AC660-2022 (2022-00569-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC660-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2022-00569-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bol\u00edvar y Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- formul\u00f3 demanda de expropiaci\u00f3n contra Alcides Miguel Tapia Maldonado, el Municipio de El Carmen de Bol\u00edvar y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Territorial Bol\u00edvar, con el fin de que se decretara la expropiaci\u00f3n de cinco zonas de terreno ubicadas dentro del predio de mayor extensi\u00f3n denominado Bella Vista, ubicado en la vereda El Carmen de Bol\u00edvar, jurisdicci\u00f3n de la municipalidad con el mismo nombre. <\/p>\n
En el libelo se atribuy\u00f3 la competencia a los juzgados del circuito de esa locaci\u00f3n \u201cpor su naturaleza y el territorio o jurisdicci\u00f3n donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de expropiaci\u00f3n (\u2026)\u201d (archivo 01, expediente digital). <\/p>\n
2. La autoridad seleccionada, mediante auto de 22 de septiembre de 2020 admiti\u00f3 la demanda (archivo 06, ib.); no obstante, el 26 de marzo de 2021 declar\u00f3 su falta de competencia para dar tr\u00e1mite al asunto y orden\u00f3 su remisi\u00f3n a sus hom\u00f3logos de la capital de la Rep\u00fablica, en virtud del numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del estatuto adjetivo civil y el art\u00edculo 29 de la misma codificaci\u00f3n (archivo 19, ib.). <\/p>\n
2.1. Frente a tal determinaci\u00f3n, la accionante plante\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, con resguardo en el numeral 7\u00ba del mismo canon, dado que el predio objeto de la litis, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 062-23197, se encuentra ubicado en jurisdicci\u00f3n del municipio de El Carmen de Bol\u00edvar; asimismo se apoy\u00f3 en la renuncia al fuero subjetivo que hizo en la demanda (archivo 20, ib.), medio de opugnaci\u00f3n que fue resuelto de manera desfavorable. <\/p>\n
3. Al recibir las diligencias, el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito tambi\u00e9n rehus\u00f3 el conocimiento con resguardo en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo en cita y la escogencia de la demandante, provocando la colisi\u00f3n negativa (archivo 40, \u00eddem). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Sin entrar en mayores disquisiciones sobre los diversos factores de atribuci\u00f3n de competencia fijados en la ley, se observa que en el presente caso concurren dos fueros por raz\u00f3n de la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica: el real y el personal a que se contraen los numerales s\u00e9ptimo y d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del estatuto procesal. <\/p>\n
2.1. Conforme al primero, en los procesos de expropiaci\u00f3n, el juez competente es el \u00abdel lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Y de acuerdo con el segundo, el funcionario habilitado es el \u00abdel domicilio\u00bb de la entidad p\u00fablica, territorial o descentralizada por servicios que sea parte en el juicio. <\/p>\n
2.2. La presencia de los dos foros, ambos consagrados como privativos, impone la definici\u00f3n de criterios que permitan fijar el juzgador facultado para conocer los asuntos en que aquellos concurran, punto sobre el cual al interior de la Sala se alzaron dos posiciones. <\/p>\n
Una de ellas defendi\u00f3 la sede correspondiente al lugar donde se sit\u00faa el fundo materia del debate, por razones de facilidad de defensa del titular del predio que debe soportar el gravamen y de inmediaci\u00f3n del juzgador en la pr\u00e1ctica de las pruebas, am\u00e9n del car\u00e1cter renunciable del foro por la beneficiaria legal del mismo (AC1172-2018, AC3744-2018, AC4875-2018, AC5051-2018, AC162-2019, AC277-2019, AC616-2019, AC1020-2019 y AC1028-2021, entre otras). <\/p>\n
La otra tesis, abog\u00f3 por la aplicaci\u00f3n de la regla de primac\u00eda contenida en el precepto 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, conforme a la cual \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb (AC4272-2018, AC4522-2018, AC4898-2018, AC117-2019, AC321-2019, AC1167-2019, AC2313-2019, AC3108-2019 y AC1772-2021, entre otras). <\/p>\n
2.3. La providencia AC-140-2020, al pronunciarse sobre un juicio de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica que involucraba los dos foros en cuesti\u00f3n resolvi\u00f3, en ese momento, la indicada discusi\u00f3n al unificar la jurisprudencia de esta colegiatura frente al tema, acogiendo la segunda de las posturas mencionadas, por hallarla m\u00e1s consonante con la voluntad del legislador. Para arribar a esa conclusi\u00f3n se soport\u00f3 \u00aben el entendimiento sistem\u00e1tico de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelaci\u00f3n que este concretamente previ\u00f3 en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el inter\u00e9s general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificaci\u00f3n, al se\u00f1alar que es en el domicilio de los entes p\u00fablicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda\u00bb. <\/p>\n
La citada hermen\u00e9utica -se\u00f1al\u00f3 la Corte- revela que se quiso \u00ab(\u2026) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija (\u2026) la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n de esa directriz \u00abmuy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial\u00bb. <\/p>\n
3. Aunque pudiera pensarse que se incurre en confusi\u00f3n entre el factor subjetivo de asignaci\u00f3n del funcionario instructor, esto es, el fundado en la calidad de los contradictores, y el foro personal como subclase del factor territorial, basado en el domicilio de uno de los enfrentados en la pendencia, lo cierto es que el precepto 29 del ordenamiento instrumental no efect\u00faa una diferenciaci\u00f3n que lleve a inaplicar el par\u00e1metro all\u00ed contenido a las tensiones surgidas entre los fueros en las diferentes circunscripciones judiciales en que est\u00e1 dividido el territorio nacional. <\/p>\n
Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o p\u00fablica, se encuentra involucrada una regla de competencia instituida \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, de ah\u00ed que, en aplicaci\u00f3n del criterio de preponderancia comentado, aquella desplace a otras como, en este caso, la determinada por el punto geogr\u00e1fico donde se halla la cosa sobre la cual se ejercita un derecho real. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n no se enerva por la realizaci\u00f3n de algunas actuaciones ante el fallador no competente, ni por la renuncia que haga el organismo p\u00fablico de la garant\u00eda de ser enjuiciado donde tiene su domicilio. <\/p>\n
Lo primero, porque, tal como se enfatiz\u00f3 en la providencia citada, con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignaci\u00f3n del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es improrrogable, caracter\u00edstica que trae aparejada \u00abla imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb1. <\/p>\n
Y lo segundo, en la medida en que la naturaleza de derecho p\u00fablico que ostentan las previsiones instrumentales (art. 13 C.G.P.), torna irrenunciables las pautas que cimientan la definici\u00f3n del juez natural exclusivo de un litigio2, motivo por el cual son de obligatorio acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, sin que a ninguno de ellos le est\u00e9 permitido desconocerlas o socavarlas (CSJ AC4273-2018, reiterada recientemente en AC140-2020, AC800-2021, AC795-2021 y AC792-2021). <\/p>\n
4. En la colisi\u00f3n bajo examen, el juicio de expropiaci\u00f3n se promovi\u00f3 ante el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bol\u00edvar, municipalidad donde se halla situado el bien ra\u00edz que se pretende intervenir. Asimismo, quien acude a la jurisdicci\u00f3n es la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, \u00ab(\u2026) de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica (\u2026) adscrita al Ministerio de Transporte\u00bb3, calidad que, de conformidad con el numeral 10\u00ba del canon 28 de la normatividad de enjuiciamiento, impondr\u00eda, en l\u00ednea de principio, como sentenciador natural al del domicilio de dicho ente, conforme a los par\u00e1metros atr\u00e1s expuestos. <\/p>\n
No obstante, en el sub examine se dan unas circunstancias particulares que obligan a realizar un examen adicional para establecer cu\u00e1l es el funcionario llamado a conocer y definir la contienda. <\/p>\n
Ciertamente, revisada la actuaci\u00f3n se advierte que en la acci\u00f3n de expropiaci\u00f3n, adem\u00e1s de una persona natural, se involucran como demandadas: <\/p>\n
i) El municipio El Carmen de Bol\u00edvar, que es una \u00abentidad territorial fundamental de la divisi\u00f3n pol\u00edtico administrativa del Estado, con autonom\u00eda pol\u00edtica, fiscal y administrativa, dentro de los l\u00edmites que se\u00f1alen la Constituci\u00f3n y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblaci\u00f3n en su respectivo territorio\u00bb (art\u00edculo 1\u00ba Ley 136 de 1994); y, <\/p>\n
ii) La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Territorial Bol\u00edvar, una de cuyas sede se localiza en el municipio El Carmen de Bol\u00edvar4, \u201cUnidad Administrativa Especial, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio independiente (\u2026) adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural\u201d (art\u00edculo 1\u00ba, Decreto 4801 de 2011). <\/p>\n
5. Como se aprecia, aqu\u00ed concurren en los dos extremos procesales entes p\u00fablicos, cuyos domicilios se encuentran en diferentes localidades, esto es, en Bogot\u00e1 D.C. y El Carmen de Bol\u00edvar, sin que la ley adjetiva, en la regla contenida en su art\u00edculo 28 numeral 10, a efectos de determinar la competencia por el factor territorial, haga distinci\u00f3n entre demandante y demandado, pues s\u00f3lo refiere a que el ente territorial o entidad p\u00fablica \u00absea parte\u00bb, de suerte que cada una de ellas, por su particular naturaleza, es titular del fuero privativo contemplado en el precepto en cita, que al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 29 ibidem es \u201cprevalente\u201d. <\/p>\n
Esta Corte, al examinar casos an\u00e1logos, ha sostenido que, ante tal supuesto, se debe acudir a las restantes reglas de atribuci\u00f3n de competencia, dando preponderancia a la contemplada en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 \u00eddem, seg\u00fan la cual, el conocimiento del asunto estar\u00e1 en cabeza del juez donde se encuentra ubicado el predio motivo de expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab{E}n asuntos como el sub examine donde, iterase, est\u00e1n contrapuestas dos o m\u00e1s entidades de naturaleza p\u00fablica o semip\u00fablica, no es de aplicaci\u00f3n lo consignado en el aludido precepto, porque en rigor de verdad nada dice acerca de ello, debiendo entonces, a fin de determinar la competencia por el factor territorial, acudirse a las reglas generales estatuidas en el art\u00edculo 28 del Estatuto Adjetivo. (\u2026) 2.4. Puestas las cosas de esta manera, deviene palmario que la norma llamada a fijar la competencia en materia del territorio es la prevista en el numeral 7\u00ba del precepto 28, ib\u00eddem, que atribuye el conocimiento al juez del sitio de ubicaci\u00f3n del inmueble materia de la servidumbre. (\u2026) Cuanto se ha dicho no desconoce, de ning\u00fan modo, las directrices fijadas por la Sala mayoritaria en el auto de unificaci\u00f3n de jurisprudencia AC140, de 24 de enero de 2020, porque el supuesto de ahora es enteramente distinto al ventilado en aquella oportunidad. N\u00f3tese que all\u00ed no concurr\u00edan, en ambos extremos procesales, entidades de las relacionadas en la regla 10\u00aa del art\u00edculo 28 del Estatuto Adjetivo\u00bb (CSJ AC417-2020, 14 feb., rad. 2020-00326-00 reiterada en CSJ AC3158-2021, 4 ago., rad. 2021-02491-00; criterio reiterado en AC006-2022, 17 ene., Rad. 2021-04570-00). <\/p>\n
Y m\u00e1s adelante puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[S]i de un asunto concreto son predicables los fueros privativos de los art\u00edculos 7\u00b0 y 10\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso, debe aplicarse, siguiendo las orientaciones de esta Sala, el \u00faltimo de los mencionados, es decir, el relativo al domicilio de la entidad territorial, de la entidad descentralizada por servicios o de cualquier otra entidad que sea parte. <\/p>\n
Ac\u00e1, sin embargo, ese predicamento no es posible, porque es demandante el Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 (empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad por acciones con aportes estatales y de capital privado, de car\u00e1cter u orden Distrital, con autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, en la cual el Estado posee por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, de conformidad con el acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Bogot\u00e1), y el accionado es un ente territorial, valga anotar, el municipio de La Mesa. <\/p>\n
Es decir, que ante dos entes p\u00fablicos en cada uno de los extremos del proceso y con vecindades diferentes, y a falta de un criterio legal que privilegie una u otra, lo pertinente para dar soluci\u00f3n a esta singular colisi\u00f3n que se suscita, es dar cabida al otro foro privativo territorial, con lo que el juzgador competente para continuar con el juicio de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica es el de La Mesa (AC1989-2021, 26 may., rad. 2021-01513-00; criterio reiterado en AC006-2022, 17 ene., Rad. 2021-04570-00). <\/p>\n
6. Sin embargo, la soluci\u00f3n antedicha, se insiste, en los casos donde se encuentran involucradas como partes dos o m\u00e1s entes territoriales o entidades p\u00fablicas con domicilios diferentes, no se armoniza con lo estatuido en los citados art\u00edculos 28 numeral 10\u00ba y 29 \u00eddem. <\/p>\n
En efecto, siendo que, como ya se dijo, el estatuto procesal prev\u00e9 que, en los procesos contenciosos en los que \u00absea parte\u00bb una entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 \u00aben forma privativa\u00bb la autoridad judicial del domicilio de \u00e9sta (n\u00fam. 10 art. 28 C.G.P.), y confiere prelaci\u00f3n a la competencia determinada \u00aben consideraci\u00f3n de las partes\u00bb (art. 29 C.G.P.), no ser\u00eda plausible inaplicar aquel fuero prevaleciente para que la regla del numeral 7\u00ba ibidem gobierne la definici\u00f3n del caso, confiriendo de este modo predominio al fuero real sobre el subjetivo, cuando, precisamente, por mandato legal, este \u00faltimo criterio se impone sobre los dem\u00e1s factores territoriales. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, no se aviene atendible que al desatar esta clase de colisiones, la Corte asigne la competencia al juez del lugar donde se sit\u00faa el fundo materia del debate, cuando existe un imperativo legal que impone la aplicaci\u00f3n preponderante del factor subjetivo como expresamente lo determina el art\u00edculo 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, al decir, que \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb (se resalta). <\/p>\n
Todav\u00eda m\u00e1s, si se trata de aplicar las reglas \u00abgenerales\u00bb a conflictos de competencia como el de ahora, debe advertirse que esa condici\u00f3n \u00fanicamente la tiene la previsi\u00f3n contenida en el numeral 1\u00ba ibidem, que califica como juez competente en los procesos contenciosos al del domicilio del demandado, \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, en cuyo caso entran en juego otros factores, como el previsto en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 de la codificaci\u00f3n procesal, que igualmente constituye un fuero \u00abespecial\u00bb y \u00abprivativo\u00bb. <\/p>\n
Y no se diga que en eventos como el presente existe un vac\u00edo normativo, porque en el estatuto procesal se encuentra una disposici\u00f3n perentoria que asigna la competencia al juez del domicilio del ente territorial o entidad p\u00fablica, pudiendo el actor, como antes se anot\u00f3, elegir v\u00e1lidamente entre el suyo o el de la llamada a juicio, habida cuenta que el beneficio subjetivo no distingue el extremo procesal en que est\u00e9 la entidad p\u00fablica. <\/p>\n
7. Pero aun de aceptarse las presuntas deficiencias en el \u00e1mbito legal que pudieran existir para fijar la competencia en cabeza de la autoridad judicial en los juicios de expropiaci\u00f3n, cuando los extremos de la litis est\u00e1n integrados por dos o m\u00e1s entidades p\u00fablicas con diferentes asientos, habr\u00e1 que valerse de los criterios de interpretaci\u00f3n contemplados en los c\u00e1nones 26 y siguientes del C\u00f3digo Civil, a fin de escudri\u00f1ar el sentido y alcance de los art\u00edculos 28 (n\u00fam. 10) y 29 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
Sobre el particular, huelga se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEs principio rector de la actividad judicial el indagar por el \u201cverdadero sentido\u201d de las normas jur\u00eddicas, tal como lo manda el art\u00edculo 26 del C\u00f3digo Civil, estatuto que adem\u00e1s de establecer algunos criterios de interpretaci\u00f3n (textual, l\u00f3gico, hist\u00f3rico, sistem\u00e1tico), proh\u00edbe la que se hace de manera insular para ampliar o restringir la extensi\u00f3n que deba darse a la ley (art\u00edculo 31 ib\u00eddem). <\/p>\n
Uno de tales criterios considera a las reglas jur\u00eddicas como elementos de un sistema, raz\u00f3n por la que la interpretaci\u00f3n de las mismas se orienta hacia su armonizaci\u00f3n dentro de \u00e9ste, con el fin de evitar incompatibilidad de unas normas con otras, o que \u00e9stas sean contrarias al propio conjunto normativo\u00bb (CSJ SC 19 dic. 2012, rad. 2006-00164-01; criterio reiterado en CSJ SC3627-2021, 2 nov., rad. 2014-58023-01, resalta la Corte). <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, con sano criterio, la Sala ha estimado que \u00abinterpretar va m\u00e1s all\u00e1 de reproducir formalmente las palabras que utiliz\u00f3 el legislador para gobernar una situaci\u00f3n de hecho; en verdad consiste en extraer el contenido de los preceptos a partir de su literalidad, el contexto que sirvi\u00f3 para su proferimiento, las condiciones actuales de aplicaci\u00f3n y su armon\u00eda con la totalidad del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb (CSJ SC3627-2021, 2 nov., rad. 2014-58023-01, subraya la Corte). <\/p>\n
7.1. Cumplido esto se tiene que el numeral 10\u00ba de la primera norma referida dispone que, \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. <\/p>\n
Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d (se destaca). <\/p>\n
Del tenor literal de ese precepto se advierte, sin dificultad, que cuando el juicio involucre, con independencia del extremo procesal que ocupe, a una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios, o cualquier otra entidad p\u00fablica, su conocimiento debe ser asumido privativamente por el fallador del lugar de domicilio de aquella. <\/p>\n
Dicha atribuci\u00f3n se fortalece con el canon que le sigue (art. 29 C.G.P.), cuya apreciaci\u00f3n no puede desligarse del enunciado anterior, pues justamente impone la prevalencia del criterio subjetivo, cuando predica que: <\/p>\n
\u00abEs prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes. <\/p>\n
Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb. <\/p>\n
7.2. Sin embargo, si la conclusi\u00f3n que se extrae de la interpretaci\u00f3n literal de aquellos mandatos, no respondiera el interrogante que se presenta en torno a la competencia del juez cuando las partes contendientes est\u00e1n conformadas por dos o m\u00e1s entes estatales, puesto que, aplicando exeg\u00e9ticamente las normas, permitir\u00edan grosso modo que la demanda se pueda radicar en el domicilio de cualquiera de los dos extremos a elecci\u00f3n del demandante, ha de averiguarse c\u00f3mo esas disposiciones se armonizan con las dem\u00e1s pautas que regulan la competencia territorial. <\/p>\n
Para tal labor\u00edo tenemos, que dentro de ese marco de alternativas se destaca, en primer lugar, el ya mencionado numeral 1\u00ba del canon 28 \u00eddem, norma que puede integrarse perfectamente a los postulados previstos en el numeral 10\u00ba ibidem y al art\u00edculo 29 ejusdem en casos como el de ahora, porque, de entrada, no desconoce la naturaleza p\u00fablica de las entidades involucradas -como s\u00ed lo hace la aplicaci\u00f3n del fuero real-, m\u00e1s bien, respeta el privativo de que gozan aquellas, ya que, sea el domicilio del ente p\u00fablico demandante o del demandado el sitio para la formulaci\u00f3n de la controversia, no se contradice la exigencia que obliga a dar prevalencia al factor subjetivo o por la calidad de las partes. <\/p>\n
Otra posibilidad, v\u00e1lidamente autorizada, ser\u00eda dar aplicaci\u00f3n a la regla 5ta del canon 28 \u00eddem, pues el juicio de expropiaci\u00f3n podr\u00eda adelantarse ante la autoridad judicial del asiento principal de la entidad estatal demandada o en su sucursal o agencia de existir esta, sin contrariarse tampoco la prevalencia de su fuero. <\/p>\n
7.3. S\u00edguese, entonces, que en los juicios de expropiaci\u00f3n, donde los extremos de la litis est\u00e1n integrados por dos o m\u00e1s entidades p\u00fablicas, con el prop\u00f3sito de determinar la competencia de la autoridad judicial llamada a adelantar el respectivo tr\u00e1mite, a m\u00e1s del imperativo contenido en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, podr\u00e1n tenerse en cuenta los numerales 1\u00ba y 5\u00ba de dicho canon, soluci\u00f3n que est\u00e1 en coherencia con lo dispuesto en el numeral 10 \u00eddem y el art\u00edculo 29 ejusdem, como ya se dijo. <\/p>\n
8. Tales inferencias encuentran apoyo en la propia g\u00e9nesis del C\u00f3digo General del Proceso, habida consideraci\u00f3n que el proyecto de ley (No. 196 de 2011) presentado al Congreso de la Rep\u00fablica, en su texto original incorpor\u00f3 la siguiente hip\u00f3tesis: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 28. Competencia territorial. La competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
11. En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios, conocer\u00e1 el juez del domicilio o de la cabecera de la parte demandada. Cuando \u00e9sta se halle formada por una de tales entidades y un particular, prevalecer\u00e1 el fuero de aquella\u00bb. (negrillas ajenas al texto original). <\/p>\n
Sin embargo, en ejercicio de la libertad de configuraci\u00f3n legislativa, la redacci\u00f3n de esa pauta fue modificada en la segunda ponencia del proyecto presentada ante la C\u00e1mara de Representantes, con la sola justificaci\u00f3n de \u00abofrecer mayor claridad en torno a la competencia territorial cuando sea parte una entidad p\u00fablica\u00bb (Gaceta del Congreso, A\u00f1o XX, No. 745 de 4 de octubre de 2011), quedando como en la actualidad se encuentra expresada en la codificaci\u00f3n procesal civil. <\/p>\n
N\u00f3tese que aquella tem\u00e1tica no fue ajena en la elaboraci\u00f3n de la nueva ley de los ritos civiles pues, desde el umbral del proyecto, los redactores, con claridad meridiana, acudieron a la regla general de competencia para remediar los casos en que estuvieran enfrentadas en el litigio entidades p\u00fablicas, asignando el asunto al juez del \u00abdomicilio o (\u2026) la cabecera de la parte demandada\u00bb, eso s\u00ed, siempre otorgando prevalencia al fuero del ente estatal si la contraparte estaba conformada por un particular. <\/p>\n
9. En esas condiciones, echar mano de las reglas de competencia reguladas en los numerales 1\u00ba y 5\u00ba del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso para establecer la competencia territorial en los juicios de expropiaci\u00f3n en los que intervengan dos o m\u00e1s entidades p\u00fablicas, se armoniza cabalmente con los art\u00edculos 28 (numeral 10\u00ba) y 29 ibidem, pues permite asignar el asunto, bien a la autoridad judicial del domicilio de la entidad p\u00fablica demandante, ora al del asiento del ente estatal demandado, en todo caso, a elecci\u00f3n de la reclamante, dado el fuero prevalente que ostenta en virtud de las se\u00f1aladas disposiciones. <\/p>\n
10. Adicionalmente es preciso acotar que no es extra\u00f1o encontrar que las controversias sobre expropiaci\u00f3n y servidumbre se dirijan contra \u00abuna entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios u otra entidad p\u00fablica\u00bb, la cual puede o no tener legitimaci\u00f3n para ser llamada al juicio; empero, en tales eventos no resulta procedente auscultar si estos son o no titulares de derechos reales principales del fundo, conforme lo establece el art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, para efecto de definir el juez natural que ha de adelantar dicho juicio. <\/p>\n
Esto es as\u00ed, por cuanto la Corte carecer\u00eda de competencia en este especifico escenario para calificar la legitimaci\u00f3n de las partes, pues de conformidad con el art\u00edculo 139 de la ley adjetiva, el pronunciamiento en esta sede se circunscribe a dirimir el conflicto suscitado entre las autoridades judiciales involucradas en torno al conocimiento de la acci\u00f3n de expropiaci\u00f3n incoada. <\/p>\n
A lo anterior se suma que, calificar la habilitaci\u00f3n del demandado para resistir las pretensiones en esa clase de asuntos, ni siquiera es posible realizarlo desde el umbral al juez de conocimiento, pues conforme al canon 90 ejusdem s\u00f3lo podr\u00e1 rechazar la demanda si carece \u201cde jurisdicci\u00f3n o de competencia o cuando est\u00e9 vencido el t\u00e9rmino de caducidad para instaurarla\u201d e inadmitirla por los precisos motivos enlistados en dicho mandato u otra norma especial, sin que entre estos se encuentre la falta de legitimaci\u00f3n de los contendientes, pues dicho aspecto, de encontrarse ausente, s\u00f3lo faculta al juzgador para proferir una sentencia anticipada que as\u00ed lo declare. <\/p>\n
11. Es evidente, entonces, la inconveniencia de las posiciones precedentes, bien la que intercede por el empleo del fuero real contemplado en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 \u00eddem, al contrariar frontalmente el art\u00edculo 29 ibidem; ora, la que media por juzgar, de entrada, la legitimaci\u00f3n de los sujetos de la controversia, desacorde con el canon 139 de la misma obra. <\/p>\n
12. Bajo esa perspectiva, en el sub-examine, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI expres\u00f3 que la competencia para el adelantamiento del pleito de expropiaci\u00f3n radicaba en los jueces del circuito de El Carmen de Bol\u00edvar, por ser \u201cel territorio o jurisdiccion donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de expropiaci\u00f3n\u201d [Archivo 01, expediente digital]. <\/p>\n
No obstante, como l\u00edneas atr\u00e1s se dijo, esa elecci\u00f3n no constitu\u00eda una alternativa procedente, porque a la actora no le es dado renunciar al fuero preferente contemplado en su beneficio por el legislador en los art\u00edculos 28 (numeral 10\u00ba) y 29 ejusdem y, adicional a ello, el fuero real previsto en el numeral 7\u00ba del canon 28 \u00eddem, por as\u00ed disponerlo las reglas procedimentales estudiadas, queda inexorablemente subyugado al personal establecido en raz\u00f3n de la calidad de las partes y, por tanto, inoperante. <\/p>\n
13. As\u00ed las cosas, revisadas las particularidades del asunto examinado, fuerza colegir que err\u00f3 el Juez del Circuito del mencionado municipio al rechazar el escrito inicial, pues all\u00ed concurr\u00edan el domicilio (del municipio) y la sede (en el caso de la URT5) de las entidades p\u00fablicas demandadas, circunstancia que le impon\u00eda asumir el conocimiento del asunto, ya que, en este particular evento, la escogencia del ente estatal demandante se armonizaba con los preceptos legales anteriormente analizados (art\u00edculos 28, (n\u00fams. 1\u00ba y 10\u00ba) y 29 C.G.P.). <\/p>\n
14. En esas condiciones, estando como est\u00e1n involucradas -en ambos extremos de la litis- entidades que impondr\u00edan la aplicaci\u00f3n del fueron subjetivo reconocido en su favor, pero comoquiera que la convocante -Agencia Nacional de Infraestructura- opt\u00f3 por radicar el pedido de expropiaci\u00f3n ante el funcionario judicial de la municipalidad El Carmen de Bol\u00edvar, es dable determinar que deber\u00e1 adelantar el tr\u00e1mite en menci\u00f3n el Juzgado Promiscuo del Circuito de ese lugar, de ah\u00ed que, se ordenar\u00e1 la remisi\u00f3n de la encuadernaci\u00f3n a dicho estrado, al que le corresponde instruir y resolver la acci\u00f3n incoada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bol\u00edvar es el competente para asumir el conocimiento del proceso de expropiaci\u00f3n referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento a ese despacho judicial para que tramite el proceso. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y a la parte demandante en el juicio. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 El cual alude a que, una vez asumida la competencia por el juez, esta queda establecida y no puede dicho funcionario variarla o modificarla de oficio. <\/p>\n
2\u0002 A diferencia de los fueros electivos, en los que el promotor de una acci\u00f3n tiene la posibilidad de escoger entre los jueces con competencia (numerales 1, 5 y 6 art\u00edculo. 28 C.G.P.). <\/p>\n
3\u0002 Decreto 4165 del 03 noviembre de 2011. <\/p>\n