AC656-2022 (2022-00303-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC656-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-00303-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Ci\u00e9naga, Magdalena y Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 17 de junio de 2021, PROMIGAS S.A. E.S.P. demand\u00f3 a Ana Cecilia Camargo Santiago y a la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013ANI-, por fungir como \u00abpropietaria y sujeto procesal del fundo objeto de la litis\u00bb, con el fin de que se impusiera, a su favor, una servidumbre legal de \u00abconducci\u00f3n de gas natural y tr\u00e1nsito\u00bb sobre el predio \u201cEl Para\u00edso o Lote No. 2\u201d, identificado con el folio de matr\u00edcula No. 222-40152, ubicado en el municipio de Zona Bananera del departamento del Magdalena (Archivo digital 02 Demanda). <\/p>\n
2. En el escrito inaugural se indic\u00f3 que la competencia radicaba en los jueces del circuito de Ci\u00e9naga, Magdalena, \u00abpor la ubicaci\u00f3n del bien inmueble de conformidad con el art\u00edculo 28 numeral 7\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (Folio 8, ib). <\/p>\n
3. La causa fue repartida al Juzgado Segundo Civil del Circuito de aquella localidad, autoridad que, en auto de 21 de junio de 2021, rehus\u00f3 el conocimiento de las diligencias y las remiti\u00f3 a la oficina de reparto de sus hom\u00f3logos de Bogot\u00e1, tras argumentar que al ser una de las demandadas una entidad p\u00fablica, la competencia radica en el juez de su domicilio, en virtud de lo establecido en los art\u00edculos 28, numeral 10\u00ba y 29 del C\u00f3digo General del Proceso, premisa que apoy\u00f3 en los pronunciamientos AC881-2020 y AC140-2020, de esta Sala (archivo digital: 04. Auto rechaza demanda). <\/p>\n
4. En prove\u00eddo de 25 de agosto de 2021, el Juez Cincuenta Civil del Circuito capitalino se neg\u00f3 a impartirle tr\u00e1mite al pleito, al estimar que \u00ab(\u2026) la ANI no es titular de ning\u00fan derecho real en el predio sobre el cual se busca la imposici\u00f3n de una servidumbre (222-40152) dado que el \u00e1rea adquirida por dicha entidad fue segregada y cuenta con folio de matr\u00edcula inmobiliaria independiente (6-48312) sobre la cual no recaen las pretensiones de la demanda, sumado a esto, la anotaci\u00f3n 7 del certificado de tradici\u00f3n del predio materia de este proceso la titular del derecho de dominio efectu\u00f3 declaraci\u00f3n de parte restante del bien en la que se excluye el \u00e1rea adquirida por la ANI (\u2026)\u00bb (archivo digital: 09. Auto propone conflicto). <\/p>\n
5. Planteado de esa manera el conflicto negativo de competencia, se dispuso el env\u00edo del expediente a la Corte. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Sin entrar en mayores disquisiciones sobre los diversos factores de atribuci\u00f3n de competencia fijados en la ley, se observa que en el presente caso es predicable la concurrencia dos (2) fueros por raz\u00f3n de la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica: el real y el personal a que se contraen los numerales s\u00e9ptimo y d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del estatuto procesal. <\/p>\n
Y de acuerdo con el segundo, \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. <\/p>\n
2.2. Los foros mencionados tienen como caracter\u00edstica com\u00fan el car\u00e1cter privativo que les asign\u00f3 el legislador, circunstancia que, ante la diversidad de escenarios que en no pocas ocasiones se presentan, motiv\u00f3 la definici\u00f3n de criterios que permitieran fijar el juzgador facultado para conocer los asuntos en que aquellos concurran, punto sobre el cual al interior de la Sala se alzaron dos posiciones. <\/p>\n
Una de ellas defendi\u00f3 la sede correspondiente al lugar donde se sit\u00faa el fundo materia del debate, por razones de facilidad de defensa del titular del predio que debe soportar el gravamen y de inmediaci\u00f3n del juzgador en la pr\u00e1ctica de las pruebas, am\u00e9n del car\u00e1cter renunciable del foro por la beneficiaria legal del mismo (AC1172-2018, AC3744-2018, AC4875-2018, AC5051-2018, AC162-2019, AC277-2019, AC616-2019, AC1020-2019 y AC1028-2021, entre otras). <\/p>\n
La otra tesis, abog\u00f3 por la aplicaci\u00f3n de la regla de primac\u00eda contenida en el precepto 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, conforme a la cual \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb (AC4272-2018, AC4522-2018, AC4898-2018, AC117-2019, AC321-2019, AC1167-2019, AC2313-2019, AC3108-2019 y AC1772-2021, entre otras). <\/p>\n
2.3. La providencia AC-140-2020, al pronunciarse sobre un juicio de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica que involucraba los dos foros en cuesti\u00f3n, resolvi\u00f3 en su momento la indicada discusi\u00f3n, al unificar la jurisprudencia de esta colegiatura frente al tema, acogiendo la segunda de las posturas mencionadas por hallarla m\u00e1s consonante con la voluntad del legislador. Para arribar a esa conclusi\u00f3n se soport\u00f3 \u00aben el entendimiento sistem\u00e1tico de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelaci\u00f3n que este concretamente previ\u00f3 en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el inter\u00e9s general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificaci\u00f3n, al se\u00f1alar que es en el domicilio de los entes p\u00fablicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda\u00bb. <\/p>\n
La citada hermen\u00e9utica -se\u00f1al\u00f3 la Corte- revela que se quiso \u00ab(\u2026) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija (\u2026) la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n de esa directriz \u00abmuy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial\u00bb. <\/p>\n
3. Aunque pudiera pensarse que se incurre en confusi\u00f3n entre el factor subjetivo de asignaci\u00f3n del funcionario instructor, esto es, el fundado en la calidad de los contradictores, y el foro personal como subclase del factor territorial, basado en el domicilio de uno de los enfrentados en la pendencia, lo cierto es que el precepto 29 del ordenamiento instrumental no efect\u00faa una diferenciaci\u00f3n que lleve a inaplicar el par\u00e1metro all\u00ed contenido a las tensiones surgidas entre los fueros en las diferentes circunscripciones judiciales en que est\u00e1 dividido el territorio nacional. <\/p>\n
Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o p\u00fablica, se encuentra involucrada una regla de competencia instituida \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, de ah\u00ed que, en aplicaci\u00f3n del criterio de preponderancia comentado, aquella desplace a otras como ser\u00eda la determinada por el punto geogr\u00e1fico donde se halla la cosa sobre la cual se ejercita un derecho real. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n no se enerva por la realizaci\u00f3n de algunas actuaciones ante el fallador no competente, ni por la renuncia que haga el organismo p\u00fablico de la garant\u00eda de ser enjuiciado donde tiene su domicilio. <\/p>\n
Lo primero, porque, tal como se enfatiz\u00f3 en la providencia citada, con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignaci\u00f3n del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es improrrogable, caracter\u00edstica que trae aparejada \u00abla imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb1. <\/p>\n
Lo segundo, en la medida en que la naturaleza de derecho p\u00fablico que ostentan las previsiones instrumentales (art. 13 C.G.P.), torna irrenunciables las pautas que cimientan la definici\u00f3n del juez natural exclusivo de un litigio2, motivo por el cual son de obligatorio acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, sin que a ninguno de ellos le est\u00e9 permitido desconocerlas o socavarlas (CSJ AC4273-2018, reiterada recientemente en AC140-2020, AC800-2021, AC795-2021 y AC792-2021). <\/p>\n
4. En la colisi\u00f3n bajo examen, el juicio de imposici\u00f3n de servidumbre se promovi\u00f3 ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ci\u00e9naga, Magdalena, circuito judicial del lugar donde se halla situado el bien ra\u00edz que se pretende intervenir \u2013Zona Bananera, Magdalena-. Quien acude a la jurisdicci\u00f3n es PROMIGAS S.A. E.S.P., cuyo objeto social es \u00ab(\u2026) la compra, venta, transporte, distribuci\u00f3n, explotaci\u00f3n, exploraci\u00f3n de gas natural, de petr\u00f3leo, de hidrocarburos en general y de la actividad gas\u00edfera y petrolera en todas sus manifestaciones, y de los negocios relacionados directamente con las mismas, en especial: a). Construir y operar gasoductos, oleoductos y cualquier otr[a clase de] ductos para conducir gas, petr\u00f3leo y sus productos refinados y toda clase de hidrocarburos. b) Construir, tomar o dar en arrendamiento, tomar o dar en comodato, anticresis, usufructo, estaciones de servicios en las que se expenda gas natural, gasolina, kerosene y cualquier otro hidrocarburo o derivado del petr\u00f3leo (\u2026)\u00bb3, entre otras actividades relacionadas con esa misma industria. <\/p>\n
Seg\u00fan el art\u00edculo primero de sus estatutos4, dicha compa\u00f1\u00eda es una \u00bb(\u2026) sociedad comercial an\u00f3nima, de nacionalidad colombiana y tiene su domicilio en Barranquilla (\u2026)\u00bb, su capital social autorizado es de $115.000.000.000, \u00ab(\u2026) dividido en 1.150.000.000 acciones de un valor nominal de cien pesos ($100.oo) cada [una], las cuales ser\u00e1n de la misma naturaleza y clase y, estar\u00e1n bajo el mismo r\u00e9gimen contractual y leyes pertinentes en cuanto no se opongan a lo establecido en estos estatutos y podr\u00e1n circular en forma desmaterializada o materializada seg\u00fan lo decida la Asamblea General de Accionistas (\u2026)\u00bb (art. 4, \u00eddem). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que el extremo activo de la controversia no est\u00e1 conformado por \u00ab(\u2026) una entidad territorial o una entidad descentralizada por servicios5 o cualquier otra entidad p\u00fablica (\u2026)\u00bb, de las consagradas en el ordinal 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, pues PROMIGAS S.A. E.S.P., si bien es una empresa de servicios p\u00fablicos domiciliarios (art. 17, Ley 142 de 1994), no ostenta la calidad de \u00ab(\u2026) \u00f3rgano, organismo o entidad estatal (\u2026)\u00bb, ni es una empresa en la cual \u00ab(\u2026) el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital (\u2026)\u00bb, como tampoco se trata de un ente \u00ab(\u2026) con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50% (\u2026)\u00bb, para que pueda ser considerada como una entidad p\u00fablica (art. 104, C.P.A.C.A.). <\/p>\n
De modo que, para los efectos que comporta esta determinaci\u00f3n, en principio, la competencia para asumir el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n la tendr\u00eda el juez del lugar donde se encuentra en bien ra\u00edz a intervenir conforme la regla general contenida en el art\u00edculo 28 numeral 7 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5. No obstante, el escrutinio de la Sala no puede detenerse all\u00ed, por cuanto se dan unas circunstancias particulares que obligan a realizar un examen adicional para establecer cu\u00e1l es el funcionario llamado a conocer y definir la contienda. <\/p>\n
En ese ejercicio se advierte que, si bien la demanda se dirige contra Ana Cecilia Camargo Santiago, persona natural que no tendr\u00eda la vocaci\u00f3n para alterar aquella regla, es lo cierto que igualmente se dirige contra la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- quien si ostenta el car\u00e1cter p\u00fablico, que la hace beneficiaria del fuero privativo contenido en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Ciertamente, la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013ANI- es una entidad \u00ab(\u2026) de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica (\u2026) adscrita al Ministerio de Transporte\u00bb6\u00bb, calidad que, de conformidad con la citada regla, impone como sentenciador natural al de su domicilio \u2013Bogot\u00e1-, en atenci\u00f3n a la pauta de prevalencia all\u00ed prevista, seg\u00fan la cual \u00abcuando la parte este conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquella\u00bb <\/p>\n
Postura que no es posible alterar, como erradamente lo consider\u00f3 el segundo juzgador involucrado en esta colisi\u00f3n, por la habilitaci\u00f3n que pudiera tener o no dicha instituci\u00f3n para resistir las pretensiones, por cuanto en el umbral del juicio no resulta procedente auscultar si estos son o no titulares de derechos sobre el bien a intervenir, para efecto de definir el juez natural que ha de adelantar dicho juicio. <\/p>\n
En efecto, calificar tal aspecto es un t\u00f3pico que no corresponde realizar al juez desde el inicio del pleito, si en cuenta se tiene, que la demanda s\u00f3lo es susceptible de rechazo cuando el funcionario carece \u00abde jurisdicci\u00f3n o de competencia o cuando est\u00e9 vencido el t\u00e9rmino de caducidad para instaurarla\u00bb y de inadmisi\u00f3n, por los precisos motivos enlistados en el art\u00edculo 90 del estatuto procedimental u otra norma especial, sin que entre estos se encuentre lo concerniente a la legitimaci\u00f3n de los contendientes, pues dicho presupuesto, de encontrarse ausente, s\u00f3lo faculta al juzgador para proferir una sentencia anticipada que as\u00ed lo declare. <\/p>\n
6. Por las razones anotadas, se ordenar\u00e1 la remisi\u00f3n de la encuadernaci\u00f3n al Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, al que le corresponde instruir y resolver el litigio, por ser este distrito capital la vecindad de la entidad p\u00fablica convocada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, es el competente para asumir el conocimiento del proceso de imposici\u00f3n de servidumbre referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento al despacho judicial designado para que tramite el proceso. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ci\u00e9naga, Magdalena y a la parte demandante en el juicio. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 El cual alude a que, una vez asumida la competencia por el juez, esta queda establecida y no puede dicho funcionario variarla o modificarla de oficio. <\/p>\n
2\u0002 A diferencia de los fueros electivos, en los que el promotor de una acci\u00f3n tiene la posibilidad de escoger entre los jueces con competencia (numerales 1, 5 y 6 art\u00edculo. 28 C.G.P.). <\/p>\n
3\u0002 Certificado de existencia y representaci\u00f3n, folios 14 a 26, archivo digital: 02DemandaAnexos, expediente digital. <\/p>\n
4\u0002https:\/\/www.promigas.com\/Documents\/Gobierno_Corporativo\/Estatutos\/ESPAPromigas_Estatutos_Versi%C3%B3n%202019.pdf <\/p>\n
5\u0002 \u201c(\u2026) La descentralizaci\u00f3n funcional o por servicios consiste en la asignaci\u00f3n de competencias o funciones del Estado a ciertas entidades, que se crean para ejercer una actividad especializada, tales como los establecimientos p\u00fablicos, las corporaciones aut\u00f3nomas regionales, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de econom\u00eda mixta (\u2026)\u201d (C.C. C-1051 de 2001, rad. D-3469). <\/p>\n
6\u0002 Decreto 4165 del 03 noviembre de 2011. <\/p>\n
<\/p>\n
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