AC402-2022 (2021-04522-00)<\/p>\n
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AC402-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04522-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de La Vega (Cundinamarca) y Promiscuo Municipal de La Vega (Cauca), para conocer la demanda de entrega anticipada por garant\u00eda mobiliaria promovida por Finesa S.A. contra Giovanni Hernando \u00abS\u00e1nchez D\u00edaz\u00bb. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos en menci\u00f3n la promotora instaur\u00f3 solicitud de entrega anticipada por garant\u00eda mobiliaria del veh\u00edculo de placas NCX-421. <\/p>\n
En el libelo la demandante invoc\u00f3 que ese juzgado es el competente, por \u00abel domicilio de las partes\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. El estrado destinatario declin\u00f3 su conocimiento y plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa de esta especie, habida cuenta que del poder allegado con la demanda se desprende que el deudor garante tiene domicilio en el municipio de La Vega (Cundinamarca); adem\u00e1s, de la consulta realizada por este estrado judicial de manera oficiosa en la p\u00e1gina web del Registro \u00danico Nacional de Tr\u00e1nsito \u00abRUNT\u00bb se evidencia que al automotor de placas NCX 421, le fue expedido el Certificado de Revisi\u00f3n T\u00e9cnico Mec\u00e1nica y de Emisiones Contaminantes en los Centros de Diagn\u00f3stico Automotor de Facatativ\u00e1 (21 de agosto de 2020) y de Villeta (7 de octubre de 2021), ambos en el departamento de Cundinamarca, por lo que se deduce, de un lado, que el garante reside en el municipio de La Vega (Cundinamarca) y, de otro lado, que el veh\u00edculo se encuentra en dicha urbe. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que tambi\u00e9n consult\u00f3 la base de datos del sistema ADRES -Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud-, en la cual indic\u00f3 que el demandado est\u00e1 afiliado en la ciudad de Bogot\u00e1, y que la promotora eligi\u00f3 presentar el libelo ante el Juzgado Promiscuo Municipal de La Vega (Cundinamarca), por ser el lugar de ubicaci\u00f3n del rodante, lo cual corrobora la conclusi\u00f3n anterior. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Acorde con lo anterior, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, sea mueble o inmueble, por lo cual, cumple afirmar que dicho fuero tiene un car\u00e1cter exclusivo y no puede concurrir con otros, precisamente, porque su asignaci\u00f3n priva, esto es, excluye de competencia, a los despachos judiciales de otros lugares. <\/p>\n
Sobre el particular, es pertinente reiterar los pronunciamientos de esta Sala, en cuanto a que: <\/p>\n
\u2026 [e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, como por ejemplo para la situaci\u00f3n del fuero personal, del saneamiento por falta de la alegaci\u00f3n oportuna de la parte demandada mediante la formulaci\u00f3n de la correspondiente excepci\u00f3n previa o recurso de reposici\u00f3n, en el entendido de que solamente es insaneable el factor de competencia funcional, seg\u00fan la preceptiva del art\u00edculo 144, inciso final, ib\u00eddem; obvio que si as\u00ed fuera, el foro exclusivo se tornar\u00eda en concurrente, perdi\u00e9ndose la raz\u00f3n de ser de aqu\u00e9l. (CSJ AC 2 oct. 2013, rad. 2013-02014-00, reiterado en CSJ AC 13 feb. 2017, rad. 2016-03143-00). <\/p>\n
De otro lado, el conocimiento de las solicitudes de pr\u00e1ctica de pruebas extraprocesales, de requerimientos y diligencias varias, de conformidad con el numeral 14\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, corresponde al juez \u00abdel lugar donde deba practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, seg\u00fan el caso\u00bb; y habida cuenta que el sub judice refiere a la \u00abdiligencia especial\u00bb consagrada en la ley 1676 de 2013 sobre garant\u00edas mobiliarias, que establece la modalidad del \u00abpago directo\u00bb como la opci\u00f3n que tiene el acreedor de satisfacer la obligaci\u00f3n debida con el bien mueble grabado a su favor, resultan aplicables estas disposiciones. <\/p>\n
En efecto, el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 60 de la ley 1676 de 2013 expres\u00f3 que: \u00ab[s]i no se realizare la entrega voluntaria de los bienes en poder del garante objeto de la garant\u00eda, el acreedor garantizado podr\u00e1 solicitar a la autoridad jurisdiccional competente que libre orden de aprehensi\u00f3n y entrega del bien, con la simple petici\u00f3n del acreedor garantizado\u00bb; norma que guarda concordancia con el canon 57 ib\u00eddem al prever que \u00ab[p]ara los efectos de esta ley, la autoridad jurisdiccional ser\u00e1 el Juez Civil competente\u00bb, y el numeral 7\u00b0 del precepto 17 del C\u00f3digo General del Proceso el cual establece que los jueces civiles municipales conocen en \u00fanica instancia de \u00abtodos los requerimientos y diligencias varias, sin consideraci\u00f3n a la calidad de las personas interesadas\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el tr\u00e1mite de \u00abaprehensi\u00f3n y entrega del bien\u00bb corresponde asumirlo al despacho judicial civil municipal, pero, revelase la existencia de un vac\u00edo acerca de la competencia territorial, esto es, si prevalece el fuero que la asigna con base en el ejercicio de derechos reales o el se\u00f1alado para la pr\u00e1ctica de \u00abdiligencias especiales\u00bb, por lo cual, se debe acudir al art\u00edculo 12 de la obra en cita para satisfacer tal ausencia de regulaci\u00f3n en casos an\u00e1logos. <\/p>\n
Por ende y en tanto los preceptos 57 y 60 de la ley 1676 de 2013 guardan relaci\u00f3n con el numeral 7\u00b0 del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso, se establece que la asignaci\u00f3n de competencia se determina por la ubicaci\u00f3n de los bienes muebles sobre los cuales se ejercen \u00abderechos reales\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, el procedimiento de \u00abaprehensi\u00f3n y entrega del bien\u00bb corresponde asumirlo a los juzgados civiles municipales o promiscuos municipales donde est\u00e9n ubicados los bienes objeto de garant\u00eda mobiliaria para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n, que en ocasiones no coincide con el lugar donde estos se encuentran inscritos, habida cuenta que la matr\u00edcula es un \u00ab[p]rocedimiento destinado a[l] registro inicial de un veh\u00edculo automotor ante un organismo de tr\u00e1nsito [en el que] se consignan las caracter\u00edsticas, tanto internas como externas del veh\u00edculo, as\u00ed como los datos e identificaci\u00f3n del propietario\u00bb, tal como lo establece el art\u00edculo 2\u00b0 de la ley 769 de 2002; sin que ello implique una sujeci\u00f3n jur\u00eddica o material del rodante en dicha localidad; m\u00e1xime si es un automotor que puede circular libremente en todo el territorio nacional. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
(\u2026) no obstante que la \u00faltima regla del mismo art\u00edculo [28 del C\u00f3digo General del Proceso] asigna la competencia \u201c[p]ara la pr\u00e1ctica de pruebas extraprocesales, de requerimientos y diligencias varias\u2026\u201d al \u201cjuez del lugar donde deba practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, seg\u00fan el caso\u201d, deja un vac\u00edo cuando se trata de la \u201cretenci\u00f3n\u201d, toda vez que, se reitera, lo aqu\u00ed perseguido es la mera aprehensi\u00f3n de un mueble donde y con quiera que se encuentre. (\u2026) As\u00ed las cosas, es preciso superar esa laguna efectuando la integraci\u00f3n normativa que prev\u00e9 el art\u00edculo 12 \u00eddem para salvar los \u201c[v]ac\u00edos y deficiencias del c\u00f3digo\u201d, cometido para el que primariamente remite a \u201clas normas que regulen casos an\u00e1logos\u201d, encontr\u00e1ndose que precisamente el numeral 7 del art\u00edculo 28 disciplina la situaci\u00f3n m\u00e1s af\u00edn, pues, caso omiso de que aqu\u00ed no se est\u00e1 ante un proceso, es claro que s\u00ed se ejercitan derechos reales. (CSJ AC519, 12 feb. 2018, rad. 2018-00109-00). <\/p>\n
3. Desde esa \u00f3ptica, carece de raz\u00f3n el Juzgado Promiscuo Municipal de La Vega (Cundinamarca) para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, porque en el sub examine se evidencia de la consulta realizada por el estrado judicial de La Vega (Cauca) en la p\u00e1gina web del Registro \u00danico Nacional de Tr\u00e1nsito \u00abRUNT\u00bb, que el lugar espec\u00edfico de asiento del automotor es el municipio de La Vega (Cundinamarca), por lo cual se puede realizar la pr\u00e1ctica de la diligencia en dicha urbe, circunstancia que sin lugar a dudas otorga atribuci\u00f3n a ese estrado judicial, por ser el lugar de ubicaci\u00f3n del bien objeto de aprehensi\u00f3n, a t\u00e9rminos del comentado numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de La Vega (Cundinamarca), por ser el competente para conocer del mencionado proceso, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Promiscuo Municipal de La Vega (Cundinamarca), al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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