AC236-2022 (2021-03336-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC236-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2021-03336-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequ\u00e1tur promovida por Gustavo Enrique Ruiz Parrado, a trav\u00e9s de apoderado, respecto del prove\u00eddo dictado por el Juzgado de Primera Instancia N\u00b0 7 de Castell\u00f3n (Espa\u00f1a) el 26 de julio de 2017, con el cual se decret\u00f3 el divorcio entre Carolina Ardila Lenis y el aqu\u00ed solicitante. <\/p>\n
1. Las providencias dictadas en un pa\u00eds extranjero, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tienen efectos vinculantes en Colombia siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el T\u00edtulo I del Libro V del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En efecto, los numerales 1\u00b0 al 4\u00b0 del art\u00edculo 606 de esa codificaci\u00f3n, se\u00f1alan aquellas exigencias que deben ser analizadas ab initio por la Sala, pues el canon 607 ejusdem, al reglamentar el tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur de una sentencia o laudo extranjero, sujeta su admisi\u00f3n al cumplimiento de tales requerimientos, previniendo que, si faltare alguno de ellos, se rechazar\u00e1 de plano la solicitud. Justamente el numeral 3\u00ba del mencionado art\u00edculo 606, exige que la sentencia cuya homologaci\u00f3n se pretende debe contener la constancia de ejecutoria y acreditarse conforme a las leyes del pa\u00eds de origen. <\/p>\n
2. Bajo esos lineamientos, el suscrito Magistrado, observa que el fallo fue emitido en Espa\u00f1a, pa\u00eds con el que Colombia, en el a\u00f1o 1908 suscribi\u00f3 un tratado bilateral relativo a la ejecuci\u00f3n de sentencias civiles. En efecto, en ese pacto se convino que la firmeza de las decisiones cuya homologaci\u00f3n se pretendiera, \u00abse comprobara por un certificado expedido por el Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia [hoy Subdirecci\u00f3n General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a], siendo la firma de estos legalizadas por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores [\u2026]\u00bb. Sin embargo, a pesar de la claridad regulada en dicha disposici\u00f3n, en el presente caso el procedimiento previsto no fue acatado por la parte actora, pues la atestaci\u00f3n referida no cumple aquellas exigencias. <\/p>\n
En el punto, el demandante se\u00f1ala que en la providencia extranjera se insert\u00f3 manifestaci\u00f3n sobre su firmeza1 y que ello fue convalidado por el Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a2. Empero, la manifestaci\u00f3n del juez for\u00e1neo no cumple con lo reglado por el tratado referido, toda vez que no es la autoridad competente para expedir dicha certificaci\u00f3n. Adem\u00e1s, lo se\u00f1alado por el Ministerio Espa\u00f1ol no refiere, en ning\u00fan sentido, sobre la ejecutoria del fallo objeto de homologaci\u00f3n. As\u00ed las cosas, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 695 ib\u00eddem, se rechazar\u00e1 la demanda de exequ\u00e1tur. <\/p>\n
3. En armon\u00eda con lo expuesto, el Despacho <\/p>\n
II. RESUELVE <\/p>\n
Primero. Rechazar la demanda de exequ\u00e1tur presentada por Gustavo Enrique Ruiz Parrado, respecto de la providencia de divorcio proferida por el Juzgado de Primera Instancia N\u00b0 7 de Castell\u00f3n (Espa\u00f1a) el 26 de julio de 2017. <\/p>\n
Segundo. Reconocer personer\u00eda al abogado Juan Carlos Sandoval Izquierdo, portador de la T.P. 240.353 del C. S. de la J., como apoderado judicial de la parte demandante, en los t\u00e9rminos y para los fines del poder allegado. <\/p>\n
La Secretar\u00eda devolver\u00e1 a los demandantes los anexos sin necesidad de desglose. Adem\u00e1s, dejar\u00e1 las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 8 de los anexos de la demanda. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u00abimg025\u00bb. <\/p>\n
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