AC216-2022 (2022-00247-00)<\/p>\n
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AC216-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00247-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Dieciocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 y su hom\u00f3logo Quinto de Neiva, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda declarativa promovida por la Fundaci\u00f3n Cardioinfantil contra la Cl\u00ednica Emcosalud S.A. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En su escrito introductor, dirigido a los jueces civiles municipales de Bogot\u00e1, la actora pidi\u00f3 que se condenara a su contraparte al pago de \u00ablos servicios m\u00e9dico-hospitalarios prestados [en la Fundaci\u00f3n Cardioinfantil] a favor de sus usuarios\u00bb. En el ac\u00e1pite pertinente, indic\u00f3 que \u00abel presente asunto es de conocimiento de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su subespecialidad civil, pues se trata de obligaciones contenidas en facturas de venta de servicios de salud, generadas por una Instituci\u00f3n Prestadora de Servicios de Salud y radicadas para su pago ante una entidad de similar raz\u00f3n social\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abel lugar de la prestaci\u00f3n del servicio y del cumplimiento de las obligaciones es la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Dieciocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, al cual correspondi\u00f3 la causa por reparto, rehus\u00f3 la asignaci\u00f3n arguyendo que el domicilio principal de la entidad demandada se encuentra en Neiva. <\/p>\n
3. El estrado receptor, Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Neiva, tambi\u00e9n se abstuvo de asumir competencia, pretextando que \u00abse dan varias opciones a la parte actora para escoger el lugar donde radicar la demanda, es decir el lugar donde reside el demandado, o el lugar donde debe cumplirse el pago de la obligaci\u00f3n. Como estamos frente a un negocio jur\u00eddico en el que se involucra un t\u00edtulo ejecutivo, el demandante, como lo ha indicado en el libelo demandatorio, insiste en presentar la demanda en el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n como lo establece el art. 28 num.3 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Con ese fundamento, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n, para dirimirlo. <\/p>\n
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1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Anotaciones sobre la competencia. <\/p>\n
Aunque la jurisdicci\u00f3n, entendida como la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a trav\u00e9s de pautas de atribuci\u00f3n descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden p\u00fablico: las reglas de competencia. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribuci\u00f3n en comento se realiza mediante la aplicaci\u00f3n de diversos factores, as\u00ed: <\/p>\n
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debi\u00e9ndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la Rep\u00fablica (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicci\u00f3n), acorde con el art\u00edculo 30, numeral 6, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del art\u00edculo 28 ejusdem, a cuyo tenor: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuant\u00eda. <\/p>\n
La naturaleza consiste en una descripci\u00f3n abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunci\u00f3n entre ella y la pretensi\u00f3n en concreto; as\u00ed ocurre con la expropiaci\u00f3n, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en \u00fanica instancia2. <\/p>\n
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, se acudi\u00f3, como patr\u00f3n de atribuci\u00f3n supletivo o complementario, a la cuant\u00eda de las pretensiones, conforme lo disponen los c\u00e1nones 153 y 254 del estatuto procesal civil. <\/p>\n
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categor\u00eda e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda corresponde al juez civil municipal, en \u00fanica instancia), que -por s\u00ed solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en espec\u00edfico. <\/p>\n
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuant\u00eda) habr\u00e1 de acompa\u00f1arse, en todo caso, del Factor Territorial, que se\u00f1ala con precisi\u00f3n el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci\u00f3n territorial (pues opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci\u00f3n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (\u00faltimo domicilio del causante) del citado canon 28. <\/p>\n
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, en aquellos asuntos en los que \u00abse ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos\u00bb (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en trat\u00e1ndose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11). <\/p>\n
Y el fuero contractual ata\u00f1e, finalmente, a \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb en los que \u00abes tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las espec\u00edficas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripci\u00f3n de grados de juzgamiento, en la que act\u00faan funcionarios diferentes, pero relacionados entre s\u00ed, de manera jer\u00e1rquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
3. Las normas de atribuci\u00f3n territorial en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci\u00f3n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as\u00ed: <\/p>\n
(i) Los fueros concurrentes por elecci\u00f3n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podr\u00e1 radicar su acci\u00f3n ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho da\u00f1oso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del art\u00edculo 28). <\/p>\n
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer t\u00e9rmino, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podr\u00eda recurrirse a la alternativa subsiguiente. <\/p>\n
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a t\u00edtulo de ejemplo, con los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n del respectivo predio (numeral 7 del art\u00edculo 28, ya citado). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Es cierto que, en abstracto, cuando en un juicio civil se cobran obligaciones de naturaleza contractual, concurren el fuero general de competencia con el del lugar de cumplimiento del negocio jur\u00eddico cuestionado, y decant\u00e1ndose el promotor por una de las dos opciones, tal elecci\u00f3n no puede ser variada por el juez de la causa. <\/p>\n
Sin embargo, ese razonamiento solamente resulta pertinente en aquellos asuntos que la ley no los ha asignado expresamente a otra jurisdicci\u00f3n (o a otra especialidad distinta de la ordinaria), pues a voces del art\u00edculo 15 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abcorresponde a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento de todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicci\u00f3n [y] corresponde a la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil, el conocimiento de todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otra especialidad jurisdiccional ordinaria\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, antes de analizar la aplicaci\u00f3n de las pautas de distribuci\u00f3n de competencias en un caso concreto, es necesario determinar si ese asunto corresponde a esta especialidad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria (la civil), a otra distinta, o a cualquiera de las restantes jurisdicciones. Y si bien explicitar este examen suele ser innecesario (salvo en circunstancias excepcionales), el juez siempre deber\u00e1 considerar las reglas de atribuci\u00f3n (jurisdiccional) compendiadas en las codificaciones especiales, antes de aplicar las de distribuci\u00f3n de competencias que instituye el estatuto de procedimiento civil. <\/p>\n
En ese sentido, destaca la Corte que en este juicio declarativo, se pretende el reconocimiento de una deuda relacionada con la prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, particularidad que parecer\u00eda sugerir el ejercicio de competencias asignadas a los jueces laborales (art\u00edculo 2, numeral 5, CPTSS5), o, incluso, a la Superintendencia Nacional de Salud6. <\/p>\n
Y como sobre estas particularidades no parece haber reparado el Juzgado Dieciocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, al que inicialmente le fue asignada la causa, se impone colegir que dicho juzgador rehus\u00f3 el conocimiento de la demanda sin hacer acopio de los elementos de juicio suficientes, actuando de manera prematura, tal como en otras ocasiones lo ha reconocido esta Corporaci\u00f3n (Cfr., a modo de ejemplo, la providencia CSJ AC1943-2019, 28 may.). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se dispondr\u00e1 la devoluci\u00f3n de las diligencias al funcionario inicial, para que adopte las medidas de saneamiento que estime procedentes, con el prop\u00f3sito de clarificar las variables relevantes para determinar a qu\u00e9 jurisdicci\u00f3n (o especialidad jurisdiccional) corresponde la presente ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR PREMATURO el planteamiento del presente conflicto de competencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR el expediente al Juzgado Dieciocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, para que proceda de conformidad con lo expuesto en esta providencia. <\/p>\n
TERCERO. Comunicar lo aqu\u00ed decidido a las agencias judiciales involucradas en la contienda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 20, numeral 5, C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 21, numeral 3, \u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 \u00abCuando la competencia se determine por la cuant\u00eda, los procesos son de mayor, de menor y de m\u00ednima cuant\u00eda. Son de m\u00ednima cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 \u201cLa Jurisdicci\u00f3n Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: 5. La ejecuci\u00f3n de obligaciones emanadas de la relaci\u00f3n de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Conforme al literal f) del art\u00edculo 41 de la Ley 1122 de 2007 (mod. art. 6\u00b0, Ley 1949 de 2019), la mencionada autoridad administrativa \u00abpodr\u00e1 conocer y fallar en derecho, y con las facultades propias de un juez en los (\u2026) conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud\u00bb <\/p>\n
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