AC515-2022 (2022-00517-00)<\/p>\n
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AC515-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00517-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, D.C., y Quinto Civil del Circuito de Sincelejo dentro del proceso declarativo especial de expropiaci\u00f3n judicial promovido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en contra de Jes\u00fas Antonio Zabala Pel\u00e1ez. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones: Por intermedio de la presente acci\u00f3n la demandante solicit\u00f3, entre otras cosas: (i) que se decrete la expropiaci\u00f3n del terreno identificado con la c\u00e9dula catastral No. 702210001000000010482000000000 y folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 340-55123 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Sincelejo y (ii) establecer en la sentencia que el inmueble objeto de esta demanda luego de segregar el \u00e1rea expropiada requerida de mil ciento veintis\u00e9is punto treinta metros cuadrados (1126.30M2); queda un \u00e1rea sobrante a favor del demandado de treinta hect\u00e1reas siete mil treinta y cuatro coma veintid\u00f3s metros cuadrados (30has 7.034,22 M2). <\/p>\n
2. Lugar de radiaci\u00f3n de la demanda. La demanda se present\u00f3 para su tr\u00e1mite en los jueces civiles del circuito de Sincelejo (Reparto), se\u00f1alando en el ac\u00e1pite de competencia y cuant\u00eda, lo siguiente: <\/p>\n
\u00abDe entrada debe indicarse se\u00f1or Juez que usted es el COMPETENTE para conocer esta acci\u00f3n, porque en este asunto debe prevalecer la ubicaci\u00f3n del inmueble sobre el lugar del domicilio de la Entidad P\u00fablica demandante, como fuero que determine la competencia, para ello, atendiendo a la facultad establecida en el art\u00edculo 15 del C\u00f3digo Civil, la entidad que represento expresamente renuncia al factor subjetivo que consagra el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C.G.P., en concordancia con lo establecido en el art\u00edculo 29 de la citada codificaci\u00f3n, para que en esa l\u00ednea, se de prevalencia al fuero real que consagra el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 ib\u00eddem. Lo anterior, a fin de garantizar los derechos al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso, no solamente de la Entidad P[\u00fa]blica demandante sino de los propietarios demandados, pues con ello se optimiza el ejercicio de una defensa integral, al tener la facultad de acudir ante el Juez donde tienen su domicilio, puesto que como lo refleja el \u00edtem notificaciones de esta (sic) escrito, los demandados tiene su domicilio en el predio de mayor extensi\u00f3n del \u00e1rea de terreno objeto de expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
La tesis antes expuesta, fue acogida y desarrollada recientemente por la Corte Suprema de Justicia, en auto AC813-2020 de fecha 10 de mayo de 2020, Magistrado Dr. Aroldo Wilson Quiroz (\u2026) pronunciamiento que ratifica la postura de la Agencia Nacional de Insfraestructura, de renunciar expresamente al fuero subjetivo, domicilio de la Entidad, para darle prevalencia al fuero real, ubicaci\u00f3n del bien, como factor territorial que determine la competencia para conocer y tramitar este proceso, argumentos especiales que se solicita sean valorados al momento de calificar la demanda\u00bb. <\/p>\n
3. El conflicto. En auto calendado el 18 de mayo de 2021, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Sincelejo, rechaz\u00f3 la demanda y, en consecuencia, orden\u00f3 remitirla a los juzgados civiles del circuito de Bogot\u00e1, D.C. (Reparto), argumentando que el conocimiento del asunto se determina por la competencia privativa contenida en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual establece que la competencia ata\u00f1e al juez del domicilio de la entidad del Estado. <\/p>\n
4. Recibido el expediente por cuenta del Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, D.C., mediante prove\u00eddo adiado el 24 de enero de 2022, tambi\u00e9n declar\u00f3 su falta de competencia al indicar que \u00abbasta advertir que en este caso en particular no es dable el soporte jurisprudencial trai\u0301do para el efecto, teniendo en cuenta que la Agencia Nacional de Infraestructura renunci\u00f3 al factor subjetivo al presentar el libelo en la ciudad de Sincelejo Departamento de Sucre, prefiriendo el fuera real en virtud de la ubicacio\u0301n del bien que se encuentra ubicado en el Municipio de Cove\u00f1as (p\u00e1ginas 5 y 6 archivo 2)\u00bb. <\/p>\n
5. Esta \u00faltima autoridad, plante\u00f3 el conflicto negativo y, consecuentemente, envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como el conflicto de competencia que se analiza se establece entre dos autoridades judiciales de diferentes distritos, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento jur\u00eddico colombiano ha instaurado mecanismos de competencia con el objetivo de distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales dentro del territorio nacional, para tal fin, la legislaci\u00f3n acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. <\/p>\n
Mediante el factor territorial la competencia se determina con apoyo a los diferentes fueros como lo son: personal (domicilio del demandado), real (lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes), contractual (lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones), social (establece la competencia en los procesos relacionados con sociedades), sucesoral o hereditario (\u00faltimo domicilio del causante) y de administraci\u00f3n (lugar en donde se verific\u00f3 la administraci\u00f3n o gesti\u00f3n objeto del proceso). <\/p>\n
Por su parte el factor subjetivo, responde a las calidades especiales de las partes del litigio, el cual otorga, entre otras, un fuero preferente para las entidades del estado, como se desprende del numeral 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso que reza: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
El factor objetivo, se subdivide en i) la naturaleza, que consiste en la descripci\u00f3n abstracta del tema en litigio y ii) la cuant\u00eda, que se trata como un elemento complementario del primero conforme a los art\u00edculos 15 y 25 ejusdem. <\/p>\n
El factor funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las funciones de los jueces en las diferencias instancias, atendiendo a los grados de juzgamiento, los cuales tienen una organizaci\u00f3n jer\u00e1rquica por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
El factor de conexidad, que reconoce el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
A pesar de la claridad referida respecto de la competencia de los jueces dentro del territorio nacional, hay casos en los cuales varios de esos fueros pueden concurrir en una misma causa, lo que genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que, en principio, tal voluntad pueda ser desconocida por el operador jur\u00eddico. <\/p>\n
Es lo que acontece con los procesos de expropiaci\u00f3n, el numeral 7 del art\u00edculo 28 ejusdem fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb con base en la cual asigna en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al juzgador del lugar donde est\u00e9 el bien involucrado en la litis el deber de conocerlas, en cuanto prescribe que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) en los de expropiaci\u00f3n\u2026.\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb, siendo ese un claro ejemplo de fuero real exclusivo. <\/p>\n
No obstante, el numeral 10, Ib., previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter general o personal que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuando se pretenda la expropiaci\u00f3n de un predio por parte de una entidad del Estado, seri\u00e1n competentes, en principio, el juez del domicilio de la entidad estatal o el del lugar de ubicaci\u00f3n del bien inmueble. <\/p>\n
Frente a esta concurrencia de fueros privativos la Sala de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en auto AC140-2020, que el enfrentamiento entre los numerales 7 y 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 del mismo ordenamiento reconoce por la \u00abcalidad de las partes\u00bb. <\/p>\n
En esta decisi\u00f3n la Sala indico lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEn ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u201d (AC4272-2018)\u00bb. <\/p>\n
3. Para el caso en concreto, resulta imperioso anotar que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de conformidad con la providencia antes anotada no le es posible despojarse a su fuero subjetivo, puesto que, es una norma de orden p\u00fablico e irrenunciable para la parte que tenga la calidad de entidad estatal. <\/p>\n
Entonces, si bien en el prove\u00eddo AC813 del 10 de marzo de 2020, citado por la ANI en su demanda, se abord\u00f3 un caso similar que entreg\u00f3 la competencia a un despacho judicial fuera del Distrito Capital; lo cierto es que dicha providencia judicial no corresponde al criterio mayoritario plasmado en AC140 del 24 de enero de 2020, que, incluso, ha sido refrendado recientemente en AC5728 del 1\u00ba de diciembre de 2021 por el Magistrado Ponente de la primera decisi\u00f3n rese\u00f1ada por la ANI, que respecto al car\u00e1cter irrenunciable del fuero se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
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\u00abFinalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. <\/p>\n
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En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella\u00bb. <\/p>\n
Con ese cariz, debe advertirse a la demandante que, contrario a su deducci\u00f3n, el lugar de radicaci\u00f3n de su demanda, necesariamente corresponde al de su domicilio y verificada la informaci\u00f3n allegada con el escrito inicial y la publicada en internet1, se advierte, que la ANI es \u00abuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, adscrita al Ministerio de Transporte, seg\u00fan decreto 4165 del 03 noviembre de 2011\u00bb, cuyo domicilio o asiento principal se establece en Bogot\u00e1, D.C. <\/p>\n
Vista la anterior calidad, se acude ahora al precepto 38 de la Ley 489 de 1998, seg\u00fan el cual, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico, la integran entre otros, el sector descentralizado por servicios, del que hace parte la accionante, ratific\u00e1ndose as\u00ed la pertinencia de subsumirla en la pauta d\u00e9cima del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso, y la imposibilidad de renunciar o abdicar a la misma, como pretendi\u00f3 establecerlo el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de esta ciudad para desprenderse del tr\u00e1mite, pues se itera, las normas procedimentales son de obligatorio cumplimiento, y por tanto, inalterables. <\/p>\n
Desde esa \u00f3ptica, carece de raz\u00f3n el Juzgado de esta ciudad al rehusar la competencia en el asunto del ep\u00edgrafe porque, si bien es cierto, existe una competencia privativa descrita en el numeral 7 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, que la fija en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien inmueble, no lo es menos que esta Sala ha indicado que el criterio que debe prevalecer es el del domicilio de la parte demandante al ser una entidad p\u00fablica; por lo tanto, no queda otra v\u00eda diferente a la de ce\u00f1irse a la regla imperativa, que para este caso espec\u00edfico, es la ciudad de Bogot\u00e1, D.C., pues as\u00ed se desprende de la informaci\u00f3n adosada al plenario. <\/p>\n
4. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al despacho del Distrito Capital, por ser el competente para conocer de este asunto y se informar\u00e1 esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, D.C., es el competente para conocer la expropiaci\u00f3n instaurada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contra Jes\u00fas Antonio Zabala Pel\u00e1ez. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad. Comunicar lo decidido a la otra autoridad judicial y al demandante. <\/p>\n
TERCERO: Librar los oficios correspondientes por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n