AC201-2022 (2022-00167-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC201-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00167-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados D\u00e9cimo Civil Municipal Oral de Barranquilla y el Juzgado Promiscuo Municipal de Anapoima (Cundinamarca), dentro del proceso ejecutivo singular de menor cuant\u00eda promovido por Cooperativa Multiactiva Nacional de Garant\u00edas Solidarias \u201cCongarant\u00edas\u201d en contra de Carlos Alfredo Robertts Urrutia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensi\u00f3n de la accionante. La sociedad demandante solicit\u00f3 librar mandamiento de pago en contra la ejecutada por el derecho incorporado en el pagar\u00e9 No. 71202013221, junto con los intereses moratorios. <\/p>\n
2. Lugar de Radiaci\u00f3n de la demanda. El accionante instaur\u00f3 la demanda en Anapoima, \u201cpor ser el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En auto del 10 de agosto de 2021, el juzgado antes mencionado libr\u00f3 mandamiento de pago por la suma de $75.133.630 m\u00e1s los intereses moratorios causados desde el 13 de enero de 2021. <\/p>\n
3. El conflicto. En auto de 4 de octubre de 2021, el estrado judicial de Anapoima en el escenario de un control de legalidad dej\u00f3 sin efectos las providencias del 10 y 19 de agosto de 2021 mediante las cuales libr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 una medida cautelar. En consecuencia, dispuso la remisi\u00f3n del expediente a los juzgados Civiles Municipales de Barranquilla, pues en su sentir, a pesar de que en pagar\u00e9 se indica que la obligaci\u00f3n ser\u00e1 cancelada en Anapoima, \u201cno es claro el lugar del cumplimiento de la obligaci\u00f3n, toda vez, que en la Ciudad (sic) de Anapoima Cundinamarca, no EXISTE sucursal de FINANCIERA JURISCOP, y es il\u00f3gico que el demandado acepta una obligaci\u00f3n en una ciudad diferente y distante a la de su domicilio\u201d. <\/p>\n
Mediante auto de 7 de diciembre de 2021, la otra autoridad involucrada de igual forma se declar\u00f3 incompetente, se\u00f1alando que \u201ctampoco le asiste raz\u00f3n al juez remitente, en sus reparos de fondo para desconocer la competencia de este proceso, como quiera que, si bien es cierto que, seg\u00fan relata la parte demandante en libelo introductorio, que el demandado tiene su residencia en la ciudad de Barranquilla, no es menos cierto que en materia de t\u00edtulos ejecutivos existen dos reglas de competencia, la segunda de ellas, es el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n. En el presente caso, es el municipio de Anapoima, Cundinamarca, tal como se dispuso por los contratantes, en la cl\u00e1usula primera del pagar\u00e9 aportado como t\u00edtulo ejecutivo.\u201d <\/p>\n
4.- Plante\u00f3 as\u00ed el conflicto negativo y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la discusi\u00f3n planteada involucra dos autoridades judiciales de diferente distrito judicial, corresponde dirimirla a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia Especializada en lo Civil, por ser la superior funcional com\u00fan a ambas, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 139 de la ley 1564 de 2012 (C\u00f3digo General del Proceso), y 16 de la ley 270 de 1996 -modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
El ordenamiento jur\u00eddico colombiano ha instaurado mecanismos de competencia con el objetivo de distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales dentro del territorio nacional, para tal fin, la legislaci\u00f3n acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. <\/p>\n
Para el caso en concreto y antes de acometer el estudio preliminar sobre el conocimiento del asunto que se ha encomendado, el administrador de justicia tiene la carga de valorar las reglas que consagra el estatuto procesal, las cuales le han de orientar para que adopte la determinaci\u00f3n de rigor en torno de su propia competencia. <\/p>\n
En tal sentido, el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u201c[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado\u201d, previsi\u00f3n que complementa el numeral 3\u00ba ib\u00eddem en relaci\u00f3n con \u201c\u2026los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u2026\u201d, donde \u201ces tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u2026\u201d. <\/p>\n
Por consiguiente, cuando se pretenda la realizaci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico, ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez del domicilio del demandado o el del lugar de su cumplimiento, pero en todo caso la escogencia y su raz\u00f3n de ser deben quedar claramente determinadas en el escrito de demanda, decisi\u00f3n que debe respetarse por el funcionario judicial. <\/p>\n
2. Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso bajo estudio se sabe que i) el domicilio del se\u00f1or Carlos Alfredo Robertts Urrutia es la ciudad de Barranquilla; ii) la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9 No. 71202013221 del 12 de mayo de 2020 se cumplir\u00eda \u201cen las Oficinas de FINANCIERA JURISCOOP en la ciudad de ANAPOIMA \u2013 CUNDINAMARCA\u201d; y iii) en la demanda la accionante fij\u00f3 la competencia \u201cen el lugar del cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En tal sentido, aplicando las directrices legales rese\u00f1adas no cabe duda alguna que la competencia corresponde al Juzgado Promiscuo Municipal de Anapoima (Cundinamarca), pues con independencia de la existencia o no de oficina de la Financiera Juriscoop en ese lugar, lo cierto es que las partes en el t\u00edtulo valor acordaron la ubicaci\u00f3n donde se dar\u00eda el cabal acatamiento de la deuda, atendiendo as\u00ed a lo normado por el num. 3, art. 28 del C.G. del P. cuyo tenor alude a un territorio, lo que aqu\u00ed se acredit\u00f3. <\/p>\n
Luego, debi\u00f3 el Juzgado de Anapoima, sin m\u00e1s, respetar la elecci\u00f3n de la parte demandante, \u201ca quien la ley l[a] faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes\u201d (CSJ AC2738-2016, AC5159-2021). <\/p>\n
En adici\u00f3n, el despacho judicial de Anapoima pas\u00f3 por alto que una vez aceptada la competencia no le estaba dado apartarse de ella, en aplicaci\u00f3n del conocido principio de la perpetuatio iurisdictionis. <\/p>\n
Sobre este \u00faltimo aspecto, la Corte ha tenido la oportunidad de indicar que: <\/p>\n
\u201c(…) el juez que le d\u00e9 inicio a la actuaci\u00f3n conservar\u00e1 su competencia (…) dado que cuando se activa la jurisdicci\u00f3n el funcionario a quien se dirige el libelo correspondiente tiene el compromiso con la administraci\u00f3n de justicia y con el usuario que a la misma accede, de calificar la demanda eficazmente, tema que involucra la evaluaci\u00f3n, c\u00f3mo no, tambi\u00e9n de su \u2018competencia\u2019, aspecto tal que, una vez avocado el conocimiento, torna en \u00e9l la prorrogaci\u00f3n de aquella at\u00e1ndolo a permanecer en la postura asumida hasta tanto dicha se controvierta. Es decir, en breve, la Sala \u2018ha orientado el proceder de los jueces con miras a evitar que despu\u00e9s de aprehendido el conocimiento de un asunto, se sorprenda a las partes vari\u00e1ndola por iniciativa de aquellos\u2019\u201d1. <\/p>\n
No hab\u00eda manera, entonces, para que el juzgador de Anapoima, eludiera el conocimiento del asunto, y menos sobre la base de un fuero personal no escogido por el demandante al radicar su demanda. <\/p>\n
3. Por tanto, la actuaci\u00f3n retornar\u00e1 a la autoridad judicial primigenia, para que la asuma y se comunicar\u00e1 lo definido a las otras sedes inmersas en esta controversia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Promiscuo Municipal de Anapoima, Cundinamarca, es el competente para conocer la ejecuci\u00f3n instaurada por Cooperativa Multiactiva Nacional de Garant\u00edas Solidarias \u201cCongarant\u00edas\u201d en contra de Carlos Alfredo Robertts Urrutia. <\/p>\n
Segundo: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad. Comunicar lo decidido al otro juzgado involucrado y al demandante. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 AC3675-2019 <\/p>\n
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