ATC104-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC104-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-01152-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora del amparo en la condici\u00f3n antedicha, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de su representada al debido proceso, al \u00abinter\u00e9s superior\u00bb, a la \u00abprotecci\u00f3n integral\u00bb, a \u00abtener una familia\u00bb, al \u00abambiente sano\u00bb y a la \u00abcalidad de vida\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada, con la providencia pronunciada el 4 de octubre de 2021, en el marco del proceso de restablecimiento de derechos identificado con el consecutivo 2021-00250. <\/p>\n
Solicita entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se deje sin valor ni efecto la citada determinaci\u00f3n, y en consecuencia, se decrete \u00abla p\u00e9rdida de competencia para seguir conociendo del [nombrado] proceso (\u2026) y ordenar al Juez Sexto de Familia, la remisi\u00f3n inmediata del expediente al [despacho] (\u2026) que le sigue en turno\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento de lo reclamado aduce en lo esencial, luego de narrar todo lo acontecido a partir del 10 de abril de 2020, fecha en la que se dict\u00f3 apretura de investigaci\u00f3n a favor de la menor XXX, que el 28 de febrero de ese a\u00f1o mediante el concerniente acto administrativo, se prorrog\u00f3 la medida de restablecimiento de derechos de la ni\u00f1a, quien se declar\u00f3 en situaci\u00f3n de adoptabilidad el 26 de febrero de 2021, decisi\u00f3n que no fue homologada por el Juzgado Sexto de Familia de esta capital en prove\u00eddo del 28 de junio de 2021. <\/p>\n
Manifiesta que frente a esa \u00faltima actuaci\u00f3n, y por la misma senda excepcional que hoy nuevamente se utiliza, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en fallo de 28 de julio postrero, invalid\u00f3 la citada sentencia, y con fundamento en lo all\u00ed dispuesto, el citado Despacho \u00abdecret\u00f3 la nulidad de lo actuado y perdida de competencia, avoc\u00f3 conocimiento de las diligencias dejando con valor todas las pruebas con posterioridad al auto de apertura\u00bb, determinaci\u00f3n que infructuosamente atac\u00f3 por la v\u00eda horizontal, por lo que en providencia del 4 de octubre de 2021 \u00abse declara a la ni\u00f1a XXX en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos y se ordena nuevamente seguimiento al medio familia[r], ordena proceso terap\u00e9utico a los progenitores y restablece las visitas con la ni\u00f1a\u00bb, decisi\u00f3n que pese ser atacada en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, por no haberse decidido de fondo \u00abla situaci\u00f3n jur\u00eddica de la ni\u00f1a\u00bb, se mantuvo inc\u00f3lume. <\/p>\n
3. La referida Colegiatura accedi\u00f3 parcialmente a lo solicitado, tras advertir, en suma, que \u00ab[r]esulta desacertada la decisi\u00f3n del 2 de agosto de 2021 proferida por el JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE BOGOT\u00c1, D.C., por medio de la cual se declar\u00f3 la nulidad de la resoluci\u00f3n No. 0053 del 28 de febrero de 2020. <\/p>\n
Es evidente que la presunta amenaza a la ni\u00f1a XXX se conoci\u00f3 el 13 de marzo de 2019, la declaraci\u00f3n de vulneraci\u00f3n se hizo el 23 de agosto de ese mismo a\u00f1o, cuya ejecutoria se configur\u00f3 el 3 de septiembre de 2019. Luego, refulge que el ICBF desat\u00f3 el asunto dentro de los seis (6) meses que prev\u00e9 el inc. 9, art. 100 de la Ley 1098 de 2006, y emiti\u00f3 el auto de pr\u00f3rroga al seguimiento el 28 de febrero de 2020, es decir, antes de que se cumplieran los seis (6) meses que prev\u00e9 el art. 103 Ib., por lo que ninguna afectaci\u00f3n procesal deb\u00eda derivarse. <\/p>\n
Ahora, al haberse despachado la pr\u00f3rroga del plazo de seguimiento el 28 de febrero de 2020 por seis (6) meses m\u00e1s y teniendo en cuenta que debido a la pandemia producida por la Covid-19 se suspendieron dichos t\u00e9rminos entre el 17 de marzo al 10 de septiembre de 2020, tal como consta en la actuaci\u00f3n aportada en el PARD, por lo que cuando se reanudaron restaban cinco (5) meses y siete (7) d\u00edas, los cuales se cumpl\u00edan el 19 de febrero de 2021. Por tanto, para el 26 de febrero del a\u00f1o en curso cuando el CENTRO ZONAL M\u00c1RTIREZ \u2013 ICBF emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n No. 050 con declaraci\u00f3n de adoptabilidad, ya hab\u00eda perdido competencia. <\/p>\n
No obstante, no se puede dejar al margen que el asunto trata de derechos fundamentales de la ni\u00f1a XXX cuyo inter\u00e9s superior ha de privilegiarse, luego derruir la actuaci\u00f3n por ese aspecto sin lugar a duda generar\u00eda grave atentado a sus derechos, los que cumple definir cuanto antes dado su grado de afectaci\u00f3n. <\/p>\n
En complemento, la nulidad de la actuaci\u00f3n adelantada en el PARD por el ICBF no obedeci\u00f3 solo al tema de la pr\u00f3rroga sino tambi\u00e9n a la declaratoria de nulidad de la resoluci\u00f3n que declar\u00f3 en situaci\u00f3n de adoptabilidad a la ni\u00f1a el 26 de febrero de 2021, por advertirse por parte del JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE BOGOT\u00c1, D.C., una afectaci\u00f3n a los derechos fundamentales de los padres de la ni\u00f1a XXX., quienes no pudieron ejercer su derecho de defensa en cuanto a unas pruebas expuestas en ese calenda, todo lo cual, aunque no viene siendo atacado por la DEFENSORA DE FAMILIA accionante, result\u00f3 un remedio en protecci\u00f3n a la familia derivado de la directriz dada por esta Sala de Familia en otra acci\u00f3n de tutela fallada el 28 de julio de 2021. <\/p>\n
3.2 Con el auto de 2 de agosto de 2021, notificado en estado electr\u00f3nico del 3 de agosto del mismo a\u00f1o, se declar\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n agotada en el PARD a partir del 28 de febrero de 2020, determinaci\u00f3n que al ser recurrida por la DEFENSORA DE FAMILIA adscrita al juzgado accionado, culmin\u00f3 su segmento procesal el 23 de agosto de 2021 cuando se negaron las protestas. Luego, a partir de esta \u00faltima calenda le corr\u00eda al JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE BOGOT\u00c1, D.C., el t\u00e9rmino de dos (2) meses que prev\u00e9n los arts. 100 y 103 de la Ley 1098 de 2006 para pronunciarse, por lo que al haberlo hecho el 4 de octubre de 2021, no podr\u00eda predicarse p\u00e9rdida de competencia alguna, de ah\u00ed que habr\u00e1 de negarse la pretensi\u00f3n enfilada a que se env\u00eden las diligencias al juez que le sigue en turno. No obstante lo anterior, si la accionante considera que el JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE BOGOT\u00c1, D.C., ha incurrido en alguna falta disciplinaria, podr\u00e1 adelantar directamente las acciones que considere adecuadas soportando las resultas que de all\u00ed se deriven. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.3 Teniendo en cuenta que la nulidad de la actuaci\u00f3n adelantada en el PARD se decret\u00f3 a partir del 28 de febrero de 2020, no cabe duda que sus efectos no cobijaron a la resoluci\u00f3n 00350 del 23 de agosto de 2019, por medio de la cual el CENTRO ZONAL M\u00c1RTIRES \u2013 ICBF declar\u00f3 en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos a la ni\u00f1a XXX. Por tanto es patente la afectaci\u00f3n ius fundamental por parte del JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE BOGOT\u00c1, D.C., quien en providencia del 4 de octubre de 2021 decidi\u00f3 volver nuevamente a declarar en vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas a la mencionada ni\u00f1a, cuando lo que debi\u00f3 efectuar fue resolver \u201cde fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica en un t\u00e9rmino no superior a dos (2) meses\u201d (inciso final art. 103 Ley 1098 de 2006), desacierto que ha generado la prolongaci\u00f3n de la definici\u00f3n del caso de la ni\u00f1a XXX que despunt\u00f3 desde el 13 de marzo de 2019. <\/p>\n
En tal sentido, se conceder\u00e1 el amparo al derecho fundamental al debido proceso sobre el cual se encuentran involucradas las dem\u00e1s garant\u00edas invocadas de la ni\u00f1a XXX respecto del JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE BOGOT\u00c1, D.C., y, en consecuencia, se dejar\u00e1 sin valor ni efecto el auto del 4 de octubre de 2021, cuya orden se precisar\u00e1 en la parte resolutiva de esta sentencia, de ah\u00ed que no resulta necesario abordar el an\u00e1lisis probatorio de dicha providencia judicial, debido a su derribamiento por el motivo rese\u00f1ado\u00bb (resalta la Corte). <\/p>\n
As\u00ed entonces, concedi\u00f3 parcialmente la protecci\u00f3n inquirida, y en consecuencia, tras \u00abDEJAR SIN VALOR NI EFECTO el auto del 4 de octubre de 2021, por medio del cual, entre otras cosas, se declar\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos la mencionada menor de edad\u00bb, orden\u00f3 a la sede judicial convocada, que \u00abdentro del t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n y atendiendo a los proleg\u00f3menos del inciso final del art. 103 de la Ley 1098 de 2006, resuelva de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la ni\u00f1a XXX., bien sea ordenando el cierre del proceso, el reintegro al medio familiar o la declaratoria de adoptabilidad conforme a las hip\u00f3tesis contenidas en el inciso 3 del art. 103 Ib\u00bb. <\/p>\n
4. Impugnada la sentencia por el titular del Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1, fue remitida a esta Corte para lo pertinente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De lo anteriormente relatado, y comoquiera que esta Corporaci\u00f3n ha indicado que son los cargos esbozados en el escrito de tutela los que permiten dilucidar cu\u00e1l o cu\u00e1les son las autoridades contra quienes se dirige la acci\u00f3n constitucional, se colige que, aunque la acci\u00f3n de tutela de la referencia se dirigi\u00f3 solamente contra el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1, la misma se hace extensiva a la Sala de Familia del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, comoquiera que, como qued\u00f3 visto, mediante prove\u00eddo de 28 de julio de 2021 concedi\u00f3 la salvaguarda instada tambi\u00e9n por la aqu\u00ed accionante en contra del mismo Despacho judicial, y con fundamento en tal fallo, que no fue impugnado, fue que se adoptaron las decisiones que ahora se tachan de quebrantadoras de las garant\u00edas superiores de la menor XXX, raz\u00f3n por la que, sin duda, el presente reclamo constitucional cobija a la aludida Colegiatura, y debieron remitirse las diligencias a esta Corte para conocer en primera instancia del amparo, independientemente de la Sala de Decisi\u00f3n que la hubiera emitido, por ser su superior jer\u00e1rquico y estar llamada a conocer de las posibles inconsistencias presentadas con las providencias de fecha 2 de agosto y 4 de octubre de 2021. <\/p>\n
2. Ahora bien, el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017 consagra, que la acci\u00f3n de tutela que se interponga contra \u00ablos Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb; entonces, resulta evidente que la salvaguarda debi\u00f3 ser conocida en primera instancia por esta Corte, m\u00e1s no el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, circunstancia que implica la incursi\u00f3n del tr\u00e1mite en la nulidad prevista en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, norma aplicable a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3. En consecuencia, se invalidar\u00e1 lo actuado en la presente acci\u00f3n a partir de su auto admisorio, inclusive, y se dispondr\u00e1 el env\u00edo del expediente a la secretar\u00eda de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil para que asuma su conocimiento en primera instancia. <\/p>\n
5. Y en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3, que \u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n
\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (ib). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela de la referencia a partir del auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Secretar\u00eda de esta Corporaci\u00f3n para que realice el reparto respectivo tendiente a habilitar su conocimiento en primera instancia. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: Como en el presente asunto se encuentra involucrada una menor de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
CUARTO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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