AC206-2022 (2022-00178-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC206-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00178-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C. y Tercero Civil del Circuito de Sogamoso (Boyac\u00e1), dentro del proceso ejecutivo para la efectividad de la garant\u00eda real de mayor cuant\u00eda instaurado por el Fondo Nacional del Ahorro \u201cCarlos Lleras Restrepo\u201d en contra de Carlos Germ\u00e1n Mari\u00f1o Camargo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El Fondo Nacional del Ahorro formul\u00f3 demanda ejecutiva en contra de Carlos Germ\u00e1n Mari\u00f1o Camargo, con el fin de obtener el pago de las sumas de dinero contenidas en el pagar\u00e9 No. 9532468, garantizadas a trav\u00e9s de la hipoteca contenida en la escritura No. 1020 del 21 de junio de 2019, protocolizada ante la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Sogamoso (Boyac\u00e1), as\u00ed como de los intereses remuneratorios y sancionatorios. El libelo se radic\u00f3 ante el Juez Civil del Circuito de Sogamoso en atenci\u00f3n al \u201cdomicilio del demandado y la cuant\u00eda\u201d. <\/p>\n
2. Esa dependencia judicial rehus\u00f3 el estudio de la controversia con fundamento en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso y, en consecuencia, remiti\u00f3 el expediente a los juzgados civiles del circuito de Bogot\u00e1, dada la ubicaci\u00f3n del domicilio principal de la entidad estatal. <\/p>\n
3. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., quien recibi\u00f3 el encuadernamiento, colision\u00f3 la competencia tras indicar que la misma se debe establecer con sustento en el factor territorial atendiendo al fuero real del bien inmueble objeto de la garant\u00eda real; m\u00e1xime cuando la parte actora renunci\u00f3 a esgrimir el factor subjetivo. <\/p>\n
Con esa premisa, suscit\u00f3 el conflicto negativo de competencia y dispuso enviar las diligencias a esta Corporaci\u00f3n para que lo dirima (21 oct. 2021). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como el conflicto de competencia que se analiza se instituy\u00f3 entre dos jueces de diferentes distritos judiciales, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
Mediante el factor territorial la competencia se determina con apoyo al fuero personal (domicilio del demandado), fuero real (lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes) y fuero contractual (lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones). <\/p>\n
Por su parte, el factor subjetivo responde a las calidades especiales de las partes del litigio, el cual otorga un fuero preferente para las entidades del Estado, como se desprende del numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, que reza: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
El factor objetivo, se subdivide en i) la naturaleza, que consiste en la descripci\u00f3n abstracta del tema en litigio y ii) la cuant\u00eda, que se trata como un elemento complementario del primero conforme a los art\u00edculos 15 y 25 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El factor funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las espec\u00edficas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripci\u00f3n de grados de juzgamiento, en la que act\u00faan funcionarios relacionados entre s\u00ed, de manera jer\u00e1rquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
El factor de conexidad, que reconoce el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden concurrir en un mismo litigio, lo cual genera en principio una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el juez. <\/p>\n
Es lo que acontece con los procesos ejecutivos, en los que el acreedor puede acudir ante el juez del domicilio del deudor, pues as\u00ed lo autoriza el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, o ante el del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, toda vez que el numeral 3\u00ba de ese mismo precepto prev\u00e9 que en \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb; mandato aplicable cuando se trata de t\u00edtulos valores debido a que estos son una especie de los t\u00edtulos ejecutivos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuando se pretenda la realizaci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez del domicilio del demandado o el del lugar de su cumplimiento. <\/p>\n
A pesar de lo anterior, hay otros supuestos en que el legislador asigna la competencia y anula la elecci\u00f3n del demandante indicando el funcionario que con exclusi\u00f3n de cualquier otro debe ser competente del litigio. <\/p>\n
Al respecto, en la providencia AC4079-2019, la Corte reiter\u00f3 lo dicho en AC3744-2018, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De igual forma, el numeral 10\u00ba \u00eddem previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter general que se establece en virtud de la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al criterio subjetivo y tiene un domicilio en un sitio distinto de aquel donde se encuentra el inmueble objeto de la garant\u00eda real que se hace valer, en la pr\u00e1ctica surge un enfrentamiento entre los par\u00e1metros privativos en comento. <\/p>\n
En primer lugar, se deben seguir los par\u00e1metros establecidos por la Sala en el auto AC140-2020, cuya finalidad consisti\u00f3 en servir de \u00abgu\u00eda fiable tanto para la Corte como para los jueces y las partes de los procesos, en aras de respetar y garantizar la igualdad de trato de los justiciables ante la ley\u00bb, es decir, busc\u00f3 unificar criterios para los litigios originados en asuntos en que interven\u00edan entidades p\u00fablicas. <\/p>\n
En efecto, se concluy\u00f3 que el enfrentamiento entre los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 del mismo ordenamiento reconoce por la \u00abcalidad de las partes\u00bb. <\/p>\n
3. Dado que la parte ejecutante es el Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo, cuya naturaleza jur\u00eddica es la de \u00abuna empresa industrial y comercial del Estado, de car\u00e1cter financiero, del orden nacional\u00bb y con domicilio principal en la ciudad de Bogot\u00e1 (art. 3\u00ba, Decreto 1132 de 1999), el tr\u00e1mite concuerda con lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del estatuto procesal vigente, por lo que debe ser conocido de \u00abforma privativa [por] el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior significa que no es posible atribuir la competencia atendiendo al \u00ablugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u00bb, puesto que prevalece el criterio subjetivo, que se superpone al fuero real. <\/p>\n
Se debe tener en cuenta de igual forma, que el numeral 10 antes citado, ha de ser interpretado con el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual indica que los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente a prevenci\u00f3n el juez de su domicilio principal o el del lugar donde tenga agencia o sucursal, si concierne a asuntos vinculados a estas, lo cual no acontece en el presente caso, puesto que, de conformidad con la informaci\u00f3n suministrada en la P\u00e1gina Web del Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo \u00abFNA\u00bb, esta entidad estatal no cuenta con una sucursal o agencia abierta al p\u00fablico en la ciudad de Sogamoso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, aplicando el fuero personal del numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, que prevalece sobre el fuero real del bien inmueble objeto de la garant\u00eda real, la competencia improrrogable del presente litigio debe quedar en cabeza del Juez Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., competencia de la cual la parte demandante no puede disponer por tratarse de una norma de orden p\u00fablico. <\/p>\n
En raz\u00f3n a que el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de car\u00e1cter financiero, de orden nacional, con domicilio principal en Bogot\u00e1, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, seg\u00fan lo refleja el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 432 de 1998, corresponde a una de las personas jur\u00eddicas de las que trata el numeral 10\u00ba del canon 28 referido, lo que resulta entonces aplicable a este caso, como en eventos similares lo ha reiterado esta Sala (CSJ AC4078-2021, AC4394-2021, AC4991-2021 y AC5168-2021). <\/p>\n
4. Por tanto, la actuaci\u00f3n retornar\u00e1 al Juzgado Sexto del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., para que lo asuma y se comunique lo definido a las otras sedes inmersas en esta controversia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., es el competente para conocer la ejecuci\u00f3n instaurada por el Fondo Nacional del Ahorro contra Carlos German Marin\u0303o Camargo. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a las otras dependencias inmersas en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: Librar los oficios correspondientes por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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