AC568-2022 (2021-00674-00)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC568-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00674-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se resuelve el recurso de queja interpuesto por el apoderado judicial de los demandantes Roque Miguel Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez y la Cooperativa Multiactiva de Producci\u00f3n y Prestaci\u00f3n de Servicios e Integraci\u00f3n Siglo XXI (COOPINSI), frente al auto de 29 de noviembre de 2019, a trav\u00e9s del cual, el Tribunal Superior de este Distrito Judicial \u2013 Sala Civil, neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n formulado contra la sentencia emitida el 7 de noviembre de la misma anualidad, dictada dentro del proceso declarativo No. 11001-31-03-037-2017-00386-01, promovido por los recurrentes en contra de Mery Consuelo G\u00f3mez Castro, Jorge Andr\u00e9s Mart\u00ednez Galvis y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Colombiana de llantas (Sintraicollantas en liquidaci\u00f3n). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los actores demandaron la nulidad absoluta del contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica No. 5299 del 29 de diciembre de 2016, protocolizada ante la Notar\u00eda 54 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, mediante la cual, Jorge Andr\u00e9s Mart\u00ednez Galvis [invocando la calidad de representante legal de \u201cSintraincollantas -en liquidaci\u00f3n\u201d] enajen\u00f3 a Mery Consuelo G\u00f3mez Castro el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-12181. <\/p>\n
En consecuencia, solicitaron declarar la invalidez absoluta de la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento del mentado bien, suscrito entre el sindicato demandado y la Cooperativa \u201cCoomersanv\u201d y, finalmente, la restituci\u00f3n del predio. <\/p>\n
Como pretensi\u00f3n subsidiaria pidieron la nulidad relativa de los negocios jur\u00eddicos aludidos en precedencia (fls 85 a 87 C.1.pdf). <\/p>\n
2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien mediante sentencia calendada el 1\u00ba de octubre de 2018, resolvi\u00f3: i) declarar no probadas las excepciones de m\u00e9rito formuladas, ii) declarar la nulidad relativa del contrato de compraventa y de la cesi\u00f3n del arrendamiento, iii) la ineficacia del acto de ratificaci\u00f3n de la venta anulada, iv) la cancelaci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas y, v) ordenar a Sintraicollantas y Jorge Andr\u00e9s Mart\u00ednez Galvis que restituyan a Mery Consuelo G\u00f3mez Castro la suma de $1.000\u00b4000.000.oo. (fls. 1093 a 1106 C. 1.Continuaci\u00f3n.pdf). <\/p>\n
3. Apelada la decisi\u00f3n por los demandados, el Tribunal Superior del referido Distrito Judicial, en fallo del 7 de noviembre de 2019, la revoc\u00f3 y, en su lugar, neg\u00f3 todas las pretensiones de la demanda, tras advertir la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa (fls. 54 a 79 C.6. Tribunal.pdf). <\/p>\n
4. Contra esa providencia, el apoderado del extremo demandante interpuso recurso de casaci\u00f3n (fls. 80 a 81 C6. Tribunal.pdf). <\/p>\n
5. El 29 de noviembre de 2020, el ad quem deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del mecanismo extraordinario, tras advertir que \u201cel precio del inmueble objeto de la compraventa anulada en primera instancia, en modo alguno, constituye el perjuicio irrogado al recurrente en casaci\u00f3n, porque la sentencia revocada anulaba ese negocio y ordenaba las restituciones entre los contratantes; sin embargo, esa determinaci\u00f3n de primer grado -revocada en el fallo opugnado- podr\u00eda beneficiar a la parte demandante \u2013 aqu\u00ed impugnante- y, obviamente, al revocarse causarle un perjuicio, por cuanto al restituirse el bien a la entidad gremial har\u00eda parte de su liquidaci\u00f3n y eventualmente pod\u00eda quedar un remanente que se adjudicar\u00eda a la cooperativa \u201cCoopinsi\u201d; adem\u00e1s de se\u00f1alar que \u201cen cuanto al inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, el cual se contrae al monto del remanente de la liquidaci\u00f3n del sindicato, en cumplimiento del art\u00edculo 53 de los Estatutos (folio 53, C.1), pero en el expediente no obra ning\u00fan elemento de juicio que permita establecerlo\u201d y, a\u00f1adi\u00f3, la omisi\u00f3n del recurrente de aportar un dictamen pericial tendiente a dilucidar tal aspecto, carga que se impone a voces del art\u00edculo 339 del C.G.P. (fls. 85 y 86 C.6. Tribunal.pdf). <\/p>\n
6. Inconforme, la parte actora interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, queja, argumentando que al tenor de lo dispuesto en el mandato legal aludido, el inter\u00e9s leg\u00edtimo para recurrir en casaci\u00f3n est\u00e1 plenamente acreditado, ya que se demostr\u00f3 el inter\u00e9s dado por el mismo sindicato, dentro de sus normas estatutarias y que fueron radicadas ante el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, para el caso, cuando la entidad Sindical exterioriz\u00f3 su voluntad de ceder los derechos patrimoniales una vez pagadas las deudas, en favor de la Cooperativa \u201cCoopinsi\u201d, ante la ocurrencia de algunas de las causales de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, en calidad de \u201cTerceros Relativos\u201d, sus intereses patrimoniales se vieron afectados con la venta del \u00fanico bien del haber del sindicato y su posterior adjudicaci\u00f3n a la Cooperativa. <\/p>\n
Frente a la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir, sostuvo que, la herramienta excepcional referida es procedente cuando las aspiraciones del libelo son \u00abesencialmente econ\u00f3micas\u00bb, condici\u00f3n que no satisfac\u00eda el juicio, pues aquellas se encaminaron a que se declarara \u00abla nulidad de la escritura de venta del \u00fanico bien del sindicato\u201d; por lo tanto, las pretensiones no pueden ser consideradas como exclusivamente dinerarias. <\/p>\n
No obstante, dice el recurrente, de ser la cuant\u00eda de la pretensi\u00f3n un elemento indispensable para la concesi\u00f3n del recurso, el Tribunal desconoci\u00f3 que la misma, se satisfizo con el valor contenido en la escritura p\u00fablica de compraventa, que asciende a la suma de $1.000\u00b4000.000.oo, misma que supera los 1.000 s.m.l.m.v.; a m\u00e1s de ello, se omiti\u00f3 la valoraci\u00f3n de los \u201celementos de juicio obrantes al plenario\u201d , como lo es, el dictamen pericial que determin\u00f3 el valor de inmueble para el a\u00f1o 2017, en la suma de $3.295.154.895.oo, lo que supera ostensiblemente el monto establecido en el art\u00edculo 338 del C.G.P. (fls. 89 a 94 C.6. Tribunal.pdf). <\/p>\n
7. El ad quem, en auto del 26 de mayo de 2020, mantuvo inc\u00f3lume su determinaci\u00f3n y, por lo tanto, orden\u00f3 la expedici\u00f3n de copias para desatar la queja (fls. 109 a 115 C.6.Tribunal.pdf). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de queja procede contra el auto que niega la concesi\u00f3n de la casaci\u00f3n; por consiguiente, la competencia de esta Corte se limita a examinar si ese pronunciamiento, ratificado al desatar la respectiva reposici\u00f3n, estuvo ajustado a la ley o no. <\/p>\n
2. Debido al car\u00e1cter restringido y extraordinario de la casaci\u00f3n, este medio solamente procede contra las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores en segunda instancia en: (a) \u00abtoda clase de procesos declarativos\u00bb; (b) \u00aben las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb y; (c) las proferidas para \u00abliquidar una condena en concreto\u00bb (art\u00edculo 334 C.G.P.). Y, al tratarse de asuntos atinentes al estado civil \u00abs\u00f3lo ser\u00e1n susceptibles\u00bb de dicho mecanismo los fallos de \u00abimpugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u00bb. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, cuando las pretensiones del proceso sean \u00abesencialmente econ\u00f3micas\u00bb, la cuant\u00eda del inter\u00e9s estar\u00e1 demarcada por \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb, tal como lo exige el canon 338 ejusdem, determinado por el monto del agravio que la sentencia ocasiona al impugnante. <\/p>\n
Frente a dicho inter\u00e9s, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) est\u00e1 supeditado al valor econ\u00f3mico de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial concedida o negada en la sentencia; vale decir, a la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, evaluaci\u00f3n que debe hacerse para el d\u00eda del fallo, aunque, cuando la \u2018sentencia es \u00edntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma\u2019. Lo anterior significa que, si la sentencia es totalmente desestimatoria de las pretensiones del actor, su inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n estar\u00e1 definido por lo pedido en la demanda; pero, si aquella s\u00f3lo acoge parcialmente lo reclamado por el demandante, la medida del aludido inter\u00e9s estar\u00e1 dada por la desventaja que le deriva la decisi\u00f3n\u00bb. (CSJ CSJ AC 5 de septiembre de 2013, rad. n\u00b0 2013-00288-00, reiterado en AC1852-2021). <\/p>\n
3. Cuando se trata de asuntos netamente patrimoniales, el art\u00edculo 339 \u00eddem establece que \u201ccuando sea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u201d, precepto que contiene una carga para el recurrente, como lo es, acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento, al momento de interponer el recurso, salvo que el mismo, sea determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo. <\/p>\n
4. En el caso sub judice, conforme se rese\u00f1\u00f3 en precedencia, los demandantes promovieron el juicio declarativo para obtener las siguientes pretensiones: <\/p>\n
\u00abPrimera. Declarar la nulidad absoluta del contrato de compraventa contenido en la escritura P\u00fablica n\u00famero 5299 del 29 de diciembre de 2016 de la Notaria 54 del Circuito de Bogot\u00e1, mediante la cual el se\u00f1or Jorge Andr\u00e9s Mart\u00ednez Galvis, actuando sin representaci\u00f3n, adulterando documentos, creando dolosa, falseada y ficticiamente el acta N\u00b0 790 de reuni\u00f3n del sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Colombiana de llantas \u201cSINTRAICOLLANTAS\u201d en liquidaci\u00f3n, transfiere a t\u00edtulo de venta el inmueble ubicado en la Carrera 22 N\u00b0 11-56 Lote 17 y 18; Manzana A, urbanizaci\u00f3n la Pepita de Bogot\u00e1 , identificado con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 50C-12181 a favor de Mery Consuelo G\u00f3mez Castro, por la suma de Mil Millones de pesos ($1.000\u00b4.000.000), toda vez que el suscriptor (Jorge Andr\u00e9s Mart\u00ednez Galvis) para el momento de la compraventa , no ten\u00eda facultad para realizar la venta del inmueble (\u2026) <\/p>\n
Segundo. Declarar la nulidad absoluta de la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento suscrito entre el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS -ICOLLANTAS S.A. \u201cSINTRAINCOLLANTAS\u201d En liquidaci\u00f3n, en su calidad de arrendador de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES DE SAN VICTORINO (COOMERSANV), realizado en favor de la se\u00f1ora Mery Consuelo G\u00f3mez Castro. <\/p>\n
Tercera. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, el inmueble ubicado en la carrera 22 N\u00b0 11-56 de Bogot\u00e1, y se identifica con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 50C-12181, Lote 17 y 18, Manzana A, urbanizaci\u00f3n la Pepita de Bogot\u00e1 debe regresar al patrimonio del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS -ICOLLANTAS S.A. \u201cSINTRAINCOLLANTAS\u201d En liquidaci\u00f3n <\/p>\n
Cuarta. Que se condene a la parte demandada al pago de las costas y costos del proceso. <\/p>\n
Como pretensiones subsidiarias solicitaron la declaratoria de la nulidad relativa de los actos anteriormente citados. [fls. 84 a 102 C.1.pdf] <\/p>\n
5. Dichos pedimentos, en s\u00edntesis, se fundamentaron en que el inmueble objeto del contrato de compraventa, pertenece al haber del Sindicato y, por ende, tal negocio jur\u00eddico afecta los intereses patrimoniales de la Cooperativa de Producci\u00f3n y Prestaci\u00f3n de Servicios de Integraci\u00f3n Siglo XXI, pues tal como qued\u00f3 determinado en el art\u00edculo 53 de los Estatutos del Sindicato \u201cSintraicollantas\u201d, los bienes de este \u00faltimo, una vez se adelante la liquidaci\u00f3n y se cancelen los pasivos, se adjudicar\u00e1 a la Cooperativa demandante. <\/p>\n
6. Con prove\u00eddo del 1\u00ba de octubre de 2018 el a quo declar\u00f3 no probadas las excepciones de m\u00e9rito elevadas por los demandados y concedi\u00f3 las pretensiones subsidiarias, resolviendo: i) Declarar la nulidad relativa del contrato de compraventa celebrado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Industria Colombiana de Llantas S.A. a trav\u00e9s de Jorge Andr\u00e9s Mart\u00ednez Galvis y Mery Consuelo G\u00f3mez Castro, ii) Declarar la nulidad relativa del contrato de cesi\u00f3n a arriendo celebrado mediante documento privado de fecha 9 de febrero de 2017, en el que \u201cSintraicollantas\u201d cedi\u00f3 su posici\u00f3n de arrendador a Mery Consuelo G\u00f3mez Castro, respecto del contrato de arriendo y iii) Ordenar a \u201cSintraicollantas\u201d y a Jorge Andr\u00e9s Mart\u00ednez Galvis, restituir la suma de $1.000\u00b4.000.000.oo a Mery Consuelo G\u00f3mez Castro, por concepto del precio de la venta anulada, con la debida indexaci\u00f3n y, a su vez, se le orden\u00f3 a esta \u00faltima, entregar real y materialmente a \u201cSintraicollantas\u201d el inmueble objeto de la compraventa anulada; sin embargo, apelada esa decisi\u00f3n por los demandados, el Tribunal la revoc\u00f3 para denegar todas las pretensiones del libelo inaugural. <\/p>\n
7. De lo esbozado emerge con claridad que las aspiraciones del libelo introductorio no son simplemente declarativas, pues se corrobora que, con la nulidad invocada, lo perseguido es que el inmueble objeto del contrato de compraventa censurado, ingrese nuevamente al patrimonio del Sindicato demandado, para que, una vez canceladas las deudas, lo que quedare sea adjudicado a la Cooperativa demandante, pues as\u00ed lo establece el art\u00edculo 53 de los estatutos del Sindicato, tantas veces citado por el recurrente, el cual reza: <\/p>\n
Art\u00edculo 53: Lo que quedare del haber com\u00fan, una vez pagadas las deudas y hechos los rembolsos, se adjudicara por el liquidador a la Cooperativa Multiactiva de Producci\u00f3n y Prestaciones de servicios de integraci\u00f3n Siglo XXI (COOPINSI) Entidad legalmente constituida y conformada por trabajadores y extrabajadores de la industria Colombiana de llantas S.A\u201d (fl. 52 C.1). <\/p>\n
8. En esas condiciones no es cierto, como lo afirma el censor, que las pretensiones fueran \u00fanicamente \u00abdeclarativas\u00bb, ya que, se reitera, tambi\u00e9n se verifican prop\u00f3sitos pecuniarios en torno a la declaratoria de nulidad del contrato de compraventa y de la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento; por ende, en este evento resulta imperativo consultar el inter\u00e9s econ\u00f3mico para acudir a la v\u00eda extraordinaria. <\/p>\n
9. Al respecto, se recuerda que la sentencia emitida por el juez de segundo grado revoc\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble al haber de la entidad sindical, lo que, de suyo, les genera un perjuicio a los demandantes, reflejado en el monto del remanente de la liquidaci\u00f3n del Sindicato que ser\u00e1 adjudicado a la cooperativa demandante. <\/p>\n
10. Frente a tal t\u00f3pico, la Sala tambi\u00e9n ha insistido en que la labor del juez en orden a determinar el inter\u00e9s para recurrir, no se concreta solamente en \u00abauscultar el elemento objetivo de la petici\u00f3n (la cosa o el bien y la relaci\u00f3n jur\u00eddica reclamada), sino que debe acudir a la integralidad de ella, lo que involucra la causa para pedir (raz\u00f3n de hecho)\u00bb (AC725-2021, 8 mar.). De esta manera, \u00abno basta corroborar que las aspiraciones formuladas por el accionante son apenas de contenido declarativo para deducir que su pretensi\u00f3n no es patrimonial, pues, se insiste, con independencia de que espec\u00edficamente no se reclame la imposici\u00f3n de condenas estimables en t\u00e9rminos pecuniarios en un determinado proceso, \u00e9sta puede catalogarse como \u201cesencialmente econ\u00f3mica\u201d, mirada desde todos los elementos que la conforman.\u00bb (subraya la Corte, CSJ AC390-2019, criterio reiterado en AC725-2021, 8 mar.). <\/p>\n
11. Zanjado lo anterior, como se debe determinar el inter\u00e9s econ\u00f3mico para la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, es menester traer a colaci\u00f3n lo contemplado en el art\u00edculo 339 del C.G.P. que establece que en el evento de no aparecer precisada la afectaci\u00f3n econ\u00f3mica para recurrir en casaci\u00f3n, el inter\u00e9s deber\u00e1 fijarse \u201ccon los elementos de juicio que obren en el expediente\u201d, permiti\u00e9ndose al recurrente, cuando este lo estime pertinente, aportar una experticia a efectos de precisar el justiprecio. <\/p>\n
Pretende el inconforme, se tenga por satisfecho el justiprecio del inter\u00e9s para recurrir, con el aval\u00fao comercial del inmueble objeto del contrato de compraventa arrimado al expediente, obrante a folios 764 a 788 (C.1.Continuaci\u00f3n(2)pdf), el cual determin\u00f3 el valor de inmueble para el a\u00f1o 2017 en la suma de $3.295.154.895.oo, as\u00ed como tambi\u00e9n, el valor de la compraventa del referido bien que ascendi\u00f3 a $1.000\u00b4000.000.oo, seg\u00fan consta en la escritura p\u00fablica No. 5299 del 29 de diciembre de 2017 (Fls. 2 a 6 C.1.pdf). <\/p>\n
Pedimentos estos que lucen inviables, en tanto el inter\u00e9s econ\u00f3mico que establece la norma no es comparable a estos valores, pues como de manera reiterada se ha se\u00f1alado en los discurrido de este prove\u00eddo, los demandantes pretend\u00edan la restituci\u00f3n del inmueble a la entidad sindical a efectos de que ingresara nuevamente a sus haberes y con ello, luego de cancelados los pasivos, los \u201cremanentes\u201d les fueran adjudicados, sin que existan elementos de juicio que permitan establecer el valor de esos \u201cremanentes\u201d que eventualmente le pudieran corresponder a la Cooperativa demandante. <\/p>\n
12. En s\u00edntesis, el recurso de casaci\u00f3n es improcedente ante la carencia del justiprecio para recurrir en casaci\u00f3n, por lo que deb\u00eda el impugnante aportar el dictamen pericial o la prueba correspondiente para evidenciar con suficiencia el quantum, como lo establece el precepto 339 ibidem, hecho que no acaeci\u00f3. <\/p>\n
13. Conforme a lo discurrido, anduvo acertado el ad quem al denegar el remedio de casaci\u00f3n, sin que haya lugar a condenar en costas al impugnante, teniendo en cuenta que no se erogaron gastos en esta sede. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve, <\/p>\n
Declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2019, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso declarativo ya referenciado. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. Of\u00edciese. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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