AC251-2022 (2021-04310-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC251-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-04310-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas, Cundinamarca, y el Despacho Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, atinente al conocimiento de la demanda ejecutiva hipotecaria interpuesta por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -FINAGRO, contra Rafael Vivas Luque y otros. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda presentada al \u00abJuez Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C.-(Reparto)\u00bb, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n \u00ablibrar mandamiento ejecutivo (\u2026) por la suma de $1.251.699.829, por concepto de la obligaci\u00f3n insoluta derivada del pagar\u00e9 No. 11000001-1, el cual tiene como fecha de vencimiento el 01 de enero de 2019\u00bb, m\u00e1s los intereses moratorios correspondientes, entre otros. Adicionalmente, inst\u00f3 a que se ordene le embargo, secuestro y posterior venta p\u00fablica del inmueble con \u00abFolio de Matr\u00edcula Inmobiliaria No. 162-0020894 y 162-0020895\u00bb1 ubicado en la jurisdicci\u00f3n del municipio de Guaduas. <\/p>\n
Asimismo, se indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial \u00aben raz\u00f3n a la cuant\u00eda contenida en la (s) obligaci\u00f3n (es) y el lugar del domicilio de uno de los demandantes conforme lo establece el art\u00edculo 28 numeral 1 del C.G.P. (\u2026)\u00bb2. <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, el expediente fue asignado al Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito la capital de la rep\u00fablica. No obstante, este, mediante auto del 17 de noviembre de la referida anualidad, rechaz\u00f3 el libelo decretando nuevamente su remisi\u00f3n a la Oficina Judicial de Reparto de Guaduas, Cundinamarca, con base en los siguientes argumentos <\/p>\n
\u00abDe la revisi\u00f3n del presente escrito de demanda y sus anexos allegados con la subsanaci\u00f3n de la demanda, encuentra el Despacho que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 7 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, sobre competencia territorial de los jueces civiles, este Despacho no es competente para conocer del asunto sometido a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
El numeral 7 de la norma citada, se\u00f1ala que \u201cEn los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante.\u201d, por lo que teniendo en cuenta que el bien objeto de garant\u00eda hipotecaria se encuentra en el municipio de GUADUAS – CUNDINAMARCA, la competencia para conocer de este litigio no puede estar adscrita a funcionario diferente que al Juez Promiscuo del Circuito de ese municipio. <\/p>\n
Por lo anterior, este juzgado no tiene competencia para conocer el proceso de la referencia por el factor territorial, de modo que la presente demanda habr\u00e1 de ser rechazada y remitida al juez competente\u00bb4. <\/p>\n
4. De esta forma, la causa fue repartida al Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas. Empero, este, mediante auto del 12 de febrero de 2021 declar\u00f3 que carec\u00eda de competencia para asumir el conocimiento del asunto y orden\u00f3 devolver la demanda al Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1. Para ello precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es necesario traer a colaci\u00f3n lo dispuesto mediante Providencia AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00, proferida por la Corte Suprema de Justicia, en la cual realiza el estudio de un conflicto de competencia instaurado por los Juzgados de Medell\u00edn y Ciudad Bol\u00edvar, dentro de un proceso hipotecario, y en el cual estableci\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abSignifica, que el actor de un contencioso con soporte en un negocio jur\u00eddico con alcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstase, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u00bb <\/p>\n
Y es que lo anterior, corresponde a la interpretaci\u00f3n normativa que puede hacerse del numeral 3 del art\u00edculo 28 del C.G.P., donde da la posibilidad de que, en una controversia surgida de un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos, tambi\u00e9n es competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. <\/p>\n
Conforme a todo lo anterior, es claro que el demandante Fondo Para el Financiamiento del Sector Agropecuario \u201cFINAGRO\u201d, es quien tiene la potestad de elegir el lugar de presentaci\u00f3n de la demanda ejecutiva, en este caso opt\u00f3 por la ciudad de Bogot\u00e1, conforme al domicilio de una de las personas demandadas RAFAEL VIVAS LUQUE (\u2026)\u00bb5. <\/p>\n
5. Finalmente, el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en auto del 27 de octubre del a\u00f1o en curso promovi\u00f3 el conflicto de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, para lo cual, rese\u00f1\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abObservadas las actuaciones adelantadas por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas, Cundinamarca, es claro que conforme a los derroteros del inciso primero del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, el correcto proceder no era devolver el expediente al juzgado que rechaz\u00f3 en un primer momento la competencia, sino remitirla al superior funcional com\u00fan. <\/p>\n
Ser\u00eda del caso devolver el expediente al despacho remitente; no obstante, en aras de propender por la celeridad en las actuaciones judiciales, el expediente ser\u00e1 remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia para que se resuelva lo de su competencia\u00bb6. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, Guaduas (Cundinamarca) y Bogot\u00e1, la Corte es la competente para resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de conformidad con los art\u00edculos 139 ibidem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de su par 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia, debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos. Tales criterios est\u00e1n vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde acontecieron los hechos, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros. <\/p>\n
3. De las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, la del numeral primero (1\u00ba) constituye la regla general, esto es, que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el pa\u00eds, ser\u00e1 competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el pa\u00eds o esta se desconozca, ser\u00e1 competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante\u00bb (se subraya). <\/p>\n
A su vez, el numeral 3\u00b0 dispone que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes. En efecto, al general, basado en el domicilio del demandado, se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones. As\u00ed las cosas, al presentarse convergencia entre dos factores de competencia por tratarse de la ejecuci\u00f3n de t\u00edtulos valores (numerales 1 y 3\u00b0 del art\u00edculo 28 del C.G.P.), el actor, en principio, cuenta con la posibilidad de escoger, a prevenci\u00f3n, el juzgador que a bien le pareciera. <\/p>\n
4. Sin embargo, trat\u00e1ndose de asuntos suscitados, entre otros, en los que se \u00abejerciten derechos reales\u00bb, conforme al numeral s\u00e9ptimo (7\u00ba) se estipula que, es competente de modo privativo el funcionario judicial del lugar donde se hallen ubicados los bienes. Ciertamente, la aludida disposici\u00f3n consagra que \u00ab[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes mostrencos, ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si \u00e9stos comprenden distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Y, m\u00e1s a\u00fan, el numeral 10\u00b0 de la misma disposici\u00f3n prescribe que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otros, en auto CSJ AC, 14 dic. 2020, rad. 2012-02912-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 5 jul. 2012, rad. n\u00b0 2012-00974, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, en casos como el que nos ata\u00f1e en esta ocasi\u00f3n, habr\u00eda una concurrencia entre fueros privativos al tratarse de pleitos ejecutivos hipotecarios en que una de las partes sea una entidad p\u00fablica, lo que implica que ha de ser la ley, y no el actor, quien ha de elegir el juez competente para conocer de la controversia. <\/p>\n
Pues bien, para dirimir este tipo de controversias, la reciente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n se ha decantado por acudir al precepto contenido en el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes. Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed fue sentado en el prove\u00eddo AC140-20207, en el cual, mutatis mutandis, en una controversia de imposici\u00f3n de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica, la Corte explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente?8 <\/p>\n
Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. <\/p>\n
En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite\u00bb. (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320) <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien. Sin embargo, en el evento de que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio. <\/p>\n
6. Aplicando las anteriores premisas al caso de marras y partiendo de que el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -Finagro-, es una entidad p\u00fablica, creada mediante la Ley 16 de 1990 como una \u00absociedad de econom\u00eda mixta del orden Nacional, organizado como establecimiento de cr\u00e9dito, vinculado al Ministerio de Agricultura, con patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa.\u00bb9 la competencia para conocer de la presente controversia radicar\u00eda en el juez de su lugar de domicilio, correspondiente a la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 impone, a efectos de determinar la competencia privativa del juez, que el convocante o convocado debe ser \u00abuna entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica\u00bb. En tal sentido, el precepto 68 de la ley 489 de 1998 prev\u00e9 que \u00abson entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos p\u00fablicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
7. Por lo explicado en precedencia, procede remitir la presente demanda al Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acci\u00f3n emprendida. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva. <\/p>\n
CUARTO: Por Secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes dej\u00e1ndose las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 11, archivo \u201c01EscritoDemanda\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem., 15-17. <\/p>\n
3\u0002 Folios 5 y 6, archivo \u201c02Tramite\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c21AutoRechazaDemandaCompetenciaTerritorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c02 AutoNo.acepta.competencia\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Radicaci\u00f3n No. 11001-02-03-000-2019-00320-00 <\/p>\n
8\u0002 Conocer en forma prevalente un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que de acuerdo con la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las dem\u00e1s, debe primar en su elecci\u00f3n. <\/p>\n
9\u0002 Folio 3, archivo \u201c01EscritoDemanda\u201d del expediente digital <\/p>\n
<\/p>\n
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