AC527-2022 (2022-00043-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC527-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-00043-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de febrero del dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y el despacho Primero Civil del Circuito de Pamplona -Norte de Santander-, atinente al conocimiento de la demanda de expropiaci\u00f3n interpuesta por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contra Crisanto Gamboa Gamboa (Q.E.P.D.) y herederos determinados e indeterminados. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el \u00abJuez Civil del Circuito de Pamplona \u2013 Norte de Santander (Reparto)\u00bb la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n, entre otras, \u00abQue se decrete la expropiaci\u00f3n por v\u00eda judicial, a favor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA- ANI y por consiguiente la transferencia forzosa, de una zona de terreno identificada con la ficha predial No. BUPA-3-0152 de fecha 20 de marzo de 2019, elaborada por la AUTOV\u00cdA BUCARAMANGA \u2013 PAMPLONA, correspondiente a la Unidad Funcional No. 3, Sector: CUESTABOBA – MUTISCUA, con un \u00e1rea total requerida de terreno de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PUNTO CERO CINCO METROS CUADRADOS (992,05 m2), la cual se encuentra debidamente delimitada dentro de las siguientes abscisas: INICIAL K71+731,21 D \u2013 FINAL K71+795,9 D; la cual se segrega de un predio de mayor extensi\u00f3n denominado \u201cPUEDA SER, ubicado en la Vereda de Loata del municipio de Silos, departamento de Norte de Satander, identificado con el N\u00famero Predial Nacional 547430001000000010018000000000 y la Matr\u00edcula Inmobiliaria n\u00famero 272-37919, de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Pamplona\u00bb1. <\/p>\n
Se indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial \u00abel numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del CGP ense\u00f1a que, de modo privativo, es competente para conocer del mismo el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u00bb2. <\/p>\n
2. El escrito incoativo fue asignado al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pamplona, Norte de Santander, el cual, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 5 de noviembre de 2021, rechaz\u00f3 la demanda por falta de competencia y orden\u00f3 remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1. Para ello, manifest\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien es cierto que el estatuto procesal civil en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 CGP, asign\u00f3 dos competencias territoriales privativas, en el primero de ellos, en raz\u00f3n al fuero real, \u201cd\u00f3nde est\u00e9n ubicados los bienes objeto de litigio\u201d, y el segundo \u201cpor el domicilio de la entidad p\u00fablica\u201d; tambi\u00e9n lo es que, se debe dar aplicaci\u00f3n a la prelaci\u00f3n de competencia dispuesta en el art\u00edculo 29 ib\u00eddem, ya que cuando \u00e9sta se establece con base en el factor subjetivo, prima sobre otras, puesto que en este asunto el extremo activo lo conforma la ANI, entidad que tal y como lo dispone el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 4165 de 2011, es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, cuyo domicilio es la ciudad de Bogot\u00e1, seg\u00fan lo se\u00f1ala en art\u00edculo 2\u00ba ib\u00eddem. <\/p>\n
Se destaca, que en litigios como el que nos ocupa, la parte demandante no est\u00e1 facultada para elegir el lugar donde promover\u00e1 la acci\u00f3n, ni tampoco para renunciar a la prerrogativa que ha fijado la ley para promoverla en el sitio donde est\u00e1 radicado su domicilio, ya que las normas procesales son de orden p\u00fablico (art. 13 CGP), es decir de imperativo cumplimiento para el Juez y las partes\u00bb3. <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, la causa fue repartida y entregada al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1. Sin embargo, este, mediante auto del 1\u00ba de diciembre de 2021, rehus\u00f3 el conocimiento y promovi\u00f3 el conflicto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, aludiendo los siguientes argumentos: <\/p>\n
\u00abEntonces, puede concluirse que para casos como el que ahora nos ocupa el legislador dispuso privativamente una competencia territorial, competencia que para el presente caso es la jurisdicci\u00f3n del Municipio de Zipaquir\u00e14. <\/p>\n
Concomitante con lo anterior, el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo General del Proceso se\u00f1ala expresamente que \u201cla competencia no variara por la intervenci\u00f3n sobreviniente de persona que tenga fuero especial\u201d y m\u00e1s adelante dispone que quien comience la actuaci\u00f3n conservar\u00e1 su competencia y por tanto, el juez no podr\u00e1 variarla o modificarla por factores distintos al de la cuant\u00eda que se indica en el inciso segundo de esta norma. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De lo hasta aqu\u00ed expuesto, puede concluirse que la falta de competencia es una inconsistencia procesal que por s\u00ed sola no da lugar a declarar de oficio la incompetencia que hoy se alega, pues incluso se torna en un privilegio renunciable por la entidad p\u00fablica que es parte dentro de un proceso judicial, sea demandante o demandada; As\u00ed, tal como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia en repetida jurisprudencia \u201cuna vez el juez admite la demanda y acepta su competencia territorial, solo puede desprenderse de ella por el reclamo formal de la parte afectada en la oportunidad procesal dispuesta para tal fin\u201d\u00bb5. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, Pamplona y Bogot\u00e1, la Corte es la competente para resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de conformidad con los art\u00edculos 139 ibidem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00b0 de su par 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde est\u00e1 ubicado el inmueble, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros. <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otros, en auto CSJ AC, 14 dic. 2020, rad. 2020-02912-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 16 sep. 2004, rad. n\u00b0 00772-00 y AC909-2021, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. De las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, para el caso espec\u00edfico de la expropiaci\u00f3n, el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 ibidem fij\u00f3 una competencia privativa al juzgador del lugar donde se encuentre el bien involucrado en la litis. Al respecto, prescribi\u00f3 que \u00ab[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes mostrencos, ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si \u00e9stos comprenden distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Sin embargo, el numeral 10\u00b0 de ese mismo estatuto previno que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
De manera tal que habr\u00eda una concurrencia entre fueros privativos al tratarse de pleitos de expropiaci\u00f3n en que una de las partes sea una entidad p\u00fablica, lo que implica que ha de ser la ley, y no el actor, quien ha de elegir el juez competente para conocer del asunto. <\/p>\n
Pues bien, para dirimir este tipo de controversias, la reciente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n se ha decantado por acudir al precepto contenido en el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed fue sentado en el prove\u00eddo AC140-2020, en el cual, mutatis mutandis, en una discusi\u00f3n de imposici\u00f3n de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica, la Corte explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente?6 <\/p>\n
Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. <\/p>\n
En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite\u00bb. (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320, reiterado en AC909-2021, rad. 2020-03022-00). <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien. Sin embargo, en el evento de que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio. <\/p>\n
4. El asunto que origin\u00f3 la atenci\u00f3n de la Corte concierne a un proceso de expropiaci\u00f3n sobre una porci\u00f3n del inmueble situado en el municipio de Pamplona (Norte de Santander) que promovi\u00f3 la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contra Crisanto Gamboa Gamboa y herederos determinados e indeterminados. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y atendiendo a las consideraciones esgrimidas en precedencia, por cuanto la citada entidad es \u00abuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, adscrita al Ministerio de Transporte\u00bb, la competencia para conocer del presente asunto se determina y radica en el juez del lugar de su domicilio, correspondiente a la ciudad de Bogot\u00e1, acorde con el art\u00edculo 2\u00ba del decreto 4165 de 2011. <\/p>\n
Para abundar en m\u00e1s razones, no sobra citar un precedente de la Sala, en el que recientemente se aplic\u00f3 el mencionado criterio para una demanda de expropiaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por cuanto la Agencia Nacional de Infraestructura \u00abA.N.I.\u00bb es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, vinculada al Ministerio de Transporte, del sector descentralizado del orden nacional, de donde la competencia para conocer del presente asunto se determina y radica en el juez del lugar de su domicilio, correspondiente a la ciudad de Bogot\u00e1 acorde con el art\u00edculo 2\u00ba del decreto 4165 de 2011\u00bb. (CSJ AC2844, 14 jul. 2021, rad. 2021-02071-00). <\/p>\n
5. Por \u00faltimo y en cuanto ata\u00f1e a la renuncia al fuero subjetivo mencionado en el escrito inicial, recuerda esta Corporaci\u00f3n que, como lo se\u00f1al\u00f3 en auto AC140-2020 ya citado: <\/p>\n
\u00abFinalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. <\/p>\n
En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. <\/p>\n
Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que: <\/p>\n
\u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d\u00bb (CSJ AC3545-2020, 14 dic. 2020, rad 2020-02912)7. <\/p>\n
6. Por las razones expuestas, procede remitir el expediente al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la demanda impetrada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pamplona, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva. <\/p>\n
CUARTO: Por Secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes dej\u00e1ndose las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c002EscritoDemanda\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem., 8. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-8, archivo \u201c007AutoRechazaCompetencia\u201d del expediente digital <\/p>\n
4\u0002 Debe entenderse que se refiere al municipio de Pamplona. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-4, archivo \u201cJUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Conocer en forma prevalente un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que de acuerdo a la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las dem\u00e1s, debe primar en su elecci\u00f3n. <\/p>\n
7\u0002 Ver tambi\u00e9n, AC4659-2018, AC4994-2018, AC009-2019, AC-1082-2019 y AC2844-2019, entre otros. <\/p>\n
<\/p>\n
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