AC514-2022 (2022-00469-00)<\/p>\n
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AC514-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00469-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 y Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., dentro del proceso declarativo especial de expropiaci\u00f3n judicial promovido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en contra de Mar\u00eda Mercedes, Manuel Fernando y Luis Genaro Ramos Sandoval. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones: Por intermedio de la presente acci\u00f3n, la demandante solicit\u00f3, entre otras cosas: (i) la consignaci\u00f3n a nombre del juzgado del valor del aval\u00fao comercial corporativo No. UF-2-090-D-2019 de fecha 15 de octubre de 2019 y, (ii) que se decrete la expropiaci\u00f3n del inmueble descrito en el libelo introductorio, el cual se encuentra dentro del globo de terreno de mayor extensi\u00f3n identificado con el folio de matr\u00edcula No. 176-65056. <\/p>\n
2. Lugar de radiaci\u00f3n de la demanda. La demanda se present\u00f3 para su tr\u00e1mite ante los jueces civiles del circuito de Zipaquir\u00e1 (Reparto), toda vez que en el ac\u00e1pite titulado \u201cCUANT\u00cdA Y COMPETENCIA\u201d, se plasm\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abDe conformidad con el numeral 5 del art\u00edculo 20 y en concordancia con el numeral 7 del art\u00edculo 28 del C.G.P ambos del C\u00f3digo General del Proceso, es usted competente se\u00f1or Juez Civil del Circuito para conocer sobre el presente asunto de Expropiaci\u00f3n Judicial\u00bb. <\/p>\n
3. El conflicto. Mediante auto calendado el 9 de agosto de 2021, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 rechaz\u00f3 la demanda y, en consecuencia, orden\u00f3 remitirla a los juzgados civiles del circuito de Bogot\u00e1 D.C. (Reparto), argumentando que el conocimiento del presente asunto se determina por la competencia privativa contenida en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, que corresponde al juez del lugar de domicilio de la entidad estatal. <\/p>\n
4. Remitido el expediente al Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., en prove\u00eddo adiado el 20 de septiembre de 2021, tambi\u00e9n declar\u00f3 su falta de competencia al indicar que \u00ab[p]ara el caso en concreto, esto es, para acciones en que se ejerciten derechos reales, son dos las reglas del factor territorial las llamadas a determinar la competencia, esto es, las consignadas en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C. G. del P. En igual sentido, para estos dos fueros se estableci\u00f3 una competencia territorial privativa, por el lugar donde se encuentren ubicados los bienes, esto es el fuero real y por el domicilio de la entidad correspondiente, es decir, por el fuero subjetivo\u00bb. <\/p>\n
5. Esta \u00faltima autoridad, plante\u00f3 el conflicto negativo y, consecuentemente, envi\u00f3 el diligenciamiento a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como el conflicto de competencia que se analiza se establece entre dos autoridades judiciales de diferentes distritos, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento jur\u00eddico colombiano ha instaurado mecanismos de competencia con el objetivo de distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales dentro del territorio nacional, para tal fin, la legislaci\u00f3n acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. <\/p>\n
Por su parte el factor subjetivo, responde a las calidades especiales de las partes del litigio, el cual otorga, entre otras, un fuero preferente para las entidades del estado, como se desprende del numeral 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso que reza: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
El factor objetivo, se subdivide en i) la naturaleza, que consiste en la descripci\u00f3n abstracta del tema en litigio y ii) la cuant\u00eda, que se trata como un elemento complementario del primero conforme a los art\u00edculos 15 y 25 ejusdem. <\/p>\n
El factor funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las funciones de los jueces en las diferencias instancias, atendiendo a los grados de juzgamiento, los cuales tienen una organizaci\u00f3n jer\u00e1rquica por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
El factor de conexidad, que reconoce el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
A pesar de la claridad referida respecto de la competencia de los jueces dentro del territorio nacional, hay casos en los cuales varios de esos fueros pueden concurrir en una misma causa, lo que genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que, en principio, tal voluntad pueda ser desconocida por el operador jur\u00eddico. <\/p>\n
Es lo que acontece con los procesos de expropiaci\u00f3n, el numeral 7 del art\u00edculo 28 ejusdem fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb con base en la cual asigna en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al juzgador del lugar donde est\u00e9 el bien involucrado en la litis el deber de conocerlas, en cuanto prescribe que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) en los de expropiaci\u00f3n\u2026.\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb, siendo ese un claro ejemplo de fuero real exclusivo. <\/p>\n
No obstante, el numeral 10, Ib., previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter general o personal que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuando se pretenda la expropiaci\u00f3n de un predio por parte de una entidad del Estado, ser\u00edan competentes, en principio, el juez del domicilio de la entidad estatal o el del lugar de ubicaci\u00f3n del bien inmueble. <\/p>\n
Frente a esta concurrencia de fueros privativos la Sala de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en auto AC140-2020, que el enfrentamiento entre los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 del mismo ordenamiento reconoce por la \u00abcalidad de las partes\u00bb. <\/p>\n
En esta decisi\u00f3n la Sala indico lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEn ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u201d (AC4272-2018)\u00bb (resaltado ajeno al texto). <\/p>\n
3. Para el caso en concreto, resulta imperioso anotar que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de conformidad con la providencia antes anotada no le es posible renunciar a su fuero subjetivo, puesto que, es una norma de orden p\u00fablico e irrenunciable para la parte que tenga la calidad de entidad estatal. <\/p>\n
Con ese cariz, debe advertirse a la parte actora que, contrario a su deducci\u00f3n, el lugar de radicaci\u00f3n de la demanda necesariamente corresponde al de su domicilio y, por lo tanto, verificada la informaci\u00f3n allegada con el libelo genitor y la publicada en internet1, se observa que la ANI es \u00abuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, adscrita al Ministerio de Transporte, seg\u00fan decreto 4165 del 03 noviembre de 2011\u00bb, cuyo domicilio o asiento principal se establece en Bogot\u00e1, D.C. <\/p>\n
Vista la anterior calidad, se acude ahora al precepto 38 de la Ley 489 de 1998, seg\u00fan el cual, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico, la integran entre otros, el sector descentralizado por servicios, del que hace parte la accionante, ratific\u00e1ndose as\u00ed la pertinencia de subsumirla en la pauta d\u00e9cima del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso, y la imposibilidad de renunciar o abdicar a la misma, como pretendi\u00f3 establecerlo el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de esta ciudad para desprenderse del tr\u00e1mite, pues se itera, las normas procedimentales son de obligatorio cumplimiento, y por tanto, inalterables. <\/p>\n
Desde esa \u00f3ptica, carece de raz\u00f3n el juzgado de esta ciudad al rehusar la competencia en el asunto del ep\u00edgrafe porque, si bien es cierto, existe una competencia privativa descrita en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem, que la fija en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien inmueble, no lo es menos que esta Sala ha indicado que el criterio que debe prevalecer es el del domicilio de la parte demandante al ser una entidad p\u00fablica; por lo tanto, no queda otra v\u00eda diferente a la de ce\u00f1irse a la regla imperativa, que para este caso espec\u00edfico, es la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., pues as\u00ed se desprende de la informaci\u00f3n adosada al plenario. <\/p>\n
4. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al despacho del Distrito Capital, por ser el competente para conocer de este asunto y se informar\u00e1 esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., es el competente para conocer de la expropiaci\u00f3n instaurada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contra Mar\u00eda Mercedes, Manuel Fernando y Luis Genaro Ramos Sandoval. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad. Comunicar lo decidido al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 y al demandante. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n