AC688-2022 (2022-00566-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC688-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00566-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 (Cundinamarca) y Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda), dentro de la acci\u00f3n popular promovida por Augusto Becerra Largo contra Bancolombia S.A. \u2013 Sucursal Zipaquir\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones: Por intermedio de la presente acci\u00f3n, la parte demandante solicit\u00f3 a Bancolombia S.A. que construya una unidad sanitaria p\u00fablica apta para ciudadanos con movilidad reducida que se desplacen en silla de ruedas, cumpliendo normas NTC e ICONTEC, en la calle 6\u00aa No. 14-38 de Zipaquir\u00e1. <\/p>\n
2. Lugar de radiaci\u00f3n de la demanda: El libelo introductorio se present\u00f3 para su tr\u00e1mite en La Virginia (Risaralda), indicando en el ac\u00e1pite de competencia y cuant\u00eda, lo siguiente: \u201cLa vulneraci\u00f3n o agravio ocurre a lo largo y ancho del territorio patrio, art 28, numeral 5 C.G.P\u201d. <\/p>\n
3. El conflicto: En auto calendado el 23 de marzo de 2021, el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virgina (Risaralda), admiti\u00f3 la demanda. Ulteriormente, por decisi\u00f3n del 28 de abril de la misma anualidad, declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado para, en su lugar, rechazarla por falta de competencia; entonces, orden\u00f3 remitirla a los juzgados civiles del circuito de Zipaquir\u00e1 \u2013 Reparto, argumentando que \u00ab[s]e desprende entonces de lo analizado que, este Despacho no es el competente para conocer de las acciones populares impetradas por [Uner Augusto Becerra Largo]; en consecuencia, se declarara\u0301 la nulidad de todo lo actuado a partir de su admisi\u00f3n, y en su lugar se rechazar\u00e1n y se ordenara\u0301 su env\u00edo a los Juzgados Civiles de [Zipaquir\u00e1 Cundinamarca], a fin de que sean tramitadas all\u00ed\u0301, por tratarse de la municipalidad en la que se encuentran ubicadas las [s]edes de la entidad bancaria en la que se presenta la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos alegados en el escrito de demanda\u00bb. <\/p>\n
4. Recibido el expediente por cuenta del Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, mediante prove\u00eddo adiado el 7 de octubre de 2021, tambi\u00e9n declar\u00f3 su falta de competencia al indicar que el Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia desconoce el principio de la perpetuatio jurisdictionis de conformidad con el auto AC2252-2019 de 12 de junio de 2019, emitido por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Por ende, plante\u00f3 el conflicto negativo y, consecuentemente, envi\u00f3 el diligenciamiento para ser dirimido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como el conflicto de competencia que se analiza se establece entre dos autoridades judiciales de diferentes distritos, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento jur\u00eddico ha instaurado mecanismos de competencia con el objetivo de distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales dentro del territorio nacional, para tal fin, la legislaci\u00f3n acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. <\/p>\n
Mediante el factor territorial la competencia se determina con apoyo en los fueros personal (domicilio del demandado), real (lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes), contractual (lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones), social (establece la competencia en los procesos relacionados con sociedades), sucesoral o hereditario (\u00faltimo domicilio del causante) y de administraci\u00f3n (lugar en donde se verific\u00f3 la administraci\u00f3n o gesti\u00f3n objeto del proceso). <\/p>\n
Por su parte, el factor subjetivo responde a las calidades especiales de las partes del litigio, el cual otorga, entre otras, un fuero preferente para las entidades del Estado, como se desprende del numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso que reza: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
El factor objetivo se subdivide en: i) la naturaleza, que consiste en la descripci\u00f3n abstracta del tema en litigio y, ii) la cuant\u00eda, que se trata como un elemento complementario del primero conforme a los art\u00edculos 15 y 25 ejusdem. <\/p>\n
El factor funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las funciones de los jueces en las diferentes instancias, atendiendo a los grados de juzgamiento, los cuales tienen una organizaci\u00f3n jer\u00e1rquica por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
El factor de conexidad, que reconoce el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
A pesar de la claridad referida respecto de la competencia de los jueces dentro del territorio nacional, hay casos en los cuales varios de esos fueros pueden concurrir en una misma causa, lo que genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos. <\/p>\n
En lo atinente a las acciones populares, en las que de conformidad con el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, \u00abser\u00e1 competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocer\u00e1 a prevenci\u00f3n el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda\u00bb, la competencia radica, bien en el lugar de ocurrencia de los hechos denunciados, ora en el domicilio del convocado. <\/p>\n
Frente a esta concurrencia de fueros la Sala ha sostenido que \u00ab(…) la atribuci\u00f3n de competencia en los procesos de la naturaleza se\u00f1alada, est\u00e1 delimitada por los fueros concurrentes que estableci\u00f3 el legislador, de manera que el actor \u00fanicamente podr\u00e1 optar por uno de los que correspondan a las alternativas fijadas por la norma, y una vez realizada esa selecci\u00f3n, el funcionario judicial no podr\u00e1 apartarse de ella\u00bb (resaltado intencional) (CSJ AC1327-2016, 8 mar., rad. 2016-00504-00, reiterada en CSJ AC665-2020, 27 feb., rad. 2020-00580-00). <\/p>\n
3. Para el caso concreto resulta imperioso anotar que, de acuerdo con la providencia antes rese\u00f1ada, al actor le era posible radicar la demanda ante el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o ante el del domicilio del demandado, puesto que, es una norma que otorga la facultad de escogencia. <\/p>\n
Con ese cariz, de entrada se advierte que el se\u00f1or Becerra Largo present\u00f3 la acci\u00f3n popular en un lugar distinto a cualquiera de los antes rese\u00f1ados, toda vez que el municipio de La Virginia no hace parte del domicilio de Bancolombia S.A., ni tampoco es donde presuntamente se est\u00e1n vulnerando los derechos colectivos alegados por esta v\u00eda. <\/p>\n
No obstante, a pesar de tal circunstancia, lo cierto es que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, en lugar de rechazar el libelo inmediatamente, opt\u00f3 por admitirlo en auto del 23 de marzo de 2021, al tener por acreditado el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
Dicha actuaci\u00f3n gener\u00f3 la prorrogabilidad de la competencia en el mencionado despacho, sin la posibilidad de apartarse de ella posteriormente, ni siquiera so pretexto de nulidad, tal como esta Corporaci\u00f3n lo ha indicado insistentemente: <\/p>\n
\u00ab(…) el juez que le d\u00e9 inicio a la actuaci\u00f3n conservar\u00e1 su competencia (…) dado que cuando se activa la jurisdicci\u00f3n el funcionario a quien se dirige el libelo correspondiente tiene el compromiso con la administraci\u00f3n de justicia y con el usuario que a la misma accede, de calificar la demanda eficazmente, tema que involucra la evaluaci\u00f3n, c\u00f3mo no, tambi\u00e9n de su \u201ccompetencia\u201d, aspecto tal que, una vez avocado el conocimiento, torna en \u00e9l la prorrogaci\u00f3n de aquella at\u00e1ndolo a permanecer en la postura asumida hasta tanto dicha se controvierta. Es decir, en breve, la Sala \u201cha orientado el proceder de los jueces con miras a evitar que despu\u00e9s de aprehendido el conocimiento de un asunto, se sorprenda a las partes vari\u00e1ndola por iniciativa de aquellos\u201d\u00bb (resaltado ajeno al texto) (CSJ AC5451-2016, 25 ago., rad. 2015-02977-00, reiterada, entre otras, en CSJ AC3675-2019, 4 sep. 2019, rad. 2019-02699-00; CSJ AC791-2021, 8 mar., rad. 2021-00589-00; CSJ AC910-2021, 15 mar., rad. 2021-00710-00, CSJ AC1237-2021, 19 abr., rad. 2021-01079-00 y CSJ AC2983-2021, 22 jul., rad. 2021-02300-00). <\/p>\n
Las anteriores prerrogativas, en consonancia con el principio de la \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb, sujetan al funcionario judicial para no desprenderse del tr\u00e1mite, el cual calific\u00f3 y estudi\u00f3 en la oportunidad procesal pertinente; por ende, una vez admitida, queda vedada la posibilidad de remitir el diligenciamiento a otro juez. Sobre el particular, en providencia reciente esta Sala destac\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora bien, cuando el funcionario ante quien se realiz\u00f3 la atribuci\u00f3n de conocimiento de un determinado asunto, al momento de estudiar las diligencias en atenci\u00f3n de lo reglado en el art\u00edculo 90 ib\u00eddem, pasa por alto la ausencia de los factores de asignaci\u00f3n expuestos, y aun as\u00ed decide rituar la litis, le corresponde de forma congruente mantener inc\u00f3lume su valoraci\u00f3n, convirti\u00e9ndose as\u00ed en exclusiva la facultad del enjuiciado para controvertirlo mediante los mecanismos legales, lo que significa que si esta \u00faltima eventualidad no acontece, la competencia adoptada resultar\u00e1 inalterable en virtud del principio de la \u201cperpetuatio jurisdictionis\u201d, impidi\u00e9ndole al juez desprenderse posteriormente del legajo, pues esa renuncia transgredir\u00eda, entre otros, los principios de eventualidad y econom\u00eda procesal. Conclusi\u00f3n a la que se arriba por conducto de la remisi\u00f3n normativa contemplada en el art\u00edculo 44 Ib\u00eddem\u00bb (resaltado intencional) (CSJ. AC6129-2021). <\/p>\n
4. Atendiendo tal hermen\u00e9utica, al revisar las actuaciones militantes en el plenario, se evidencia que cuando el primer funcionario cognoscente admiti\u00f3 la acci\u00f3n popular, se arrog\u00f3 su conocimiento ulterior y, por ende, no pod\u00eda a su arbitrio descocer tal circunstancia; mucho menos, cuando la parte accionada ni siquiera tuvo la oportunidad de confutarla. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la Sala precis\u00f3 que \u00ab[u]na vez el asunto es asignado a un operador judicial, a \u00e9l le corresponde verificar lo relativo a la competencia. Si admite la demanda, ese acto comporta la asunci\u00f3n de la aptitud legal para conocer de la causa, con lo cual afirma la misma y excluye a todos los dem\u00e1s de todas las jurisdicciones y todas las competencias, o bien puede, rechazarla y remitirla a la autoridad que considere competente\u00bb (CSJ AC1836-2019). <\/p>\n
Desde esa \u00f3ptica, tal como se indic\u00f3 en un caso de similares connotaciones (AC2660-2021), carece de raz\u00f3n el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia al rehusar la continuidad del juicio porque, si bien es cierto, el se\u00f1or Becerra Largo radic\u00f3 la acci\u00f3n en un lugar distinto al de la vulneraci\u00f3n o del domicilio de la entidad bancaria, no lo es menos que al haberlo admitido ab initio perdi\u00f3 su oportunidad de desprenderse de la competencia. <\/p>\n
5. En consecuencia, se remitir\u00e1 el expediente al mencionado despacho por ser el competente para conocer de este asunto y se informar\u00e1 esta determinaci\u00f3n al juzgado que propuso el conflicto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda), es el competente para conocer la acci\u00f3n popular instaurada por Augusto Becerra Largo en contra de Bancolombia S.A. – Sucursal Zipaquir\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad. Comunicar lo decidido al otro juzgado inmerso en la colisi\u00f3n y al promotor de la demanda. <\/p>\n
TERCERO: Librar los oficios correspondientes por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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