ATC088-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC088-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2021-00225-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2021 por por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que neg\u00f3 el amparo promovido por Jairo Herney Arana Saavedra contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio-, si no fuera porque se observa que en la tramitaci\u00f3n surtida en la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada. <\/p>\n
En sustento de su queja sostuvo que el 13 de octubre de 2021 envi\u00f3 petici\u00f3n por correo certificado al Coordinador de la Secci\u00f3n Administrativa de la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la cual, a la fecha de la interposici\u00f3n del ruego, no hab\u00eda sido respondida. <\/p>\n
De acuerdo con el documento anexado por el accionante a este tr\u00e1mite, se solicit\u00f3 en aquella petici\u00f3n informar \u00absi actualmente est\u00e1 en curso alg\u00fan proceso de Extinci\u00f3n de Dominio, donde se encuentre involucrado el inmueble ubicado en la calle 30-B, Nro. 11-7l de la ciudad de Guadalajara de Buga, Departamento del Valle del Cauca, distinguido con la matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 373-81430\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de dominio- por auto del 16 de noviembre de 2021. <\/p>\n
El 26 de noviembre de 2021 dict\u00f3 sentencia y neg\u00f3 el amparo, al considerar que si bien se arrim\u00f3 el escrito petitorio \u00abno existe evidencia alguna \u2013siquiera sumaria- de que este hubiese sido remitido a la autoridad accionada\u00bb, prueba que no se suple \u00aba partir de la presunci\u00f3n de veracidad consagrada en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El debido proceso, consagrado expresamente en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es un conjunto de garant\u00edas fundamentales, seg\u00fan las cuales nadie puede ser investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, previstas en la ley. <\/p>\n
De manera que la acci\u00f3n de tutela, como tr\u00e1mite judicial de defensa de las prerrogativas fundamentales, no puede sustraerse de su aplicaci\u00f3n. Por tanto, es necesario satisfacer algunos elementos propios de cada juicio, como lo son la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n del contradictorio, garant\u00edas m\u00ednimas contempladas en los art\u00edculos 10, 13 y 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1\u00ba del Decreto 333 de 20211. <\/p>\n
2. En el presente caso, como se anticip\u00f3, se advierte una irregularidad consistente en que la competencia para conocer en primera instancia del amparo correspond\u00eda a los Jueces del Circuito y no al Tribunal mencionado, acorde con lo reglado en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, que establece que \u00abLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el amparo se formul\u00f3 por la presunta omisi\u00f3n de respuesta por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio, entidad del orden nacional, sin que se ataque actuaci\u00f3n alguna del Fiscal General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
3. En consecuencia, el tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad. Al respecto, esta Colegiatura ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u2018nula\u2019, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u2018improrrogable, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (ATC2521-2016). <\/p>\n
Y, en un asunto de connotaciones similares, recientemente la Sala advirti\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab2. Ahora, el auxilio supralegal del ep\u00edgrafe el inconforme lo dirigi\u00f3 contra la \u2018Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n -Coordinador Grupo de Trabajo de Secretar\u00eda T\u00e9cnica y Gesti\u00f3n Documental- y Coordinador Grupo Interno de Trabajo Conductas de Corrupci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Control Disciplinario\u2019, porque no atendieron la petici\u00f3n calendada 23 de noviembre de 2017 que dirigi\u00f3 al entonces Director Seccional Magdalena de la Fiscal\u00eda y ordenaron, el pasado 9 de septiembre, abrir una nueva investigaci\u00f3n disciplinaria en su contra, por hechos ya discutidos, y escucharlo en versi\u00f3n libre a pesar de ya haberla rendido al respecto. <\/p>\n
Por tanto, se vislumbra que no hab\u00eda lugar a aplicar el citado numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el precepto 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 -vigente para el momento de la interposici\u00f3n de la presente solicitud de amparo-), pues, como qued\u00f3 visto, en verdad no se plante\u00f3 cuestionamiento expreso alguno en contra del Fiscal General de la Naci\u00f3n, a pesar de que se se\u00f1al\u00f3 que \u00e9l era el representante de dicho ente, de donde es \u2018evidente que la queja objeto de discusi\u00f3n no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica\u2019 de \u00e9ste, \u2018lo que habilitar\u00eda el conocimiento del Tribunal en las condiciones en que lo hizo\u00bb (CSJ ATC862-2018, 19 abr., rad. 2018-00468-01). <\/p>\n
Entonces, la situaci\u00f3n descrita, contrario a los sostenido por el Juzgado del Circuito al que inicialmente se reparti\u00f3 la demanda de amparo, impone concluir que resultaba infundada y, por tanto, \u2018aparente\u2019, la vinculaci\u00f3n del Fiscal General de la Naci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Luego, el ente llamado a conformar el extremo pasivo respecto a la petici\u00f3n de amparo de la referencia es, exclusivamente, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de varias de sus dependencias, y atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de la misma, se tiene que es una autoridad del \u00aborden nacional\u00bb, de donde r\u00e1pidamente se concluye que la competencia para conocer de la salvaguarda, en primera instancia, correspond\u00eda al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta\u00bb2 (Se subraya). <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se invalidara\u0301 la actuaci\u00f3n surtida y se dispondr\u00e1\u0301 la remisi\u00f3n de la presente queja constitucional a la oficina de asignaciones de los Juzgados del Circuito de Buga, para que sea repartida entre estos y se asuma lo de su competencia, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil resuelve: <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n constitucional por la Sala de Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga desde el auto que la admiti\u00f3, inclusive, sin perjuicio de la validez y eficacia de las pruebas aportadas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto al Tribunal que conoci\u00f3 en primera instancia, as\u00ed como a los interesados, a trav\u00e9s de medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Por el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, \u00danico Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2\u0002 ATC715-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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