AC210-2022 (2013-00520-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AC210-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05266 31 03 002 2013 00520 01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se procede a resolver lo que corresponde sobre la admisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n propuesto por los demandantes frente a la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual instaurado por Oscar Humberto C\u00e1rdenas G\u00f3mez, en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus hijos Jhon Anderson C\u00e1rdenas Acevedo y Camila C\u00e1rdenas Acevedo; Sandra Milena Acevedo Hoyos, Mar\u00eda Regina G\u00f3mez de C\u00e1rdenas, Mar\u00eda Olga Hoyos L\u00f3pez, Sa\u00fal Acevedo Arias, Nora Astrid C\u00e1rdenas G\u00f3mez, Vilma del Socorro C\u00e1rdenas G\u00f3mez, Carlos Mario C\u00e1rdenas G\u00f3mez, Luis Fernando C\u00e1rdenas G\u00f3mez, Liliana C\u00e1rdenas G\u00f3mez, Clara In\u00e9s C\u00e1rdenas G\u00f3mez, Norma Cecilia C\u00e1rdenas G\u00f3mez y Juli\u00e1n Horacio C\u00e1rdenas G\u00f3mez; en contra de Suministros de Colombia S.A. (SUMICOL), Minerales Industriales S.A, y Royal & Sunalliance Seguros S.A., al que concurri\u00f3 como llamado en garant\u00eda Leonardo Fabio Mej\u00eda L\u00f3pez. <\/p>\n
1.- Los accionantes pidieron declarar civil y solidariamente responsables a los demandados de los perjuicios materiales e inmateriales sufridos con ocasi\u00f3n de un accidente de tr\u00e1nsito, y se les condene a pagarles las siguientes sumas: <\/p>\n
1.1.- Por da\u00f1os morales, un total de 725 SMLMV, a favor de todos los demandantes, as\u00ed: <\/p>\n
– Oscar Humberto C\u00e1rdenas G\u00f3mez: 200 SMLMV. <\/p>\n
– Sandra Milena Acevedo Hoyos: 100 SMLMV. <\/p>\n
– Jhon Anderson C\u00e1rdenas Acevedo: 50 SMLMV. <\/p>\n
– Camila C\u00e1rdenas Acevedo: 50 SMLMV. <\/p>\n
– Mar\u00eda Regina G\u00f3mez De C\u00e1rdenas: 50 SMLMV. <\/p>\n
– Astrid C\u00e1rdenas G\u00f3mez: 25 SMLMV. <\/p>\n
– Vilma Del Socorro C\u00e1rdenas G\u00f3mez: 25 SMLMV. <\/p>\n
– Carlos Mario C\u00e1rdenas G\u00f3mez: 25 SMLMV. <\/p>\n
– Luis Fernando C\u00e1rdenas G\u00f3mez: 25 SMLMV. <\/p>\n
– Liliana C\u00e1rdenas G\u00f3mez: 25 SMLMV. <\/p>\n
– Clara In\u00e9s C\u00e1rdenas G\u00f3mez: 25 SMLMV. <\/p>\n
– Norma Luc\u00eda C\u00e1rdenas G\u00f3mez: 25 SMLMV. <\/p>\n
– Juli\u00e1n Horacio C\u00e1rdenas G\u00f3mez: 25 SMLMV. <\/p>\n
– Mar\u00eda Olga Hoyos L\u00f3pez: 25 SMLMV. <\/p>\n
– Sa\u00fal Acevedo Arias: 25 SMLMV. <\/p>\n
1.2.- Por concepto de da\u00f1os fisiol\u00f3gicos. Para Oscar Humberto C\u00e1rdenas G\u00f3mez: 300 SMLMV y para Sandra Milena Acevedo Hoyos: 100 SMLMV. <\/p>\n
1.3.- Por da\u00f1os materiales, a favor de Oscar Humberto C\u00e1rdenas G\u00f3mez: $90.952.145, discriminados as\u00ed: lucro cesante consolidado: $30.785.939 y lucro cesante futuro: $60.166.206. <\/p>\n
2.- Las accionadas concurrieron oponi\u00e9ndose al \u00e9xito de las pretensiones. <\/p>\n
3.- El a quo neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
4.- El superior al desatar la apelaci\u00f3n confirm\u00f3 el fallo proferido por el a quo. <\/p>\n
5.- Formularon recuso de casaci\u00f3n los gestores, frente al cual, el magistrado sustanciador estim\u00f3 que se reun\u00edan a satisfacci\u00f3n todas las exigencias legales, entre ellas el inter\u00e9s econ\u00f3mico para recurrir, por cuanto \u00ablos perjuicios tasados sumaron un monto total de $1.113.043.895, lo que supera ampliamente los 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (\u2026), que exige la norma 338 del C\u00f3digo General del Proceso para la procedencia del recurso de casaci\u00f3n, por lo que la concesi\u00f3n del mismo resulta procedente\u00bb. <\/p>\n
2.-CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las normas procesales consagran varios supuestos que se deben observar al momento de conceder el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, ya que solo procede contra determinadas sentencias, cuando lo interpone en tiempo un litigante legitimado para hacerlo y, en caso de tratarse de reclamaciones netamente econ\u00f3micas, si la resoluci\u00f3n desfavorable al opugnador excede de 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, a lo que se suman los ordenamientos consecuenciales a la ejecutabilidad de las mismas, conforme las instrucciones dadas por los art\u00edculos 334 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por ende, la labor del encargado de establecer su viabilidad exige un estudio concienzudo que, de resultar insuficiente y as\u00ed advertirlo la Corte en un riguroso examen preliminar, amerita la devoluci\u00f3n de las actuaciones para su escrutinio en forma. <\/p>\n
As\u00ed lo ha precisado consistentemente la Sala en vigencia del actual ordenamiento adjetivo, como se record\u00f3 en AC7929-2017 al se\u00f1alar que, <\/p>\n
(\u2026) la decisi\u00f3n de admitir la impugnaci\u00f3n extraordinaria concedida, supone un examen exhaustivo de que los pasos previos al arribo del expediente a la Corte se cumplieron correctamente; de no ser as\u00ed, volver\u00e1 al ad-quem con el fin de que subsane los aspectos que tornan prematura su concesi\u00f3n, pues como invariablemente lo ha dispuesto la Corporaci\u00f3n, ese es el proceder pertinente cuando presupuestos como la cuant\u00eda del inter\u00e9s \u2013 en el evento que corresponda establecerla-, no se ha examinado o lo ha sido sobre supuestos notablemente equivocados (CSJ AC 31 jul. 2012, rad. 2012-00264-01; reiterado en AC6721-2014; AC1188-2015 y AC3910-2015, entre muchos otros). <\/p>\n
2.- Ahora bien, en los pleitos de contenido esencialmente patrimonial el art\u00edculo 339 ib\u00eddem consagra que cuando \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb, precepto que contiene una carga para el opugnador de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona la sentencia, salvo que lo estime determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo sin que le est\u00e9 permitido decretar medios de convicci\u00f3n adicionales a los existentes, ya que el recurrente asume los efectos adversos de su desidia. <\/p>\n
Y aun cuando el inciso final del art\u00edculo 342 ejusdem contempla que \u00abla cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificaci\u00f3n por la Corte\u00bb, eso no quiere decir que las falencias de quien concede el recurso queden salvadas puesto que pasarlas por alto ser\u00eda tanto como permitir que la Corporaci\u00f3n ejerza competencia sobre asuntos que en realidad le est\u00e1n vedados, en desmedro del debido proceso. <\/p>\n
En CSJ AC6081-2017, reiterado entre otros en AC3302-2019 y AC4032-2019, se dijo en relaci\u00f3n con el aparte transcrito que, <\/p>\n
[e]sta \u00faltima regla no puede entenderse como un imperativo para que esta Corporaci\u00f3n admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia de la afectaci\u00f3n al inter\u00e9s patrimonial del actor, pues ello llevar\u00eda a vaciar el contenido y la finalidad del acto de admisi\u00f3n, as\u00ed como la exigencia de un quantum en la afectaci\u00f3n, que simplemente se ver\u00edan soslayados en los casos en que el fallador tomara una decisi\u00f3n equivocada o apartada del material probatorio obrante en el expediente, con la consecuente afectaci\u00f3n de los principios de legalidad e igualdad. <\/p>\n
A\u00f1adiendo que <\/p>\n
[p]ara evitar lo expuesto, se hace necesario acudir al principio de conservaci\u00f3n o efecto \u00fatil, seg\u00fan el cual debe privilegiarse la interpretaci\u00f3n que permita que una norma tenga efectos sobre las que no, en concreto, de los art\u00edculos 338 y 342 del nuevo estatuto procesal, para concluir que ciertamente la Corte, en ning\u00fan caso, podr\u00e1 fijar o definir el valor de la resoluci\u00f3n desfavorable para el actor, ya que ello qued\u00f3 exclusivamente en manos de los tribunales. Sin embargo, cuando advierta una situaci\u00f3n que merece ser valorada por dichos cuerpos colegiados, podr\u00e1 solicitarles que examinen su propia decisi\u00f3n, indicando las razones para ello (Cfr. AC5274, 18 ag. 2016, rad. n.\u00b0 2011-00248-01). <\/p>\n
3.- Trat\u00e1ndose de un proceso de responsabilidad civil donde varios gestores acuden conformando un litisconsorcio facultativo, para efectos de establecer el monto del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n es menester examinar el desmedro patrimonial que la sentencia le irroga a cada uno de ellos en forma individual, como quiera que al tenor del art\u00edculo 60 del C\u00f3digo General del Proceso, deben ser considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes separados y los actos de cada uno no redundan en provecho ni en perjuicio de los otros. En tal virtud, no es factible para ese prop\u00f3sito realizar la sumatoria de las aspiraciones econ\u00f3micas de todos los afectados con el fallo censurado. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC-7068-2016, rad. 2011-00762-01, se acot\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) Sobre la se\u00f1alada doctrina, en providencia CSJ AC, 1\u00b0 mar. 2011, rad. n\u00b0 2010-01614-00, en lo pertinente se expuso: <\/p>\n
[\u2026] cuando de un litisconsorcio facultativo se trata, ha de examinarse en punto de las distintas personas que lo conforman y, concretamente, en relaci\u00f3n con el menoscabo que el fallo a cada una de ellas les irroga, individualmente consideradas, conforme a la autonom\u00eda e independencia que revisten sus pretensiones, habida cuenta que la apuntada especie litisconsorcial acaece cuando \u2018quienes integran la parte, por razones de econom\u00eda procesal y mediando v\u00ednculos ya sea sobre el objeto, la causa o los medios de prueba, acuden voluntariamente a formular pretensiones independientes entre s\u00ed, que bien podr\u00edan formularse en proceso separado\u2019 [\u2026]. De ah\u00ed, que el art\u00edculo (\u2026) [60 actualmente del C\u00f3digo General del Proceso] prescriba que los actos de cada uno de los litisconsortes no redundar\u00e1n en provecho ni perjuicio de los otros, sin que por ello se aflija la unidad del proceso. <\/p>\n
De igual manera, en prove\u00eddo CSJ AC, 28 feb. 2007, rad. n\u00b0 2006-01954-00, se sostuvo: <\/p>\n
[\u2026], cuando en la parte actora concurren varias personas, el inter\u00e9s o la cuant\u00eda para recurrir var\u00eda dependiendo de si son integrantes de un litisconsorcio facultativo, o uno necesario, pues en el primer caso, siendo que se consideran litigantes independientes, los valores reclamados no pueden ser sumados a efectos de estimar la cuant\u00eda del menoscabo que la sentencia les causa, ya que cada uno de ellos es titular de su propio inter\u00e9s, a diferencia del litisconsorcio necesario en el que s\u00ed representa un solo valor. Y como en este asunto los demandantes concurren integrando un litisconsorcio facultativo, la p\u00e9rdida que reclaman debe sopesarse de manera individual o separada. <\/p>\n
4.- En el sub judice, el funcionario de segundo grado estim\u00f3, en t\u00e9rminos generales y sin incurrir en mayores disquisiciones, que a los recurrentes les asist\u00eda inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n porque la cuantificaci\u00f3n de las pretensiones negadas era de $1.113.043.895, guarismo que obtuvo de la sumatoria de las aspiraciones de cada uno de ellos. <\/p>\n
Tal razonamiento no era el indicado para este evento comoquiera que, decantado como est\u00e1 que en virtud de la naturaleza de las pretensiones, los accionantes acudieron a la jurisdicci\u00f3n conformando un litisconsorcio facultativo o voluntario por activa, ello significa que el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n necesariamente estaba ce\u00f1ido al establecimiento del quantum de las pretensiones individualmente consideradas, lo que exig\u00eda verificar que por lo menos en uno de ellos concurr\u00eda el inter\u00e9s pecuniario que diera v\u00eda tanto a su impugnaci\u00f3n como a la de los dem\u00e1s, en los t\u00e9rminos del inciso segundo del art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso. De ah\u00ed que el juzgador actu\u00f3 en contrav\u00eda de la rese\u00f1ada jurisprudencia de la Corte, en punto al an\u00e1lisis del agravio material en estos eventos. <\/p>\n
5.- Por lo expuesto el ad quem se precipit\u00f3 al conceder el ataque sin dilucidar con grado de certeza las perspectivas de cada uno de los demandantes en cuanto a la reparaci\u00f3n de las afectaciones sufridas, quedando incierto el componente econ\u00f3mico que estaba en juego para efectos de la viabilidad del recurso. <\/p>\n
En consecuencia, se declarar\u00e1 que el recurso fue concedido de manera prematura y se devolver\u00e1n las diligencias al remitente para lo de su cargo. <\/p>\n
3.-DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar prematuro el pronunciamiento del Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn que concedi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n formulado por los demandantes. <\/p>\n
Segundo: Devolver la actuaci\u00f3n a la oficina de origen para que agote la actuaci\u00f3n pertinente. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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