AC208-2022 (2021-03204-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC208-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03204-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Procede la Corte a resolver el recurso de queja interpuesto por Piedad Vanegas Torres frente al auto de 22 de julio de 2021, por medio del cual la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el de casaci\u00f3n contra la sentencia proferida el 9 de julio del mismo a\u00f1o, en el proceso declarativo por \u00abocultamiento de bienes\u00bb que le promovi\u00f3 a Carlos Alfonso Moreno Novoa. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Le promotora pidi\u00f3 declarar que los \u00abderechos y acciones\u00bb, a t\u00edtulo de \u00abhonorarios de \u00e9xito\u00bb, derivados del contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales suscrito por su demandado con Guillermo Franco Restrepo, hac\u00edan parte del \u00abinventario de activos de la sociedad patrimonial de los se\u00f1ores Piedad Vanegas Torres y Carlos Alfonso Moreno\u00bb y que este \u00faltimo, \u00abde mala fe\u00bb y en forma \u00abdolosa\u00bb, los \u00abocult\u00f3 a la sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, declarar que \u00abCarlos Alfonso Moreno Novoa, [perdi\u00f3] su porci\u00f3n en los derechos anunciados (\u2026) por haberlos ocultado dolosamente a la sociedad patrimonial\u00bb, imponerle la \u00absanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil\u00bb y condenarlo a \u00abrestituir el doble de los recibido por concepto de pago de honorarios profesionales a ra\u00edz del proceso de extinci\u00f3n de dominio 10163 E.D., adelantado en contra del se\u00f1or Guillermo Franco Restrepo por la Fiscal\u00eda 36 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinci\u00f3n de Dominio y contra el Lavado de Activos\u00bb (fs. 43 a 55 y 70 C.1). <\/p>\n
2. El Juzgado Veintitr\u00e9s de Familia de Bogot\u00e1, mediante sentencia de 3 de febrero de 2021, declar\u00f3 probada una de las excepciones propuestas por el accionado, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 en costas al extremo actor, quien apel\u00f3 esa providencia. <\/p>\n
3. El Superior desat\u00f3 la alzada el 9 de julio de 2021 y confirm\u00f3 en su integridad el fallo impugnado, imponiendo costas a la recurrente. <\/p>\n
4. Oportunamente, Piedad Vanegas Torres interpuso recurso de casaci\u00f3n (14 jul. 2021); no obstante, el Magistrado Ponente no lo concedi\u00f3, seg\u00fan indic\u00f3 en auto de 22 de julio de 2021, porque se echaba de menos pruebas en el plenario que demostraran el \u00abvalor de lo ocultado\u00bb por el accionado, m\u00e1s all\u00e1 de la \u00abmanifestaci\u00f3n que hizo la demandante en el l\u00edbelo, en la (sic) que se\u00f1al\u00f3 que estima la cuant\u00eda en m\u00e1s de $2.000.000.000\u00bb, lo que supuso el incumplimiento de la carga que correspond\u00eda a la memorialista de \u00abdeterminar el inter\u00e9s para recurrir\u00bb. <\/p>\n
5. La recurrente formul\u00f3 reposici\u00f3n contra ese prove\u00eddo y, en subsidio, queja, pues en su criterio la cuant\u00eda en casaci\u00f3n debe establecerse a partir de los elementos de juicio que obran en el expediente, entre otros, las \u00abmismas declaraciones o condenas\u00bb invocadas en \u00abla demanda o en su reforma\u00bb, destacando que \u00abdesde el escrito de demanda se estim\u00f3 la cuant\u00eda por valor de dos mil millones de pesos (\u2026) teniendo en cuenta el contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales de abogado que suscribieron (\u2026) Carlos Arturo Moreno Novoa y Carlos Sarmiento Ferro con el se\u00f1or Guillermo Franco Restrepo en fecha 30 de julio de 2010 en el que se fij\u00f3 como honorarios la suma de ciento treinta millones de pesos (\u2026) y una prima de \u00e9xito equivalente al uno (1%) por ciento sobre el valor judicial o extrajudicial establecido respecto de los bienes recuperados o p\u00e9rdida del poder dispositivo que fueron objeto de incautaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adujo que la documental en el expediente acredita el \u00abdesembargo\u00bb y la \u00abrecuperaci\u00f3n\u00bb de bienes a favor de quien fue mandante de su ex c\u00f3nyuge \u00abpor no menos de ciento cincuenta mil millones de pesos\u00bb, lo que permit\u00eda inferir que el \u00ab0.5% correspondiente a la prima de \u00e9xito que le corresponde a (\u2026) Carlos Alfonso Moreno Novoa alcanza la suma de setecientos cincuenta millones de pesos (\u2026) que doblados conforme a la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil asciende a la suma de mil quinientos millones (\u2026) superando as\u00ed la cuant\u00eda para recurrir en casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que esa misma conclusi\u00f3n surg\u00eda del \u00abinterrogatorio\u00bb absuelto por el demandado y por el abogado Carlos Sarmiento, quienes reconocieron que \u00aben una audiencia de conciliaci\u00f3n con el se\u00f1or Guillermo Franco Restrepo tasaron en una suma de $1.500.000.000, correspondiente al 1% del bono de \u00e9xito establecido en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales que suscribieron\u00bb, manifestaci\u00f3n que sumada a lo indicado en la demanda, los hechos y pruebas aportadas la exoneraban a ella de \u00abla carga de determinar el inter\u00e9s para recurrir\u00bb (27 jul. 2021). <\/p>\n
6. El Colegiado mantuvo su decisi\u00f3n y resalt\u00f3 la ausencia de pruebas sobre el \u00abcumplimiento\u00bb del \u00abcontrato de prestaci\u00f3n de servicios\u00bb por parte del demandado como \u00abrequisito para la obtenci\u00f3n de la prima de \u00e9xito\u00bb en cuesti\u00f3n. De igual forma, acot\u00f3 que la suma de la \u00abconciliaci\u00f3n\u00bb fijada por quienes suscribieron ese contrato, no bastaba para demostrar el inter\u00e9s para recurrir de la opugnadora, \u00abpues al demandado le corresponder\u00eda la mitad de esa suma, es decir $750.000.000, porque los otros $750.000.000 le tocar\u00edan al otro profesional del derecho suscriptor tambi\u00e9n del contrato\u00bb (17 ag. 2021). <\/p>\n
7. Al arribo de las diligencias a la Corte se surti\u00f3 traslado, la recurrente reiter\u00f3 sus argumentos (9 sep. 2021), mientras que su contraparte solicit\u00f3 que \u00abno se conceda la sofism\u00e1tica (sic) queja planteada\u00bb, comoquiera que no se cumplen las exigencias procesales para otorgar el recurso de casaci\u00f3n, recabando en la \u00abindeterminaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n o el derecho consignado en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales de abogado, en particular de la cuant\u00eda de ese 0.5% correspondiente a la prima de existo (sic) que recibir\u00eda el demandado\u00bb, lo que impon\u00eda a la demandante el deber de acreditar su inter\u00e9s para recurrir mediante un dictamen pericial, dada la insuficiencia de los elementos de juicio que aparecen en el plenario (9 sep. 2021). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como lo indica el art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso el recurso de casaci\u00f3n est\u00e1 caracterizado por su naturaleza extraordinaria, de ah\u00ed que en el precepto que le sigue se establece en forma restrictiva que \u00fanicamente tiene cabida respecto de las sentencias proferidas por los Tribunales Superiores, en segunda instancia, cuando se trate de toda clase de procesos declarativos, acciones de grupo cuya competencia sea de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y las dictadas para liquidar una condena en concreto, con la advertencia de que en asuntos relativos al estado civil s\u00f3lo recae en las de impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n y las de declaraci\u00f3n de uniones maritales. <\/p>\n
Ahora bien, el art\u00edculo 338 ib\u00eddem agrega que si las expectativas del litigante vencido son \u00abesencialmente econ\u00f3micas\u00bb el ataque proceder\u00e1 cuando \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb exceda de \u00abun mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb, cuant\u00eda que al tenor del art\u00edculo 339 procesal se determinar\u00e1, en l\u00ednea de principio, \u00abcon los elementos de juicio que obren en el expediente\u00bb, a menos que el censor estime que estos son insuficientes para demostrar el monto del detrimento econ\u00f3mico que le ocasiona el pronunciamiento, caso en el cual corre con la carga de \u00abaportar un dictamen pericial\u00bb, cuya idoneidad demostrativa deber\u00e1 constatar el funcionario, sin que le est\u00e9 permitido decretar medios de convicci\u00f3n adicionales a los existentes, ya que el recurrente asume los efectos adversos de su desidia probatoria. <\/p>\n
Significa entonces, como lo ha sostenido la Sala, que \u00abel inter\u00e9s pecuniario del agraviado ha de determinarse a trav\u00e9s de las probanzas recaudadas a lo largo del litigio, salvo que aquel allegue un dictamen al formular el recurso para acreditarlo, de modo que el fallador pueda establecer de manera objetiva si el perjuicio irrogado por la resoluci\u00f3n confutada es suficiente para promover esta herramienta\u00bb (CSJ AC3554-2021. Subrayas ajenas al original). <\/p>\n
2. Con ese panorama, es preciso se\u00f1alar que la decisi\u00f3n cuestionada se encuentra ajustada al ordenamiento jur\u00eddico, pues verificado en detalle el plenario, -como acertadamente lo destac\u00f3 el Tribunal-, no existen pruebas id\u00f3neas que den cuenta de la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n invocado por la quejosa, quien tampoco se preocup\u00f3 por aportar un dictamen pericial para demostrar que el agravio padecido con la sentencia impugnada alcanzaba el umbral previsto en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, pese a que el art\u00edculo 339 de esa misma codificaci\u00f3n la autorizaba para hacerlo. <\/p>\n
En tal sentido, aunque el talante \u00abesencialmente econ\u00f3mico\u00bb de las pretensiones sometidas al escrutinio de la jurisdicci\u00f3n no ofrec\u00eda ninguna discusi\u00f3n, es innegable que la opugnadora desatendi\u00f3 la obligaci\u00f3n de demostrar el quantum de su menoscabo, ya que se limit\u00f3 a formular el recurso de casaci\u00f3n con la inexacta convicci\u00f3n que para ese fin bastaba su propia estimaci\u00f3n de la \u00abcuant\u00eda\u00bb del litigio expresada en el l\u00edbelo introductor (cfr. Archivo \u00ab16MemorialRecursoReposici\u00f3n.pdf\u00bb), sin percatarse que la suma de \u00abdos mil millones de pesos\u00bb que all\u00ed se\u00f1al\u00f3 no contaba con bases susceptibles de confirmaci\u00f3n, al punto que ninguno de los pedimentos, hechos o anexos de la demanda hac\u00eda referencia a una cifra siquiera aproximada, ni permit\u00eda inferirla (fs. 43 a 55 C.1). <\/p>\n
En efecto, si se acude al contenido del \u00abcontrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales de abogado\u00bb suscrito el 30 de julio de 2010 (fs. 4 a 5 C.1), en lo relevante se observa que los abogados Carlos Sarmiento Ferro y Carlos Moreno Novoa, aqu\u00ed demandado, se comprometieron con su poderdante a representarlo en el proceso de extinci\u00f3n de dominio n\u00b0 10163 que tramita la Fiscal\u00eda Treinta y Seis Especializada de la Unidad Nacional para la Extinci\u00f3n del Dominio y Control de Lavado de Activos (cfr. cl\u00e1usula primera) y por esa labor estipularon en la cl\u00e1usula cuarta de dicho convenio el monto de los \u00abhonorarios profesionales pactados asciende a la suma de ciento treinta millones de pesos\u00bb, la forma en que ser\u00edan cancelados y el reconocimiento de \u00abuna prima de \u00e9xito equivalente al uno (1%) por ciento, sobre el valor que judicial o extrajudicialmente se establezca respecto de los bienes recuperados y que fueron objeto de incautaci\u00f3n o p\u00e9rdida del poder dispositivo dentro de la actuaci\u00f3n adelantada contra el poderdante o su n\u00facleo familiar en el proceso n\u00famero 10163 E.D. de la Fiscal\u00eda Treinta y Seis Especializada de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Empero, en el expediente no se encuentra acreditado a cu\u00e1nto asciende el valor de los bienes recuperados por la gesti\u00f3n de los referidos abogados y el monto de la \u00abprima de \u00e9xito\u00bb que el poderdante efectivamente pag\u00f3 al accionado Carlos Alfonso Moreno Novoa, lo que resulta trascendente en este caso, de cara al objeto de la acci\u00f3n de \u00abocultamiento de bienes\u00bb que en su contra ejercit\u00f3 la demandante (Cfr. fs. 43 a 44 C.1). <\/p>\n
Y lo mismo puede afirmarse si se revisan los oficios n\u00b0 1920 y n\u00b0 1922 de 31 de julio de 2015, expedidos por el Juzgado Octavo de Familia de Bogot\u00e1 con el \u00fanico fin de comunicar la existencia de \u00abmedidas cautelares\u00bb sobre esos \u00abhonorarios profesionales\u00bb, en el proceso de \u00abliquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial n\u00b0 2015-0964\u00bb que all\u00ed se adelant\u00f3, sin ninguna referencia al monto de dicha remuneraci\u00f3n o de la comentada \u00abprima de \u00e9xito\u00bb (fs. 17 y 18 C.1). <\/p>\n
Otro tanto se concluye del oficio n\u00b0 20195400075891 de 26 de agosto de 2019 que la Fiscal\u00eda Setenta y Cinco Especializada dirigi\u00f3 al a quo (fs. 153 a 154 C.1) y de las copias parciales de esa actuaci\u00f3n penal que obren en el plenario (fs. 159 a 189 y 250 a 251 C.1) o del texto de la \u00abConstancia de No Acuerdo n\u00b0 1033\u00bb expedida el 31 de julio de 2017 Inspecci\u00f3n de Trabajo RCC 3 de Bogot\u00e1, que simplemente refleja la propuesta conciliatoria tasada en \u00ab$150.000.000.000\u00bb que los convocantes Carlos F. Sarmiento y Carlos A. Moreno le plantearon a su convocado Guillermo Franco Restrepo, quien manifest\u00f3 \u00abno [hab\u00eda] \u00e1nimo conciliatorio ni de reconocimiento de obligaci\u00f3n alguna hasta cuando lo [debatieran] ante el estrado judicial que corresponda\u00bb, lo que trajo consigo el fracaso de esa diligencia extrajudicial (fs. 190 a 191 C.1) y, en esas condiciones, la imposibilidad de acudir a ese documento como soporte id\u00f3neo para justipreciar el inter\u00e9s de la recurrente en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Ese nulo panorama demostrativo le impon\u00eda a la recurrente el deber procesal de acreditar mediante prueba t\u00e9cnica a cu\u00e1nto ascend\u00eda la expectativa frustrada con la decisi\u00f3n del ad quem y que la misma superaba el umbral previsto por el Legislador para la concesi\u00f3n del remedio extraordinario, carga que sin justificaci\u00f3n alguna incumpli\u00f3, de suerte que le corresponda soportar ahora las consecuencias de su propia desidia. <\/p>\n
3. En suma, como certeramente lo precis\u00f3 el sentenciador de segundo grado, en este particular asunto resultaba infructuoso el recurso de casaci\u00f3n en ausencia de los supuestos de rigor que al efecto consagra la ley adjetiva, circunstancia que tambi\u00e9n conlleva el fracaso de la queja incoada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Piedad Vanegas Torres frente al auto de 22 de julio de 2021, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en el asunto referenciado. <\/p>\n
Segundo: Condenar en costas a la recurrente en favor de Carlos Alfonso Moreno Novoa. Liqu\u00eddense por el juez de primera instancia en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso e incl\u00fayanse como agencias en derecho la suma de $1.200.000. <\/p>\n
Tercero: Devolver la actuaci\u00f3n surtida a la oficina de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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