AC276-2022 (2022-00130-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC276-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00130-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Dec\u00eddese la queja interpuesta por Mabel Cristina Prestan L\u00f3pez1 frente al auto proferido el 26 de abril de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante el cual deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n que esa parte formul\u00f3 contra la sentencia de 17 de marzo de esa misma anualidad, en el proceso de pertenencia incoado por Elena Josefina Guette G\u00f3mez y Di\u00f3genes de Jes\u00fas Palacio Rodr\u00edguez contra Banco Colpatria Red Multibanca, F\u00e9lix Antonio Navarro Navarro, Luis Fernando Navarro, Jorge Armando Navarro Pe\u00f1a, Carlos Alberto Navarro Pe\u00f1a, herederos determinados de Graciela Marina Pe\u00f1a de Navarro; as\u00ed como los herederos indeterminados de \u00e9sta y las personas que se creyeran con derechos sobre el bien objeto del mismo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Elena Josefina Guette G\u00f3mez y Di\u00f3genes de Jes\u00fas Palacio Rodr\u00edguez solicitaron se declare que adquirieron por prescripci\u00f3n extraordinaria el dominio del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 040-062527 registrado en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de la ciudad de Barranquilla, ubicado en el edificio Don F\u00e9lix (barrio las delicias, carrera 41 con calle 70B), y se ordene la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de propiedad de los demandados, pretensiones estas acompa\u00f1adas con la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
2. Los demandantes, adujo la ahora recurrente, fueron poseedores con \u00e1nimo de \u00abse\u00f1ores y due\u00f1os\u00bb del inmueble objeto de litigio por m\u00e1s de doce (12) a\u00f1os, de forma pac\u00edfica e ininterrumpida, ejercicio que inici\u00f3 el 31 de julio de 2001 con ocasi\u00f3n de haber celebrado la escritura p\u00fablica no. 2921 protocolizada en la Notar\u00eda Quinta del C\u00edrculo de Barranquilla, contentiva del acto de compraventa en el que F\u00e9lix Antonio Navarro y Graciela Marina Navarro Pe\u00f1a (q.e.p.d) figuraron como vendedores, documento que fue anexado como prueba. <\/p>\n
3. Al contestar la demanda, el Banco Colpatria Red Multibanca se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argument\u00f3 para el efecto que desde el 12 de marzo de 2004 existe un embargo registrado sobre el inmueble objeto de litigio, el cual fue librado en el marco del tr\u00e1mite ejecutivo hipotecario que dicha entidad promovi\u00f3 en contra de los accionantes en pertenencia, expediente 2004-00002, en conocimiento del Juzgado Catorce (14\u00b0) Civil del Circuito de Barranquilla. <\/p>\n
4. En el mismo sentido, los demandados F\u00e9lix Antonio Navarro Navarro, Carlos Alberto Navarro Pe\u00f1a, Luis Fernando Navarro Pe\u00f1a y Jorge Armando Pe\u00f1a, se opusieron a las pretensiones del escrito genitor, adujeron en s\u00edntesis que (I) la posesi\u00f3n que alega la parte demandante se interrumpi\u00f3 en el a\u00f1o 2007 con el proceso de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa que ellos incoaron en contra de los pretensores usucapientes (08-2007-00168-00) y (II) que Di\u00f3genes de Jes\u00fas Palacio nunca ha ostentado la condici\u00f3n de poseedor material del inmueble, pues su usucapi\u00f3n se deriva de la de su esposa, Elena Josefina Guette G\u00f3mez2 titular del acto jur\u00eddico que les permiti\u00f3 la entrada. <\/p>\n
5. Surtido el tr\u00e1mite de rigor y aportadas las pruebas relevantes al plenario el a quo deneg\u00f3 las pretensiones3. La decisi\u00f3n fue recurrida en su integridad. <\/p>\n
7. Formulado el recurso de casaci\u00f3n, fue denegada su concesi\u00f3n, toda vez que la cuant\u00eda del inter\u00e9s de los impugnantes era de $131.348.000 (valor del inmueble materia de usucapi\u00f3n, seg\u00fan el aval\u00fao catastral del a\u00f1o 2021), precio inferior al tope m\u00ednimo legal de 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes que para el a\u00f1o 2021 equival\u00eda a $908\u00b4526.116.000, valor que tuvo en cuenta por la ausencia de otros medios probatorios. <\/p>\n
8. En los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio queja, la recurrente se\u00f1al\u00f3 su inconformidad contra tal determinaci\u00f3n, pues no comparte los argumentos de la decisi\u00f3n porque acept\u00f3 la existencia de la interrupci\u00f3n civil a partir del 6 de junio de 2007 (d\u00eda de la radicaci\u00f3n del tr\u00e1mite de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa formulada por los aqu\u00ed demandados), inclusive cuando esa clase de demandas no tienen la virtualidad para lograr tal fen\u00f3meno. <\/p>\n
9. El sentenciador de segundo grado mantuvo la negativa de conceder el remedio de casaci\u00f3n. Concedi\u00f3 la queja. <\/p>\n
10. Arribadas las diligencias a esta Corporaci\u00f3n, se dio traslado de las mismas a la contraparte, por lo que cumple resolver la queja, previas las siguientes, <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 35 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[c]orresponde a las salas de decisi\u00f3n dictar las sentencias y los autos que decidan la apelaci\u00f3n contra el que rechace el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella\u00bb, y al magistrado ponente dictar \u00ablos dem\u00e1s autos que no correspondan a la sala de decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En el presente caso, por tratarse de la resoluci\u00f3n de una queja interpuesta contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la concesi\u00f3n del remedio extraordinario, se deber\u00e1 aplicar la \u00faltima de las reglas transcritas y la decisi\u00f3n se adoptar\u00e1 de forma unipersonal. <\/p>\n
2. La naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n justifica las restricciones para concederlo, toda vez que \u00fanicamente es viable en aquellos eventos establecidos de manera expresa por la ley, teniendo en cuenta su clase y el quantum del agravio causado por el fallo impugnado, salvo que verse exclusivamente sobre el estado civil de las personas, porque en este evento est\u00e1n involucrados derechos personal\u00edsimos irrenunciables y no un componente econ\u00f3mico. <\/p>\n
As\u00ed lo resalt\u00f3 la Corte en criterio aplicable en los actuales tiempos, al se\u00f1alar que \u00fanicamente pod\u00eda emplearse \u00ab(\u2026) frente a ciertas y determinadas sentencias, en atenci\u00f3n a la naturaleza del proceso en el que ellas fueron proferidas, al juez que las emiti\u00f3 y, por regla general, \u201cal valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u201d (Cfme. art. 366 del C. de P. C., modificado por la Ley 592 de 2000).\u00bb (AC, 20 abr. 2009, rad. n.\u00b0 2008-01910; reiterado en AC4416-2014). <\/p>\n
El art\u00edculo 338 \u00eddem prev\u00e9 que cuando \u00ablas pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda debe hacerse por el juzgador con base en las pruebas que integran el proceso. Excepcionalmente podr\u00e1 acudir a un dictamen pericial, siempre que el mismo sea aportado por el interesado, el cual valorar\u00e1 y decidir\u00e1 de plano, seg\u00fan las voces del art\u00edculo 339 ibidem. <\/p>\n
It\u00e9rese que el fallador debe soportarse en los medios de convicci\u00f3n que reposen en la causa, sin que pueda adelantar actividad probatoria adicional o permitir la incorporaci\u00f3n de nuevas pruebas. <\/p>\n
Cuando en criterio del afectado falten elementos de juicio para fijar el perjuicio irrogado, podr\u00e1 observar la carga procesal de anexar una pericia con la formulaci\u00f3n del recurso, ajustada a los requisitos del art\u00edculo 226 ejusdem, sin que se haya previsto la posibilidad de sustituir este imperativo por otra probanza. En caso contrario, deber\u00e1 soportar que el quantum se defina a partir de las pruebas que obran en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Trat\u00e1ndose de procesos de pertenencia que son desfavorables para la parte demandante, se tiene por establecido que el importe para recurrir en casaci\u00f3n debe determinarse a partir del valor del bien objeto de la pretensi\u00f3n de usucapi\u00f3n, por cuanto el mismo refleja la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n que la sentencia desestimatoria provoc\u00f3 (AC, 3 sep. 2013, rad. n.\u00b0 2009-00158-01, reiterado en AC6499, 27 sep. 2016, rad. n.\u00ba 2016-02061-00). <\/p>\n
Al respecto, la Corte manifest\u00f3: \u00abcomo en este litigio la discusi\u00f3n trata de la usucapi\u00f3n de un inmueble, su estimaci\u00f3n econ\u00f3mica al tiempo de la sentencia censurada, constituye el factor econ\u00f3mico definitivo para acudir en casaci\u00f3n (AC3910, 13 jul. 2015, rad. n\u00b0 2014-00218-01). <\/p>\n
4. Aplicadas las anteriores consideraciones al caso bajo examen, se tiene que el Tribunal acert\u00f3 al negar la concesi\u00f3n del mecanismo de defensa extraordinario a que se ha hecho referencia, comoquiera que el valor de la afectaci\u00f3n de los promotores no super\u00f3 el l\u00edmite de 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes establecido en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En efecto, una revisi\u00f3n del expediente permite advertir que los accionantes pidieron declarar que adquirieron por prescripci\u00f3n extraordinaria el dominio del predio individualizado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 040-062527 registrado en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de la ciudad de Barranquilla, s\u00faplica que fue desestimada en primera y en segunda instancia. <\/p>\n
Por ende, es dable colegir que el perjuicio que la decisi\u00f3n criticada irroga a los inconformes se circunscribe al valor catastral del inmueble cuya usucapi\u00f3n se depreca, el cual seg\u00fan los medios de prueba que obran en el expediente (Recibo Oficial de pago de impuesto predial N.\u00b0 2503038 de la Alcald\u00eda de Barranquilla) corresponde al valor de $131\u00b4348.0004, cifra inferior al monto m\u00ednimo de 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes que para el a\u00f1o 20215 equivale a $908\u00b4526.000. <\/p>\n
5. En consecuencia, los reparos de la quejosa no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad, por lo que as\u00ed se declarar\u00e1. <\/p>\n
6. En aplicaci\u00f3n del numeral 8 del art\u00edculo 365 \u00eddem no se condenar\u00e1 en costas a la parte recurrente, a pesar de que se desat\u00f3 la impugnaci\u00f3n de forma negativa a sus s\u00faplicas, en tanto no se encuentra demostrada su causaci\u00f3n a favor de los convocados, al punto que el traslado se descorri\u00f3 en silencio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero: Declarar bien denegada la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante, frente a la sentencia de 17 de marzo de 2021, dictada en el presente proceso. <\/p>\n
Segundo: No se condena en costas del recurso de queja a los promotores como quedara explicado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
Tercero: En oportunidad devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n al despacho de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 En calidad de cesionaria de los derechos litigiosos de Elena Josefina Guette G\u00f3mez. <\/p>\n
2\u0002 A la demandante Elena Josefina se le acept\u00f3 cesi\u00f3n de sus derechos litigiosos mediante auto de junio 14 de 2018. (Archivo 59AutoAdmiteCesi\u00f3nDerechos\u201d, Cuaderno principal). <\/p>\n
3\u0002 Ver sentencia de primera instancia de 18 de febrero de 2020 \u201cCuaderno Principal, folios 478-489\u201d <\/p>\n
5\u0002 Decreto 1785 de 2020. Por el cual se fij\u00f3 en $908.526 el salario m\u00ednimo para Colombia, a partir del 1\u00ba de enero de 2021. <\/p>\n
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