AC381-2022 (2022-00092-00)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC381-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00092-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda) y Segundo Civil del Circuito de Riohacha (Guajira). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Augusto Becerra Largo inco\u00f3 acci\u00f3n popular contra Bancolombia S.A. ante la presunta vulneraci\u00f3n y amenaza de los intereses colectivos de la comunidad, en la sede situada en la \u00abCALLE 2 N\u00ba 4-23 DIBULLA LA GUAJIRA\u00bb; procurando que se le ordene la instalaci\u00f3n de una \u00abunidad sanitaria p\u00fablica apta para ciudadanos con movilidad reducida que se desplacen en silla de ruedas, cumpliendo normas NTC y normas ICONTEC\u00bb. <\/p>\n
2. El libelo introductorio se radic\u00f3 ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, quien mediante prove\u00eddo del 18 de marzo de 2021 admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Posteriormente, el 3 de mayo de 2021 declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado y la rechaz\u00f3 por falta de competencia. En consecuencia, dispuso la remisi\u00f3n del expediente a los juzgados civiles del circuito de Riohacha, tras manifestar que: \u00ab(\u2026) Aunque el actor popular decidi\u00f3 presentar estas acciones populares ante el Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia – Risaralda, tal proceder no se ajusta a las opciones que le otorga el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, pues dicho funcionario no es el juzgador del territorio de ocurrencia de los hechos narrados, ni el del domicilio principal de la demandada, por cuanto pese a que en este municipio existe un corresponsal bancario de la entidad financiera accionada, ese motivo no es suficiente para que se radique el conocimiento sobre el asunto en esta localidad, como quiera que la norma no establece dicho factor como determinante para fijar la competencia en las acciones populares\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, la parte actora interpuso recurso de reposici\u00f3n, censura que se resolvi\u00f3 desfavorablemente el 22 de septiembre de 2021. <\/p>\n
3. El diligenciamiento se remiti\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha, quien se rehus\u00f3 a conocer del asunto y plante\u00f3 conflicto negativo, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abHabi\u00e9ndose identificado en qu\u00e9 consisten los factores de competencia subjetivo y funcional, es claro para el despacho que no estamos frente aquellos que hacen improcedente la regla general de la prorrogabilidad de la competencia, en tanto las partes no fungen como agentes diplom\u00e1ticos, ni se trata de estado extranjero, as\u00ed como tampoco los Juzgados son de diferente categor\u00eda, pues ambos son de circuito. La declaratoria de nulidad de lo actuado y el rechazo de plano por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda, obedece al factor territorial de competencia por cuanto considera que los hechos que dan lugar a la presunta vulneraci\u00f3n ocurren en el municipio de Dibulla, La Guajira; sin embargo, ello le estaba vedado por cuanto al tenor del citado art\u00edculo 16 de C\u00f3digo General del Proceso, oper\u00f3 la prorrogabilidad de la competencia, luego debi\u00f3 continuar conociendo del proceso (\u2026) En consecuencia, atendiendo los precedentes jurisprudenciales anotados y la normatividad en cita, fuerza es concluir que este despacho es incompetente para conocer de este asunto, en cuanto oper\u00f3 el principio perpetuatio jurisdictionis en el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda, de ah\u00ed que se plantear\u00e1 el conflicto negativo de competencia y en consecuencia se remitir\u00e1 este asunto a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia al tenor de lo dispuesto en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 18 de la Ley 270 de 1996, para que lo desate (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso se resolver\u00e1 el conflicto del ep\u00edgrafe. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como el conflicto planteado involucra dos juzgados de diferente distrito judicial, Pereira y Riohacha, el superior funcional com\u00fan a ambos es esta Sala de la Corte, por lo que es la competente para resolverlo, de conformidad con lo estipulado en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Refiri\u00e9ndose a las disquisiciones que regulan las acciones populares, el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, establece que \u00abser\u00e1 competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocer\u00e1 a prevenci\u00f3n el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda\u00bb (subrayado intencional). <\/p>\n
La anterior disposici\u00f3n, seg\u00fan lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, pone en certidumbre \u00ab(…) que la atribuci\u00f3n de competencia en los procesos de la naturaleza se\u00f1alada, est\u00e1 delimitada por los fueros concurrentes que estableci\u00f3 el legislador, de manera que el actor \u00fanicamente podr\u00e1 optar por uno de los que correspondan a las alternativas fijadas por la norma, y una vez realizada esa selecci\u00f3n, el funcionario judicial no podr\u00e1 apartarse de ella\u00bb (CSJ AC1327-2016, 8 mar., rad. 2016-00504-00, reiterada en CSJ AC665-2020, 27 feb., rad. 2020-00580-00). <\/p>\n
En ese orden, el actor popular tiene la facultad de definir ante qu\u00e9 autoridad jurisdiccional presenta el libelo. Por supuesto, teniendo como derroteros el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado (a prevenci\u00f3n del gestor). Una vez materializada dicha elecci\u00f3n, resulta vinculante para el funcionario ante el cual se efect\u00faa. <\/p>\n
3. Aunque el asunto sub lite se radic\u00f3 ante el juez del circuito de La Virginia, resulta evidente que, de un lado, ese no es lugar de domicilio principal del extremo pasivo, y del otro, tampoco del de ocurrencia de los hechos endilgados como vulneradores; sin embargo, a pesar de ello, el funcionario de esa municipalidad no se percat\u00f3 ab initio de tales circunstancias, a tal punto que procedi\u00f3 a calificar la acci\u00f3n constitucional e inclusive a admitirla a tr\u00e1mite. <\/p>\n
4. Entonces, al haber tramitado el juicio, por lo menos en su etapa primigenia, autom\u00e1ticamente se configur\u00f3 la prorrogabilidad de la competencia. En este punto, esta Corte con abundante jurisprudencia ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(…) el juez que le d\u00e9 inicio a la actuaci\u00f3n conservar\u00e1 su competencia (…) dado que cuando se activa la jurisdicci\u00f3n el funcionario a quien se dirige el libelo correspondiente tiene el compromiso con la administraci\u00f3n de justicia y con el usuario que a la misma accede, de calificar la demanda eficazmente, tema que involucra la evaluaci\u00f3n, c\u00f3mo no, tambi\u00e9n de su \u201ccompetencia\u201d, aspecto tal que, una vez avocado el conocimiento, torna en \u00e9l la prorrogaci\u00f3n de aquella at\u00e1ndolo a permanecer en la postura asumida hasta tanto dicha se controvierta. Es decir, en breve, la Sala \u201cha orientado el proceder de los jueces con miras a evitar que despu\u00e9s de aprehendido el conocimiento de un asunto, se sorprenda a las partes vari\u00e1ndola por iniciativa de aquellos\u201d\u00bb (CSJ AC5451-2016, 25 ago., rad. 2015-02977-00, reiterada, entre otras, en CSJ AC3675-2019, 4 sep. 2019, rad. 2019-02699-00; CSJ AC791-2021, 8 mar., rad. 2021-00589-00; CSJ AC910-2021, 15 mar., rad. 2021-00710-00, CSJ AC1237-2021, 19 abr., rad. 2021-01079-00 y CSJ AC2983-2021, 22 jul., rad. 2021-02300-00). <\/p>\n
Las anteriores prerrogativas, en consonancia con el principio de la \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb, impiden que el funcionario se desprenda de la competencia despu\u00e9s de admitir la acci\u00f3n. <\/p>\n
5. Bajo dicha hermen\u00e9utica y revisadas las actuaciones militantes en el plenario, se evidencia que el Juzgado de La Virginia avoc\u00f3 el tr\u00e1mite y asumi\u00f3 la competencia; por lo tanto, no pod\u00eda a su arbitrio separarse del conocimiento del asunto, a menos que el demandado hubiese cuestionado dicho proceder, lo que en efecto no sucedi\u00f3. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la Sala indic\u00f3 que: \u00abUna vez el asunto es asignado a un operador judicial, a \u00e9l le corresponde verificar lo relativo a la competencia. Si admite la demanda, ese acto comporta la asunci\u00f3n de la aptitud legal para conocer de la causa, con lo cual afirma la misma y excluye a todos los dem\u00e1s de todas las jurisdicciones y todas las competencias, o bien puede, rechazarla y remitirla a la autoridad que considere competente\u201d (CSJ AC1836-2019). <\/p>\n
6. En consecuencia, en aplicaci\u00f3n del postulado de la prorrogabilidad de la competencia, corresponde a la Juzgador con sede en la Virginia continuar con el adelantamiento del juicio y as\u00ed se declarar\u00e1. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, es el competente para conocer el asunto referenciado en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a la se\u00f1alada autoridad judicial, para que avoque el conocimiento e imparta el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha, as\u00ed como al promotor del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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