ATC099-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC099-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02305-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 16 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Carlos Mario Moreno Montoya contra la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. -SAE-, la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Extinci\u00f3n de Dominio de esta ciudad, si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan se examina. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y propiedad, presuntamente vulnerados en el asunto con radicado N\u00b0 2012-046-2 (4414 E.D.) y, solicita en consecuencia, que <\/p>\n
\u00abse requiera a la Sociedad de Activos Especiales SAE (\u2026) para que en un t\u00e9rmino inmediato (no mayor a 15 d\u00edas) d\u00e9 cumplimento total, absoluto y oportuno a la SENTENCIA DE NO EXTINCI\u00d3N DEL DOMINIO DEL 27\/06\/2014 sobre la totalidad de los bienes afectados en el proceso por parte del Juzgado Primero Penal Especializado del Circuito de Descongesti\u00f3n de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 (Sentencia confirmada en su totalidad en sede consultas el 07\/07\/2020, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \/ Sala de Decisi\u00f3n Penal de Extinci\u00f3n del Derecho del Dominio) y proceda sin m\u00e1s dilaciones a generar la devoluci\u00f3n de nuestros recursos y presentar el estado de cuenta de cada uno de los bienes afectados\u00bb. <\/p>\n
Expuso, en s\u00edntesis, que en el citado tr\u00e1mite \u00ababsolutamente todas las decisiones judiciales (\u2026) fueron favorables a [su] n\u00facleo familiar\u00bb, pues el juzgador de primera instancia, resolvi\u00f3 no extinguir el derecho de dominio sobre \u00abuna parte muy importante [de su] patrimonio econ\u00f3mico y empresarial\u00bb, integrado por varios inmuebles, y el Tribunal a quo, en sede de consulta, ratific\u00f3 ese pronunciamiento. <\/p>\n
No obstante, asegur\u00f3, a la fecha, no le han sido devueltos a \u00e9l y su familia los predios inmiscuidos en dicha actuaci\u00f3n, pese a las m\u00faltiples y reiteradas peticiones que ha elevado ante la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. -SAE-, entidad que adem\u00e1s, ha incurrido desde el a\u00f1o 2007 en \u00abuna serie de anomal\u00edas en la administraci\u00f3n hist\u00f3rica de [sus] bienes\u00bb, raz\u00f3n por la cual, con la entrega de los predios, debe realizar la \u00abcontrastaci\u00f3n de la devoluci\u00f3n de los recursos de productividad de [sus] bienes con sus respectivos reportes\u00bb, pues, entre otros conceptos, se dejaron de recibir c\u00e1nones de arrendamiento de algunos inmuebles por un valor mayor a cinco mil cuatrocientos millones de pesos y sabe que la SAE redujo el valor del alquiler en un monto \u00abmuy bajo frente a las condiciones de mercado\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que las autoridades jurisdiccionales aqu\u00ed convocadas, no han adelantado gestiones para solucionar la problem\u00e1tica descrita. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, relat\u00f3 los antecedentes del asunto censurado y precis\u00f3 que ha contestado las peticiones del accionante, a quien le ha informado que \u00abla obligaci\u00f3n de dar cumplimiento a los fallos recae (\u2026) en la SAE\u00bb, entidad a quien inform\u00f3 de los fallos dictados en el proceso para su respectivo acatamiento. <\/p>\n
3. La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, expres\u00f3 que, dentro del proceso de extinci\u00f3n de dominio cuestionado al emitir sentencia en sede de consulta, perdi\u00f3 competencia para realizar pronunciamientos adicionales. Agreg\u00f3 que de acuerdo con lo establecido en la Ley 1708 de 2014, modificada por la Ley 1849 de 2017, art\u00edculo 90 y siguientes, \u00abla administraci\u00f3n, conservaci\u00f3n y disposici\u00f3n de los bienes comprometidos en los procesos de extinci\u00f3n del derecho de dominio y que han sido limitados con las medidas de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo de dominio, fue asignada a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.\u00bb, quien, seg\u00fan el art\u00edculo 106 \u00eddem, est\u00e1 encargada de la devoluci\u00f3n de los inmuebles que deben entregarse. <\/p>\n
4. Mediante sentencia constitucional de 16 de noviembre de 2021, la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo propuesto por el solicitante, comoquiera que, en s\u00edntesis, no encontr\u00f3 \u00abuna mora injustificada por la Sociedad de Activo Especiales, [por lo cual] el accionante deber\u00e1 someterse al sistema de turnos, en t\u00e9rminos de igualdad\u00bb, determinaci\u00f3n impugnada por el tutelante con argumentos similares a los expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico se desprende la falta de competencia del a quo constitucional para conocer y definir en primera instancia el amparo reclamado, por cuanto la vulneraci\u00f3n denunciada ata\u00f1e, espec\u00edficamente, a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. -SAE-, quien, seg\u00fan el peticionario, ha dilatado la entrega de los bienes inmuebles inmiscuidos en el proceso de extinci\u00f3n de dominio con radicado N\u00b0 2012-046-2 (4414 E.D.). <\/p>\n
Por tanto, la convocatoria a estas diligencias de la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Segundo del Circuito de esa especialidad de la misma ciudad, resulta apenas aparente, pues, aunque el tutelante los menciona en su libelo, en realidad, las decisiones judiciales que emitieron en el caso se\u00f1alado han favorecido sus intereses y, con todo, ante dichas autoridades no se han impulsado tr\u00e1mites adicionales y no son \u00e9stas quienes est\u00e1n a cargo de la entrega de los predios reclamados por el actor, cuesti\u00f3n base de su reclamo. <\/p>\n
Sobre lo expuesto, esta Sala, en un caso de id\u00e9nticos perfiles, expuso: <\/p>\n
\u00ab[Q]ueda claro que, m\u00e1s all\u00e1 de que exista una alusi\u00f3n al Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dada su intervenci\u00f3n en el tr\u00e1mite extintivo, su actuaci\u00f3n no constituy\u00f3 el cimiento de la demanda constitucional, pues como viene de indicarse, el ataque apunta concretamente al proceder de la SAE, quien, como administradora del FRISCO, se encuentra investida de autonom\u00eda para gestionar los bienes vinculados a esa clase de procesos judiciales, por lo que se evidencia que la vinculaci\u00f3n de la colegiatura tantas veces mencionada en este caso resulta apenas aparente. <\/p>\n
Lo anterior para significar que no es suficiente con que en la demanda se mencione al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para que la competencia recaiga autom\u00e1ticamente en esta Corporaci\u00f3n, pues sustancialmente se requiere que el actor le atribuya alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneradora de sus derechos supralegales situaci\u00f3n que, como se ha advertido, no ocurre en este caso. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala, en un asunto de similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos sostuvo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 2. Descendiendo al caso en concreto, se tiene que los inconformes enfilaron el auxilio supralegal de marras exclusivamente contra la Sociedad de Activos Especiales (S.A.E.) \u2013 S.A.S., censurando de tal autoridad que se ha empe\u00f1ado en llevar a cabo la diligencia de secuestro y desalojo, pese a que est\u00e1 en curso el grado jurisdiccional de consulta contra la sentencia de primera instancia, que a su turno neg\u00f3 la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio n.\u00ba 2017-006-2 y dispuso la cancelaci\u00f3n de aquella medida cautelar, decretada en la resoluci\u00f3n n.\u00ba 364 de 22 de mayo de 2017. <\/p>\n
Situaci\u00f3n que no var\u00eda por la vinculaci\u00f3n por pasiva del Tribunal y del juzgado conocedores de la acci\u00f3n extintiva de dominio, en tanto que la integraci\u00f3n por pasiva de ambas autoridades judiciales es aparente, si en cuenta se tiene que del panorama f\u00e1ctico sobre el que se sustent\u00f3 la presunta violaci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales no se desprende censura alguna contra \u00e9stos entes; como se dijo l\u00edneas arriba, la acusaci\u00f3n fue atribuida en forma directa y privativa a la Sociedad de Activos Especiales (S.A.E.) \u2013 S.A.S.\u00bb (CSJ ATC1024-2019, 10 jul.)\u00bb (CSJ. ATC1935-2019). <\/p>\n
2. Ahora, como la realmente accionada es la Sociedad de Activos Especiales -SAE-, quien de acuerdo con el art\u00edculo 90 de la Ley 1708 de 2014, es una \u00absociedad de econom\u00eda mixta del orden nacional\u00bb, encargada de la administraci\u00f3n del Fondo para la Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha contra el Crimen Organizado, el juez constitucional de primer grado, carec\u00eda de competencia para decidirla, de conformidad con lo ordenado en el numeral 2\u00b0, inciso primero del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000 modificado por el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021 -vigente para la calenda en que se radic\u00f3 el amparo, que establece que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb, correspondiendo entonces, su conocimiento a los Juzgados del Circuito o con categor\u00eda de tal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
De manera que, si ninguna acusaci\u00f3n espec\u00edfica materializ\u00f3 la parte aqu\u00ed interesada en relaci\u00f3n a las citadas autoridades judiciales, no resulta jur\u00eddico enlazarlas a este tr\u00e1mite; con otras palabras, de ninguna manera le endilga cargos directos a los presuntos accionados, por lo que se observa que la vinculaci\u00f3n de las autoridades aludidas, es infundada, y por lo tanto su convocatoria a la presente acci\u00f3n resulta apenas aparente. <\/p>\n
Cumple precisar al efecto, que como lo ha explicado la Sala en otras ocasiones, \u00abde acuerdo con lo preceptuado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, modificado por el Decreto 1983 de 2017 \u00ablos hechos descritos en la solicitud de tutela\u00bb son los que permiten determinar la competencia para conocer de dicha acci\u00f3n, de suerte que las reglas all\u00ed descritas logran cabal desarrollo a partir la descripci\u00f3n f\u00e1ctica indicada, por lo que no basta con que se designe a un demandado o que se exponga aisladamente el motivo de su convocatoria, como se hizo en este caso, para que de esa manera, inapropiadamente, el gestor del amparo var\u00ede el funcionario habilitado para el conocimiento de la queja; de otro modo, se radicar\u00eda esa facultad solamente con estribo en la clase de demandado, con prescindencia de que ciertamente se le acuse o no de la infracci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental, dejando en el vac\u00edo, por tanto, los prop\u00f3sitos de racionalizaci\u00f3n y desconcentraci\u00f3n en el conocimiento de las acciones de tutela, que justifican dichos preceptos legales\u00bb (STC-6613-2021). <\/p>\n
Se resalta, que la situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo estipulado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, alusivo a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos que regulan dicho tr\u00e1mite, siempre que no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Por tanto, como se encuentra configurada la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, de conformidad con el 138 \u00eddem, implica que \u00ab(\u2026) lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb (subraya la Sala), en cumplimiento de esa \u00faltima disposici\u00f3n, que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se puntualiza que se dejar\u00e1 sin efecto el fallo proferido por el a quo constitucional, para que el funcionario habilitado, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de la validez de las pruebas practicadas y las que se requieran, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 \u00eddem. <\/p>\n
La Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del Decreto 333 de 2021 y dem\u00e1s normas complentarias, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u00ab[R]especto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insanable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u00bb (CSJ. ATC de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01, citado entre otros en STC6613-2021). <\/p>\n
3. Con fundamento en lo expuesto se declarar\u00e1 la nulidad del fallo de primer grado y se ordenar\u00e1 remitir las diligencias a los juzgados con categor\u00eda de circuito de Bogot\u00e1- reparto-, para que asuman el conocimiento de esta salvaguarda, tal como lo ha ordenado esta Corte en casos similares (CSJ, ATC1024-2019, ATC1935-2019 y ATC843-2019). <\/p>\n
Resta indicar, sobre la imposibilidad de plantear conflicto de competencia en asuntos como el presente, que esta Sala ha reiterado: <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Conforme a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del fallo dictado el 16 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR remitir el expediente a los juzgados con categor\u00eda de circuito de Bogot\u00e1 -reparto-, para que asuman el conocimiento de la presente acci\u00f3n constitucional. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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ATC099-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente ATC099-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02305-01 Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 16 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61000","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61000","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61000"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61000\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61000"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61000"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61000"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}