocimiento y plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa de esta especie, habida cuenta que en el sub lite hay concurrencia de fueros: el domicilio del demandado y el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n pactada en el t\u00edtulo ejecutivo, en los t\u00e9rminos de los numerales 1\u00ba y 3\u00ba del precepto 28 de la misma obra, en la ciudad de Cali, por corresponder al lugar donde la deuda ser\u00eda pagada y al domicilio del ejecutado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que es inadmisible atribuir la competencia por el lugar en el cual se realizan las notificaciones del convocado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado, con la precisi\u00f3n que si \u00e9ste tiene varios domicilios, o son varios los enjuiciados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del accionante, adem\u00e1s de otras pautas para casos en que el convocado no tiene domicilio o residencia en el pa\u00eds. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026 como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes. (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00). <\/p>\n
A su vez, el numeral 3\u00b0 dispone que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el respectivo acto (forum contractui). <\/p>\n
Por eso doctrin\u00f3 la Sala que el demandante, con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u00abalcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u00bb (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00). <\/p>\n
3. Desde esa \u00f3ptica, carece de raz\u00f3n el Juzgado Once de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Cali para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, por cuanto se pretende el recaudo del importe del pagar\u00e9 n.\u00b0 010100000019321, en el cual el deudor se oblig\u00f3 a pagar tal cr\u00e9dito en la ciudad de Cali, estipulaci\u00f3n que, sin duda, otorga competencia al funcionario en menci\u00f3n, por ser el lugar de cumplimiento del mutuo a t\u00e9rminos del comentado numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por ende, es inadmisible el argumento del despacho judicial de Cali, al pretender apartarse del conocimiento del asunto, porque si bien es cierto que el domicilio del demandado es el fuero general de atribuci\u00f3n de competencia territorial, tambi\u00e9n es cierto que en este caso concurre el lugar de cumplimiento de la deuda o fuero negocial, como ya se anot\u00f3, y la facultad de escogencia recae en la promotora cuando hay concurrencia de fueros dentro del factor territorial de competencia, lo cual vincula al juez elegido para tramitar la demanda correspondiente. <\/p>\n
Por lo tanto, como la ejecutante eligi\u00f3 accionar ante el juzgado de Cali, localidad de cumplimiento de la obligaci\u00f3n, es decisi\u00f3n que conforme el precedente de esta Corte ut supra debi\u00f3 respetar el funcionario que primero conoci\u00f3 el asunto; coligi\u00e9ndose que la demanda se enviar\u00e1 a esta. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, reit\u00e9rese que hay diferencia entre los conceptos de domicilio y residencia, pues no debe confundirse el domicilio de las personas con el lugar donde eventualmente pueden recibir notificaciones, porque como tiene dicho la inveterada jurisprudencia de la Corte, el primero, que se acontece en una circunscripci\u00f3n territorial del pa\u00eds, consiste en la residencia acompa\u00f1ada, real o presuntivamente, del \u00e1nimo de permanecer en ella por tratarse del lugar general de asiento de una persona, en tanto que el otro es el sitio concreto donde las partes respectivas pueden ser ubicadas para ser enteradas de las decisiones judiciales que lo requieran (entre muchos, autos de 3 de mayo de 2011, Rad. 2011-00518-00; AC4018-2016 de 28 de junio de 2016, AC4669-2016 de 25 de julio de 2016 y AC6566-2016 de 29 de septiembre de 2016). <\/p>\n
4. Como consecuencia de lo anotado se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Once de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Cali, por ser el competente para conocer del mencionado proceso, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro despacho judicial involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Once de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Cali (Valle del Cauca), al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC199-2022 (2021-04312-00) AC199-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04312-00 Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Once de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Cali y Segundo Promiscuo Municipal de El Cerrito (Valle del Cauca), para […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-60811","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60811","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60811"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60811\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60811"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60811"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60811"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}