AC277-2022 (2015-00198-01)<\/p>\n
Rad. n\u00b0 11001-31-03-038-2015-00198-01 <\/p>\n
AC277-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-038-2015-00198-01 <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
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Respecto de la admisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandada frente a la sentencia proferida el 5 de octubre de 2020 y corregida el 26 de febrero de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario incoado por Giuliano Stefanini contra Gladys Marcela Bocanegra de la Torre, al cual fueron vinculadas como litisconsortes de la accionada la Promotora Heritage Club S.A. en liquidaci\u00f3n, Spazio Constructora S.A. y Fiduciaria Colpatria S.A. como vocera del patrimonio aut\u00f3nomo FC Heritage Club, se observa lo siguiente: <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El convocante solicit\u00f3 declarar resuelto el contrato de cesi\u00f3n de 22 de julio de 2011, en el cual fungi\u00f3 como cedente y la convocada como cesionaria, que tuvo por objeto la promesa de compraventa suscrita por \u00e9l como promitente comprador, respecto del apartamento 19B \u2013 1 del Edificio Heritage del Mar ubicado en la ciudad de Cartagena. <\/p>\n
Y, a t\u00edtulo de s\u00faplicas condenatorias, deprec\u00f3 ordenar a Gladys Marcela Bocanegra de la Torre devolver el inmueble y pagar $150\u2019000.000 como cl\u00e1usula penal, por su incumplimiento del pacto, con intereses comerciales moratorios. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Una vez surtido el tr\u00e1mite de la primera instancia y tras el silencio de la demandada as\u00ed como de sus litisconsortes durante el lapso concedido para ejercer su derecho a la defensa, el juzgador a-quo resolvi\u00f3: I) declarar probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva respecto de las sociedades citadas como litisconsortes necesarias de la demandada; II) proclamar resuelto, por incumplimiento de Gladys Marcela Bocanegra de la Torre, el contrato de cesi\u00f3n de 22 de julio de 2011; III) condenar a la demandada a pagar $150\u2019000.000 al peticionario a t\u00edtulo de cl\u00e1usula penal, as\u00ed como a devolverle el apartamento 19B \u2013 1 del Edificio Heritage del Mar ubicado en Cartagena con sus frutos civiles; y IV) ordenar a Giuliano Stefanini reintegrar a la accionada la suma de $210\u2019000.000 que recibi\u00f3 como parte del precio del contrato resuelto, indexada y previo descuento de $87\u2019399.126 por concepto de frutos civiles a cargo de la convocada, para un total de $200\u2019380.712. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Contra tal veredicto s\u00f3lo la enjuiciada se alz\u00f3, siendo confirmado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 con prove\u00eddo de 5 de octubre de 2020, corregido el 26 de febrero de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La demandada Gladys Marcela Bocanegra de la Torre interpuso casaci\u00f3n, la cual fue concedida por el operador judicial ad-quem el 3 de noviembre siguiente, tras considerar que el supuesto perjuicio irrogado con el fallo ascend\u00eda al valor de la cl\u00e1usula penal a que fue condenada la inconforme, m\u00e1s el valor del fundo que debe devolver, el cual, de acuerdo con el aval\u00fao aportado al interponer el recurso extraordinario, asciende a $928\u2019125.000. <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, en tanto no pretende una revisi\u00f3n del asunto en litigio sino la defensa de la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado colombiano y la reparaci\u00f3n del agravio inferido a las partes por la sentencia censurada, seg\u00fan el art\u00edculo 333 del citado estatuto procesal; la normatividad que lo rige establece requisitos rigurosos para su admisi\u00f3n, los cuales son de imperativa observancia, sin que su desconocimiento pueda ser consentido, salvo que la misma ley lo permita. <\/p>\n
<\/p>\n
La decisi\u00f3n de admisi\u00f3n, en este contexto, entra\u00f1a una cuidadosa labor de verificaci\u00f3n que la Corte no puede obviar, aunque el juzgador de instancia haya emitido decisi\u00f3n previa, pues debe constatar que al ser concedido el remedio extraordinario no fue desconocido el ordenamiento jur\u00eddico y, de haberlo hecho, deber\u00e1 advertir la situaci\u00f3n al funcionario competente para que examine su decisi\u00f3n, devolviendo el expediente con la indicaci\u00f3n de la concesi\u00f3n prematura de la impugnaci\u00f3n (AC, 4 jul. 2013, rad. n\u00b0 2010-00109-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En punto al inter\u00e9s para recurrir, el art\u00edculo 338 \u00eddem dispone que podr\u00e1 acudirse en casaci\u00f3n cuando \u00ab\u2026el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)\u2026\u00bb, lo cual deber\u00e1 revisar el Tribunal con base en los elementos de juicio obrantes en el expediente, sin perjuicio de que el impugnante anexe un dictamen pericial si lo considera conveniente, como lo establece el art\u00edculo 339 ib\u00eddem. <\/p>\n
Y aun cuando el inciso final del art\u00edculo 342 ejusdem prescribe que \u00ab[l]a cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificaci\u00f3n por la Corte…\u00bb, estableciendo as\u00ed una restricci\u00f3n a la actividad del m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n civil; esta regla no puede entenderse como imperativo para que este \u00f3rgano l\u00edmite admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia del quantum de la afectaci\u00f3n a los intereses patrimoniales del actor, pues tal hermen\u00e9utica vaciar\u00eda de contenido y finalidad el acto de admisi\u00f3n, as\u00ed como la exigencia de un inter\u00e9s para recurrir, que simplemente se ver\u00eda soslayado en los casos en que el fallador tome decisi\u00f3n equivocada o apartada del material probatorio obrante en el expediente, con la consecuente afectaci\u00f3n del principio de legalidad. <\/p>\n
Para evitar dicha situaci\u00f3n es necesario acudir al principio de conservaci\u00f3n o efecto \u00fatil, seg\u00fan el cual debe privilegiarse la interpretaci\u00f3n que permita que una norma tenga efectos sobre la que los repudia, en concreto, la de los art\u00edculos 338 y 342 del nuevo estatuto procesal, con el fin de concluir que ciertamente la Corte, en ning\u00fan caso, podr\u00e1 fijar o definir el valor de la resoluci\u00f3n desfavorable para el actor, ya que ello qued\u00f3 exclusivamente en manos de los tribunales. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, cuando advierta una situaci\u00f3n que merece valoraci\u00f3n por dichos cuerpos colegiados, podr\u00e1 solicitarles que reexaminen su decisi\u00f3n, con la indicaci\u00f3n de las razones que soportan el pedimento (cfr. AC5274, 18 ag. 2016, rad. n.\u00b0 2011-00248-01; AC5405, 23 ag. 2016, rad. n\u00b0 2008-00324-01; AC6105, 13 sep. 2016, rad. n\u00b0 2006-00397-01; AC7246, 25 oct. 2016, rad. n\u00b0 2012-00116-01). <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora bien, tal cual se indic\u00f3, la procedencia del recurso de casaci\u00f3n est\u00e1 supeditada, entre otras condiciones, a que el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea o exceda el monto fijado por la ley, de donde resulta que el inter\u00e9s para recurrir surge del valor del agravio que la sentencia proferida por el juzgador ad-quem le irroga al censor, inter\u00e9s que debe establecerse en el momento en que se causa, esto es, cuando se profiere el pronunciamiento que lo origina. <\/p>\n
<\/p>\n
Trat\u00e1ndose de negocios jur\u00eddicos esta Corporaci\u00f3n ha ense\u00f1ado que, para establecer la afectaci\u00f3n de marras, deber\u00e1 ponderarse el quantum de las prestaciones materia de la declaraci\u00f3n de voluntad o el objeto material sobre la que recaen, analizadas de acuerdo con la calidad de quien recurre, o las prestaciones decretadas con ocasi\u00f3n de la disoluci\u00f3n del acto declarada judicialmente en el prove\u00eddo fustigado, seg\u00fan sea el caso. <\/p>\n
<\/p>\n
De all\u00ed que, al analizar la cuant\u00eda para recurrir en los casos de simulaci\u00f3n, nulidades contractuales, entre otros eventos, admitiera que es dable acudir al precio se\u00f1alado en las escrituras p\u00fablicas contentivas de la convenci\u00f3n respectiva (AC4423, 13 jul. 2017, rad. n.\u00b0 2017-01073-00; AC4179, 30 jun. 2017, rad. n.\u00b0 2017-01130-00); y, en relaci\u00f3n con veredictos que disponen la devoluci\u00f3n de bienes, \u00ab\u2026por el valor del inmueble que debe restituir, junto con el de los frutos cuyo pago se le impuso, cifra de la cual debe descontarse la cantidad que la actora le debe abonar, todo en el monto al cual ascend\u00edan en la fecha del fallo\u00bb (CSJ AC de 26 may. 2004, rad. 2004-00095). <\/p>\n
<\/p>\n
Por consecuencia, respecto de bienes inmuebles, su estimaci\u00f3n comercial, as\u00ed como el porcentaje de dominio reclamado, constituyen dos (2) elementos esenciales para definir el dem\u00e9rito patrimonial (AC8593, 14 dic. 2016, rad. n.\u00b0 2011-00129-01, reitera el auto AC, 28 sep. 2012, rad. n.\u00b0 2006-00065-01. En el mismo sentido AC, 7 jul. 2014, rad. n.\u00b0 2010-00048-01 y AC6729, 4 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2011-00129-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el caso concreto, la providencia del tribunal orden\u00f3 a la recurrente devolver al demandante el apartamento 19B \u2013 1 del Edificio Heritage del Mar ubicado en la ciudad de Cartagena, con frutos civiles, as\u00ed como erogar $150\u2019000.000 por concepto de cl\u00e1usula penal; al paso que fue favorecida con la restituci\u00f3n de los dineros que hab\u00eda entregado a su contendor, los cuales, una vez hecha la compensaci\u00f3n con los aludidos frutos civiles, totalizaron $200\u2019380.712. <\/p>\n
<\/p>\n
En este orden de ideas, Gladys Marcela Bocanegra de la Torre, con ocasi\u00f3n del fallo de \u00faltima instancia que declar\u00f3 resuelta la cesi\u00f3n que ella sign\u00f3 con el accionante, resulta afectada por tener que devolver el predio citado. Por ende, el valor de este bien -con descuento de $50\u2019380.712 correspondientes a la compensaci\u00f3n de las condenas dinerarias referidas- determina el inter\u00e9s para recurrir y, bajo esa directriz, el fallador de segundo grado concedi\u00f3 el recurso teniendo en cuenta el dictamen pericial aportado con el escrito de reparo. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, en el caso bajo estudio el labor\u00edo acogido no satisface las condiciones para ser tenido como tal, lo que se\u00f1ala que fue prematura la definici\u00f3n por la que se dio v\u00eda libre al recurso. <\/p>\n
<\/p>\n
En efecto, el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe que todo dictamen, para asign\u00e1rsele m\u00e9rito demostrativo, debe cumplir con unas exigencias, que por su importancia frente al caso se destacan las siguientes: (I) ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; (II) explicar los ex\u00e1menes, m\u00e9todos, experimentos e investigaciones efectuadas; (III) exponer los fundamentos t\u00e9cnicos y cient\u00edficos de las conclusiones; (IV) incluir los datos de contacto del perito; (V) explicitar la profesi\u00f3n, oficio, arte o actividad que es ejercida por el experto, anexando los t\u00edtulos acad\u00e9micos y la prueba de su experiencia; (VI) se\u00f1alar los casos en que el perito ha participado y, en caso de haber aplicado t\u00e9cnicas diferentes a la considerada para el caso, indicar las razones para ello; y (VII) manifestar que no se encuentra en una situaci\u00f3n que le impida actuar como perito. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre el punto, la Corte ha sostenido que todo dictamen pericial debe observar tales requerimientos especiales, so pena de que la decisi\u00f3n de admisi\u00f3n del mecanismo extraordinario no pueda soportarse en ella, y, por tanto, deba declararse prematura la concesi\u00f3n (AC5405, 23 ag. 2016, rad. n\u00b0 2008-00324-01; AC7246, 25 oct. 2016, rad. 2012-00116-01; AC1641, 2 ab. 2014, rad. 2009-01202-01). <\/p>\n
<\/p>\n
Empero de lo comentado, la experticia arrimada al proceso, y sobre la cual se fund\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso sub examine, omiti\u00f3 requisitos de los enumerados en precedencia, como se evidencia a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
<\/p>\n
(a) El dictamen pericial carece de los atributos de precisi\u00f3n, exhaustividad y fundamentaci\u00f3n, pues si bien indic\u00f3 haber acudido al m\u00e9todo de comparaci\u00f3n, omiti\u00f3 se\u00f1alar cu\u00e1les fueron los bienes sobre los cuales realiz\u00f3 el aludido parang\u00f3n, sus propietarios o los documentos que dieran cuenta de los negocios jur\u00eddicos pertinentes con base en los cuales extract\u00f3 el valor del metro cuadrado fundante de su conclusi\u00f3n, en tanto s\u00f3lo insert\u00f3 tres n\u00fameros telef\u00f3nicos m\u00f3viles; tampoco se\u00f1al\u00f3 cu\u00e1l fue el proceso de selecci\u00f3n de los datos consultados, ni la t\u00e9cnica de recolecci\u00f3n de informaci\u00f3n usada. <\/p>\n
<\/p>\n
(b) El perito olvid\u00f3 remitir los t\u00edtulos profesionales y los soportes de la experiencia; no mencion\u00f3 los aval\u00faos realizados en los \u00faltimos a\u00f1os, as\u00ed como los m\u00e9todos aplicados en los mismos, incluyendo las razones por las cuales hizo uso de criterios diferentes a los del sub lite, en caso que as\u00ed fuera; se desconoce si ha intervenido en otros procesos con las mismas partes; y falt\u00f3 la manifestaci\u00f3n sobre la inexistencia de causales para ser excluido de la lista de auxiliares de la justicia. <\/p>\n
<\/p>\n
Total, la fundamentaci\u00f3n de ese peritaje es deficiente, lo cual no fue advertido por el juzgador de segundo grado dejando al descubierto la prematuridad de la concesi\u00f3n del mecanismo de defensa extraordinario, en desmedro del canon 339 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor cuando \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb, precepto que contiene una carga para el opugnador de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona la sentencia, salvo que lo estime determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo sin que le est\u00e9 permitido decretar medios de convicci\u00f3n adicionales a los existentes, ya que el recurrente asume los efectos adversos de su desidia. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Por las razones expuestas, se colige que el fallador de instancia procedi\u00f3 de manera apresurada en la concesi\u00f3n de la casaci\u00f3n, haci\u00e9ndose necesario que revise nuevamente si la disidente tiene inter\u00e9s para recurrir, por esa raz\u00f3n adoptar\u00e1 la decisi\u00f3n que considere pertinente, con fundamento en las normas legales y las pautas se\u00f1aladas en precedencia. A partir de estos insumos y dentro del marco de su competencia, tomar\u00e1 la decisi\u00f3n que considere pertinente. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
<\/p>\n
Primero. Declarar prematuro el pronunciamiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, al conceder el recurso extraordinario dentro del proceso de la referencia. <\/p>\n
<\/p>\n
Segundo. Devolver la actuaci\u00f3n a la oficina de origen, para que proceda de acuerdo con su competencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
3 <\/p>\n
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