AC315-2022 (2022-00200-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC315-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-00200-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civil del Circuito de Cimitarra (Santander) y Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La Agencia Nacional de Infraestructura \u2013ANI- demand\u00f3 a Reinaldo Pe\u00f1a Cuellar y a Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. ESP \u2013ISA ESP-, con el fin de que se decretara la expropiaci\u00f3n de una franja de terreno equivalente a \u00ab571,07 M2\u00bb, que hace parte del predio de mayor extensi\u00f3n denominado \u00abEl Lago\u00bb, situado en el municipio de Cimitarra, Santander e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 324-51385. <\/p>\n
2. En el escrito inaugural se indic\u00f3 que la competencia radicaba en los jueces del circuito de esta \u00faltima localidad, \u00abpor el lugar donde est\u00e1 ubicado el inmueble\u00bb. [Archivo Digital: 03DemandaYAnexos]. <\/p>\n
3. La causa fue repartida al Juzgado Promiscuo del Circuito de aquella poblaci\u00f3n, autoridad que, en auto de 10 de noviembre de 2017, admiti\u00f3 el libelo inicial ordenando el enteramiento de los llamados a juicio, acto cumplido en debida forma. <\/p>\n
Enterada Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. ESP -ISA- (titular de derecho de servidumbre) replic\u00f3 la demanda pronunci\u00e1ndose sobre los hechos y pretensiones, indicando respecto de estas que no se opone \u00absiempre y cuando se respete el derecho real que es titular\u00bb. <\/p>\n
Reinaldo Pe\u00f1a Cuellar, (titular de derecho de dominio) puesto a juicio permaneci\u00f3 silente. <\/p>\n
4. En providencia de 7 de septiembre de 2021, dicho estrado judicial declin\u00f3 del conocimiento de las diligencias y las remiti\u00f3 a la oficina de reparto de sus hom\u00f3logos de Bogot\u00e1, tras argumentar que al ser la demandante una entidad p\u00fablica, la competencia radica en el juez de su domicilio, en virtud de lo establecido en los art\u00edculos 28, numeral 10\u00ba y 29 del C\u00f3digo General del Proceso, premisa que apoy\u00f3 en el pronunciamiento AC1023-2021, 23 mar., de esta Sala. [\u00cddem]. <\/p>\n
5. El pasado 14 de diciembre, el Juez Treinta y Seis Civil del Circuito de esta capital se neg\u00f3 a impartirle tr\u00e1mite al pleito, al estimar que, al encontrarse involucradas dos entidades p\u00fablicas con domicilios distintos, la regla de competencia aplicable era la prevista en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, esto es, el sitio donde est\u00e1 ubicado el fundo objeto de expropiaci\u00f3n, postura que soport\u00f3 en la providencia CSJ AC4634-2021, de esta Corporaci\u00f3n. [\u00cddem]. <\/p>\n
6. Planteado de esa manera el conflicto negativo de competencia, se dispuso el env\u00edo del expediente a la Corte. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Sin entrar en mayores disquisiciones sobre los diversos factores de atribuci\u00f3n de competencia fijados en la ley, se observa que en el presente caso es predicable la concurrencia dos (2) fueros por raz\u00f3n de la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica: el real y el personal a que se contraen los numerales s\u00e9ptimo y d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del estatuto procesal. <\/p>\n
2.1. Conforme al primero, en los procesos de expropiaci\u00f3n, el juez competente es el \u00abdel lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Y de acuerdo con el segundo, el funcionario habilitado es \u00ab[E]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. <\/p>\n
2.2. Los foros mencionados tienen como caracter\u00edstica com\u00fan el car\u00e1cter privativo que les asign\u00f3 el legislador, circunstancia que ante la diversidad de circunstancias que en no pocas ocasiones se presentan, motiv\u00f3 la definici\u00f3n de criterios que permitan fijar el juzgador facultado para conocer los asuntos en que aquellos concurran, punto sobre el cual al interior de la Sala se alzaron dos posiciones. <\/p>\n
Una de ellas defendi\u00f3 la sede correspondiente al lugar donde se sit\u00faa el fundo materia del debate, por razones de facilidad de defensa del titular del predio que debe soportar el gravamen y de inmediaci\u00f3n del juzgador en la pr\u00e1ctica de las pruebas, am\u00e9n del car\u00e1cter renunciable del foro por la beneficiaria legal del mismo (AC1172-2018, AC3744-2018, AC4875-2018, AC5051-2018, AC162-2019, AC277-2019, AC616-2019, AC1020-2019 y AC1028-2021, entre otras). <\/p>\n
La otra tesis, abog\u00f3 por la aplicaci\u00f3n de la regla de primac\u00eda contenida en el precepto 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, conforme a la cual \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb (AC4272-2018, AC4522-2018, AC4898-2018, AC117-2019, AC321-2019, AC1167-2019, AC2313-2019, AC3108-2019 y AC1772-2021, entre otras). <\/p>\n
2.3. La providencia AC-140-2020, al pronunciarse sobre un juicio de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica que involucraba los dos foros en cuesti\u00f3n, resolvi\u00f3 en su momento la indicada discusi\u00f3n al unificar la jurisprudencia de esta colegiatura frente al tema, acogiendo la segunda de las posturas mencionadas por hallarla m\u00e1s consonante con la voluntad del legislador. Para arribar a esa conclusi\u00f3n se soport\u00f3 \u00aben el entendimiento sistem\u00e1tico de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelaci\u00f3n que este concretamente previ\u00f3 en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el inter\u00e9s general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificaci\u00f3n, al se\u00f1alar que es en el domicilio de los entes p\u00fablicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda\u00bb. <\/p>\n
La citada hermen\u00e9utica -se\u00f1al\u00f3 la Corte- revela que se quiso \u00ab(\u2026) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija (\u2026) la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n de esa directriz \u00abmuy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial\u00bb. <\/p>\n
3. Aunque pudiera pensarse que se incurre en confusi\u00f3n entre el factor subjetivo de asignaci\u00f3n del funcionario instructor, esto es, el fundado en la calidad de los contradictores, y el foro personal como subclase del factor territorial, basado en el domicilio de uno de los enfrentados en la pendencia, lo cierto es que el aludido precepto 29 del ordenamiento instrumental no efect\u00faa una diferenciaci\u00f3n que lleve a inaplicar el par\u00e1metro all\u00ed contenido a las tensiones surgidas entre los fueros en las diferentes circunscripciones judiciales en que est\u00e1 dividido el territorio nacional. <\/p>\n
Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o p\u00fablica, se encuentra involucrada una regla de competencia instituida \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, de ah\u00ed que, en aplicaci\u00f3n del criterio de preponderancia comentado, aquella desplace a otras como ser\u00eda la determinada por el punto geogr\u00e1fico donde se halla la cosa sobre la cual se ejercita un derecho real. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n no se enerva por la realizaci\u00f3n de algunas actuaciones ante el fallador no competente, ni por la renuncia que haga el organismo p\u00fablico de la garant\u00eda de ser enjuiciado donde tiene su domicilio. <\/p>\n
Lo primero, porque, tal como se enfatiz\u00f3 en la providencia citada, con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignaci\u00f3n del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es improrrogable, caracter\u00edstica que trae aparejada \u00abla imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb1. <\/p>\n
Lo segundo, en la medida en que la naturaleza de derecho p\u00fablico que ostentan las previsiones instrumentales (art. 13 C.G.P.), torna irrenunciables las pautas que cimientan la definici\u00f3n del juez natural exclusivo de un litigio2, motivo por el cual son de obligatorio acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, sin que a ninguno de ellos le est\u00e9 permitido desconocerlas o socavarlas (CSJ AC4273-2018, reiterada recientemente en AC140-2020, AC800-2021, AC795-2021 y AC792-2021). <\/p>\n
4. En la colisi\u00f3n bajo examen, el juicio de expropiaci\u00f3n se promovi\u00f3 ante el Juzgado Civil del Circuito de Cimitarra, Santander, lugar donde se halla situado el bien ra\u00edz que se pretende intervenir. Asimismo, quien acude a la jurisdicci\u00f3n es la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, \u00ab(\u2026) de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica (\u2026) adscrita al Ministerio de Transporte\u00bb3, calidad que, de conformidad con el numeral 10\u00ba del canon 28 de la normatividad de enjuiciamiento, impondr\u00eda, en l\u00ednea de principio, como sentenciador natural al del domicilio principal de dicho ente, conforme los par\u00e1metros atr\u00e1s expuestos. <\/p>\n
No obstante, en el sub-examine se dan unas circunstancias particulares que obligan a realizar un examen adicional para establecer cu\u00e1l es el funcionario llamado a conocer y definir la contienda. <\/p>\n
Ciertamente, revisada la actuaci\u00f3n se advierte que en la acci\u00f3n de expropiaci\u00f3n tambi\u00e9n se encuentra involucrada como demandada la sociedad Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. \u2013ISA S.A. EPS-, la cual es una \u00abempresa de servicios p\u00fablicos, mixta, constituida como sociedad an\u00f3nima, de car\u00e1cter comercial, del orden nacional y vinculada al Ministerio de Minas y Energ\u00eda, regida por las leyes 142 y 143 de 1994\u00bb y su domicilio principal es la ciudad de Medell\u00edn. [Folios 93 a 116, Archivo Digital: 02Pruebas]. <\/p>\n
5. Como se aprecia, aqu\u00ed concurren dos entes p\u00fablicos, cuyos domicilios se encuentran en diferentes localidades, esto es, en Bogot\u00e1 D.C. y Medell\u00edn, Antioquia sin que la ley adjetiva en la regla contenida en su art\u00edculo 28 numeral 10 para determinar la competencia por el factor territorial haga distinci\u00f3n entre demandante y demandado, pues s\u00f3lo refiere a que el ente territorial o entidad p\u00fablica \u00absea parte\u00bb, de suerte que cada una de ellas por su particular naturaleza es titular del fuero privativo contemplado en el precepto en cita, que al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso es \u201cprevalente\u201d. <\/p>\n
Esta Corte al examinar casos an\u00e1logos ha dicho que ante tal supuesto se debe acudir a las restantes reglas \u00abgenerales\u00bb de atribuci\u00f3n de competencia, dando preponderancia a la contemplada en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 Ib\u00eddem, seg\u00fan la cual, el conocimiento del asunto estar\u00e1 en cabeza del juez donde se encuentra ubicado el predio motivo de expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que: <\/p>\n
Y m\u00e1s adelante puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[S]i de un asunto concreto son predicables los fueros privativos de los art\u00edculos 7\u00b0 y 10\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso, debe aplicarse, siguiendo las orientaciones de esta Sala, el \u00faltimo de los mencionados, es decir, el relativo al domicilio de la entidad territorial, de la entidad descentralizada por servicios o de cualquier otra entidad que sea parte. <\/p>\n
Ac\u00e1, sin embargo, ese predicamento no es posible, porque es demandante el Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 (empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad por acciones con aportes estatales y de capital privado, de car\u00e1cter u orden Distrital, con autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, en la cual el Estado posee por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, de conformidad con el acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Bogot\u00e1), y el accionado es un ente territorial, valga anotar, el municipio de La Mesa. <\/p>\n
Es decir, que ante dos entes p\u00fablicos en cada uno de los extremos del proceso y con vecindades diferentes, y a falta de un criterio legal que privilegie una u otra, lo pertinente para dar soluci\u00f3n a esta singular colisi\u00f3n que se suscita, es dar cabida al otro foro privativo territorial, con lo que el juzgador competente para continuar con el juicio de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica es el de La Mesa (AC1989-2021, 26 may., rad. 2021-01513-00; criterio reiterado en AC006-2022, 17 ene., Rad. 2021-04570-00). <\/p>\n
6. Sin embargo, la soluci\u00f3n antedicha, se insiste, donde se encuentran involucradas como parte dos o m\u00e1s entes territoriales o entidades p\u00fablicas con domicilios diferentes, no se armoniza con lo estatuido en los citados art\u00edculos 28 numeral 10\u00ba y 29 \u00eddem. <\/p>\n
En efecto, siendo que, como ya se dijo, el estatuto procesal prev\u00e9 que en los procesos contenciosos en los que \u00absea parte\u00bb una entidad p\u00fablica conocer\u00e1 \u00aben forma privativa\u00bb la autoridad judicial del domicilio de \u00e9sta (n\u00fam. 10 art. 28 C.G.P.) y que es prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n de las partes (art. 29 C.G.P.), no ser\u00eda plausible inaplicar aquel fuero prevalente para que la regla del numeral 7\u00ba Ib\u00eddem entre a gobernar la definici\u00f3n del caso, confiriendo de este modo preponderancia al fuero real sobre el subjetivo, cuando, precisamente, por mandato legal, este \u00faltimo criterio se impone sobre los dem\u00e1s factores territoriales. <\/p>\n
Y es que no se aviene atendible que al desatar esta clase de colisiones la Corte asigne la competencia al juez del lugar donde se sit\u00faa el fundo materia del debate, cuando existe un imperativo legal que impone la aplicaci\u00f3n prevalente del factor subjetivo como expresamente lo determina el art\u00edculo 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, al decir, que \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb. (se resalta). <\/p>\n
Todav\u00eda m\u00e1s, si de aplicar las reglas \u00abgenerales\u00bb se trata a los conflictos de competencia como el de ahora, encontramos que esa condici\u00f3n la tendr\u00eda la previsi\u00f3n contenida en el numeral 1\u00ba Ib\u00eddem, que califica como juez competente en los procesos contenciosos el del domicilio del demandado \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, en cuyo caso entran en juego otros factores, como el previsto en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 de la codificaci\u00f3n procesal, que igualmente constituye un fuero \u00abespecial\u00bb y \u00abprivativo\u00bb. <\/p>\n
Y no se diga que en eventos como el presente hay un vac\u00edo normativo, porque en el c\u00f3digo existe una disposici\u00f3n perentoria que asigna la competencia al juez del domicilio del ente territorial o entidad p\u00fablica, pudiendo el actor, como antes se anot\u00f3, elegir v\u00e1lidamente entre el suyo o el de la llamada a juicio, habida cuenta que el beneficio subjetivo no distingue el extremo procesal en que est\u00e9 la entidad p\u00fablica. <\/p>\n
7. Pero aun de aceptarse las presuntas deficiencias en el \u00e1mbito legal que pudieran existir para fijar la competencia en cabeza de la autoridad judicial en los juicios de expropiaci\u00f3n, cuando los extremos de la litis est\u00e1n integrados por dos o m\u00e1s entidades p\u00fablicas con diferentes asientos, habr\u00e1 que valerse de los criterios de interpretaci\u00f3n contemplados en los c\u00e1nones 26 y siguientes del C\u00f3digo Civil, a fin de escudri\u00f1ar el sentido y alcance de los art\u00edculos 28 (n\u00fam. 10) y 29 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
\u00abEs principio rector de la actividad judicial el indagar por el \u201cverdadero sentido\u201d de las normas jur\u00eddicas, tal como lo manda el art\u00edculo 26 del C\u00f3digo Civil, estatuto que adem\u00e1s de establecer algunos criterios de interpretaci\u00f3n (textual, l\u00f3gico, hist\u00f3rico, sistem\u00e1tico), proh\u00edbe la que se hace de manera insular para ampliar o restringir la extensi\u00f3n que deba darse a la ley (art\u00edculo 31 ib\u00eddem). <\/p>\n
Uno de tales criterios considera a las reglas jur\u00eddicas como elementos de un sistema, raz\u00f3n por la que la interpretaci\u00f3n de las mismas se orienta hacia su armonizaci\u00f3n dentro de \u00e9ste, con el fin de evitar incompatibilidad de unas normas con otras, o que \u00e9stas sean contrarias al propio conjunto normativo\u00bb(SC, 19 dic. 2012, rad. n.\u00b0 2006-00164-01; criterio reiterado en SC3627-2021, 2 nov., rad. 2014-58023-01, resalta la Corte). <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, con sano criterio la Sala ha estimado que \u00abinterpretar va m\u00e1s all\u00e1 de reproducir formalmente las palabras que utiliz\u00f3 el legislador para gobernar una situaci\u00f3n de hecho; en verdad consiste en extraer el contenido de los preceptos a partir de su literalidad, el contexto que sirvi\u00f3 para su proferimiento, las condiciones actuales de aplicaci\u00f3n y su armon\u00eda con la totalidad del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb (SC3627-2021, 2 nov., rad. 2014-58023-01, subraya la Corte). <\/p>\n
7.1. Cumplido esto se tiene que el numeral 10\u00ba de la primera norma referida dispone, que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. <\/p>\n
Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d (se destaca). <\/p>\n
Del tenor literal de ese precepto se advierte sin dificultad que cuando el juicio involucre, con independencia del extremo procesal que ocupe, a una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, su conocimiento debe ser asumido privativamente por el fallador del lugar de domicilio de aquella. <\/p>\n
Dicha atribuci\u00f3n se fortalece con el canon que le sigue (art. 29 C.G.P.), cuya apreciaci\u00f3n no puede desligarse del enunciado anterior, pues justamente impone la prevalencia del car\u00e1cter subjetivo de las partes, cuando predica que: <\/p>\n
\u00abEs prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes. <\/p>\n
Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb. <\/p>\n
7.2. Sin embargo, si la conclusi\u00f3n que se extrae de la interpretaci\u00f3n literal de aquellos mandatos no respondiera el interrogante que se presenta en torno a la competencia del juez cuando los contendientes est\u00e1n conformados por dos o m\u00e1s entes estatales, puesto que, aplicando exeg\u00e9ticamente la norma permitir\u00eda grosso modo que la demanda se pueda radicar en el domicilio de cualquiera de los dos extremos a elecci\u00f3n del demandante, ha de averiguarse c\u00f3mo esa disposici\u00f3n se armoniza con las dem\u00e1s pautas que regulan la competencia en materia territorial. <\/p>\n
Para tal labor\u00edo tenemos, que dentro de ese marco de alternativas se destaca, en primer lugar, el ya mencionado numeral 1\u00ba del canon 28 \u00cddem, norma que puede integrarse perfectamente a los postulados previstos en el numeral 10\u00ba Ib\u00eddem y al art\u00edculo 29 ej\u00fasdem en casos como el de ahora, porque de entrada no se desconoce la naturaleza p\u00fablica de las entidades involucradas -como s\u00ed lo hace la aplicaci\u00f3n del fuero real-, m\u00e1s bien, respeta el privativo de que gozan aquellas, ya que, sea el domicilio del ente p\u00fablico demandante o del demandado el sitio para la formulaci\u00f3n de la controversia, no se contradice la exigencia que obliga a dar prevalencia al factor subjetivo por la calidad de las partes. <\/p>\n
Otra posibilidad, v\u00e1lidamente autorizada, ser\u00eda dar aplicaci\u00f3n a la regla 5ta del canon 28 \u00cddem, pues el juicio de expropiaci\u00f3n podr\u00eda adelantarse ante la autoridad judicial del asiento principal de la entidad estatal demandada o en la sucursal de \u00e9sta de existir estas, sin contrariarse tampoco la prevalencia de su fuero. <\/p>\n
7.3. S\u00edguese entonces, que en los juicios de expropiaci\u00f3n, en que los extremos de la litis est\u00e1n conformados por dos o m\u00e1s entidades p\u00fablicas, con el prop\u00f3sito de determinar la competencia de la autoridad judicial llamada a adelantar el respectivo tr\u00e1mite, a m\u00e1s del imperativo contenido en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, podr\u00e1n tenerse en cuenta los numerales 1\u00ba y 5\u00ba de dicho canon, soluci\u00f3n que est\u00e1 en coherencia con lo dispuesto en el numeral 10 \u00cddem y el art\u00edculo 29 ejusdem, como ya se dijo. <\/p>\n
8. Tales inferencias encuentran apoyo en la propia g\u00e9nesis del C\u00f3digo General del Proceso, habida consideraci\u00f3n que proyecto de ley (No. 196 de 2011) presentado al Congreso de la Rep\u00fablica, en su texto original incorpor\u00f3 la siguiente hip\u00f3tesis: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 28. Competencia territorial. La competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
11. En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios, conocer\u00e1 el juez del domicilio o de la cabecera de la parte demandada. Cuando \u00e9sta se halle formada por una de tales entidades y un particular, prevalecer\u00e1 el fuero de aquella\u00bb. (negrillas ajenas al texto original). <\/p>\n
Sin embargo, en ejercicio de la libertad de configuraci\u00f3n legislativa, la redacci\u00f3n de esa pauta fue modificada en la segunda ponencia del proyecto presentada ante la C\u00e1mara de Representantes, con la sola justificaci\u00f3n de \u00abofrecer mayor claridad en torno a la competencia territorial cuando sea parte una entidad p\u00fablica\u00bb (Gaceta del Congreso, A\u00f1o XX, No. 745 de 4 de octubre de 2011), quedando como en la actualidad se encuentra expresada en la codificaci\u00f3n procesal civil. <\/p>\n
N\u00f3tese que aquella tem\u00e1tica no fue ajena en la elaboraci\u00f3n de la nueva ley de los ritos civiles, pues desde el umbral del proyecto los redactores, con claridad meridiana, acudieron a la regla general de competencia para remediar los casos en que estuvieran enfrentadas en la litis entidades p\u00fablicas, asignando el asunto al juez del \u00abdomicilio o (\u2026) la cabecera de la parte demandada\u00bb, eso s\u00ed, siempre otorgando prevalencia al fuero del ente estatal si la otra parte estaba conformada por un particular. <\/p>\n
9. En esas condiciones, echar mano de las reglas generales de competencia reguladas en los numerales 1\u00ba y 5\u00ba del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso para establecer la competencia territorial en los juicios de expropiaci\u00f3n en los que intervengan dos o m\u00e1s entidades p\u00fablicas, se armoniza cabalmente con los art\u00edculos 28 (numeral 10\u00ba) y 29 Ib\u00eddem, pues permite asignar el asunto, bien a la autoridad judicial del domicilio de la entidad p\u00fablica demandante, ora en el del asiento del ente estatal demandado, en todo caso, a elecci\u00f3n de la reclamante, dado el fuero prevalente que ostenta en virtud de las se\u00f1aladas disposiciones. <\/p>\n
10. Una acotaci\u00f3n adicional, no es extra\u00f1o encontrar que las controversias sobre expropiaci\u00f3n y servidumbre se dirijan contra \u00abuna entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios u otra entidad p\u00fablica\u00bb, que puede o no tener legitimaci\u00f3n para ser llamada al juicio, empero, en tales eventos no resulta procedente auscultar si estos son o no titulares de derechos reales principales del fundo, conforme lo establece el art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, para efecto de definir el juez natural que ha de adelantar dicho juicio. <\/p>\n
10.1. Esto es as\u00ed, por cuanto la Corte carecer\u00eda de competencia en este especifico escenario para calificar la legitimaci\u00f3n de las partes, pues de conformidad con el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, el pronunciamiento en esta sede se circunscribe a dirimir el conflicto suscitado entre las autoridades judiciales involucradas en torno al conocimiento de la acci\u00f3n de expropiaci\u00f3n incoada. <\/p>\n
10.2. A esto se suma que, calificar la habilitaci\u00f3n del demandado para resistir las pretensiones en esa clase de asuntos, ni siquiera es posible realizarlo desde el umbral al juez de conocimiento, pues conforme al canon 90 ejusdem s\u00f3lo podr\u00e1 rechazar la demanda si carece \u00abde jurisdicci\u00f3n o de competencia o cuando est\u00e9 vencido el t\u00e9rmino de caducidad para instaurarla\u00bb e inadmitirla por los precisos motivos enlistados en dicho mandato u otra norma especial, sin que entre estos se encuentre la falta de legitimaci\u00f3n de los contendientes, pues dicho aspecto, de encontrarse ausente, s\u00f3lo faculta al juzgador para proferir una sentencia anticipada que as\u00ed lo declare. <\/p>\n
11. Es evidente, entonces, la inconveniencia de las posiciones precedentes, bien la que intercede por el empleo del fuero real contemplado en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 \u00eddem, al contrariar frontalmente el art\u00edculo 29 Ib\u00eddem; ora, la que media por juzgar de entrada la legitimaci\u00f3n de los sujetos de la controversia, desacorde con el canon 139 de la misma obra. <\/p>\n
12. Bajo esa perspectiva, en el sub-examine la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013ANI expres\u00f3 que la competencia para el adelantamiento del pleito de expropiaci\u00f3n radicaba en los jueces del circuito de Cimitarra (Santander), \u00abpor el lugar donde est\u00e1 ubicado el inmueble\u00bb [Archivo Digital: 03DemandaYAnexos]. No obstante, como l\u00edneas atr\u00e1s se dijo, esa elecci\u00f3n no constitu\u00eda una alternativa procedente, porque a la actora no le es dado renunciar al fuero preferente contemplado en su beneficio por el legislador en los art\u00edculos 28 (numeral 10\u00ba) y 29 de la ley adjetiva y, adicional a ello, el fuero real previsto en el numeral 7\u00ba del canon 28 \u00cddem, por as\u00ed disponerlo las reglas procedimentales estudiadas queda inexorablemente subyugado al personal establecido en raz\u00f3n de la calidad de las partes y, por tanto, inoperante. <\/p>\n
13. As\u00ed las cosas, revisadas las particularidades del asunto examinado fuerza colegir, que devino prematuro el rechazo de la demanda por parte del Juez Civil del Circuito de Cimitarra (Santander), en torno a la circunscripci\u00f3n territorial seleccionada por el demandante para radicar el asunto, amen que si bien no estar\u00eda forzado a continuar con su tramitaci\u00f3n, por no concurrir all\u00ed el domicilio de ninguna de las entidades p\u00fablicas involucradas, y la agencia actora tampoco pod\u00eda seleccionar motuo proprio el estrado del lugar donde se encuentra situado el predio, debi\u00f3 antes de disponer el rechaz\u00f3 adoptar las medidas que resultaran necesarias, con el prop\u00f3sito de que \u00e9sta, con fundamento en los art\u00edculos 28 (numerales 1\u00ba, 5\u00ba y 10\u00ba) y 29 del C\u00f3digo General del Proceso, precisara cu\u00e1l autoridad judicial prefer\u00eda para tramitar la controversia, si la de su domicilio o la del asiento principal de la entidad p\u00fablica convocada. <\/p>\n
No puede olvidarse que es obligaci\u00f3n del fallador que recibe las diligencias verificar si el demandante realiz\u00f3 la elecci\u00f3n referida en l\u00edneas anteriores y si ella est\u00e1 conforme al r\u00e9gimen de competencia territorial, pues, de lo contrario, lo procedente es el rechazo del asunto y su remisi\u00f3n a quien corresponda o, en caso de evidenciar omisi\u00f3n o falta de claridad en el escrito genitor, inadmitirlo en busca de la respectiva subsanaci\u00f3n. <\/p>\n
14. Consecuente con lo anotado, se dispondr\u00e1 la devoluci\u00f3n del expediente al despacho judicial de Cimitarra (Santander), a fin de que proceda conforme a lo indicado en esta providencia. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar prematuro el planteamiento del conflicto de competencia de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al Juzgado Civil del Circuito de Cimitarra (Santander), para que proceda en la forma indicada en este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y a la parte demandante en el juicio. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 El cual alude a que, una vez asumida la competencia por el juez, esta queda establecida y no puede dicho funcionario variarla o modificarla de oficio. <\/p>\n
2\u0002 A diferencia de los fueros electivos, en los que el promotor de una acci\u00f3n tiene la posibilidad de escoger entre los jueces con competencia (numerales 1, 5 y 6 art\u00edculo. 28 C.G.P.). <\/p>\n
3\u0002 Decreto 4165 del 03 noviembre de 2011. <\/p>\n
<\/p>\n
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AC315-2022 (2022-00200-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC315-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-00200-00 Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civil del Circuito de Cimitarra (Santander) y Treinta y Seis Civil del Circuito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-60874","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60874","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60874"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60874\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60874"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60874"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60874"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}